12. Breve Panorama De La Crisis Humanitaria Del Pueblo Embera

Por Diego F. Henao A.

Organización Nacional Indígena de Colombia 

18 de octubre de 2006

“Comunicado a la Opinión Pública”.

La situación de crisis humanitaria que vive el pueblo embera constituye el mejor ejemplo o quizás la síntesis de lo que le sucede a los pueblos indígenas colombianos. Los datos del Sistema de Información Nacional de Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO), reporta una geografía del aniquilamiento, el despojo y el sufrimiento del pueblo embera, originada por los intereses de empresas nacionales y multinacionales, actores armados y autoridades civiles. Es un mapa que se extiende a lo largo y ancho del país, con asentamientos en 108 municipios de 17 departamentos (Caldas, Chocó, Córdoba, Antioquia, Risaralda, Putumayo, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Caquetá, Meta, Arauca, Guaviare, Cundinamarca, Cesar, Bolívar, La Guajira), es decir, en más de la mitad de los 32 departamentos del país.

Un examen de nuestra información sobre lo ocurrido durante los últimos 33 años (1974-2006), no obstante las limitaciones y la ausencia de datos para algunos periodos, pone en evidencia una situación alarmante, debido a que la cantidad de víctimas asciende a 172 mil personas, una cifra equivalente al 70% de la población Embera (Chamí, Katío, Dóvida, y Siapidara) que habita dentro del país.

La tendencia general de los estimativos sobre los derechos vulnerados: violaciones de derechos humanos (DDHH), infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las vulneraciones a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), tomados en conjunto, es hacia el audel Cauca)
intercambio humanitario en pradera datos para algunos periodos,s armados y autoridades civles, mento progresivo. Dicho aumento se presenta desde 1997 con varios momentos importantes, entre los cuales sobresale el año 2002, el más crítico de todos, periodo en el que cerca de 72 mil compañeritos embera fueron victimizados, algo así como el 42% de lo ocurrido en los 33 años.

Un aspecto importante es que dicho incremento de violaciones e infracciones y vulneración de los DESC, está asociado a la expansión geográfica del conflicto. Entre 1975 y 1990 sólo fueron afectadas algunas comunidades de ocho departamentos: Caldas, Chocó, Córdoba, Antioquia, Risaralda, Nariño, Cauca y Caquetá; desde entonces hasta nuestros días el conflicto se expandió a los 11 departamentos restantes donde habita la familia Embera. Los departamentos más afectados por este incremento progresivo son en su orden: Caldas (36%), Chocó (32%), Córdoba (19%), Antioquia (5%), Risaralda (5%), Putumayo (1%) y Valle Del Cauca (1%), los cuales constituyen el 99% de los estimativos.

En cuanto a las violaciones de los derechos individuales (civiles y políticos) por motivos del conflicto armado (1544 en total), según el sexo, los estimativos indican que 8 de cada diez victimas fueron hombres. La mayor parte de las violaciones se concentran en los homicidios, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los secuestros, los heridos, y en las torturas. Esto da muestra del enorme impacto del conflicto armado en la vida del pueblo embera, toda vez que dichas violaciones están relacionadas con los derechos a la Vida y la Libertad.

Hasta agosto de 2006 un promedio de 20 Emberas cada año fueron victimas de homicidio, para un total de 569 en el periodo. Un breve análisis muestra tres momentos críticos: el primero de ellos en 1987 cuando fueron asesinadas 64 personas; momento en el cual surgieron y consolidaron las primeras organizaciones regionales del pueblos embera.

El segundo arranca en 1997 y culmina en el año 2000, momento que presenta la cifra más alta (66) en los 33 años; justo cuando se consolidan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), especialmente en Antioquia y Chocó, como dispositivo paramilitar con apoyo estatal, orientado a quebrar la hegemonía de las guerrillas en el país. Momento en el que se inicia una nueva fase de la resistencia Embera debido al desplazamiento forzado de muchas comunidades.

El tercero se presenta entre el 2002 y 2003, con una cifra de 59 homicidios, después de lo cual se observa una disminución paulatina hasta el 2005 y 2006 cuando no sobrepasa los 11 homicidios. Situación que contrasta con el aumento de la criminalización, por medio de detenciones arbitrarias y el confinamiento. Es decir, con nuevas estrategias de control territorial y poblacional en el país, caracterizadas por la estigmatización permanente, el señalamiento, los allanamientos ilegales, el cercamiento de comunidades Embera en sus propios territorios, aprovechando las acciones de resistencia que se pusieron en marcha, en el sentido de permanecer en sus asentamientos y resguardos.

