jueves, 30 de agosto de 2012

Reseña: Informe del seminario/taller “Pueblos indígenas y áreas protegidas en América latina”


Lourdes Barragán. Informe del seminario/taller “Pueblos indígenas y áreas protegidas en América latina”. Programa FAO/OAPN Fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas de América Latina. Santiago de Chile, 2007, 45 páginas. Foro Electrónico “Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas en América Latina”.

El documento da cuenta de los antecedentes y actividades del evento que da nombre al estudio, realizado en San Martín de los Andes, Parque Nacional Lanin, (Argentina) en el 2007. El foro electrónico tuvo como propósito principal conocer y analizar las experiencias de los países de América Latina y El Caribe respecto al manejo de áreas protegidas con presencia de comunidades indígenas. El debate se organizó alrededor de tres temas principales: los avances y limitaciones de las políticas y normativas concernientes; las lecciones aprendidas sobre manejo y administración de áreas protegidas por parte de los pueblos indígenas; y los retos para la conservación de la biodiversidad en el marco del reconocimiento de los derechos indígenas. El Intercambio de conocimientos permitió elaborar recomendaciones sobre políticas y acciones para enfrentar los desafíos regionales sobre el tema.
De la lectura se deduce que son cada vez mayores las iniciativas de los pueblos indígenas orientadas a crear, en sus territorios, áreas con diversos grados de protección, que incluyen propuestas para que sean incorporados en los sistemas nacionales de áreas protegidas. También que prima el intercambio de experiencias y ayuda mutua en temas como la demarcación territorial, la geo-referenciación y las estrategias de conservación, en la consolidación de “corredores” ecológico-culturales transfronterizos sobrepuestos a territorios indígenas. Y por último que no se observan avances significativos en las políticas estatales. De vital importancia fue la discusión sobre los Pueblos indígenas en aislamiento y/o en contacto inicial, pues la mayoría de sus territorios ancestrales son actualmente declarados como áreas protegidas, los cuales colindan entre países de América del Sur, y su sobrevivencia se encuentra seriamente amenazada.
En términos generales, la revisión de situaciones específicas revela una tendencia de los sistemas nacionales de áreas protegidas hacia la inaplicación de los derechos indígenas, no obstante el avance de su reconocimiento en los sistemas jurídicos de todos los países. Esto es de especial relevancia, dado que las presiones y amenazas externas que se ciernen sobre las áreas protegidas, por lo general superpuestas sobre territorios indígenas, ponen en peligro los objetivos de conservación de estos espacios y la sobrevivencia misma de los pueblos indígenas.
La superposición de áreas protegidas sobre territorios indígenas ha sido una fuente de conflictos que los Estados han enfrentado de diversas maneras. Algunos desarrollaron modelos de interlocución que han pasado de la relación subordinada a convenios de uso de los espacios y de los recursos naturales. Otras caminan por diversas experiencias de cogestión y coadministración, con distintos niveles de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y gestión de las áreas protegidas.
Uno de los temas más importantes ha sido la creciente concientización de que la conservación es un instrumento de mutuo beneficio. Hoy es posible hablar de una alianza entre las instituciones encargadas de las áreas protegidas y las organizaciones indígenas, con enormes posibilidades a largo plazo, debido a que los objetivos de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas se corresponden en gran medida, no obstante las diferencias conceptuales, con las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. Esto ha permitido enfrentar amenazas comunes (extracción de recursos naturales, explotación indiscriminada del bosque, ocupación territorial por terceros, entre otras). Otro aspecto de suma importancia es el avance en las políticas estatales para integrar los territorios indígenas y las AP colindantes o transfronterizas, mediante acuerdos bi o trinacionales, aunque se requiere fortalecer los esfuerzos para facilitar el movimiento de las comunidades de un mismo pueblo, entre ambos países.
El problema más crítico identificado es el desconocimiento estatal sobre la autoridad de los pueblos indígenas y la propiedad sobre sus territorios ancestrales superpuestos por áreas protegidas. Esto se debe fundamentalmente a la falta de voluntad política estatal y a la débil o ausencia de procedimientos y mecanismos claros para regular la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre dichas AP o sus zonas adyacentes. La “participación social” no se ha adecuado a sus especificidades culturales y formas organizativas, imposibilitado la representación legítima y efectiva, esto incluye la falta de claridad para delimitar las competencias de las partes en la gestión compartida de las AP.
Finalmente el seminario formulo una serie de recomendaciones de enorme relevancia en torno a líneas políticas y acciones para mejorar la gestión de áreas protegidas con participación de los Pueblos Indígenas: 1) Sobreposición de áreas protegidas en tierras y territorios indígenas; 2) Territorios indígenas conservados; 3) áreas protegidas y territorios indígenas transfronterizos; 4) ordenamiento del territorio; planes de manejo y planes de vida; 6) gestión integrada; 7) organismos de integración regional; 7) fortalecimiento de capacidades.

