En el siguiente análisis hace parte del informe preliminar "Situación de los pueblos indígenas en Colombia", elaborado por el autor para la Asociación Minga. en este se presenta un análisis detallado de los datos proporcionados por las
organizaciones indígenas y organismos defensores de derechos humanos, sobre la
violación múltiple, sistemática y continuada de los derechos humanos de los
pueblos indígenas de Colombia, para lo cual presentaremos una aproximación
general que incluye las principales infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
Como lo manifestó recientemente la ONIC , en el informe al
Relator Especial de la ONU
para los Derechos de los Pueblos Indígenas –en su visita a Colombia—,
denominado: Estado de los derechos
humanos y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia: etnocidio, limpieza
étnica y destierro: “Es en los últimos diez años el período en que los
pueblos indígenas viven en estado de continua amenaza y de permanente crisis
humanitaria”.[1]
El sólo análisis comparativo de las
tendencias, basado en los porcentajes anuales de las principales violaciones de
los derechos civiles y políticos, nos permite observar la importancia relativa
que ocupa cada violación en el conjunto, durante el periodo. Lo primero que
salta a la vista es que el 2002 constituye el año de mayor impacto de las
violaciones en las comunidades y sus organizaciones, con un poco más del 40%
del total. Aunque los años precedentes y posteriores no estuvieron exentos de
violencia.
Agudización del conflicto y despojo territorial
Una breve mirada a los datos
estadísticos del sistema de información sobre derechos humanos de la ONIC (SINDHO) señala que son
1.305.672 las víctimas indígenas entre enero de 1998 y junio de 2008. El
análisis de su distribución anual permite ver los momentos de mayor y menor
impacto de
las violaciones de derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional
Humanitario. En este sentido se observa un comportamiento de mínimo impacto entre 1998 y 2001,
que sólo alcanza el 1,5% del total de las víctimas, periodo correspondiente al gobierno del ex
presidente Pastrana; el cual contrasta con una tendencia de crecimiento
acelerado entre los años 2002 y 2007.
En este último periodo sobresalen dos momentos
o puntos críticos: el primero entre el año 2002 y 2003, y el segundo entre 2005
y 2007, con la situación más aguda en el año 2006, cuando las víctimas
alcanzaron cerca del medio millón de personas, veamos:
Dicha tendencia corre paralela a la
agudización, intensificación y expansión del conflicto armado en el país y coincide
con los procesos de elección presidencial y el posterior desarrollo de los
gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Situación que pone de relieve el enorme
impacto de la política de seguridad democrática en las poblaciones aborígenes
del país. La mayor parte de esta crisis humanitaria y de derechos humanos se
registra en la región Occidental (92%) del país, seguida lejanamente por la
región Norte (7.6%).[2]
Amenazas y terror en los territorios
La desagregación de los datos según el
número de víctimas indígenas por tipos de violación e infracción, para el
primer momento crítico (2002), nos deja ver como las amenazas y el
desplazamiento forzado interno constituyen las violaciones mas graves, debido a
su impacto colectivo en la estructura social y cosmovisión de los pueblos más afectados.
La mayoría de dichas violaciones fueron condición y producto de la mayor
cantidad de homicidios indígenas registrados durante el periodo (426 víctimas
indígenas).
Para ese año, la cuantía creciente de
las amenazas alcanzó las 70 mil indígenas, en contraste con cerca de 10 mil
personas desplazadas, mientras que en el 2005 los desplazamientos llegaron a su
cifra más alta, y las amenazas disminuyeron enormemente. Esto se dio al tiempo
que se registraron otras violaciones que presentaron una cantidad menor de
victimas, aunque no menos importantes, como los señalamientos en contra de los
líderes indígenas, y el confinamiento en lo más local, de las comunidades y sus
autoridades tradicionales o ancestrales.
