Desde hace tiempo todo está cambiando, yo no me explico, yo no sé por qué...
Llegan las botas de diferentes bandos y estamos entre la espada y la pared...[1]
Entre los días 30 de Marzo y 4 de abril de 2006 un equipo de la Organización Nacional indígena de Colombia, se desplazó a la ciudad de San José del Guaviare con el fin de asistir a la reunión del Subcomité de Asuntos Indígenas del Departamento del Guaviare y realizar una constatación sobre la crisis humanitaria de la población indígena Nukak y Guayabero en situación de desplazamiento. En esta dirección se llevaron a cabo una serie de entrevistas, con la población afectada por el desplazamiento y a algunos integrantes del Consejo Regional Indígena del Guaviare CRIGUA II y funcionarios públicos de orden Departamental y Nacional.
Los pueblos indígenas en el ojo del huracán
Según estudios recientes[2] “El 65,5% de los pueblos indígenas localizados en la amazonía colombiana tiene una población menor a mil personas”. Esta situación, de cara al conflicto armado, implica un dramático impacto sobre dichos pueblos toda vez que la reducción de su tamaño demográfico entraña “un serio riesgo de extinción”. Hasta septiembre de 2003, el desplazamiento forzado de los pueblos amazónicos colombianos ubicados en los departamentos del Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés, por causa de la violencia política, es equivalente al 2,7% (1311 personas)[3] del total de la población indígena de los cuatro departamentos.
La situación de conflicto armado en el departamento del Guaviare ha traído nefastas consecuencias para quienes habitan en las zonas rurales de los municipios de El Retorno (sabanas de “La lindosa”, “La libertad”, “Mirolindo”), Calamar y San José del Guaviare (“Trocha Ganadera”, “Charras”, “Caño Makú”, “Caño Blanco”, “Barrancón”), y en particular para nuestros pueblos indígenas.
La población del Departamento del Guaviare esta compuesta por los 8 pueblos indígenas que ancestralmente han habitado esta región: Sikuani, Tukano, Piratapuyo, Siriano, Guayabero o Guahibo, Curripaco, Piaroa, Makú, Nukak Makú, además de una gran dispersión de grupos familiares (pertenecientes a otros 8 0 10 pueblos) que han migrado forzosamente hacia el Guaviare; raizales (llamados también “cabucos”) que es una población fruto de diferentes mezclas étnicas y culturales con acentuada ascendencia indígena; campesinos-colonos, muchos de los cuales llegaron hacia 1950 y entre los que se encuentra también población Afrocolombiana[4] originaria del Valle del Cauca y Chocó principalmente;
La población indígena más numerosa del departamento pertenece al pueblo Guayabero (anteriormente denominados Guahibos). La movilidad de la población indígena es alta y muchos de ellos tienen familiares en San José del Guaviare. Desde el 2002, cerca del Municipio de San José del Guaviare, en el Resguardo Barrancón (del pueblo Guayabero), se encuentran 5 familias (40 personas) del mismo pueblo que fueron desplazadas de Caño Blanco. Es el mismo resguardo, donde fueron asentadas 10 familias Nukak Makú (51 personas), 60% de los cuales son niños entre los 0 y 12 años), desplazadas desde Caño Makú, en febrero del 2003. Estos últimos han sido afectados enormemente debido a que se les ha limitado la alta movilidad (nomadismo) que los caracteriza, pese a que su territorio comprende alrededor de 632 mil hectáreas.[5] En la actualidad, ya son 221 personas del pueblo Nukak ubicadas en 4 asentamientos (75 en Villa Eleonora desde 2003, 12 en la Casa Indígena, 38 en Agua Bonita, 96 en Tomachipán) y alrededor de 500 personas del pueblo Guayabero ubicadas en otros 5 asentamientos. Hoy los conflictos con los colonos y otros pueblos indígenas están aumentando; el hambre es cada vez mayor y la desnutrición está incrementándose.
De acuerdo con representantes de la Secretaría Departamental de Salud, los problemas con el pueblo Nukak Makú asentado en San josé del Guaviare es enorme: actualmente, hay desplazados 221, de los cuales están atendiendo 68 adultos, 51 niños entre los 0-10 años de edad y 12 niños entre los 11-15 años de edad. Explican que padecen desnutrición y por lo tanto requiere apoyo alimentario que contemple una mayor base nutricional. Según ellos las condiciones de las viviendas donde residen actualmente (carpas de vara en tierra) no son adecuados, que hace falta también un proceso de saneamiento ambiental, hasta hace muy poco padecían la escasez de agua potable y sólo cuentan con un médico que los atiende durante tres días cada dos semanas.
De otra parte, funcionarios de Acción Social del Guaviare afirman que un análisis del sostenimiento del proceso de asistencia alimentaria adelantado durante estos tres últimos años, señala que su "capacidad de atención está desbordada" y que como van sólo les quedan recursos para un mes o dos meses más. Esto evidencia la falta de una respuesta estatal a la problemática, a la ausencia de una política integral de Derechos Humanos para estos pueblos, misma que no cuenta con recursos suficientes para que sea sostenible en el largo plazo.
