viernes, 13 de marzo de 2009

VIOLACIONES E INFRACCIONES PERPETRADAS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA entre 1998-2008

Por Diego Henao
En el siguiente análisis hace parte del informe preliminar "Situación de los pueblos indígenas en Colombia", elaborado por el autor para la Asociación Minga. en este se presenta un análisis detallado de los datos proporcionados por las organizaciones indígenas y organismos defensores de derechos humanos, sobre la violación múltiple, sistemática y continuada de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, para lo cual presentaremos una aproximación general que incluye las principales infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Como lo manifestó recientemente la ONIC, en el informe al Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas –en su visita a Colombia—, denominado: Estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro: “Es en los últimos diez años el período en que los pueblos indígenas viven en estado de continua amenaza y de permanente crisis humanitaria”.[1]
El sólo análisis comparativo de las tendencias, basado en los porcentajes anuales de las principales violaciones de los derechos civiles y políticos, nos permite observar la importancia relativa que ocupa cada violación en el conjunto, durante el periodo. Lo primero que salta a la vista es que el 2002 constituye el año de mayor impacto de las violaciones en las comunidades y sus organizaciones, con un poco más del 40% del total. Aunque los años precedentes y posteriores no estuvieron exentos de violencia. 

Agudización del conflicto y despojo territorial

Una breve mirada a los datos estadísticos del sistema de información sobre derechos humanos de la ONIC (SINDHO) señala que son 1.305.672 las víctimas indígenas entre enero de 1998 y junio de 2008. El análisis de su distribución anual permite ver los momentos de mayor y menor impacto de las violaciones de derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario. En este sentido se observa un comportamiento de mínimo impacto entre 1998 y 2001, que sólo alcanza el 1,5% del total de las víctimas,  periodo correspondiente al gobierno del ex presidente Pastrana; el cual contrasta con una tendencia de crecimiento acelerado entre los años 2002 y 2007.
En este último periodo sobresalen dos momentos o puntos críticos: el primero entre el año 2002 y 2003, y el segundo entre 2005 y 2007, con la situación más aguda en el año 2006, cuando las víctimas alcanzaron cerca del medio millón de personas, veamos:
Dicha tendencia corre paralela a la agudización, intensificación y expansión del conflicto armado en el país y coincide con los procesos de elección presidencial y el posterior desarrollo de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Situación que pone de relieve el enorme impacto de la política de seguridad democrática en las poblaciones aborígenes del país. La mayor parte de esta crisis humanitaria y de derechos humanos se registra en la región Occidental (92%) del país, seguida lejanamente por la región Norte (7.6%).[2]

Amenazas y terror en los territorios

La desagregación de los datos según el número de víctimas indígenas por tipos de violación e infracción, para el primer momento crítico (2002), nos deja ver como las amenazas y el desplazamiento forzado interno constituyen las violaciones mas graves, debido a su impacto colectivo en la estructura social y cosmovisión de los pueblos más afectados. La mayoría de dichas violaciones fueron condición y producto de la mayor cantidad de homicidios indígenas registrados durante el periodo (426 víctimas indígenas).
Para ese año, la cuantía creciente de las amenazas alcanzó las 70 mil indígenas, en contraste con cerca de 10 mil personas desplazadas, mientras que en el 2005 los desplazamientos llegaron a su cifra más alta, y las amenazas disminuyeron enormemente. Esto se dio al tiempo que se registraron otras violaciones que presentaron una cantidad menor de victimas, aunque no menos importantes, como los señalamientos en contra de los líderes indígenas, y el confinamiento en lo más local, de las comunidades y sus autoridades tradicionales o ancestrales.
Aquí es necesario aclarar que si bien las tendencias disminuyeron para el siguiente año, debido a las respuestas implementadas por las propias comunidades y organizaciones indígenas, regionales y nacionales, a partir del mandato y las directrices del Congreso Indígena Nacional extraordinario (Cota, diciembre de 2001), el desplazamiento forzado se intensificó hasta alcanzar cerca de 28 mil personas en el 2005. Cifra que corresponde a la tercera parte de la población afectada durante el periodo analizado, fenómeno que se caracterizó por un excesivo control a la libertad de expresión. Fueron tiempos difíciles para las comunidades que quedaron aisladas por diferentes estrategias de confinamiento forzado, empleadas como mecanismos de terror que limitaron enormemente la denuncia y visibilización de la grave crisis humanitaria que estaban viviendo.
También es útil recordar que en el 2005 es cuando las organizaciones indígenas inician múltiples acciones de hecho, entre ellas la movilización nacional indígena y popular (mayo), y acciones estratégicas en materia de política pública, en especial con la formulación del Plan Nacional de Prevención, Protección y Atención del Desplazamiento Forzado Indígena (ONIC).