Aquí es necesario aclarar que si bien
las tendencias disminuyeron para el siguiente año, debido a las respuestas
implementadas por las propias comunidades y organizaciones indígenas, regionales
y nacionales, a partir del mandato y las directrices del Congreso Indígena
Nacional extraordinario (Cota, diciembre de 2001), el desplazamiento forzado se
intensificó hasta alcanzar cerca de 28 mil personas en el 2005. Cifra que
corresponde a la tercera parte de la población afectada durante el periodo
analizado, fenómeno que se caracterizó por un excesivo control a la libertad de
expresión. Fueron tiempos difíciles para las comunidades que quedaron aisladas
por diferentes estrategias de confinamiento forzado, empleadas como mecanismos
de terror que limitaron enormemente la denuncia y visibilización de la grave crisis
humanitaria que estaban viviendo.
También es útil recordar que en el
2005 es cuando las organizaciones indígenas inician múltiples acciones de
hecho, entre ellas la movilización nacional indígena y popular (mayo), y
acciones estratégicas en materia de política pública, en especial con la
formulación del Plan Nacional de Prevención, Protección y Atención del Desplazamiento
Forzado Indígena (ONIC).
Secuestros y desapariciones
Hacia 1999 los secuestros y las
desapariciones forzadas se volvieron la principal arma de guerra contra los
pueblos indígenas. Por eso se registró un crecimiento muy acelerado del
secuestro que ascendió a 86 personas (35,5% de todo el periodo) y descendió muchísimo
al año siguiente (2,9%).
Fue cuando se hicieron comunes las
largas caminatas por la guardia indígena del pueblo Nasa y las búsquedas
desarrolladas por las autoridades tradicionales de las comunidades Embera del Norte
del Chocó, con el fin de rescatar
a hombres y mujeres de sus comunidades, de las manos de las AUC y principalmente
de las FARC. Sin embargo, esto no había de quedarse así, toda vez que el
secuestro volvió a incrementarse en los años siguientes, hasta alcanzar en el
2004 la cifra más alta de la última década, 55 personas (22%), sin que hasta el
momento haya dejado de ser una práctica de los actores armados.
Para ese año los casos que recibieron
mayor atención por la prensa nacional e internacional fue el de los 7
líderes indígenas que fueron secuestrados por las FARC en un río del municipio
de Carurú (Departamento del Vaupés) en abril de 2004;[3]
y el de seis
líderes indígenas Nasa del Cauca, quienes fueron rescatados por la Guardia indígena en una
zona rural del departamento del Caquetá, entre los que se encontraban Plinio
Trochez, gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo de Toribío; y el alcalde
del Municipio de Toribío Arquímedes
Vitonás Noscue.
Torturas y heridas
Una tendencia contraria se registra en
el caso de las personas torturadas y heridas, datos que son separados de los
casos de desaparición forzada, aunque está última constituya parte del
subregistro, dado que las personas desaparecidas, por lo general, son víctimas
de múltiples vejaciones antes de ser asesinadas y desaparecidas.
Al observar el gráfico se nota que la
cantidad de personas víctimas de heridas aumentó en el 2002, con un nuevo
repunte en el 2005, y la cantidad de personas víctimas de tortura, se comporta
de manera similar en el 2002, pero Su repunte se presenta en el 2006, cuando descienden
las cifras de las víctimas de secuestro, abriendo paso a otro tipo de
violaciones que se suceden en el tiempo. Este es el caso de las personas
víctimas de atentado, las cuales constituyen la principal vulneración en el
2003, y el de las víctimas de desaparición forzada, violación tipificada como crimen de lesa humanidad, misma que continuó
el ascenso desde la década de los 90, con un total de 436 personas
desaparecidas para el periodo.