De otra parte, la falta de conocimiento de muchas autoridades y funcionarios, sobre los aspectos culturales y políticos de los pueblos indígenas de la región, la falta de reconocimiento de este pueblo como sujeto colectivo y político, o los intereses sobre el territorio y los recursos de transferencia de este pueblo, acumulados por el gobierno, han servido de plataforma para proponer múltiples estrategias destinadas, abiertamente, a la reubicación, sedentarización, urbanización y aculturación, tanto del pueblo Nukak Makú como del pueblo Guayabero; en particular, a través de la “enseñanza de la agricultura” y “el comercio”. Según Rubén Hernández secretario del Consejo Regional Indígena del Guaviare (CRIGUA II), es por ello que hay necesidad de realizar talleres de formación y sensibilización con dichas autoridades civiles y militares e incluso de aquellos que pertenecen a los organismos de control de la gobernación, con el objeto de mejorar el entendimiento intercultural.
En este sentido, la situación de riesgo de extinción que están viviendo los pueblos indígenas del Guaviare se ha convertido en una problemática que hasta ahora no ha sabido resolverse. La mayor parte de las soluciones adoptadas solo recurren a la asistencia humanitaria, dejando de lado la posibilidad del retorno de la población, reduciendo todo a la necesidad de “desarrollar un proceso de fortalecimiento económico, para sacar adelante una solución al problema”, bajo la idea de “descongelar los recursos de transferencia acumulados”.
Hoy tanto las autoridades del gobierno departamental, la población en general, como nuestros pueblos indígenas y los movimientos sociales de la región claman por un acuerdo humanitario regional. En este sentido han propuesto la creación de una “Oficina de Paz” y un “Laboratorio de Paz”. Esto se hace necesario toda vez que las fumigaciones, la instalación de batallones en los territorios indígenas y los combates con las FARC continúan siendo los principales motivos del desplazamiento indígena.
Frente a esto, sin embargo, hay otro problema de fondo que no parece permitir que estas iniciativas de Paz y “retorno de la población indígena” tomen el vuelo deseado. De acuerdo con algunos funcionarios: “por más de tres años se ha insistido en buscarle soluciones a este problema, especialmente sobre si las condiciones del conflicto permiten o no el regreso de la población” y no han obtenido respuesta de las autoridades militares, “no ha habido poder humano que los haya hecho contestar, para saber que acciones adelantar”. Dicho de otro modo, las decisiones políticas siguen estando supeditadas a las decisiones militares. Como lo afirmó una persona entrevistada, la situación del Guaviare “se parece a una dictadura regional”.
Para la ONIC, la preocupación central de esta grave situación es la escasa población y el peligro de extinción de algunos de los pueblos más importantes del departamento. Frente a esto han surgido algunas cuestiones: ¿Y si sedentariza a la población Nukak Makú para quién quedará el territorio Nukak? ¿Cuáles son los intereses que están en juego? ¿Por qué todos se empeñan en sacarlos de sus territorios para urbanizarlos? Frente a estas cuestiones han surgido también algunas inquietudes sobre la posición geoestratégica de San José del Guaviare en el marco del megaproyecto Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que van mucho más allá, mismas que parecen constituir el fondo real del asunto.
Los intereses sobre los hidrocarburos y minerales de la región no son nada nuevos. Ya entre 1991 y 1992, después de una larga batalla jurídica con ECOPETROL, debido las labores de exploración sísmica adelantadas por Fronteras de Exploración Colombiana, la ONIC logró suspender definitivamente la exploración petrolera en el territorio Nukak Makú, el Parque Natural Nacional del mismo nombre y las Zonas de reserva forestal de la Amazonia; además de abrir el camino para la posterior titulación del resguardo Nukak Makú en 1993 (Junta Directiva del Incora, resolución No. 136 del 23 de noviembre de 1993).
El departamento de Guaviare, junto con Vaupés y Guainía constituye la selva de transición que une a la Orinoquia con la Amazonia. Por tal razón reúne características geográficas de ambos ecosistemas. Debido a sus importantes vínculos comerciales y culturales con el departamento del Meta, a través de sus vías de comunicación (fluvial, carreteable y aérea) es asimilada a la dinámica de los llanos orientales más que a la de la Amazonia.
Para algunos académicos, la consideración de la Amazonia como una “zona baldía mundial”, durante la segunda mitad del siglo pasado, ha traído enormes consecuencias negativas. Hoy son pocos los que saben sobre el proyecto para “convertir toda la cuenca en un gran lago que interconectara las vías del Orinoco, Amazonas y La Plata” [6] para beneficio de otros países. “Se calcula que existen en la región cerca de sesenta mil especies de plantas, dos mil de peces y trescientas de mamíferos. Además un número no determinado de microrganismos. Los suelos, las aguas, la vegetación y la fauna, presentan múltiples interrelaciones, de manera que si se lesiona uno de estos elementos, se hace daño a todos los otros”.[7]
Además de lo anterior se abrió el espacio para grandes proyectos industriales (ganadería, minería e hidroeléctricas), es decir, para un avance más acelerado de la colonización. Con ello llegó la tala indiscriminada de los bosques así como la contaminación de los ríos (con insumos para el procesamiento de cocaína) amenazando gravemente su diversidad biológica.[8]
Desde el Guayabero y el Ariari[9]
El departamento del Guaviare se encuentra en el Noroeste de la Cuenca Amazónica, una área selvática cubierta de bosque tropical húmedo, caracterizada por altas temperaturas, una enorme lluviosidad, e irrigada por numerosos ríos. Es uno de los departamentos más jóvenes del país y está integrado por 4 municipios: San José del Guaviare, Calamar, El retorno y Miraflores.
