La sistemática y múltiple vulneración de los Derechos Humanos de nuestros pueblos, se ha convertido en una constante que no disminuye. Esto contrasta con lo que viene ocurriendo durante el último trimestre respecto del aumento en la conculcación de los derechos colectivos, en particular mediante las infracciones del DIH; lo primero, por obra del desconocimiento que hacen las autoridades gubernamentales, los actores armados y algunas multinacionales acerca de los mecanismos de Consulta Previa y del ejercicio ancestral de nuestros derechos y autonomía dentro de los territorios indígenas; y lo segundo, por el recrudecimiento del conflicto armado.
Violaciones A Los Derechos Humanos E Infracciones Al Derecho Internacional Humanitario Cometidas Contra Pueblos Indígenas De Colombia, Enero A Junio De 2006, Onic-Sindho (08/08/2006)[1]
VIOLACIONES E INFRACCIONES 2006 PORCENTAJE
Amenaza 10818 7,551
Ataque a bienes civiles 33219 23,187
Combate 15504 10,822
Confinamiento 63000 43,975
Desaparición forzada 28 0,020
Detención arbitraria 279 0,195
Desplazamiento Forzado Interno 5731 4,000
Herido/a 75 0,052
Homicidio 32 0,022
Muerte por mina antipersona 2 0,001
Reclutamiento forzado 2 0,001
Secuestro 12 0,008
Señalamiento 12532 8,748
Sindicados de rebelión 3 0,002
Tortura 7 0,005
Violación sexual 13 0,009
Total general 143263 100,000
En este panorama, nuestros pueblos indígenas no han podido adelantar sus planes de vida, toda vez que han debido estar atendiendo el conflicto armado, sus enormes impactos en nuestras comunidades, y los intereses económicos que fungen como causas estructurales y se ciernen sobre nuestros lugares sagrados, cultivos y territorios ancestrales.
Un breve análisis del conflicto armado evidencia la creciente responsabilidad del Estado en las violaciones e infracciones, como de la conculcación de derechos por omisión o acción institucional respecto de los derechos colectivos y del medio ambiente, debido a su respuesta frente al cambio en las estrategias bélicas de los actores armados. Todo ello, en un momento en que se presenta la profundización del programa de “Defensa y seguridad democrática” del reelecto presidente Alvaro Uribe Velez, caracterizado por un proceso de paz ficticio –impune, sin memoria y antidemocrático— que le abrió las puertas al TLC; y en un contexto de desdoblamiento de las acciones bélicas de las FARC, después de un periodo de retaguardia estratégica.
Presunta responsabilidad general por violaciones a los DDHH, infracciones al DIH, y conculcación de derechos colectivos y del medio ambiente, en contra de los pueblos indígenas de Colombia, Enero A Junio De 2006, Onic-Sindho (08/08/2006)
Presunta Responsabilidad Subtotales
Estatal 92,052
Guerrillas 2,2
Paramilitar 2,7
Conjunta-Fuerza Pública/Guerrillas 1,42
Sin información 0,003
Total 98,464
Esta coyuntura está caracterizada por el aumento del pie de fuerza y el aligeramiento y mayor movilidad de las unidades bélicas de los actores armados, con el propósito de aumentar el control territorial, de la población rural, en buena parte del territorio. Es una situación, que ha permitido que el conflicto tienda a desdibujarse y a ser percibido como un accionar difuso, de violencia sin rostro y sin rastro, que ha sido visibilizada ampliamente (en los medios masivos del país) como un contexto de terrorismo, ayudando a justificar las detenciones arbitrarias, las amenazas, la estigmatización y la incursión en nuestros resguardos y lugares sagrados.
Es por ello que hoy rechazamos con vehemencia las prácticas de guerra indiscriminada adelantadas por las FARC, entre ellas el reclutamiento forzado, el secuestro colectivo y el asesinato de nuestros hijos e hijas; infringiendo el Derecho Internacional Humanitario; desarticulando, desmembrando, desintegrando y contribuyendo a la extinción de innumerables pueblos en la amazonia.