Respecto de las detenciones arbitrarias los estimativos muestran un total de 402 Emberas afectados, que corresponde a un promedio anual de 21 personas detenidas. El análisis señala que las detenciones arbitrarias no fueron significativas entre 1975-1999. En este sentido, observamos también tres momentos críticos, que contrastan con la tendencia de los homicidios, puesto que mientras estos bajan en los últimos años, las detenciones se incrementan enormemente, sobre todo en el 2006, cuando los estimativos ascienden a 172 personas en sólo 8 meses, lo que corresponde al 43% del total general para todos los 33 años.

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario es posible afirmar que dichas infracciones afectaron al 20% de la población Embera. Un promedio cercano a 17 personas cada día. Sobresalen de este conjunto de infracciones: las amenazas, que alcanzan el 58% del total para el periodo analizado; seguidas del confinamiento (16%) y el desplazamiento Forzado Interno (8%).

Una observación general nos muestra que el periodo más crítico se presentó en el año 2002, cuando alrededor de 70 mil hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos/as del Pueblo Embera fueron amenazados. Este hecho no está aislado de la dramática y progresiva experiencia del desplazamiento forzado interno, vivida desde 1997, cuando se presentó su fase más grave.

Del mismo modo, se pone en evidencia el progresivo aumento del confinamiento como una nueva estrategia de guerra implementada por los actores armados, que registra su pico más alto en los últimos ocho meses del año en curso (10915 personas). Se trata del bloqueo continuo de las misiones médicas, el bloqueo de la libre circulación por los territorios, el bloqueo de insumos, alimentos, medicinas, combustibles y personas de la comunidad.

Este breve panorama evidencia que nuestros territorios han sido convertidos en los escenarios más agudos del conflicto armado interno, conduciéndonos a una estrechez territorial que nos trata de asfixiar cada vez más. A esta múltiple, reiterada y sistemática vulneración de nuestros derechos fruto de la disputa territorial, se suma también la superposición de parques naturales; la falta de seguridad jurídica y reconocimiento legal de nuestra propiedad colectiva en buena parte del país; la pérdida de gobernabilidad; la pérdida de acceso a los espacios sagrados y a la posibilidad de celebración de los rituales tradicionales que aseguran nuestra pervivencia cultural y biológica.

Como la ONIC lo ha dicho reiteradamente, al igual que el Pueblo Embera, nuestros pueblos hermanos se enfrentan actualmente a un verdadero etnocidio cuyas fatales consecuencias permanecen aún invisibles y silenciadas. Bajo el manto de la impunidad, la corrupción y la politiquería tradicional se imponen proyectos de desarrollo, infraestructura y explotación de recursos en nuestros territorios, desconociendo nuestra autonomía para decidir el tipo de desarrollo que queremos. Todo ello como producto de la vinculación forzada de nuestros territorios, pueblos, comunidades y organizaciones, a la dinámica de la guerra; incrementado la polarización social y la intensificación de los principales conflictos sociales, mediante la violación sistemática de nuestro Derecho Mayor, derechos fundamentales y derechos humanos en general.

11. “Mow’be es el pueblo Nukak Makú que quiere retornar”

Por Diego F. Henao A.

Publicado originalmente por el Comité Ejecutivo de la ONIC, como:

Comunicado a la Opinión Pública

La Organización Nacional Indígena de Colombia rechaza vehementemente la falta de respeto con el suicidio del compañero Nukak Makú ocurrido dos días atrás. La ONIC considera que no se puede plantear, como lo han hecho algunas personas y funcionarios en distintos medios, que Mow'be terminó suicidándose por haber venido a Bogotá, con el fin de participar en el Foro Nacional por la Vida y Dignidad de los pueblos Indígenas de Colombia. En este sentido manifestamos y reconocemos que "Mow'be", por el significado y pertinencia de su papel político en las comunidades Nukak Makú, debe ser visto como un pueblo, por cuanto constituía su vocero principal.

Lo consideramos así porque, como en ocasiones anteriores, siempre manifestó su voluntad para retornar con su gente al "Resguardo Nukak Makú", en razón del riesgo de extinción que vive su pueblo; riesgo que por tanto tiempo no fue tenido en cuenta por el Estado.