Desapariciones forzadas
El año durante el cual se agudizó la
desaparición forzada entre los pueblos indígenas fue el 2004, duplicando las
cifras de los años anteriores (con 108 casos). A pesar de las repetidas
demandas de sus organizaciones y comunidades, ante los estrados judiciales
nacionales y
La impunidad estatal no ha permitido
resolver ninguna de las denuncias por desaparición forzada, ni ha emprendido
sanciones contra los responsables. El caso que mayor impacto ha tenido para el
movimiento indígena colombiano es del Cacique Embera Katío, Kimy Pernía Domicó,
quien lidero la lucha de resistencia frente a la imposición del Proyecto
Hidroeléctrico Urrá. [4]
Este hombre fue desaparecido forzosamente por miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) desde el 2 de junio de 2001, en Tierralta
(departamento de Córdoba). Hasta el momento no se ha adelantado un proceso
penal eficaz, con todo y que en el año 2007 el jefe paramilitar Salvatore
Mancuso reconoció haberlo asesinado, supuestamente por orden de Carlos Castaño,
y afirmado que sus restos fueron arrojados al río Sinú.[5]
Según Gloria Gómez, Coordinadora
General de Asfaddes (Asociación de familiares de detenidos y desaparecidos),
hasta 2006, esta organización logró documentar 15 mil casos de desaparecidos en
Colombia.[6]
Si tomamos como referencia estos registros, la cifra de personas desaparecidas
emitida por la ONIC
correspondería al 3% del total. Cifra que por lo general es separada de los
datos sobre homicidios en el sistema de información, no obstante que dicho
crimen de lesa humanidad, vaya comúnmente asociado a la cifra de homicidios.
Dicho de otro modo, la correlación es uno a uno entre la desaparición forzada y
el homicidio, y por ello la primera es considerada como parte del subregistro
de la segunda. Es decir, se asume que toda persona desaparecida es víctima de
homicidio, pero no por ello se suma a los datos sobre homicidios.
Homicidios o asesinatos
Ahora bien, las cifras ponen en evidencia la magnitud del control
ejercido sobre la población indígena a lo largo y ancho de la geografía
nacional.
El examen de los datos, tomando en
cuenta los ciclos gubernamentales establecidos en estos años, nos lleva a constatar
el enorme incremento que alcanzó luego del periodo del expresidente Andrés
Pastrana, puesto que la cifra de asesinatos políticos pasó de una quinta parte
de los registros entre 1998 y 2001,
a una que contiene la
mitad de los mismos entre 2002 y
2005, correspondiente a la mayor parte del primer gobierno de Álvaro Uribe
Vélez. Y lo peor o más excecrable: el 22,5% del total fue perpetrado en
el año 2002, superando, las cifras de todo el cuatrienio anterior en tan solo
un año, lo que nos da una idea sobre la magnitud de la barbarie cometida contra
nuestros pueblos indígenas en ese momento.
El impacto de estos asesinatos en la vida familiar y colectiva
de cada pueblo indígena, obliga a tomar en cuenta una lectura mucho más
específica para entender y comprender la dimensión, el sentido y alcance de sus
efectos, sin olvidar que tienen conexión con otro tipo de violaciones, previas
y posteriores al crimen cometido. Esta situación que se
concentró en algunos pueblos y puntos de la geografía nacional, evidencia la
desproporción del impacto producido. Sólo entre el 2000 y 2004
(según el Banco de Datos Noche y Niebla, 2005), ocurrieron en Colombia 17.897
asesinatos políticos; es decir, una tasa de 90,6 por cada 100.000 habitantes.
El contraste de información revela que “la tasa global indígena para los años
2000-2004 es tres veces más alta que la tasa nacional”. Durante el mismo
periodo “Los Embera Katío, con 477,2 por 100.000, y los Tule, 812,3 por
100.000, ambos en la región de Urabá, multiplican varias veces la tasa
nacional”.[7]
Como lo ha manifestado reiterativamente el consejero Mayor de la ONIC , refiriéndose a otros pueblos
indígenas sumamente afectados por los homicidios y especialmente el
desplazamiento forzado que se generó a consecuencia de los mismos: “sólo entre los
pueblos Kankuamo y Wiwa de la
Sierra nevada de Santa Marta, hay más de 300 viudas y 800
huérfanos”.[8]
El caso más grave de entre estos dos
pueblos, es el de los Kankuamo. Allí los asesinatos
políticos alcanzaron 249 víctimas en los últimos 35 años; de estos, 231
ocurrieron entre 1998 y 2008; además, de los 15.000 pobladores que lo conforman,
un poco más de la tercera parte habita fuera del territorio ancestral,[9]
por causa del desplazamiento forzado interno, proporción semejante a la del
total de los hombres y mujeres desplazadas del resguardo Wiwa. Situación que ha
generado la asfixia territorial de estos pueblos, producto del copamiento
geográfico realizado por los actores armados, debido a la disputa por los
recursos hídricos, mineros y ambientales, en consonancia con los intereses
privados y públicos en megaproyectos (ver aparte
recursos naturales), orientados políticamente desde los planes de
desarrollo gubernamental, desconociendo los estándares nacionales e
internacionales de derechos que los protegen.