De igual modo, rechazamos la estrategia militarista de la política de Seguridad Democrática que recurre a la presencia de la fuerza pública como única solución de los problemas sociales, cuando asienta sus “Bases militares” y “Batallones de Alta Montaña” dentro de nuestros resguardos indígenas y zonas sagradas, convirtiéndonos en “objetivos militares”, como viene ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en los departamentos de Caquetá, Cauca, Chocó, Guajira, Guaviare, Putumayo, entre muchos otros.
Del mismo modo rechazamos tajantemente la crítica situación humanitaria que viene padeciendo las comunidades del pueblo Embera, asentadas en la zona rural de los municipios de Juradó, Riosucio, y Carmen del Darien (Departamento del Chocó), donde el Estado ni el gobierno garantiza, ni protege ni permite el goce de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del Bajo Atrato; toda vez que los grupos paramilitares y guerrilleros continúan desplazando, masacrando, amenazando, y secuestrando a nuestros Jaibanás, hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes. El paramilitarismo en el Chocó, no hace parte de los procesos de negociación con el gobierno, deambula por todo el territorio sin ser controlado por la Fuerza Pública, no obstante las miles de hectáreas usurpadas, arrasadas y sembradas con palma africana, los procesos de testaferrato y la tala indiscriminada de los árboles en nuestros territorios indígenas.
De igual manera, los procesos de desmovilización y legalización paramilitar han transformado sus efectivos en agentes auxiliares de la fuerza pública, reconvirtiendo su capacidad de control territorial, mediante el establecimiento de cordones agroforestales orientados al aislamiento de los grupos insurgentes, y al confinamiento de la población civil, especialmente en las áreas donde están ubicados nuestros pueblos indígenas, buena parte de ellas situadas en ecosistemas estratégicos, mismos que han sido proyectados para la explotación por parte de compañías multinacionales. Areas en las cuales muchos de nuestro niños están adquiriendo altos grados de desnutrición, e incluso muriendo de inanición, o donde los y las adolescentes terminan suicidándose en medio del silencio, la desesperanza y la tristeza.
Además de lo anterior, continúa la política de abandono del campo y las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, precedidas de ametrallamientos, no obstante los reiterados pronunciamientos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, y los reclamos de innumerables ONG de DDHH y amplios sectores de la sociedad civil. A estas alturas del gobierno Uribe, después de terminar su primer mandato, no hay una política contundente para promover la erradicación manual de los cultivos, pese a los impactos negativos que genera sobre la vida y la naturaleza.
En este sentido, insistimos en llamar la atención sobre la falta de reconocimiento y concertación con nuestras autoridades y organizaciones nacionales, tanto en la realización de Consejos Comunitarios, en los contenidos y aplicación del Censo Nacional 2005, y con respecto del desarrollo de megaproyectos y la explotación de recursos sin acudir a los mecanismos nacionales e internacionales de Consulta Previa, en el marco de la Ley 21/91 fruto de la ratificación del Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Esto es particularmente visible en el reiterado incumplimiento del gobierno colombiano frente a los acuerdos establecidos en el marco de la XIV sesión de la Comisión Nacional de Territorios, (decreto 1397 de 1996), sobre la construcción de los estudios de caracterización conjunta e integral acerca de la situación territorial de los pueblos indígenas, bajo el supuesto de que las decisiones de la Comisión Nacional de Territorios no son vinculantes para el gobierno. Así mismo, en la permanente intención de convertir aquellos procesos de socialización sobre la política territorial, minera y petrolera en nuestros territorios, y cada foro de discusión, en velados escenarios de consulta o en mecanismos de validación de los contenidos de diversos proyectos, como por ejemplo: “Discusión y análisis del proyecto de ley General Forestal”, “Manejo Sostenible de Bosques Naturales”.[2]
Por eso rechazamos, el tratamiento discriminatorio que las autoridades civiles del departamento del Quindío le han dado a las necesidades territoriales de los hombres y mujeres del pueblo Embera Chamí, quienes están viviendo en condiciones infrahumanas a lo largo de las áreas públicas urbanas de los municipios de este departamento, después de haber sido expulsados de las fincas donde permanecían desde 1955.