Secuestros y desapariciones

Hacia 1999 los secuestros y las desapariciones forzadas se volvieron la principal arma de guerra contra los pueblos indígenas. Por eso se registró un crecimiento muy acelerado del secuestro que ascendió a 86 personas (35,5% de todo el periodo) y descendió muchísimo al año siguiente (2,9%).
Fue cuando se hicieron comunes las largas caminatas por la guardia indígena del pueblo Nasa y las búsquedas desarrolladas por las autoridades tradicionales de las comunidades Embera del Norte del Chocó, con el fin de rescatar a hombres y mujeres de sus comunidades, de las manos de las AUC y principalmente de las FARC. Sin embargo, esto no había de quedarse así, toda vez que el secuestro volvió a incrementarse en los años siguientes, hasta alcanzar en el 2004 la cifra más alta de la última década, 55 personas (22%), sin que hasta el momento haya dejado de ser una práctica de los actores armados.
Para ese año los casos que recibieron mayor atención por la prensa nacional e internacional fue el de los 7 líderes indígenas que fueron secuestrados por las FARC en un río del municipio de Carurú (Departamento del Vaupés) en abril de 2004;[3] y el de seis líderes indígenas Nasa del Cauca, quienes fueron rescatados por la Guardia indígena en una zona rural del departamento del Caquetá, entre los que se encontraban Plinio Trochez, gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo de Toribío; y el alcalde del Municipio de Toribío  Arquímedes Vitonás Noscue.

Torturas y heridas

Una tendencia contraria se registra en el caso de las personas torturadas y heridas, datos que son separados de los casos de desaparición forzada, aunque está última constituya parte del subregistro, dado que las personas desaparecidas, por lo general, son víctimas de múltiples vejaciones antes de ser asesinadas y desaparecidas.
Al observar el gráfico se nota que la cantidad de personas víctimas de heridas aumentó en el 2002, con un nuevo repunte en el 2005, y la cantidad de personas víctimas de tortura, se comporta de manera similar en el 2002, pero Su repunte se presenta en el 2006, cuando descienden las cifras de las víctimas de secuestro, abriendo paso a otro tipo de violaciones que se suceden en el tiempo. Este es el caso de las personas víctimas de atentado, las cuales constituyen la principal vulneración en el 2003, y el de las víctimas de desaparición forzada, violación tipificada como crimen de lesa humanidad, misma que continuó el ascenso desde la década de los 90, con un total de 436 personas desaparecidas para el periodo.

Desapariciones forzadas

El año durante el cual se agudizó la desaparición forzada entre los pueblos indígenas fue el 2004, duplicando las cifras de los años anteriores (con 108 casos). A pesar de las repetidas demandas de sus organizaciones y comunidades, ante los estrados judiciales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la devolución de sus desaparecidos, el esclarecimiento de la verdad, la reparación integral por parte del Estado a las familias de las víctimas de este.
La impunidad estatal no ha permitido resolver ninguna de las denuncias por desaparición forzada, ni ha emprendido sanciones contra los responsables. El caso que mayor impacto ha tenido para el movimiento indígena colombiano es del Cacique Embera Katío, Kimy Pernía Domicó, quien lidero la lucha de resistencia frente a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Urrá. [4] Este hombre fue desaparecido forzosamente por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde el 2 de junio de 2001, en Tierralta (departamento de Córdoba). Hasta el momento no se ha adelantado un proceso penal eficaz, con todo y que en el año 2007 el jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció haberlo asesinado, supuestamente por orden de Carlos Castaño, y afirmado que sus restos fueron arrojados al río Sinú.[5]
Según Gloria Gómez, Coordinadora General de Asfaddes (Asociación de familiares de detenidos y desaparecidos), hasta 2006, esta organización logró documentar 15 mil casos de desaparecidos en Colombia.[6] Si tomamos como referencia estos registros, la cifra de personas desaparecidas emitida por la ONIC correspondería al 3% del total. Cifra que por lo general es separada de los datos sobre homicidios en el sistema de información, no obstante que dicho crimen de lesa humanidad, vaya comúnmente asociado a la cifra de homicidios. Dicho de otro modo, la correlación es uno a uno entre la desaparición forzada y el homicidio, y por ello la primera es considerada como parte del subregistro de la segunda. Es decir, se asume que toda persona desaparecida es víctima de homicidio, pero no por ello se suma a los datos sobre homicidios.