Desplazamiento
forzado indígena
Por ello es que cuatro de cada diez hogares
indígenas han padecido las profundas secuelas emocionales de las desapariciones
forzadas y la desestructuración familiar que deja el desplazamiento forzado
interno, causado tanto por el asesinato de sus seres queridos, como los
asesinatos posteriores que generaron nuevos ciclos de desplazamiento, además de
las muertes por enfermedades luego de haber sido expulsados de sus territorios
ancestrales, debido a la ausencia de una respuesta política estatal[10].
De acuerdo
con las cifras del último Censo de población (2005), la proporción de población
indígena en el país es del 3% respecto del total nacional. Un breve contraste, muestra
que las cifras de desplazamiento forzado interno de los pueblos indígenas sobrepasan
dicha proporción. En el 2005 (el año con más población afectada), la proporción
fue del 12,5% respecto del total nacional. Si bien el desplazamiento ha
descendido paulatinamente, hasta el 2008, la cifra de personas indígenas
desplazadas sigue superando el 3% del total nacional.
Las zonas de mayor presión por el
control y uso de tierras a través de la expulsión corresponden a los
territorios colectivos de pueblos indígenas. En todos los casos de
desplazamiento estudiados por la
ONIC , existen territorios no legalizados o en disputa. Las
zonas de colonización y de aplicación de políticas de fumigación presentan
igualmente elevados índices de expulsión referidos a conflictos por el uso y
dominio de la tierra. En este sentido, se presenta un patrón donde confluyen la
posesión de la tierra y los recursos naturales en manos de los pueblos
indígenas, que coincide con las áreas críticas de expulsión de población[11],
áreas que han sido sumadas a la expectativa de valorización en el mercado de
tierras. Entre los primeros 100
municipios más expulsores de población desplazada, el 43% tiene resguardos en
posesión, es decir, sin seguridad jurídica porque están pendientes de
saneamiento o titulación.[12]
Detenciones arbitrarias
Sin embargo las fumigaciones y
bombardeos continuaron, tanto como las detenciones
arbitrarias. Estas últimas se incrementaron en el 2005 y 2006, sin que
dejaran de efectuarse hasta el 2008, descabezando a buena parte del movimiento
indígena en las regiones y localidades del país.
De acuerdo con
Según el informe de la FCSPP , del total de los
detenidos en dichas detenciones arbitrarias capturas masivas, sólo “el 51%
recuperaron su libertad a los pocos días por falta de pruebas, algunos salieron
luego de ser vinculados a un proceso penal, otros luego de ser judicializados,
el 14% de los procesos se encuentra en estado de investigación y cerca de 30
personas se encuentran desaparecidas”.[15]
Uno de los
casos que recibió mayor atención por los organismos de control del Estado, fue
el ocurrido el 17 de mayo de 2007, en los Resguardos Indígenas Escopetera Pirza y Nuestra Señora Candelaria de La Montaña , ambos ubicados cerca de Riosucio
(Departamento de Caldas), por orden de la Fiscalía 20 Seccional URI de Manizales, en
operativo realizado en conjunto por la Policía Nacional
y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En este caso, fueron
allanadas las casas en horas de la madrugada y retenidos la líder indígena Luzmary Bartolo, y los líderes y
dirigentes indígenas Jesús Antonio Motato Largo,
Pablo Emilio Motato Largo (65 y 67 años de edad), Tobías Morales Morales (detenido en un camino de esta misma
comunidad, donde se le dijo que si no hablaba le cortaban la lengua) y Luis Albeiro Taba Taba.[16]
Una vez
capturados, los cinco indígenas fueron conducidos al Comando de Policía de
Riosucio y en la tarde presentados a la Audiencia de Control de Garantías, donde la Fiscalía presentó a los
indígenas como miembros de un grupo subversivo, irrespetando a todas las
autoridades y comuneros presentes. Al término de la audiencia, el Juzgado