jueves, 23 de agosto de 2012

Reseña: Gestión Descentralizada de Áreas Protegidas en Colombia


Alejandro Gil Sánchez. 2005. Gestión Descentralizada de Áreas Protegidas en Colombia. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales - Programa FAO/OAPN Fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas de América latina (Estudio de caso). Santiago de Chile. 71 páginas.

El documento aborda el análisis sobre la construcción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia. En esta dirección aporta al entendimiento del sistema colombiano, con lo que ayuda a las instituciones nacionales a direccionar en el contexto de la experiencia latinoamericana, alternativas que puedan facilitar más efectivamente los niveles de descentralización en la conservación de áreas protegidas. Inicialmente describe el Sistema de Áreas Protegidas en el contexto de las políticas generales, según el marco normativo e institucionalidad vigente, orientada por el Convenio de Diversidad Biológica (ratificado en 1994). Luego presenta un análisis de las políticas y la legislación sobre la descentralización del ordenamiento y desarrollo territorial, describiendo la evolución histórica de la descentralización. Finalmente concluye con un análisis sobre la descentralización como estrategia de cambio de la institucionalidad gubernamental responsable de la administración de las áreas protegidas, tomando en cuenta diferentes factores, para responder cuestiones sobre el proceso colombiano.
Del estudio se deduce que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) constituye una estrategia de ordenamiento ambiental del Estado, que con el cumplimiento de sus objetivos permite integrar el ordenamiento territorial a la conservación de la biodiversidad, dejando en claro que no solo con la declaratoria de áreas protegidas se asegura los objetivos de conservación. Dado que la conservación es entendida como un deber del Estado en todos sus niveles de gestión y de la sociedad en general.
En tal sentido la descentralización de cara al desarrollo territorial termina siendo fragmentaria; la representación política y los procesos de concertación entre lo público, lo comunitario y lo privado (en sus distintos niveles) se hace menos consensuada; y la concreción de la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios. Contexto que favorece la inseguridad jurídica de la propiedad, a raíz del fluctuante reacomodamiento geo-económico y las dinámicas socio-políticas cruzadas por la violencia, particularmente el rural; el fraccionamiento y la falta de pluralidad institucional; y el débil compromiso con la convivencia en un mismo territorio desde el respeto a la diversidad sociocultural. En suma, el gobierno central, las autoridades ambiéntales regionales y los departamentos no han logrado dar respuestas técnicas y político-administrativas que estructuralmente sustenten la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, y por ello también, la débil la promoción y desarrollo de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas con proyecciones regionales claras, que permita la buena gobernanza para el ordenamiento de la conservación.
Por consiguiente la propuesta adelantada por el SINAP desde 2003 pretende generar un cambio de actitud cultural (más que perpetuar un modelo de crecimiento), dentro del cual las AP se consoliden como determinante para la ordenación territorial, confrontando el modelo de desarrollo económico imperante para incidir en su transformación hacia sistemas más amigables con la naturaleza. Modelo que debe privilegiar el desarrollo social y cultural, promoviendo el dialogo intercultural y cualificando los niveles de convivencia. Por tanto el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se presenta como un producto y una estrategia más que como un fin en sí mismo; la cual permitirá asumir sus metas de conservación reconociendo la diversidad de modelos territoriales en juego, para contribuir a la solución de las problemáticas sociales que garantizan la viabilidad de la vida en las regiones.