Para la ONIC es claro que el riesgo de extinción que vive la población Nukak radica en la falta de la protección especial que requieren, como lo ordenan los instrumentos internacionales (Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la ley 21 de 1991); ya que hasta ahora sólo se ha adelantado una labor humanitaria de carácter asistencialista que no ha tenido en cuenta su integridad cultural y territorial. Es de anotar, que las sugerencias de las organizaciones indígenas, para la estrategia de protección de largo plazo orientada al retorno de los nukak a su territorio, no fueron tomadas en cuenta.

Como lo expresó el Procurador General de la Nación el 4 de abril de 2006 (Directiva 005, en Diario Oficial 46.389), respecto de "la protección de los derechos de las minorías étnicas y de sus territorios tradicionales", las consecuencias del desplazamiento de la población Nukak Makú "no sólo deben ser tratadas dentro del marco del fenómeno del desplazamiento forzado, sino atendiendo las implicaciones de carácter cultural que este trae para una comunidad indígena nómada como la Nukak Makú"; es decir, una respuesta integral.

En este sentido, como respuesta a ésta directiva, el "Consejo Nacional de Atención Integral a Población Desplazada" (CNAIPD), se limitó a formular un "Plan Integral de Atención a las Comunidades de los Pueblos Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición", documento cuyas falencias saltan a la vista.

El "Plan", que "incluye" al pueblo Nukak Makú, no se enfoca la integridad cultural y territorial de los pueblos objeto de dicha estrategia; escasamente presenta una reducida caracterización de cada pueblo, de sus problemas y no da cuenta de sus peculiaridades culturales, especialmente las del único pueblo nómada "recién contactado" que queda en Colombia y el mundo (Nukak).

Del mismo modo, en el marco de sus actividades, su enfoque se orienta exclusivamente a "brindar atención" en particular, la "atención humanitaria de emergencia", y secundariamente a "acompañar el proceso de reubicación o retorno" (…) dentro del territorio de la reserva y parque natural Nukak", sin tener en cuenta su territorio ancestral, el "Resguardo Nukak Makú" (localizado en los Municipios de El Retorno y San José de Guaviare).

En el fondo, la causa principal del suicidio de Mow'be no es más que el desespero, la impotencia y la falta de una respuesta adecuada por parte del Estado. Las acciones adelantadas no han hecho más que prolongar su desesperanza por tantos meses y años, colocándolos en una situación deprimente y deplorable que aumentó el riesgo de su extinción; situación inaceptable desde una perspectiva del derecho Internacional de los derechos humanos.

Esta situación no tiene presentación política para un Estado que dice ser un Estado Social de Derecho, que habla de la constitución, que dice que su deber es proteger la honra, bienes, vida y libertad de sus ciudadanos. Es decir, no se tata de atención humanitaria sino de una respuesta basada en la integridad cultural de nuestros pueblos.

Frente a esta crítica situación, la ONIC quiere dejar en claro que lo primero y fundamental de la respuesta Estatal es contribuir, es hacer el esfuerzo pertinente, para que la población Nukak Makú regresé a su territorio. En ese sentido, no negamos que han hecho ayuda humanitaria. Consideramos que la estrategia desarrollada y por desarrollar, si bien fue concebida con buena intención, no era ni es la más adecuada culturalmente, ni la más eficaz en términos de garantías para la sobrevivencia del Pueblo Nukak Makú y el ejercicio de sus derechos territoriales.

Así mismo, consideramos que es necesario adelantar cuanto antes posible el retorno de las comunidades Nukak a su territorio, lo que implica:

Dejar las fumigaciones en su territorio o cerca del mismo

Fomentar diálogos o acuerdos humanitarios regionales para evitar la presencia de los actores armados, con ayuda y acompañamiento de la comunidad internacional

Controlar los procesos de colonización y sus consecuencias

Asignar los recursos suficientes para su retorno al resguardo Nukak Makú. Esto debido a que el gobierno no ha asignado los recursos necesario, como lo manifestaron algunos funcionarios a la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria de los Pueblos Indígenas de Colombia (MIV), que recientemente visitó la región.

La reformulación e implementación de la estrategia humanitaria utilizada por el gobierno nacional, regional y local, ya que muchos sectores y organizaciones no dejaron de señalar la ausencia de un plan estratégico de carácter Estatal orientado a su retorno.

Finalmente, como lo hemos planteado con anterioridad sin que se haya querido entenderse así, la garantía de la integridad territorial, en tanto eje fundamental de dicho plan, debe estar caracterizada por el acompañamiento permanente, para lo cual el Estado colombiano debe asumir toda la responsabilidad. En esta dirección las organizaciones indígenas manifestamos nuestra voluntad para buscar un equipo que realice el acompañamiento, no obstante las condiciones de seguridad en la región.