declaró que la Fiscalía
no presentó elementos de prueba suficientes para decretar la privación de la
libertad, por lo que fueron dejados en libertad. Dicho procedimiento que se
repitió en buena parte del país, constituye una grave violación a los derechos
de los pueblos indígenas, porque con estos atropellos sin fundamento y señalamientos
(que menguan la dignidad y dañan el buen nombre), se estigmatiza a comunidades
completas, se crea zozobra dentro de los territorios indígena, se genera el sufrimiento
de las familias afectadas, se vulnera la autonomía y la jurisdicción de los
pueblos indígenas, cuyas autoridades tradicionales nunca fueron tenidas en cuenta
para estos procedimientos.[17]
Una mirada al informe de la Misión Internacional de Verificación a la Situación Humanitaria y de Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas de Colombia, realizada del 21 al 29 Septiembre de
2006, en las cinco regiones más afectadas del país (Córdoba, Guaviare, Sierra
Nevada de Santa Marta, Arauca y Cauca), y convocada por el Consejo Nacional
Indígena de Paz, confirma también dicho proceso de criminalización. En él se
dice lo siguiente:
De
la misma forma, desde marzo de 2004, fecha de la visita del Relator, se
registra en todas las zonas estudiadas un
aumento inusitado de detenciones masivas y arbitrarias, toda vez que en
ellos no medió orden de autoridad judicial, se hicieron sobre la base de
declaraciones de “redes de informantes” que con acusaciones falsas pretenden desarticular el movimiento indígena, y
dieron por resultado docenas de capturados; que se encuentran, aún hoy,
encarcelados o bajo investigación penal, como sucede, por ejemplo, con indígenas Kankuamo del departamento del
Cesar e indígenas Nasa del departamento del Cauca. [18]
Estos operativos y procedimientos
penales, arbitrarios e ilegales, basados en amenazas para obtener declaraciones
de los retenidos, así como en el decomiso de teléfonos, agendas, y otros
elementos que contenían información sobre personas y mandatos de política
indígena, asociados a las amenazas telefónicas y panfletos anónimos, en
momentos en que se aproximaban las elecciones locales y nacionales, desestabilizaron el ambiente
político en las regiones, y truncaron las legítimas aspiraciones del movimiento
indígena. Estas prácticas fueron calificadas por el movimiento indígena como
acciones de terrorismo de Estado, debido a que se convirtieron en mecanismos de
control y criminalización permanente, irrespetando los territorios indígenas, y
en especial la jurisdicción especial indígena, contemplada en el artículo 246
de la Constitución.[19]
Bloqueos territoriales y confinamiento
Al mismo tiempo
que ocurrían estas violaciones se acentuaba un tipo de
violación individual y colectiva que las ONG defensoras de derechos humanos,
tanto como
Como se hizo
público desde el 2007, el control del sistema político en lo local como en el
Congreso de la República
se inició desde el 2002 y se consolidó en el 2006.[21]
Con ello se intentó perpetuar la inmovilidad geográfica de la población
indígena, al tiempo que se lograba disminuir los índices de violaciones de
derechos humanos, especialmente los de desplazamiento, homicidios, desapariciones,
y penetrar en lo más profundo a los movimientos sociales, para disminuir la defensa
y exigibilidad de sus derechos individuales y colectivos.
La implantación sistemática y metódica
del modelo paramilitar en el país, debido a las condiciones de aislamiento de
muchos pueblos, debilitó el proceso organizativo y el silencio fue cubriendo
todo, a tal punto que ni las autoridades tradicionales ni los mismos líderes
regionales podían objetar la imposición o ejecución de las prácticas de
confinamiento, so pena de muerte, destierro o aislamiento personal, e incluso institucional, dado que dichos condicionamientos,
incluyeron la instalación de bases militares dentro de los territorios
indígenas.