De igual modo, sentamos nuestra más enérgica protesta frente al tratamiento que se le viene dando a una parte del pueblo Nukak Makú, desplazado de su territorio ancestral y asentado en el resguardo barranco del pueblo Guayabero de San José del Guaviare. En poco tiempo, han sido objeto de un proceso de sedentarización que ha sido avalado por las autoridades civiles y militares regionales, ONG y algunas entidades Estatales. En dos días serán reubicados en un territorio distinto al ancestral pese a las recomendaciones de funcionarios gubernamentales y estatales que no estuvieron de acuerdo, debido a los intereses vedados que se ciernen sobre su territorio y sus recursos de transferencia.
Este panorama viene asociado al incumplimiento de los acuerdos que el gobierno viene pactando en todas las regiones del país, no obstante los compromisos precisos para todas las partes, situación que nos ha llevado a movilizarnos con más frecuencia, recibiendo cada vez mayor respaldo de otros sectores de la población colombiana, como de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que nuestras reivindicaciones se fundan en clamores generalizados frente al irrespeto gubernamental.
En este sentido, el respeto por las cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas constituye un Derecho Fundamental del cual somos sujetos y no se nos puede desconocer bajo el argumento de un estado unitario que persigue un supuesto “interés general”; mediante la instrumentalización de nuestras tradiciones para poner en escena intereses electorales, burocráticos o económicos de unos cuantos, ni acudiendo a la falsa concepción de la autonomía individual en desmedro de nuestros derechos colectivos, intentando con esto propiciar divisiones internas en nuestras comunidades y pueblos.
De allí nuestro más profundo convencimiento para denunciar y resistir el Tratado de Libre Comercio y las reformas constitucionales que trae consigo, lo cual sólo pretende la pauperización de nuestra sociedad, la extracción de los “recursos” que se encuentran en nuestros territorios, y la conversión de nuestros conocimientos en mercancía. En esta dirección, es preciso recordar lo que ha significado el periodo que comenzó con la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia (1991), pues pese a tener el mejor marco normativo en beneficio de los pueblos indígenas, no ha pasado de ser letra muerta; toda vez que el reconocimiento legal ha sido opacado por el desconocimiento politico, la negación cultural, el despojo territorial y el aumento del riesgo de extinción de nuestros pueblos más pequeños.
Por ello no olvidamos el continuo proceso de recorte de nuestros derechos, garantías y libertades, mediante reformas constitucionales y leyes inconsultas, con estrategias que intentan convertir nuestros derechos colectivos en derechos individuales. Basta para ello citar solo unos ejemplos: 1) La ley 100 que recortó nuestros derechos adquiridos con el decreto 1811/1990, la cual nos garantizaba la atención integral en salud; 2) La ley 715 que fraccionó el proyecto propio de educación integral, fomentando la fusión de las escuelas indígenas con los colegios de educación formal; 3) La aplicación irrisoria de la ley de reforma agraria y su artículo reglamentario 2164, frente a la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos para pueblos indígenas. En este último caso, según la Defensoría del Pueblo habían para el año 2004, 423.472 indígenas con escaso territorio o sin él.
Finalmente, frente a este escenario y sus implicaciones hacemos pública nuestra resistencia y nuestra disposición política para proteger la vida, la diversidad biológica, la integridad de nuestras culturas; para defender nuestros territorios y recursos naturales y para realizar nuestros derechos colectivos e individuales, desde nuestra autonomía, dignidad y cosmovisión propias. De allí que optemos por la concertación, el dialogo y las alternativas no violentas para la solución de nuestros conflictos, como se lo hemos hecho saber al Gobierno Nacional y al Estado en reiteradas oportunidades, siempre amparados en instrumentos internacionales.