Homicidios o asesinatos

Ahora bien, las cifras ponen en evidencia la magnitud del control ejercido sobre la población indígena a lo largo y ancho de la geografía nacional.
El examen de los datos, tomando en cuenta los ciclos gubernamentales establecidos en estos años, nos lleva a constatar el enorme incremento que alcanzó luego del periodo del expresidente Andrés Pastrana, puesto que la cifra de asesinatos políticos pasó de una quinta parte de los registros entre 1998 y 2001, a una que contiene la  mitad de los  mismos entre 2002 y 2005, correspondiente a la mayor parte del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  Y lo peor o más excecrable: el 22,5% del total fue perpetrado en el año 2002, superando, las cifras de todo el cuatrienio anterior en tan solo un año, lo que nos da una idea sobre la magnitud de la barbarie cometida contra nuestros pueblos indígenas en ese momento.
Cuadro de texto: Según la ONIC,  en los últimos 35 años han sido asesinados por motivos políticos, un total de 2351 personas, entre líderes, autoridades tradicionales y dirigentes de las organizaciones indígenas. El 80% de estos homicidios fueron perpetrados durante la última década. El análisis de la tendencia de la violación del derecho a la vida evidencia una línea ascendente, no obstante el fuerte descenso presentado desde finales del 2005.El impacto de estos asesinatos en la vida familiar y colectiva de cada pueblo indígena, obliga a tomar en cuenta una lectura mucho más específica para entender y comprender la dimensión, el sentido y alcance de sus efectos, sin olvidar que tienen conexión con otro tipo de violaciones, previas y posteriores al crimen cometido. Esta situación que se concentró en algunos pueblos y puntos de la geografía nacional, evidencia la desproporción del impacto producido. Sólo entre el 2000 y 2004 (según el Banco de Datos Noche y Niebla, 2005), ocurrieron en Colombia 17.897 asesinatos políticos; es decir, una tasa de 90,6 por cada 100.000 habitantes. El contraste de información revela que “la tasa global indígena para los años 2000-2004 es tres veces más alta que la tasa nacional”. Durante el mismo periodo “Los Embera Katío, con 477,2 por 100.000, y los Tule, 812,3 por 100.000, ambos en la región de Urabá, multiplican varias veces la tasa nacional”.[7]
Como lo ha manifestado reiterativamente el consejero Mayor de la ONIC, refiriéndose a otros pueblos indígenas sumamente afectados por los homicidios y especialmente el desplazamiento forzado que se generó a consecuencia de los mismos: “sólo entre los pueblos Kankuamo y Wiwa de la Sierra nevada de Santa Marta, hay más de 300 viudas y 800 huérfanos”.[8]
El caso más grave de entre estos dos  pueblos, es el de los Kankuamo. Allí los asesinatos políticos alcanzaron 249 víctimas en los últimos 35 años; de estos, 231 ocurrieron entre 1998 y 2008; además, de los 15.000 pobladores que lo conforman, un poco más de la tercera parte habita fuera del territorio ancestral,[9] por causa del desplazamiento forzado interno, proporción semejante a la del total de los hombres y mujeres desplazadas del resguardo Wiwa. Situación que ha generado la asfixia territorial de estos pueblos, producto del copamiento geográfico realizado por los actores armados, debido a la disputa por los recursos hídricos, mineros y ambientales, en consonancia con los intereses privados y públicos en megaproyectos (ver aparte recursos naturales), orientados políticamente desde los planes de desarrollo gubernamental, desconociendo los estándares nacionales e internacionales de derechos que los protegen.