La
construcción de garitas, trincheras y puestos de avanzada del ejército y la
policía antinarcóticos y contraguerrillas en centros poblados de comunidades
Nasa, Kankuamo, Embera Katío y Sikuani y Makaguán, viola el principio de
distinción del DIH, y pone en grave riesgo la vida de la gente indígena. En la
plaza principal de Toribío y Jambaló, en el Cauca o en Atanquez (Valledupar),
en el Cesar, los niños y niñas no pueden jugar porque la Fuerza Pública
estableció allí sus barricadas y a diario sufre ataques desde sitios estratégicos
por parte de las guerrillas, en medio de la población civil.[22]
Durante los últimos años tanto la Fuerza Pública como
las guerrillas y los grupos paramilitares implantan retenes y controles en los
territorios indígenas, impidiéndoles el derecho a la libertad de tránsito y
locomoción, el derecho a la salud, a la libertad de opinión, a la libertad de
expresión y a la libertad de asociación. En la mayor parte de los territorios
indígenas es común, la restricción de combustibles, alimentos, medicinas,
insumos, misiones médicas e incluso de funcionarios públicos y ayuda
humanitaria de emergencia, etc.
Hasta finales
del 2007 más de 25 pueblos indígenas fueron afectados por la presencia
permanente de tropas de
Reclutamiento
forzado y violaciones sexuales
Esto trajo
consigo nuevos escenarios para el escalamiento del conflicto armado,
especialmente en lo local; es decir, incrementó, además del despojo
territorial, la pérdida de autonomía, el confinamiento forzado de la población
y el silenciamiento estructural, otras vulneraciones de las que poco se hablaba,
entre ellas los abusos y violaciones sexuales, y el reclutamiento forzado de
niños, niñas y jóvenes; situación que
comprometió la reproducción cultural y biológica de los pueblos indígenas, a
tal punto que se puso en evidencia la extinción de 18 pueblos.
En este
contexto de crisis humanitaria, las organizaciones indígenas se vieron
obligadas a fortalecer los mecanismos de incidencia política, mediante acciones
humanitarias, políticas, jurídicas y de hecho, cuya relevancia sobrepasó el
espacio nacional. En
respuesta a esta situación de terror, la población indígena reavivó y generó
distintas formas de resistencia, que iban desde lo logístico y práctico hacia
lo más político; logrando con ello, que ONG defensoras de DDHH, así como la
comunidad nacional e internacional tomara cartas en el asunto.
Se trató de
romper el cerco trazado por los grupos paramilitares y las acciones gubernamentales,
mismo que se incrementó justo cuando se iniciaba la supuesta desmovilización de
las AUC. Una mirada a las tendencias y comportamiento de los responsables de
las violaciones, evidencia el desdibujamiento e invisibilización de las
responsabilidades. En ese momento, los hechos de violencia de grupos armados sin
una identificación clara[24],
contrastan con la disminución de los registros sobre violaciones e infracciones
de los grupos paramilitares en todo el territorio nacional.
La situación humanitaria se agudizó cada vez más. Los pueblos indígenas
tanto como sus organizaciones base y organizaciones políticas nacionales, se
vieron silenciados e invisibles, debido a la posición del Gobierno Nacional. Ete
último, trató de desvirtuar la labor de defensa de los derechos humanos en el
país (como lo venía haciendo desde el 2003), criminalizado cualquier acción de
defensa y exigibilidad de derechos a favor de dichos pueblos.[25]
En este contexto la organización Nacional Indígena de Colombia, al mismo tiempo
que otras organizaciones defensoras de derechos humanos, fue amenazada en más
de siete oportunidades, según lo reporta el Sistema de Alertas Temprana (SAT)
de la Defensoría Del
Pueblo.[26]
La oficina del relator especial para pueblos indígenas
de ONU
En vista de la situación, la ONIC y distintos organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos, han hecho llamados de
urgencia a la comunidad internacional y al Estado colombiano, denunciando el
genocidio y etnocidio que se adelanta, por la acción y omisión estatal en su
deber de protección, garantía y respeto de los derechos de los pueblos
indígenas; así como por los actores armados ilegales. Esta preocupación ha sido
ratificada desde el 2004, por a Oficina del Relator de la ONU para pueblos indígenas, en
diferentes informes sobre sus visitas a Colombia.