El guaviare comprende una extensa superficie territorial (42.327 Km2) en la que casi se ha duplicado su población durante los últimos diez años; en 1993 contaba con 75.294 habitantes y en el año 2003 con 126.795[10] personas. La inmensa mayoría de la población campesina mestiza y Afrocolombiana no cuenta con títulos de propiedad pese a la posesión que muchos de ellos han ejercido desde las décadas anteriores.
Al norte del departamento se encuentra la unión de los ríos Guayabero y Ariari que da origen al Río Guaviare el mayor tributario del río Orinoco —conocido también como Orinoco Occidental— con sus 1.350 kilómetros de longitud, caracterizado por su riqueza en plancton y su inmensa variedad de peces.[11]
La economía del departamento ha dependido tradicionalmente de la agricultura y pesca de subsistencia, la ganadería y la explotación forestal (resinas y fibras). Los diversos procesos de colonización han marcado las actividades económicas de la región: Caucho desde finales del siglo XIX y buena parte del XX; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y cultivos de uso ilícito desde finales del siglo XX. A través de su reciente historia, los principales ejes de colonización se siguen ampliando desde la “Zona Andina” hacia lo más profundo de la selva —frontera con Venezuela— (Occidente a oriente) y/o hacia la Amazonia (Norte a Sur).
Muy cerca del nacimiento del río guaviare, hay un meandro que con el paso del tiempo ha tendido a convertirse en una gran isla. A la orilla del río y frente a la curva más profunda de este meandro nació hace 56 años el principal centro poblado, el municipio más grande del departamento: San José del Guaviare, su capital. Esta ciudad fue conformada en la década de los 50 por grupos de colonos procedentes de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Valle Del Cauca y de los departamentos del Eje cafetero en los últimos años.
Hoy por hoy, continúan llegando a la región, personas de muchas partes del país, con la ilusión de encontrar un terruño, un empleo o “montar un negocio”. No es raro escuchar: “me vine del interior para estarme quince días, ya llevó siete años... y no me quiero ir de aquí”. Pese a que la situación es cada vez más tensa debido al conflicto armado, algunos de ellos han tenido que salir del campo o de alguno de sus municipios, dejando todo lo que habían “levantado” en muchos años.
Esta situación es fruto de la expansión geográfica de los cultivos de uso ilícito; del establecimiento de la antigua “zona de distensión” —en el vecino departamento del Caquetá—, la posterior ruptura de los “Diálogos de Paz” entre en el Gobierno y las FARC; y durante los últimos años, de los operativos contrainsurgentes y antinarcóticos adelantados por las FFAA de Colombia, particularmente con la intensificación de las fumigaciones aéreas en el marco del Plan Colombia.
Debido a los intereses que agudizan el conflicto armado, la circulación de abastos para la región sufre restricciones constantemente, lo que ocasiona la especulación y el aumento de la carestía. Esto es especialmente notable en las temporadas de invierno cuando los precios alcanzan el doble de lo normal, debido al déficit de vías carreteables y al uso exclusivo del río Guaviare como principal vía de entrada para los productos. Dicha situación ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria en la región, no obstante los esfuerzos aislados de algunas comunidades campesinas que con el apoyo de la Secretaría de Salud del Departamento, han desarrollado cultivos transitorios para el autoabstecimiento (con algunos excedentes).
De acuerdo con los testimonios recogidos la respuesta del Sistema de Atención Integral para la Población Desplazada por la Violencia no ha sido la más adecuada, puesto que ha respondido sólo con Ayuda Humanitaria de Emergencia, dejando de lado las fases de prevención y restablecimiento, no obstante la coordinación realizada por la Oficina de Acción Social (Anteriormente Red de Solidaridad Social). La labor de las entidades para responder al desplazamiento forzado de la población indígena y campesina, ha presentado el agravante de condicionar la respuesta estatal a los recursos existentes, que por lo general han sido exiguos.
Magnitud del desplazamiento
Según el Sistema de Información de Codhes, durante el año 2002 el Guaviare ocupó el sexto lugar de los departamentos expulsores del país y el 19 en los departamentos receptores. Ya para el 2003 constituía el principal centro de expulsión y recepción de población desplazada en la región, con una cifra de 6523 personas, el 75% de los cuales llegó entre 1999 y 2002[12].
Una de las más fuertes dinámicas del desplazamiento forzado registradas durante el 2002 y 2003 la generó el establecimiento de la antigua “Zona de Distensión” en dos de sus departamentos vecinos (Caquetá y Meta). De los 12 municipios que integran su área de influencia[13] dos (2) son del Guaviare. De estos, San José, ocupó el primer lugar en cuanto a municipios receptores del Área, además de constituirse en el tercero de los municipios expulsores (2036). Esta situación continuó durante el 2003, siempre a la cabeza de los municipios expulsores (tasa de 1075) y receptores (908) de dicha área de influencia. Este escenario señala el grave riesgo que corren los pobladores indígenas, afrocolombianos, raizales y campesinos de la región.
Hasta comienzos del 2004 el municipio de San José del Guaviare encabezó también los estimativos de la Orinoquia y Amazonía; casi duplicó la tasa del segundo municipio expulsor —Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá— (544), superando en cinco (5) veces la cifra del segundo municipio receptor —San Juan De Arama, Departamento del Meta— (159). Así mismo, es necesario señalar que el municipio más cercano con similar dinámica de desplazamiento forzado interno es Mapiripán, primer municipio expulsor del departamento del Meta durante el 2002, epicentro de confrontaciones entre facciones de las AUC entre 2003 y 2004.