Bogotá, D.C. 9 de agosto de 2006
[1] Se tomaron en cuenta también las personas afectadas por combates
[2]Convocado por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, (25 de agosto de 2.005).
Violaciones A Los Derechos Humanos E Infracciones Al Derecho Internacional Humanitario Cometidas Contra Pueblos Indígenas De Colombia, Enero A Junio De 2006, Onic-Sindho (08/08/2006)[1]
VIOLACIONES E INFRACCIONES 2006 PORCENTAJE
Amenaza 10818 7,551
Ataque a bienes civiles 33219 23,187
Combate 15504 10,822
Confinamiento 63000 43,975
Desaparición forzada 28 0,020
Detención arbitraria 279 0,195
Desplazamiento Forzado Interno 5731 4,000
Herido/a 75 0,052
Homicidio 32 0,022
Muerte por mina antipersona 2 0,001
Reclutamiento forzado 2 0,001
Secuestro 12 0,008
Señalamiento 12532 8,748
Sindicados de rebelión 3 0,002
Tortura 7 0,005
Violación sexual 13 0,009
Total general 143263 100,000
En este panorama, nuestros pueblos indígenas no han podido adelantar sus planes de vida, toda vez que han debido estar atendiendo el conflicto armado, sus enormes impactos en nuestras comunidades, y los intereses económicos que fungen como causas estructurales y se ciernen sobre nuestros lugares sagrados, cultivos y territorios ancestrales.
Un breve análisis del conflicto armado evidencia la creciente responsabilidad del Estado en las violaciones e infracciones, como de la conculcación de derechos por omisión o acción institucional respecto de los derechos colectivos y del medio ambiente, debido a su respuesta frente al cambio en las estrategias bélicas de los actores armados. Todo ello, en un momento en que se presenta la profundización del programa de “Defensa y seguridad democrática” del reelecto presidente Alvaro Uribe Velez, caracterizado por un proceso de paz ficticio –impune, sin memoria y antidemocrático— que le abrió las puertas al TLC; y en un contexto de desdoblamiento de las acciones bélicas de las FARC, después de un periodo de retaguardia estratégica.
Presunta responsabilidad general por violaciones a los DDHH, infracciones al DIH, y conculcación de derechos colectivos y del medio ambiente, en contra de los pueblos indígenas de Colombia, Enero A Junio De 2006, Onic-Sindho (08/08/2006)
Presunta Responsabilidad Subtotales
Estatal 92,052
Guerrillas 2,2
Paramilitar 2,7
Conjunta-Fuerza Pública/Guerrillas 1,42
Sin información 0,003
Total 98,464
Esta coyuntura está caracterizada por el aumento del pie de fuerza y el aligeramiento y mayor movilidad de las unidades bélicas de los actores armados, con el propósito de aumentar el control territorial, de la población rural, en buena parte del territorio. Es una situación, que ha permitido que el conflicto tienda a desdibujarse y a ser percibido como un accionar difuso, de violencia sin rostro y sin rastro, que ha sido visibilizada ampliamente (en los medios masivos del país) como un contexto de terrorismo, ayudando a justificar las detenciones arbitrarias, las amenazas, la estigmatización y la incursión en nuestros resguardos y lugares sagrados.
Es por ello que hoy rechazamos con vehemencia las prácticas de guerra indiscriminada adelantadas por las FARC, entre ellas el reclutamiento forzado, el secuestro colectivo y el asesinato de nuestros hijos e hijas; infringiendo el Derecho Internacional Humanitario; desarticulando, desmembrando, desintegrando y contribuyendo a la extinción de innumerables pueblos en la amazonia.
De igual modo, rechazamos la estrategia militarista de la política de Seguridad Democrática que recurre a la presencia de la fuerza pública como única solución de los problemas sociales, cuando asienta sus “Bases militares” y “Batallones de Alta Montaña” dentro de nuestros resguardos indígenas y zonas sagradas, convirtiéndonos en “objetivos militares”, como viene ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en los departamentos de Caquetá, Cauca, Chocó, Guajira, Guaviare, Putumayo, entre muchos otros.