Este organismo expuso en su informe de
2004, tanto la situación de desprotección estatal, como la militarización y
criminalización de los pueblos indígenas, a través de la política
antiterrorista desarrollada por el Gobierno Nacional. Destaca el papel negativo
de la fuerza pública y el enorme impacto de sus acciones en estas sociedades,
el de las fumigaciones con glifosato, los bombardeos y especialmente en de las “detenciones
masivas y arbitrarias efectuadas por elementos del ejército en comunidades
indígenas, sin previa orden judicial de captura” (párrafo 40), algunos de cuyos
“cadáveres son encontrados posteriormente” y presentados ante la opinión
pública como “…‘terroristas’ que fueron ‘dados de baja’ en acciones militares”.
También anota, que muchas de las personas detenidas son liberadas a los pocos
días por falta de evidencia de haber cometido algún delito, pero quedan
entonces fichadas como “terroristas”, con los consiguientes peligros para su
seguridad (amenazada o perseguida por paramilitares).[27]
[1] Villa Rivera, William; Molina Echeverri, Hernán; Betancur, Ana
Cecilia. Informe al relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas:
estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de
Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro. ONIC. Bogotá, Julio 24-27 de
2009.
[2] Los sistemas de información de los
pueblos indígenas, especialmente el de la ONIC y Cecoin (Centro de Cooperación al Indígena),
si bien comenzaron su monitoreo hacia el año 2000, han desarrollado estudios
generales e indagaciones puntuales, con carácter histórico, que han permitido
llenar los vacíos en las bases de datos, ampliando la profundidad temporal de
los mismos. Actualmente pueden brindar información fiable de los últimos 35
años sobre la vulneración de los derechos individuales y colectivos de los
Pueblos Indígenas colombianos.
[4] Movilizó mas de mil indígenas desde el Resguardo de Karagabí
hasta el municipio de Lorica (departamento de Córdoba), para protestar contra
el proyecto y exigir que la empresa dialogara con los nativos (1995); luego
llevó a cabo la movilización y ocupación de la Embajada de Suecia en
Bogotá, para denunciar el incumplimiento de los compromisos de la empresa Urrá
(1996) y el asesinato de varios líderes indígenas de la región, posteriormente
logró mediante una acción legal contra la empresa Urrá que la justicia
colombiana fallara en favor de los indígenas (1998) tras lo cual debió salir de
la región.
[6] Citada en Codhes. Nadie sabe cuántos
desaparecidos hay en Colombia: Asfaddes. Bogotá, Prensa CODHES, 08/06/2009. La Fiscalía General
de la Nación
maneja una cifra de más de 30 mil personas desaparecidas, lo mismo que
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “sin contar los
subregistros…”.
[7] Villa, William. Houghton, Juan. Violencia política contra los
pueblos indígenas en Colombia.1974-2004. Altovuelo Editores. Medellín. 2005.
Pp. 11.
[8] Henao A., Diego F. Encuesta Nacional Sobre Desplazamiento Forzado
Indígena de la ONIC ;
Informe Final: aproximación sociodemográfica sobre la educación y conocimiento
propio. ONIC-MEN, Convenio No 247 de 2006. Bogotá. 2009.
[9] Villa Rivera, William; Molina Echeverri, Hernán; Betancur, Ana
Cecilia. Informe al relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas:
estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de
Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro. ONIC. Bogotá, Julio 24-27 de
2009.
[10] Henao A., Diego F. Encuesta Nacional Sobre Desplazamiento Forzado
Indígena de la ONIC ;
Informe Final: aproximación sociodemográfica sobre la educación y conocimiento
propio. ONIC-MEN, Convenio No 247 de 2006. Bogotá. 2009.
[11] ONIC. Plan de vida para la pervivencia de los pueblos indígenas y
prevención del desplazamiento. ONIC. Bogotá. Septiembre de 2008. Pp. 32.