Desplazamiento forzado indígena

Por ello es que cuatro de cada diez hogares indígenas han padecido las profundas secuelas emocionales de las desapariciones forzadas y la desestructuración familiar que deja el desplazamiento forzado interno, causado tanto por el asesinato de sus seres queridos, como los asesinatos posteriores que generaron nuevos ciclos de desplazamiento, además de las muertes por enfermedades luego de haber sido expulsados de sus territorios ancestrales, debido a la ausencia de una respuesta política estatal[10].  
De acuerdo con las cifras del último Censo de población (2005), la proporción de población indígena en el país es del 3% respecto del total nacional. Un breve contraste, muestra que las cifras de desplazamiento forzado interno de los pueblos indígenas sobrepasan dicha proporción. En el 2005 (el año con más población afectada), la proporción fue del 12,5% respecto del total nacional. Si bien el desplazamiento ha descendido paulatinamente, hasta el 2008, la cifra de personas indígenas desplazadas sigue superando el 3% del total nacional.
Las zonas de mayor presión por el control y uso de tierras a través de la expulsión corresponden a los territorios colectivos de pueblos indígenas. En todos los casos de desplazamiento estudiados por la ONIC, existen territorios no legalizados o en disputa. Las zonas de colonización y de aplicación de políticas de fumigación presentan igualmente elevados índices de expulsión referidos a conflictos por el uso y dominio de la tierra. En este sentido, se presenta un patrón donde confluyen la posesión de la tierra y los recursos naturales en manos de los pueblos indígenas, que coincide con las áreas críticas de expulsión de población[11], áreas que han sido sumadas a la expectativa de valorización en el mercado de tierras.  Entre los primeros 100 municipios más expulsores de población desplazada, el 43% tiene resguardos en posesión, es decir, sin seguridad jurídica porque están pendientes de saneamiento o titulación.[12]

Detenciones arbitrarias

Sin embargo las fumigaciones y bombardeos continuaron, tanto como las detenciones arbitrarias. Estas últimas se incrementaron en el 2005 y 2006, sin que dejaran de efectuarse hasta el 2008, descabezando a buena parte del movimiento indígena en las regiones y localidades del país.
De acuerdo con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, (FCSPP), entre el año 1996 y junio de 2006 fueron detenidas arbitrariamente en Colombia, de modo masivo o irregular, 9.390 personas.[13] Según el Sistema de Información de la ONIC, para el mismo periodo fueron 1.033 indígenas, cifra que correspondería al 11% del total nacional; estimativo que indica nuevamente el impacto desproporcionado de dichas detenciones arbitrarias en nuestros pueblos indígenas. Los 5 pueblos indígenas más afectados por estas detenciones son en su orden los Nasa (422), Embera Chamí (215), Embera Katío (91), Embera (55) y Yanakona (38). [14]
Según el informe de la FCSPP, del total de los detenidos en dichas detenciones arbitrarias capturas masivas, sólo “el 51% recuperaron su libertad a los pocos días por falta de pruebas, algunos salieron luego de ser vinculados a un proceso penal, otros luego de ser judicializados, el 14% de los procesos se encuentra en estado de investigación y cerca de 30 personas se encuentran desaparecidas”.[15]