Es de anotar que el Guaviare solo cuenta con 4 municipios que según las cifras sobre expulsión, estimadas a partir del número de declaraciones presentadas ante la Oficina territorial de Acción Social Guaviare, presentan una dinámica muy similar, exceptuando al municipio de Miraflores. Este municipio fue considerado como el principal centro de producción de coca en la región hasta el 2001. desde allí se adelantaron las marchas cocaleras de 1997 y en 1998 fue objeto de una cruenta toma por parte de las FARC que generó el desplazamiento de buena parte de su población, como lo refleja el siguiente gráfico.
Como lo advirtieron varias personas en sus testimonios Miraflores es municipio que se convirtió en territorio de disputa o guerra entre las FARC y los grupos paramilitares, mismos que se establecieron, según ellos, por el mismo tiempo en que llegó el ejército a establecerse en la zona. Actualmente, es el eje del programa de fumigaciones en el departamento del Guaviare y de las acciones contrainsurgentes del Ejército Nacional.
El análisis del desplazamiento en este departamento muestra una leve tendencia al aumento durante el 2005 después de un fuerte descenso en el 2004. Alrededor del 80% de la población desplazada del Guaviare proviene del mismo departamento y más del 90% de esta población se encuentra asentada en su capital, en casas de amigos y familiares, y sólo desde hace tres años se han organizado Asociaciones de desplazados. Estos pobladores argumentan que el mayor problema que afrontan es el desempleo debido a que no tienen otra manera de devengar ingresos para su sostenimiento.
Se refleja en los testimonios de la población desplazada y de algunos funcionarios públicos, una percepción de vulnerabilidad generalizada y de riesgo permanente. En este sentido, anotan que cuando un solo actor hace presencia continua los problemas son menores, y que además la crisis radica en las acciones bélicas desarrolladas por la disputa territorial que adelantan. De igual modo, señalan que dicha situación se agravó con la inclusión de este departamento en el programa de fumigaciones del Plan Colombia. Además de lo anterior, manifiestan que se agudizado mucho más desde que empezaron a instalar contingentes de Soldados Campesinos, en el marco de la política de Seguridad Democrática impulsada por el gobierno actual, entre los cuales se encuentran “campesinos que no son de la región”, afirmaron algunos.
Escenarios de conflicto
En palabras de sus pobladores la ofensiva de las AUC en el departamento del Guaviare, iniciada desde 1997, para impedir el control territorial de las FARC, produjo el incremento de las violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH, poniendo en riesgo sus vidas. Vastos sectores de población indígena permanecen confinados y miles de personas han sido obligadas a migrar hacia los principales cascos urbanos.
Hoy muchos todavía recuerdan la "toma masiva de rehenes" (como lo afirmó el defensor del pueblo de ese entonces, Eduardo Cifuentes) en Puerto Alvira (2002), denominado, por otros funcionarios, como "secuestro masivo por parte de las FARC". Puerto Alvira, es un corregimiento de Mapiripán, municipio ubicado en una región disputada por las FARC y los paramilitares debido a que es un corredor estratégico para la comercialización de coca. En Puerto Alvira, corregimiento del municipio de Mapiripan, se registró una masacre el 4 de mayo de 1998, atribuida a grupos paramilitares, que dejó 20 campesinos muertos y el éxodo de buena parte de la población. La masacre había sido advertida por diversos organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo. Otras poblaciones como La Cooperativa, escenario de otra masacre realizada diez meses atrás, fueron evacuados. De acuerdo con algunos testimonios, durante 7 días (14 al 20 de julio de 2002), cerca de 200 miembros de las Autodefensas llegaron de Urabá y se adueñaron de Mapiripán, además de los corregimientos de Puerto Alvira y La Cooperativa. Según distintas versiones periodísticas, descendieron en el aeropuerto de San José del Guaviare y con la colaboración de algunas autoridades militares y de policía, iniciaron un recorrido de muerte que terminó con el asesinato de medio centenar de personas[14]. Durante algunos meses después de las masacres, el Ejército mantuvo a dos batallones de contraguerrilla en la zona y garantizó la seguridad de los habitantes; después se marcharon y la población sintió los constantes cambios de dominio entre “los paras” y “las FARC”.
Hasta la incursión de las AUC, a mediados de 1997, hacían presencia en la zona cuatro frentes guerrilleros (1, 7, 43 y 44) de las FARC. La llegada de los paramilitares cambió radicalmente esa situación. En medio de estos cambios, a finales de la década del 90, se desarrollaron varias movilizaciones sociales (“marchas cocaleras”), adelantadas por parte de organizaciones campesinas que reivindicaban el cultivo de coca como alternativa a la deficiente estructura agropecuaria de la región. Su inestabilidad sociopolítica y económica se expresa en el aumento de las violaciones de los derechos Humanos (desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, confinamientos masivos y selectivos, reclutamiento de menores, persecución religiosa, etc.). Actualmente operan en el departamento del Guaviare el frente 44 (Oriente), el Frente 7 (Sur-occidente del Municipio de San José del Guaviare) y la Columna Móvil Juan José Rondón de las FARC.
Diversos testimonios coinciden en que la crisis humanitaria que estan viviendo es producto de las acciones insurgentes y contrainsurgentes desarrolladas en la región. En primer lugar, por las acciones de las AUC dirigidas a la “recuperación territorial”, que ha incluido disputas con y entre facciones que han operado en el sur del vecino departamento del Meta, en inmediaciones de Puerto Concordia y Mapiripan (“Bloque Centauros” y “los buitragueños”). En segundo lugar, debido a los operativos adelantados por las FFAA en razón de la “recuperación de la gobernabilidad” en la región, asociados al programa de fumigaciones para el control de los cultivos de uso ilícito en el marco del Plan Colombia. Según ellos, estos operativos y acciones han desatado respuestas armadas por parte de la guerrilla (FARC) en defensa de la hegemonía que han mantenido durante las décadas anteriores y que han tratado de recobrar durante el último año.