Organización Nacional Indígena de Colombia - Comité Ejecutivo

10. La impunidad, el silencio y el olvido no pueden seguir socavando a nuestros pueblos

Por Diego F. Henao A.

Informe presentado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, el martes 20 de septiembre de 2006, en el Hotel El Portón de la Ciudad de Bogotá, ante Dennis McNamara, encargada de vigilar y supervisar la protección de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos, durante su visita a Colombia, en el marco de la Misión que el Sistema de Naciones Unidas realiza a Colombia.

La ONIC es una organización indígena que representa a la mayor parte de los 84 pueblos del país. La ONIC, nació en 1982, a partir de las luchas por la defensa de nuestros territorios, en el marco de las acciones de resistencia llamadas “recuperación de tierras”. Hoy continuamos en el mismo proceso aunque en peores circunstancias que las de ayer. Señalo esto porque aun continúa la presión sobre nuestras tierras y nuestras organizaciones.

Como bien lo manifestamos el 9 de agosto, cuando celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, entre enero y junio de este año, el recrudecimiento de la confrontación armada entre el Ejército Nacional y las FARC, generó en el país una dinámica de Infracciones al DIH, mucho más fuerte que las Violaciones de DDHH perpetradas contra nuestros pueblos. Así evidenciamos como el confinamiento constituye el estimativo más alto (43%)[1], seguido de los Ataques a bienes civiles (23%) y las Acciones bélicas –combates— (10.8%). Datos que asociados (76.8%) señalan el enorme impacto de la guerra dentro de los territorios indígenas.

En cuanto al confinamiento, los pueblos más afectados son: los Yagua, Tikuna y Kokama en el departamento del Amazonas; los Embera Katío en Córdoba; los Guayabero en el Guaviare; los Barí en Norte de Santander; los Embera Chamí en Risaralda; y en particular los Nasa del departamento del Cauca, luego de la movilización realizada en el marco la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales (15 de mayo de 2006).

Respecto a las Violaciones de DDHH cometidas contra nuestros pueblos, encontramos que los estimativos sobre Desplazamiento Forzado Interno (92.7%) constituye la principal problemática o expresión de la Crisis Humanitaria que estamos padeciendo.

Ahora bien, si bien los estimativos sobre Detenciones Arbitrarias (4.5%), Heridos/as (1.2%), Desaparición Forzada (0.5%) y Homicidios (0.5%) permanecieron bajos entre enero y junio, estos últimos (Homicidios) se incrementaron en más de un 60% durante los dos meses siguientes (julio-agosto/2006).

Estos estimativos tomados en conjunto, son mucho más significativos si los asociamos al contexto del cual emergen. Un escenario compuesto por:
1) Los más altos niveles de ausencia de justicia (impunidad) y corrupción entre los funcionarios de gobierno;
2) Un conjunto de reformas legislativas, presupuestales, tributarias, institucionales y electorales, orientadas a una contrarreforma constitucional regresiva
3) Un modelo de gobierno personalista cuyo imperativo principal es el militarismo;
4) Un conjunto de acciones privadas y públicas, legales e ilegales, orientadas a una contrarreforma agraria, basada en la expropiación territorial, que no toma en cuenta los mecanismos nacionales e internacionales para la consulta previa de nuestros pueblos
5) Un modelo económico y de desarrollo que privilegia la tala de bosques, la implantación de cultivos de caucho y palma aceitera, la ganadería extensiva, la privatización de los recursos naturales, entre muchos otros.
6) Un proceso de desmovilización y reinserción ficticia de los grupos paramilitares que no contempla ni la verdad, ni la justicia ni la reparación.
7) Una dinámica de recrudecimiento e intensificación del conflicto armado a partir del abandono de la retaguardia estratégica por parte de las FARC
8) Un entorno de minimización, incumplimiento, irrespeto, y desprotección de los derechos humanos, en el cual sus defensores y nuestras organizaciones sociales, no gozan del beneplácito del gobierno actual, y por el contrario son descalificado/as, amenazado/as y vulnerado/as cada vez más.