Uno de los casos que recibió mayor atención por los organismos de control del Estado, fue el ocurrido el 17 de mayo de 2007, en los Resguardos Indígenas Escopetera Pirza y Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, ambos ubicados cerca de Riosucio (Departamento de Caldas), por orden de la Fiscalía 20 Seccional URI de Manizales, en operativo realizado en conjunto por la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En este caso, fueron allanadas las casas en horas de la madrugada y retenidos la líder indígena Luzmary Bartolo, y los líderes y dirigentes indígenas Jesús Antonio Motato Largo, Pablo Emilio Motato Largo (65 y 67 años de edad), Tobías Morales Morales (detenido en un camino de esta misma comunidad, donde se le dijo que si no hablaba le cortaban la lengua) y Luis Albeiro Taba Taba.[16]
Una vez capturados, los cinco indígenas fueron conducidos al Comando de Policía de Riosucio y en la tarde presentados a la Audiencia de Control de Garantías, donde la Fiscalía presentó a los indígenas como miembros de un grupo subversivo, irrespetando a todas las autoridades y comuneros presentes. Al término de la audiencia, el Juzgado declaró que la Fiscalía no presentó elementos de prueba suficientes para decretar la privación de la libertad, por lo que fueron dejados en libertad. Dicho procedimiento que se repitió en buena parte del país, constituye una grave violación a los derechos de los pueblos indígenas, porque con estos atropellos sin fundamento y señalamientos (que menguan la dignidad y dañan el buen nombre), se estigmatiza a comunidades completas, se crea zozobra dentro de los territorios indígena, se genera el sufrimiento de las familias afectadas, se vulnera la autonomía y la jurisdicción de los pueblos indígenas, cuyas autoridades tradicionales nunca fueron tenidas en cuenta para estos procedimientos.[17]
Una mirada al informe de la Misión Internacional de Verificación a la Situación Humanitaria y de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, realizada del 21 al 29 Septiembre de 2006, en las cinco regiones más afectadas del país (Córdoba, Guaviare, Sierra Nevada de Santa Marta, Arauca y Cauca), y convocada por el Consejo Nacional Indígena de Paz, confirma también dicho proceso de criminalización. En él se dice lo siguiente:
De la misma forma, desde marzo de 2004, fecha de la visita del Relator, se registra en todas las zonas estudiadas un aumento inusitado de detenciones masivas y arbitrarias, toda vez que en ellos no medió orden de autoridad judicial, se hicieron sobre la base de declaraciones de “redes de informantes” que con acusaciones falsas pretenden desarticular el movimiento indígena, y dieron por resultado docenas de capturados; que se encuentran, aún hoy, encarcelados o bajo investigación penal, como sucede, por ejemplo, con indígenas Kankuamo del departamento del Cesar e indígenas Nasa del departamento del Cauca. [18]
Estos operativos y procedimientos penales, arbitrarios e ilegales, basados en amenazas para obtener declaraciones de los retenidos, así como en el decomiso de teléfonos, agendas, y otros elementos que contenían información sobre personas y mandatos de política indígena, asociados a las amenazas telefónicas y panfletos anónimos, en momentos en que se aproximaban las elecciones locales  y nacionales, desestabilizaron el ambiente político en las regiones, y truncaron las legítimas aspiraciones del movimiento indígena. Estas prácticas fueron calificadas por el movimiento indígena como acciones de terrorismo de Estado, debido a que se convirtieron en mecanismos de control y criminalización permanente, irrespetando los territorios indígenas, y en especial la jurisdicción especial indígena, contemplada en el artículo 246 de la Constitución.[19]