Dicho de otro modo, se registra un cambio en las zonas de desplazamiento: de los sectores Centro y Noroccidente del departamento hacia los sectores Sur y Norte de la parte oriental, sin que cese el fenómeno en ninguna de las anteriores. Este movimiento concuerda con las versiones de algunos funcionarios sobre el corrimiento de los ejes, tránsitos, direcciones y presencia de los cultivos de uso ilícito, actores armados y fumigaciones aéreas (Plan Colombia); es decir, de la expansión del conflicto, de la frontera agrícola, de la consecuente devastación ecológica y de la pobreza estructural de la población campesina y especialmente de la población indígena, generando una crítica situación humanitaria. Esto ha producido la continua expectativa de la población del departamento, principalmente de la población indígena, aquella que está distribuida en pequeñas comunidades ribereñas e interfluviales. Esto se hizo evidente desde el 5 de noviembre de 2003 con el registró de una Alerta Temprana, realizada por la población indígena Guayabero del Resguardo Barrancón, sobre el riesgo inminente que estaban viviendo con las confrontaciones entre grupos paramiliatres y guerrilleros en inmediaciones de “Puerto Nare”, sobre el Río Guaviare.
De acuerdo con el “Censo de Cultivos de Coca” (Junio de 2005) realizado por la Oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas, los niveles más altos de cultivos se encuentran en los departamentos con Parques Nacionales Naturales. Este es el caso del Departamento del Guaviare con la Reserva Natural de los Nukak, entre otros. El análisis regional evidencia que los departamentos de Meta y Guaviare, tomados en conjunto, representan el 36% del total de cultivos de coca en el país, pese a la disminución del 23% que se dio en el Guaviare durante el 2004. En dicho informe se señala que el porcentaje de cultivos de coca aumenta o disminuye según el nivel de aplicación de actividades de aspersión aérea, la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo y la aplicación de programas de familias guardabosques.
En relación con el Programa de Desarrollo Alternativo, se percibe una falta de coherencia entre su aplicación y la política de erradicación. El Departamento del Guaviare recibió el 18% de toda las fumigaciones realizadas en los últimos 6 años y en materia de Desarrollo Alternativo solo ha recibido el 0.2% del presupuesto de este rubro.[15] En esta dirección, la pobreza de las poblaciones ha sido un factor de enorme importancia para la presencia y aumento de los cultivos, toda vez que la mayoría de los cultivadores sólo mejoran los medios básicos de supervivencia sin que se perciba un incremento real de sus ingresos.
La historia indígena parece repetirse
Desde el siglo XVIII no ha sido raro escuchar a los viajeros, cronistas, investigadores y funcionarios sobre aquellos grupos que capturaban indígenas para ser esclavizados. Aún se escuchan los recuerdos de algunas personas de la Amazonia sobre aquellos días, cuando se llevaban a cabo las “cuibiadas” o cacería de personas indígenas en los llanos orientales colombianos. Así mismo, de las “Jaramilladas”, aquellas prácticas de esclavización de la población indígena, especialmente guayaberos, con destino a la producción de hoja de coca, que se hicieron hace poco más de una década en el norte de la amazonía colombiana.
Por estos días, escuchamos historias sobre la manera en que algunos “cocineros”[16] recorrían las comunidades indígenas haciendo tratos verbales con los ancianos para que le dejaran llevar a sus hombres y mujeres más jóvenes (40 en promedio), con el propósito de recoger la cosecha de hoja de coca. Después de esto los retenían por 10 o 12 meses, con la promesa de obtener lo ganado al final de la temporada, para recibirlo todo en un solo pago; pago que en ocasiones no se realizaba porque cerca de la mitad de ellos morían en circunstancias extrañas o entraban a engrosar la lista de desaparecidos de la región.
Algunas personas afirmaron que es por ello que las bandas Nukak Makú han estado “saliendo” a las cuatro cabeceras municipales del Departamento del Guaviare. De acuerdo con estos testimonios, el término “Makú” fue usado indiscriminadamente para referirse al tipo de subordinación que caracteriza las relaciones entre los pueblos indígenas sedentarios (ubicados en la riberas de los ríos) y aquellos grupos nómadas que viven de la caza y la recolección en las áreas boscosas (interfluviales). Pese a ello, nadie olvida hoy la sorpresa que generó en el país la “aparición de un pueblo nómada hasta entonces oculto en las selvas del guaviare: los Nukak Makú”.[17]
En el 2003, después de haber llegado a la comunidad “vinieron los blancos y se llevaron varios compañeros... a raspar... lejos de nosotros” afirmaba Manuel. De las 51 personas solo quedaron 40, la mayor parte de ellos menores de edad, cuyo desequilibrio en la proporción de mujeres y hombres es abismal. Las mujeres del grupo no alcanzaban la cuarta parte, situación que los está llevando a la extinción del grupo. Además de esta población hay familias indígenas Nukak Makú provenientes de Charras, Charrasquera y Guanapalo que viven en San José del Guaviare desde comienzos de 2003.