Del mismo modo rechazamos tajantemente la crítica situación humanitaria que viene padeciendo las comunidades del pueblo Embera, asentadas en la zona rural de los municipios de Juradó, Riosucio, y Carmen del Darien (Departamento del Chocó), donde el Estado ni el gobierno garantiza, ni protege ni permite el goce de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del Bajo Atrato; toda vez que los grupos paramilitares y guerrilleros continúan desplazando, masacrando, amenazando, y secuestrando a nuestros Jaibanás, hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes. El paramilitarismo en el Chocó, no hace parte de los procesos de negociación con el gobierno, deambula por todo el territorio sin ser controlado por la Fuerza Pública, no obstante las miles de hectáreas usurpadas, arrasadas y sembradas con palma africana, los procesos de testaferrato y la tala indiscriminada de los árboles en nuestros territorios indígenas.
De igual manera, los procesos de desmovilización y legalización paramilitar han transformado sus efectivos en agentes auxiliares de la fuerza pública, reconvirtiendo su capacidad de control territorial, mediante el establecimiento de cordones agroforestales orientados al aislamiento de los grupos insurgentes, y al confinamiento de la población civil, especialmente en las áreas donde están ubicados nuestros pueblos indígenas, buena parte de ellas situadas en ecosistemas estratégicos, mismos que han sido proyectados para la explotación por parte de compañías multinacionales. Areas en las cuales muchos de nuestro niños están adquiriendo altos grados de desnutrición, e incluso muriendo de inanición, o donde los y las adolescentes terminan suicidándose en medio del silencio, la desesperanza y la tristeza.
Además de lo anterior, continúa la política de abandono del campo y las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, precedidas de ametrallamientos, no obstante los reiterados pronunciamientos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, y los reclamos de innumerables ONG de DDHH y amplios sectores de la sociedad civil. A estas alturas del gobierno Uribe, después de terminar su primer mandato, no hay una política contundente para promover la erradicación manual de los cultivos, pese a los impactos negativos que genera sobre la vida y la naturaleza.
En este sentido, insistimos en llamar la atención sobre la falta de reconocimiento y concertación con nuestras autoridades y organizaciones nacionales, tanto en la realización de Consejos Comunitarios, en los contenidos y aplicación del Censo Nacional 2005, y con respecto del desarrollo de megaproyectos y la explotación de recursos sin acudir a los mecanismos nacionales e internacionales de Consulta Previa, en el marco de la Ley 21/91 fruto de la ratificación del Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Esto es particularmente visible en el reiterado incumplimiento del gobierno colombiano frente a los acuerdos establecidos en el marco de la XIV sesión de la Comisión Nacional de Territorios, (decreto 1397 de 1996), sobre la construcción de los estudios de caracterización conjunta e integral acerca de la situación territorial de los pueblos indígenas, bajo el supuesto de que las decisiones de la Comisión Nacional de Territorios no son vinculantes para el gobierno. Así mismo, en la permanente intención de convertir aquellos procesos de socialización sobre la política territorial, minera y petrolera en nuestros territorios, y cada foro de discusión, en velados escenarios de consulta o en mecanismos de validación de los contenidos de diversos proyectos, como por ejemplo: “Discusión y análisis del proyecto de ley General Forestal”, “Manejo Sostenible de Bosques Naturales”.[2]
Por eso rechazamos, el tratamiento discriminatorio que las autoridades civiles del departamento del Quindío le han dado a las necesidades territoriales de los hombres y mujeres del pueblo Embera Chamí, quienes están viviendo en condiciones infrahumanas a lo largo de las áreas públicas urbanas de los municipios de este departamento, después de haber sido expulsados de las fincas donde permanecían desde 1955.