Bloqueos territoriales y confinamiento

Al mismo tiempo que ocurrían estas violaciones se acentuaba un tipo de violación individual y colectiva que las ONG defensoras de derechos humanos, tanto como la ONU, habían comenzado a registrar y visibilizar  desde finales de la década de los 90: el confinamiento de las poblaciones indígenas en sus territorios. En varias regiones del país, el confinamiento constituyó la última etapa en la instauración del campo de fuerzas con el que consiguieron implantar un modelo de desarrollo forzado en cuatro etapas: 1. La implantación a través del terror y el desplazamiento forzado interno, 2. La consolidación militar, a través de los asesinatos selectivos y las masacres prolongadas, 3. La consolidación económica por medio del “trabajo comunitario”, y 4. El dominio territorial mediante el control político y social de la población.[20] Las etapas han sido sucesivas en algunas zonas mientras que en el orden nacional se desarrollaban al mismo tiempo.
Como se hizo público desde el 2007, el control del sistema político en lo local como en el Congreso de la República se inició desde el 2002 y se consolidó en el 2006.[21] Con ello se intentó perpetuar la inmovilidad geográfica de la población indígena, al tiempo que se lograba disminuir los índices de violaciones de derechos humanos, especialmente los de desplazamiento, homicidios, desapariciones, y penetrar en lo más profundo a los movimientos sociales, para disminuir la defensa y exigibilidad de sus derechos individuales y colectivos.
La implantación sistemática y metódica del modelo paramilitar en el país, debido a las condiciones de aislamiento de muchos pueblos, debilitó el proceso organizativo y el silencio fue cubriendo todo, a tal punto que ni las autoridades tradicionales ni los mismos líderes regionales podían objetar la imposición o ejecución de las prácticas de confinamiento, so pena de muerte, destierro o aislamiento personal, e incluso institucional, dado que dichos condicionamientos, incluyeron la instalación de bases militares dentro de los territorios indígenas.
La construcción de garitas, trincheras y puestos de avanzada del ejército y la policía antinarcóticos y contraguerrillas en centros poblados de comunidades Nasa, Kankuamo, Embera Katío y Sikuani y Makaguán, viola el principio de distinción del DIH, y pone en grave riesgo la vida de la gente indígena. En la plaza principal de Toribío y Jambaló, en el Cauca o en Atanquez (Valledupar), en el Cesar, los niños y niñas no pueden jugar porque la Fuerza Pública estableció allí sus barricadas y a diario sufre ataques desde sitios estratégicos por parte de las guerrillas, en medio de la población civil.[22]
Durante los últimos años tanto la Fuerza Pública como las guerrillas y los grupos paramilitares implantan retenes y controles en los territorios indígenas, impidiéndoles el derecho a la libertad de tránsito y locomoción, el derecho a la salud, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. En la mayor parte de los territorios indígenas es común, la restricción de combustibles, alimentos, medicinas, insumos, misiones médicas e incluso de funcionarios públicos y ayuda humanitaria de emergencia, etc.
Hasta finales del 2007 más de 25 pueblos indígenas fueron afectados por la presencia permanente de tropas de la Fuerza Pública en sus territorios, mediante el establecimiento de bases militares, convirtiendo a las comunidades en “objetivo militar”; usándolas como escudos humanos y trincheras frente a los actores armados insurgentes e ilegales. Esto trajo como consecuencia la polarización, estigmatización y confusión de la población indígena, debido a la presencia itinerante de las guerrillas (principalmente de las FARC y del ELN) en algunos territorios indígenas; y, muy especialmente, de los efectivos de grupos paramilitares  (supuestamente desmovilizados) que actuaban sin identificación alguna, con el apoyo abierto de la fuerza pública.  En el Bajo Atrato, por ejemplo, el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC instaló bases permanentes e implantó estrategias de confinamiento forzado, que continuaron funcionando durante el 2007.[23] La proporción de efectivos militares y paramilitares en los destacamentos, establecidos entre 2004 y 2005, usualmente mayor a la población indígena en su conjunto, y siempre mayor a la población masculina de la comunidad, abrieron paso a nuevas estrategias. Se implementó la seducción de las mujeres indígenas y la cooptación militar de los jóvenes, por parte de la fuerza pública, trastocando el equilibrio en los roles de poder y autoridad dentro de las comunidades.

Reclutamiento forzado y violaciones sexuales

Esto trajo consigo nuevos escenarios para el escalamiento del conflicto armado, especialmente en lo local; es decir, incrementó, además del despojo territorial, la pérdida de autonomía, el confinamiento forzado de la población y el silenciamiento estructural, otras vulneraciones de las que poco se hablaba, entre ellas los abusos y violaciones sexuales, y el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes; situación que comprometió la reproducción cultural y biológica de los pueblos indígenas, a tal punto que se puso en evidencia la extinción de 18 pueblos.
En este contexto de crisis humanitaria, las organizaciones indígenas se vieron obligadas a fortalecer los mecanismos de incidencia política, mediante acciones humanitarias, políticas, jurídicas y de hecho, cuya relevancia sobrepasó el espacio nacional. En respuesta a esta situación de terror, la población indígena reavivó y generó distintas formas de resistencia, que iban desde lo logístico y práctico hacia lo más político; logrando con ello, que ONG defensoras de DDHH, así como la comunidad nacional e internacional tomara cartas en el asunto.
Se trató de romper el cerco trazado por los grupos paramilitares y las acciones gubernamentales, mismo que se incrementó justo cuando se iniciaba la supuesta desmovilización de las AUC. Una mirada a las tendencias y comportamiento de los responsables de las violaciones, evidencia el desdibujamiento e invisibilización de las responsabilidades. En ese momento, los hechos de violencia de grupos armados sin una identificación clara[24], contrastan con la disminución de los registros sobre violaciones e infracciones de los grupos paramilitares en todo el territorio nacional.
La situación humanitaria se agudizó cada vez más. Los pueblos indígenas tanto como sus organizaciones base y organizaciones políticas nacionales, se vieron silenciados e invisibles, debido a la posición del Gobierno Nacional. Ete último, trató de desvirtuar la labor de defensa de los derechos humanos en el país (como lo venía haciendo desde el 2003), criminalizado cualquier acción de defensa y exigibilidad de derechos a favor de dichos pueblos.[25] En este contexto la organización Nacional Indígena de Colombia, al mismo tiempo que otras organizaciones defensoras de derechos humanos, fue amenazada en más de siete oportunidades, según lo reporta el Sistema de Alertas Temprana (SAT) de la Defensoría Del Pueblo.[26]