Salta a la vista, entonces, que lo que está en juego es el control territorial, poblacional y de los recursos en cada uno de los territorios indígenas. Vemos emerger ante nuestros ojos el modo en que se está implantando un reordenamiento sociopolítico y económico, a la fuerza; sin que los actores armados acaten, reconozcan y respeten en lo más mínimo, los principios de distinción, limitación y proporcionalidad (necesarios para regular las acciones bélicas en favor de la población civil); y, sin que el gobierno de Álvaro Uribe se comprometa con la puesta en obra de una política de derechos humanos, integral, sistémica, oportuna y eficaz, que evite la extinción de muchos de nuestros pueblos amenazados.

En este sentido, sin ánimo de ofender y con todo el respeto que merece la comunidad humanitaria, encontramos que la respuesta humanitaria en Colombia presenta por lo menos 6 vacíos principales, fruto de su descoordinación, interna y externa:

No están teniendo en cuenta la justicia, la verdad y la reparación integral

Falta formación sobre la visión, cultura y derechos de los pueblos indígenas, por parte de los funcionarios y las instituciones gubernamentales, así como por los organismos nacionales e internacionales

No hay concertación con las organizaciones indígenas sobre una política pública real y efectiva para la atención humanitaria

No hay mecanismos legales para operar institucionalmente el enfoque diferencial en las políticas y programas para la atención de los pueblos indígenas en situación de crisis humanitaria
No existe voluntad política para la ampliación, saneamiento y constitución de nuestros resguardos, ni antes, ni en medio, ni después de de la crisis humanitaria de nuestros pueblos
Los sistemas de información gubernamentales son deficientes, inadecuados culturalmente y discriminatorios, en tanto que no registran verazmente la crisis humanitaria de nuestros pueblos. El Censo Nacional es una clara muestra de ello.

Por último, quisiera hacer una anotación breve sobre la falta de coordinación de la comunidad humanitaria en Colombia y como mejorarla. En cuanto a lo primero, tenemos claros ejemplos de que el modelo de los albergues y campos de desplazados indígenas, como el Embera Katío de Jaiquerazabi en Mutatá (Departamento de Antioquia) y el de los Nukak en Barrancón (departamento del Guaviare), que funcionaron hasta hace muy pocos días, no pueden seguir siendo la principal ruta crítica de atención. Estos generaron todo lo contrario a lo que deseaban quienes los instalaron: la des-estructuración sociopolítica, cultural y económica de ambos pueblos, sin que hasta el momento se haya hecho una evaluación sobre el tema.

En este sentido, creemos que la coordinación debe empezar por dentro, es decir, por las acciones que desarrolla cada agente y agencia humanitaria en nuestros pueblos. En otras palabras, cada uno de estos o estas debería compartir el mapeo de incidencia que están adelantando, con el único propósito de articular internamente nuestras acciones y estrategias organizativas de largo plazo.

Por estas circunstancias, actores y factores, nos vimos obligados a adelantar una Misión Internacional de Verificación, con el fin de constatar y monitorear el cumplimiento de las recomendaciones hechas en el año 2004, en la visita oficial a Colombia, realizada por el Relator Especial de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen; a la cual están todos y todas cordialmente invitados.

[1] Del total general de violaciones e infracciones cometidas entre enero y junio de 2006 (SINDHO)

Presentación a cargo de Luis Evelis Andrade Casama
Presidente de la Organización Nacional Indígena De Colombia,
Miércoles, 20 de septiembre de 2006

9. La resistencia guía nuestros pasos… no más palabras vacías, cañones ni fusiles

Por Diego F. Henao A.

La sistemática y múltiple vulneración de los Derechos Humanos de nuestros pueblos, se ha convertido en una constante que no disminuye. Esto contrasta con lo que viene ocurriendo durante el último trimestre respecto del aumento en la conculcación de los derechos colectivos, en particular mediante las infracciones del DIH; lo primero, por obra del desconocimiento que hacen las autoridades gubernamentales, los actores armados y algunas multinacionales acerca de los mecanismos de Consulta Previa y del ejercicio ancestral de nuestros derechos y autonomía dentro de los territorios indígenas; y lo segundo, por el recrudecimiento del conflicto armado.