Los Nukak Makú: al borde la extinción
Uno de las bandas Nukak más conocidas es la que está desde 2003 en el resguardo del pueblo Guayabero de Barrancón, a unos 20 minutos bajando por el Río Guaviare, desde San José. Allí los encontramos nuevamente, viviendo todavía en una serie de refugios con techos de plástico, montados sobre hilos de nylon permanecen amarrados a delgados postes de madera y a las ramas de los árboles que rodean el campamento. Allí estaban todavían están asentadas las diez familias Nukak Makú que fueron obligadas a desplazarse desde “Charras”, en febrero de 2003 (población Nukak fue ubicada inicialmente en un sitio llamado Villa Leonor, por espacio de 4 meses).
En cada una de estos refugios las mujeres cocinan mientras los niños se acercan para saludar los visitantes. En una de estas enramadas uno de los hobres más viejos continua untando el veneno de “cumare” sobre la punta de las pequeñas flechas; alistándose para ir a cazar “chorucos”— micos—, aunque afirma que “ya no hay mucho”. Sentado sobre la hamaca mira fijamente la punta de sus pequeñas flechas como convenciéndolas para que no fallen cuando salgan de su Cerbatana. Frente a él, en todo el centro del refugio, estan los carbones encendidos con que calienta las puntas de flecha para untarles el veneno, y a un lado los copos de algodón blanco que va enredando en espiral sobre la cola de las mismas.
Lo único que queda de las viviendas tradicionales Nukak lo encontramos a pocos metros de la entrada a la laguna, dentro del pedazo de bosque donde está ubicado el campamento. Los niños han construido un pequeño cono con hojas de platanillo para jugar sin alejarse mucho del campamento. Cuando no deambulan con sus pequeños arcos y flechas, tanto las niñas como los niños juegan al futbol, sobretodo en las tardes, en el pequeño campo que está al lado del campamento. Algunos de ellos todavía usan collares tradicionales hechos con dientes de “choruco”.
Actualmente, algunos hombres del grupo quieren sembrar piña y yuca. Las mujeres continuan elaborando chinchorros, canastos y manillas, con fibras naturales que son muy apreciados por la población campesina de la región. Estos chinchorros son intercambiados generalmente con los campesinos o habitantes de San José, según ellas por dos cajas de panela. Su dieta alimentaria ha ido reduciéndose paulatinamente no obstante que todavía consuman Monchonque frito (especie de batata).
Hoy nos ronda la preocupación por el proceso de cambio cultural que los está llevando al sedentarismo, reflejado en parte por el acostumbramiento a los alimentos que la RSS y la Secretaría de Salud del Departamento les brindan en su labor asistencial. Hoy claman por productos que contienen preservantes químicos y bicicletas para desplazarse a San José, entre otras cosas.
Esta situación se ve agravada cuando se presentan quienes los contratan para recoger hoja de coca en cultivos cercanos, ya que por su dinámica cultural son excelentes recolectores. Algunos de ellos después de recibir el dinero por sus servicios, consumen bastante licor y acuden a las prostitutas de San José; lugar de donde provino el contagio de sífilis de una familia (incluyendo un bebé recién nacido).
Diversos testimonios señalaron reiteradamente que cerca de donde ellos provienen estuvieron los Misioneros de las Nuevas Tribus evangelizando a la población indígena. Tanto la oficina regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como la Secretaría de Salud del departamento del Guaviare cuentan con programas especiales para esta población indígena. Según Ramón A. Rodríguez, coordinador de la Unidad territorial de la Red de Solidaridad Social, “estas familias Nukak están aburridas de estar allí, aunque hay algunas mujeres que han manifestado que no quieren regresar”.[18]
Políticas del terror
Con los constantes cambios de las hegemonías locales se presenta también la transformación de los imaginarios sociales sobre la población civil de las zonas rurales, en beneficio de la guerra. Se trata de la estigamitización de la población civil, pretendiendo forzar un “cambio de ideas armadas”[19] a través de rumores (por acusaciones como “presuntos informantes”) que provocan miedo y terror. Se trata de un sentimiento generalizado de temor por posibles represalias contra los pobladores que permanecen en sus lugares de origen, contra quienes son desplazados y contra aquella población que después de ser desplazada decide retornar.
En el mes de julio de 2002 se presentó un retorno de algunas comunidades que se habían desplazado entre marzo y abril desde Puerto Nare (frente a Mapiripan). Esto provocó una presión permanente por parte de las AUC y las FARC a tal punto que fueron desplazados nuevamente hacia San José del Guaviare, fruto de amenazas y rumores sobre posibles enfrentamientos entre las AUC, FARC y FFAA. Situación que se agudizó durante los primeros meses del 2003 cuando se registró la desaparición de tres personas de estas comunidades.
Circunstancias han socavado la confianza social y puesto en entre dicho las diferencias culturales; han aumentado los niveles de desconfianza mediante la exacerbación de las diferencias culturales según los reordenamientos del territorio. Los controles itinerantes que han impuesto los actores armados han reformulado las fronteras entre quienes viven en el campo y quienes habitan en los cascos urbanos del departamento.
El ultimo desplazamiento masivo (76 personas) de los Nukak Makú se produjo a mediados de Marzo a raíz del temor por
Los retornos producidos en la región han sido voluntarios y solo uno de ellos ha contado con el apoyo del SNAPID. De acuerdo con distintas versiones recogidas los retornos han sido voluntarios, en parte, por no recibir el apoyo suficiente en San José del Guaviare, pero principalmente porque ha cambiado el apego por su tierra, debido a un programa de huertas familiares que permitió aumentar la seguridad alimentaria en la región. Las fumigaciones han obligado a la población a cambiar parte de los cultivos de uso ilícito por cultivos de pancoger.