La oficina del relator especial para pueblos indígenas de ONU

En vista de la situación, la ONIC y distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, han hecho llamados de urgencia a la comunidad internacional y al Estado colombiano, denunciando el genocidio y etnocidio que se adelanta, por la acción y omisión estatal en su deber de protección, garantía y respeto de los derechos de los pueblos indígenas; así como por los actores armados ilegales. Esta preocupación ha sido ratificada desde el 2004, por a Oficina del Relator de la ONU para pueblos indígenas, en diferentes informes sobre sus visitas a Colombia.
Este organismo expuso en su informe de 2004, tanto la situación de desprotección estatal, como la militarización y criminalización de los pueblos indígenas, a través de la política antiterrorista desarrollada por el Gobierno Nacional. Destaca el papel negativo de la fuerza pública y el enorme impacto de sus acciones en estas sociedades, el de las fumigaciones con glifosato, los bombardeos  y especialmente en de las “detenciones masivas y arbitrarias efectuadas por elementos del ejército en comunidades indígenas, sin previa orden judicial de captura” (párrafo 40), algunos de cuyos “cadáveres son encontrados posteriormente” y presentados ante la opinión pública como “…‘terroristas’ que fueron ‘dados de baja’ en acciones militares”. También anota, que muchas de las personas detenidas son liberadas a los pocos días por falta de evidencia de haber cometido algún delito, pero quedan entonces fichadas como “terroristas”, con los consiguientes peligros para su seguridad (amenazada o perseguida por paramilitares).[27]




[1] Villa Rivera, William; Molina Echeverri, Hernán; Betancur, Ana Cecilia. Informe al relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas: estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro. ONIC. Bogotá, Julio 24-27 de 2009.
[2] Los sistemas de información de los pueblos indígenas, especialmente el de la ONIC y Cecoin (Centro de Cooperación al Indígena), si bien comenzaron su monitoreo hacia el año 2000, han desarrollado estudios generales e indagaciones puntuales, con carácter histórico, que han permitido llenar los vacíos en las bases de datos, ampliando la profundidad temporal de los mismos. Actualmente pueden brindar información fiable de los últimos 35 años sobre la vulneración de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas colombianos.