De igual modo, sentamos nuestra más enérgica protesta frente al tratamiento que se le viene dando a una parte del pueblo Nukak Makú, desplazado de su territorio ancestral y asentado en el resguardo barranco del pueblo Guayabero de San José del Guaviare. En poco tiempo, han sido objeto de un proceso de sedentarización que ha sido avalado por las autoridades civiles y militares regionales, ONG y algunas entidades Estatales. En dos días serán reubicados en un territorio distinto al ancestral pese a las recomendaciones de funcionarios gubernamentales y estatales que no estuvieron de acuerdo, debido a los intereses vedados que se ciernen sobre su territorio y sus recursos de transferencia.
Este panorama viene asociado al incumplimiento de los acuerdos que el gobierno viene pactando en todas las regiones del país, no obstante los compromisos precisos para todas las partes, situación que nos ha llevado a movilizarnos con más frecuencia, recibiendo cada vez mayor respaldo de otros sectores de la población colombiana, como de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que nuestras reivindicaciones se fundan en clamores generalizados frente al irrespeto gubernamental.
En este sentido, el respeto por las cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas constituye un Derecho Fundamental del cual somos sujetos y no se nos puede desconocer bajo el argumento de un estado unitario que persigue un supuesto “interés general”; mediante la instrumentalización de nuestras tradiciones para poner en escena intereses electorales, burocráticos o económicos de unos cuantos, ni acudiendo a la falsa concepción de la autonomía individual en desmedro de nuestros derechos colectivos, intentando con esto propiciar divisiones internas en nuestras comunidades y pueblos.
De allí nuestro más profundo convencimiento para denunciar y resistir el Tratado de Libre Comercio y las reformas constitucionales que trae consigo, lo cual sólo pretende la pauperización de nuestra sociedad, la extracción de los “recursos” que se encuentran en nuestros territorios, y la conversión de nuestros conocimientos en mercancía. En esta dirección, es preciso recordar lo que ha significado el periodo que comenzó con la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia (1991), pues pese a tener el mejor marco normativo en beneficio de los pueblos indígenas, no ha pasado de ser letra muerta; toda vez que el reconocimiento legal ha sido opacado por el desconocimiento politico, la negación cultural, el despojo territorial y el aumento del riesgo de extinción de nuestros pueblos más pequeños.
Por ello no olvidamos el continuo proceso de recorte de nuestros derechos, garantías y libertades, mediante reformas constitucionales y leyes inconsultas, con estrategias que intentan convertir nuestros derechos colectivos en derechos individuales. Basta para ello citar solo unos ejemplos: 1) La ley 100 que recortó nuestros derechos adquiridos con el decreto 1811/1990, la cual nos garantizaba la atención integral en salud; 2) La ley 715 que fraccionó el proyecto propio de educación integral, fomentando la fusión de las escuelas indígenas con los colegios de educación formal; 3) La aplicación irrisoria de la ley de reforma agraria y su artículo reglamentario 2164, frente a la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos para pueblos indígenas. En este último caso, según la Defensoría del Pueblo habían para el año 2004, 423.472 indígenas con escaso territorio o sin él.
Finalmente, frente a este escenario y sus implicaciones hacemos pública nuestra resistencia y nuestra disposición política para proteger la vida, la diversidad biológica, la integridad de nuestras culturas; para defender nuestros territorios y recursos naturales y para realizar nuestros derechos colectivos e individuales, desde nuestra autonomía, dignidad y cosmovisión propias. De allí que optemos por la concertación, el dialogo y las alternativas no violentas para la solución de nuestros conflictos, como se lo hemos hecho saber al Gobierno Nacional y al Estado en reiteradas oportunidades, siempre amparados en instrumentos internacionales.
Bogotá, D.C. 9 de agosto de 2006
[1] Se tomaron en cuenta también las personas afectadas por combates
[2]Convocado por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, (25 de agosto de 2.005).
Presentado Luis Evelis Andrade C.,
Presidente del Comité Ejecutivo
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA
DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:
DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:
Bogotá, D.C. 9 de agosto de 2006