[13] Los datos proporcionados por esta fundación son extractados a su
vez de los bancos de datos de la
Personería , la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General
de la Nación , la Fiscalía General
y la página web Bitácora Presidencial, donde el Estado publica los resultados
de los operativos y detenciones. Más de seis mil personas detenidas ilegal o
arbitrariamente en dos años. Pp. 2. 18 de agosto de 2005. Tomado de: www.actualidadcolombiana.org
[15] Henao Arcila, Diego F. Genocidio Indígena En Colombia: el cerco
de la criminalización estatal. Bogotá-Lima; Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas. 2007.
[16] Riosucio, 18 de mayo de 2007,
Autoridades Indígenas del Consejo regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y Comité
Ejecutivo Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
[18] Ustedes Misión son: Fuego, Agua, Viento y Plantas: Memorias de la Misión Internacional
de Verificación a la
Situación Humanitaria y de Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas de Colombia, 21 – 29 Septiembre, 2006. ONIC. Bogotá. 2007.
[19] Esta reglamenta
la coordinación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial
indígena, tomando en cuenta el cumplimiento de la Directiva No. 016
del año 2006 del Ministerio de Defensa, por la cual se dispone la obligación de
los miembros de la
Fuerza Pública , de informar a las autoridades indígenas las
actuaciones que se adelanten en sus territorios.
[20] Flórez, Jesús Alfonso, y Millán, Constanza. Derecho a
la alimentación y al territorio en el pacífico Colombiano. Diócesis de Tumaco,
Buenaventura, Quibdó, Itsmina-Tadó y Vicariato Apostólico de Guapi. Bogotá. Febrero
de 2007.
[21] Diego F. Henao. A. Extraños, nómadas y confinados. En “Los
Pueblos Indígenas y el Conflicto Colombiano”. Asuntos Indígenas 4/03: 20-27.
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) Copenhague; 2003; véase
en: www.iwgia.org y http://colombiaindigena.blogspot.com
[23] Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Cabildo Mayor Indígena Zonal del Bajo
Atrato (CAMIZBA). Resistiendo en el paraíso. Informe Situación del Bajo Atrato.
Riosucio, Departamento del Chocó, 1 y 5 de mayo de 2007.
[25] FIDH. Los paramilitares respaldan el discurso del
Presidente Alvaro Uribe Velez contra las ONG - Uribe persiste. París, Ginebra,
2 de octubre de 2003. En este sentido, el Observatorio para la Protección de los
Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la FIDH y de la OMCT , ha expresado desde 2003
“su profunda preocupación” por los comunicados y amenazas proferidas por
paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes han
respaldado constantemente las declaraciones del Presidente Alvaro Uribe Vélez en
contra de las ONG de Derechos Humanos: “El Observatorio ya había expresado su
enérgica protesta en contra del discurso del 8 de septiembre del Presidente
Álvaro Uribe en el cual el Presidente comparó a las ONG defensoras de los
Derechos Humanos con los grupos terroristas, con la clara intención de
desacreditar su trabajo” (el resaltado es nuestro). En sus diversos
comunicados, las AUC han expresado su aprobación a las declaraciones del
Presidente Uribe y aprovechan esa toma de posición para criminalizar a su vez a
ONG colombianas y extranjeras, entre las que se encuentra la ONIC. Como bien lo ha
manifestado la FIDH ,
dichas declaraciones vulneran las condiciones de trabajo de los Defensores de
los Derechos Humanos en Colombia y constituyen verdaderas amenazas para su
seguridad, puesto que en el contexto del conflicto armado, tales declaraciones
terminan criminalizando a muchos sectores sociales en Colombia. Tomado de http://www.fidh.org/communiq/2003/co0210e.htm
[26] Defensoría Delegada Para La Evaluación Del
Riesgo De La Población
Civil Como Consecuencia Del Conflicto Armado. Sistema de
Alertas Tempranas (SAT) Informe de Riesgo No. 036-06. 31 de agosto de 2006.
[27] Informe del Relator de la
ONU para pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen en su visita a
Colombia en 2004. ONU. 2005.
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