[3] Gerardo Jumí Tapias. Jueves, 20 de Mayo de 2004. http://actualidad.hemeracomunicar.org
[4] Movilizó mas de mil indígenas desde el Resguardo de Karagabí hasta el municipio de Lorica (departamento de Córdoba), para protestar contra el proyecto y exigir que la empresa dialogara con los nativos (1995); luego llevó a cabo la movilización y ocupación de la Embajada de Suecia en Bogotá, para denunciar el incumplimiento de los compromisos de la empresa Urrá (1996) y el asesinato de varios líderes indígenas de la región, posteriormente logró mediante una acción legal contra la empresa Urrá que la justicia colombiana fallara en favor de los indígenas (1998) tras lo cual debió salir de la región.
[6] Citada en Codhes. Nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia: Asfaddes. Bogotá, Prensa CODHES, 08/06/2009. La Fiscalía General de la Nación maneja una cifra de más de 30 mil personas desaparecidas, lo mismo que Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “sin contar los subregistros…”.
[7] Villa, William. Houghton, Juan. Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia.1974-2004. Altovuelo Editores. Medellín. 2005. Pp. 11.
[8] Henao A., Diego F. Encuesta Nacional Sobre Desplazamiento Forzado Indígena de la ONIC; Informe Final: aproximación sociodemográfica sobre la educación y conocimiento propio. ONIC-MEN, Convenio No 247 de 2006. Bogotá. 2009.
[9] Villa Rivera, William; Molina Echeverri, Hernán; Betancur, Ana Cecilia. Informe al relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas: estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro. ONIC. Bogotá, Julio 24-27 de 2009.
[10] Henao A., Diego F. Encuesta Nacional Sobre Desplazamiento Forzado Indígena de la ONIC; Informe Final: aproximación sociodemográfica sobre la educación y conocimiento propio. ONIC-MEN, Convenio No 247 de 2006. Bogotá. 2009.
[11] ONIC. Plan de vida para la pervivencia de los pueblos indígenas y prevención del desplazamiento. ONIC. Bogotá. Septiembre de 2008. Pp. 32.
[12] Ibíd. Onic, septiembre de 2008, pp. 93.
[13] Los datos proporcionados por esta fundación son extractados a su vez de los bancos de datos de la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la página web Bitácora Presidencial, donde el Estado publica los resultados de los operativos y detenciones. Más de seis mil personas detenidas ilegal o arbitrariamente en dos años. Pp. 2. 18 de agosto de 2005. Tomado de: www.actualidadcolombiana.org
[14] Ibíd. Actualidad Colombiana. 2006. Pp. 2
[15] Henao Arcila, Diego F. Genocidio Indígena En Colombia: el cerco de la criminalización estatal. Bogotá-Lima; Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. 2007.
[16] Riosucio, 18 de mayo de 2007, Autoridades Indígenas del Consejo regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y Comité Ejecutivo Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
[17] Ibíd; CRIDEC; 2007.
[18] Ustedes Misión son: Fuego, Agua, Viento y Plantas: Memorias de la Misión Internacional de Verificación a la Situación Humanitaria y de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, 21 – 29 Septiembre, 2006. ONIC. Bogotá. 2007.
[19] Esta reglamenta la coordinación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena, tomando en cuenta el cumplimiento de la Directiva No. 016 del año 2006 del Ministerio de Defensa, por la cual se dispone la obligación de los miembros de la Fuerza Pública, de informar a las autoridades indígenas las actuaciones que se adelanten en sus territorios.
[20] Flórez, Jesús Alfonso, y Millán, Constanza. Derecho a la alimentación y al territorio en el pacífico Colombiano. Diócesis de Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Itsmina-Tadó y Vicariato Apostólico de Guapi. Bogotá. Febrero de 2007.
[21] Diego F. Henao. A. Extraños, nómadas y confinados. En “Los Pueblos Indígenas y el Conflicto Colombiano”. Asuntos Indígenas 4/03: 20-27. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) Copenhague; 2003; véase en: www.iwgia.org y http://colombiaindigena.blogspot.com
[22] Ibíd. Informe Misión Internacional de Verificación 2007. Pp. 32.
[23] Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Cabildo Mayor Indígena Zonal del Bajo Atrato (CAMIZBA). Resistiendo en el paraíso. Informe Situación del Bajo Atrato. Riosucio, Departamento del Chocó, 1 y 5 de mayo de 2007.
[24] Definidos dentro del SINDHO de la ONIC con la categoría “Otros”.
[25] FIDH. Los paramilitares respaldan el discurso del Presidente Alvaro Uribe Velez contra las ONG - Uribe persiste. París, Ginebra, 2 de octubre de 2003. En este sentido, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, ha expresado desde 2003 “su profunda preocupación” por los comunicados y amenazas proferidas por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes han respaldado constantemente las declaraciones del Presidente Alvaro Uribe Vélez en contra de las ONG de Derechos Humanos: “El Observatorio ya había expresado su enérgica protesta en contra del discurso del 8 de septiembre del Presidente Álvaro Uribe en el cual el Presidente comparó a las ONG defensoras de los Derechos Humanos con los grupos terroristas, con la clara intención de desacreditar su trabajo” (el resaltado es nuestro). En sus diversos comunicados, las AUC han expresado su aprobación a las declaraciones del Presidente Uribe y aprovechan esa toma de posición para criminalizar a su vez a ONG colombianas y extranjeras, entre las que se encuentra la ONIC. Como bien lo ha manifestado la FIDH, dichas declaraciones vulneran las condiciones de trabajo de los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia y constituyen verdaderas amenazas para su seguridad, puesto que en el contexto del conflicto armado, tales declaraciones terminan criminalizando a muchos sectores sociales en Colombia. Tomado de http://www.fidh.org/communiq/2003/co0210e.htm
[26] Defensoría Delegada Para La Evaluación Del Riesgo De La Población Civil Como Consecuencia Del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas (SAT) Informe de Riesgo No. 036-06. 31 de agosto de 2006.
[27] Informe del Relator de la ONU para pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen en su visita a Colombia en 2004. ONU. 2005.

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