Es por esto que se está presentando un cambio importante en la región con profundas consecuencias para el ecosistema: se esta ampliando la frontera agrícola con los cultivos de uso ilícito debido al control que ejercen las fumigaciones del Plan Colombia, no obstante las estrategias de protección de dichos cultivos frente a estas fumigaciones. Para muchas personas la ampliación de la frontera agrícola a través de los cultivos de uso ilícito llegó a un tope de control desde los cascos urbanos y por eso las AUC frenaron su avance.
Lo anterior explica el porqué los grupos paramilitares de la región han estado retrocediendo, perdiendo control sobre amplios sectores, como el que hoy se conoce como “la trocha ganadera”. Pero esto no indica que el conflicto haya mermado, actualmente se presenta el control de la movilidad humana de quienes viven en esta región, por parte todos los actores armados. Las 16 veredas de la trocha ganadera permanecen en confinamiento (colectivo y selectivo).
Esto último implica que la labor de quienes trabajan con las organizaciones sociales, asociaciones de desplazados, de las entidades humanitarias, entidades gubernamentales y no gubernamentales de la región se lleve a cabo en condiciones permanentes de sobrevivencia.
Recomendaciones
Frente a esta situación la ONIC considera necesario tener en cuenta unos principios fundamentales y unos elementos de contexto histórico que permitan entender y proponer mucho más claramente una política de atención a los pueblos indígenas que están padeciendo la Guerra, como consecuencia de los impactos del Plan Colombia en la región.
1. Es necesario saber y reconocer que el pueblo Guayabero fue un pueblo nómada hasta hace 40 años, mismos que podrían entenderse como los Nukak Makú de aquel entonces. Un conocimiento más profundo de este proceso nos acercaría un poco más a la verdadera solución de los problemas actuales. Esto podría permitir desentrañar las claves para un proceso de retorno exitoso del pueblo Nukak Makú y los restantes pueblos indígenas desplazados de la región.
2. Mientras no haya certeza sobre las amenazas contra los pueblos indígenas desplazados, como en el caso Nukak Makú, no se puede suponer que no es posible el retorno de la población a su territorio. En este sentido, afirmaciones sobre categorías culturales ajenas a estos pueblos, como las referidas a prácticas delictivas dentro de su propio territorio; o sobre su posible conocimiento a cerca de la ubicación de campamentos de los actores armados ilegales, no son más que especulaciones que no se ajustan a la realidad, que solo generan mayor peligro o riesgo para su pervivencia biológica y cultural, porque convierten a los pueblos indígenas en objetivo militar y sólo fortalece las estructuras de delación que hoy mismo están rompiendo nuestro tejido social.
3. Es preciso reconocer, que el conocimiento actual de las autoridades civiles y militares, sobre dichos pueblos, es limitado, pese a la cantidad de estudios que profesionales de las ciencias sociales han realizado. En este sentido, no se puede crucificar a unos y menospreciar a otros u otras, con el fin de justificar la indecisión o ignorancia de las autoridades civiles y militares obligadas a darle solución al problema. En este sentido, tenemos que echar mano de todos los cocimientos posibles para suscitar alianzas suficientes y efectivas con el fin de solventar, conjuntamente, la situación actual. Una lectura más atenta de dichos estudios nos podría iluminar un poco el camino. Un ejemplo concreto es el modo en que se habla de los patrones de subsistencia basados en la agricultura, como solución, mismos que desechan la forma en que los Nukak Makú construyen “La Naturaleza”, mediante la concentración de pepas o semillas en aquellos lugares de asentamiento que emplean durante sus recorridos; lugares que son explotados periódicamente (hasta 4 meses). De esta forma, no se perciben aquellos usos del territorio que permiten la procreación y explotación de más de 200 especies, animales y vegetales, mismas que les facilita a estos pueblos nómadas un balance nutricional realmente envidiable.
4. Tomando en cuenta lo anterior, es necesario precisar que el tipo de organización y la cantidad de población existente, incluye aquellas bandas que aún no conocemos, o que no se ha desplazado hacia San José. Cantidad de población que es mucho mayor que la que se encuentra en Barrancón. Las cifras de desplazamiento en contraste con los estudios antropológicos previos, nos llevan a pensar, que aproximadamente el 60% de dicha población continúa perviviendo dentro del territorio. Situación que permitiría pensar en el verdadero retorno de quienes han llegado a san José.
5. El desplazamiento forzado interno, es una dinámica complementaria a otro proceso de control territorial ejercido por los actores armados, denominado confinamiento de poblaciones. Generalmente, cuando un pueblo o buena parte de él se ha desplazado, la población restante desdobla su territorio hacia el interior, en este caso hacia la selva. Esto no sólo ocurre con la población indígena, sino también con la población campesina de buena parte del país. Cuestión que salta a la vista cuando se analiza el conflicto armado, se reconoce la presencia de corredores estratégicos y se visibilizan los avances de los cultivos de uso ilícito, entre otros.
6. A estas alturas, debemos tener claro que la asistencia humanitaria y la respuesta estatal han generado contra-productos, mismos que son interpretados por investigadores, organizaciones sociales, pueblos indígenas y personas del común, como una intención manifiesta de sedentarizar a dichos pueblos, con el fin de obtener acceso a la propiedad territorial, al control de los recursos genéticos, de biodiversidad, y a la explotación de los conocimientos que sobre el ecosistema tienen dichos pueblos, entendidos como saberes ancestrales.
7. Para nadie es un secreto que el despoblamiento de estos territorios guarda relación con intereses estratégicos de planificadores gubernamentales, empresas multinacionales, grandes terratenientes y lo que hoy denominan “cazadores de renta”, es decir, un conjunto de especialistas en crear plataformas y mecanismos de inserción de economías de escala en las regiones, qué no son aptas para este tipo de territorios.
8. Es necesario tener en cuenta el incremento de la conflictividad social en la región, tanto entre los pueblos concentrados en las márgenes de esta capital, como dentro del casco urbano de San José y los municipios del departamento, con motivo del crecimiento demográfico, provocado por el desplazamiento forzado interno. En este sentido hay una prioridad: desconcentrar la atención a los pueblos afectados, mediante el rechazo al paternalismo; premisa caritativista y humanitarista que nos lleva a considerarlos como menores de edad y como personas carentes de dignidad. Ello está creando imaginarios en los cuales su característica principal es la pobreza, especialmente la de espíritu, a tal punto que sus formas de vida y sus conocimientos son discriminados, tanto como sus propias formas de organización y maneras de ordenar el territorio.
9. Es necesario pensar en que la identidad no es una cosa como una mesa o un taburete que debido a su materialidad permanecen sin cambio alguno a través del tiempo, sino un bien intangible que se construye cotidianamente, todos los días, que cambia siempre. Sin embargo, esto no se deba prestar para adelantar procesos de aculturación dirigida (como la evangelización, la sedentarización y/o la urbanización).
10. En esta dirección, es preciso dejar de lanzar juicios a priori, sobre el modo en cada uno de los pueblos indígenas afectados por la guerra están asumiendo el hambre. Cada vez es más corriente escuchar afirmaciones en las que se evalua al todo por las partes, generalizaciones que no permiten pensar adecuadamente los problemas debido a que tienen como sustento la estigmatización y la discriminación. Afirmaciones sobre la prostitución, la mendicidad, el desaseo, la baja autoestima, la falta de organización, el robo y el alcoholismo, han sido reiterativas en las reuniones, entrevistas y conversatorios, bajo el supuesto de que son causas de la problemática social urbana, cuando no son más que consecuencias de un problema más grande que ha sido tratado insuficientemente.
[1] Fragmento de una canción ranchera denominada “Campesino desplazado” que se escucha corrientemente en el mercado del puerto principal, en los transportes urbanos, algunas emisiones radiales locales y en algunos expendios de licor. Es la primera de una colección de corridos que venden en el mercado informal de las principales ciudades del país, conocida con el nombre de “Los corridos prohibidos más famosos del mundo”. Sin fecha, autor, interpretes, ni lugar de edición.
[2] ALDHU. Proyecto Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y Ecuatoriana; auspiciado por la Unión Europea. Bogotá. Septiembre de 2003.
[3] "La agonía del jaguar": pueblos amazónicos colombianos en riesgo de extinción; ALDHU. QUITO. 12 de Noviembre de 2003. en Actualidad étnica No 93. Fundación Hemera. Bogotá. http://www.indigenascolombia.org/
[4] 63 de los cuales fueron desplazados durante el 2002.
[5] Junta Directiva del Incora (hoy Incoder), resolución No. 136 del 23 de noviembre de 1993. Roldán, Roque. Aproximación histórica a la explotación de petróleo en territorios indígenas; en “Tierra profanada”. 282-284. ONIC-Cecoin-GhK; Disloque editores. Bogotá. 1995.
[6] Tomado de: Del Folclor Llanero; Miguel Angel Martín. http://www.banrep.org/
[7] Ibdídem
[8] Ibíd
[9] Frase utilizada por un campesino desplazado, entrevistado en la ciudad de San José del Guaviare. Noviembre 6 de 2003.
[10] Departamento Nacional de Estadística (Dane) 2003 en: http://www.dane.gov.co/
[11] La Orinoquia Colombiana: visión monográfica. Corpes Orinoquia. http://bochica.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-o/ori/ori00.htm
[12] RSS Unidad Territorial del Guaviare. Octubre de 2003. Policopiado.
[13] San José del Guaviare y Calamar (Guaviare); Cubarral, Granada, San Juan de Arama, Puerto lleras, Puerto Rico, El castillo, Fuente de oro y Lejanías (Meta); Puerto rico, Cartagena del Chairá (Caquetá).
[14] Revista Semana, mayo 11 de 1998.
[15] Ricardo Vargas, «Cultivos ilícitos en Colombia: elementos para un balance», citado en Rancel, Alfredo, “Prologo” (sobre el narcotráfico en Colombia) Fundación Seguridad & Democracia, Bogotá 2005. tomado de http://www.seguridadydemocracia.org/
[16] Remoquete con el que se distingue en la región a aquellas personas que manejan los laboratorios para la producción de Pasta Basica de Coca.
[17] Cabrera, Becerra, Gabriel; Franky Calvo, Carlos E.; Mahecha Rubio, Dany. 1999. Los Nukak: Nómadas de la Amazonia Colombiana. Santafé de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Gaia-Amazonas.
[18] Comunicación personal durante el trabajo de campo en el campamento Nukak.
[19] A tal punto que hay personas que afirman que “las AUC son un mal necesario”, reivindicando que el desarrollo regional en el Guaviare solo ha sido posible por la labor de las AUC.
San José del Guaviare
Viernes 12 de Mayo de 2006