Violaciones A Los Derechos Humanos E Infracciones Al Derecho Internacional Humanitario Cometidas Contra Pueblos Indígenas De Colombia, Enero A Junio De 2006, Onic-Sindho (08/08/2006)[1]

VIOLACIONES E INFRACCIONES 2006 PORCENTAJE
Amenaza 10818 7,551
Ataque a bienes civiles 33219 23,187
Combate 15504 10,822
Confinamiento 63000 43,975
Desaparición forzada 28 0,020
Detención arbitraria 279 0,195
Desplazamiento Forzado Interno 5731 4,000
Herido/a 75 0,052
Homicidio 32 0,022
Muerte por mina antipersona 2 0,001
Reclutamiento forzado 2 0,001
Secuestro 12 0,008
Señalamiento 12532 8,748
Sindicados de rebelión 3 0,002
Tortura 7 0,005
Violación sexual 13 0,009
Total general 143263 100,000

En este panorama, nuestros pueblos indígenas no han podido adelantar sus planes de vida, toda vez que han debido estar atendiendo el conflicto armado, sus enormes impactos en nuestras comunidades, y los intereses económicos que fungen como causas estructurales y se ciernen sobre nuestros lugares sagrados, cultivos y territorios ancestrales.

Un breve análisis del conflicto armado evidencia la creciente responsabilidad del Estado en las violaciones e infracciones, como de la conculcación de derechos por omisión o acción institucional respecto de los derechos colectivos y del medio ambiente, debido a su respuesta frente al cambio en las estrategias bélicas de los actores armados. Todo ello, en un momento en que se presenta la profundización del programa de “Defensa y seguridad democrática” del reelecto presidente Alvaro Uribe Velez, caracterizado por un proceso de paz ficticio –impune, sin memoria y antidemocrático— que le abrió las puertas al TLC; y en un contexto de desdoblamiento de las acciones bélicas de las FARC, después de un periodo de retaguardia estratégica.

Presunta responsabilidad general por violaciones a los DDHH, infracciones al DIH, y conculcación de derechos colectivos y del medio ambiente, en contra de los pueblos indígenas de Colombia, Enero A Junio De 2006, Onic-Sindho (08/08/2006)

Presunta Responsabilidad Subtotales
Estatal 92,052
Guerrillas 2,2
Paramilitar 2,7
Conjunta-Fuerza Pública/Guerrillas 1,42
Sin información 0,003
Total 98,464

Esta coyuntura está caracterizada por el aumento del pie de fuerza y el aligeramiento y mayor movilidad de las unidades bélicas de los actores armados, con el propósito de aumentar el control territorial, de la población rural, en buena parte del territorio. Es una situación, que ha permitido que el conflicto tienda a desdibujarse y a ser percibido como un accionar difuso, de violencia sin rostro y sin rastro, que ha sido visibilizada ampliamente (en los medios masivos del país) como un contexto de terrorismo, ayudando a justificar las detenciones arbitrarias, las amenazas, la estigmatización y la incursión en nuestros resguardos y lugares sagrados.

Es por ello que hoy rechazamos con vehemencia las prácticas de guerra indiscriminada adelantadas por las FARC, entre ellas el reclutamiento forzado, el secuestro colectivo y el asesinato de nuestros hijos e hijas; infringiendo el Derecho Internacional Humanitario; desarticulando, desmembrando, desintegrando y contribuyendo a la extinción de innumerables pueblos en la amazonia.

De igual modo, rechazamos la estrategia militarista de la política de Seguridad Democrática que recurre a la presencia de la fuerza pública como única solución de los problemas sociales, cuando asienta sus “Bases militares” y “Batallones de Alta Montaña” dentro de nuestros resguardos indígenas y zonas sagradas, convirtiéndonos en “objetivos militares”, como viene ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en los departamentos de Caquetá, Cauca, Chocó, Guajira, Guaviare, Putumayo, entre muchos otros.

Del mismo modo rechazamos tajantemente la crítica situación humanitaria que viene padeciendo las comunidades del pueblo Embera, asentadas en la zona rural de los municipios de Juradó, Riosucio, y Carmen del Darien (Departamento del Chocó), donde el Estado ni el gobierno garantiza, ni protege ni permite el goce de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del Bajo Atrato; toda vez que los grupos paramilitares y guerrilleros continúan desplazando, masacrando, amenazando, y secuestrando a nuestros Jaibanás, hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes. El paramilitarismo en el Chocó, no hace parte de los procesos de negociación con el gobierno, deambula por todo el territorio sin ser controlado por la Fuerza Pública, no obstante las miles de hectáreas usurpadas, arrasadas y sembradas con palma africana, los procesos de testaferrato y la tala indiscriminada de los árboles en nuestros territorios indígenas.

De igual manera, los procesos de desmovilización y legalización paramilitar han transformado sus efectivos en agentes auxiliares de la fuerza pública, reconvirtiendo su capacidad de control territorial, mediante el establecimiento de cordones agroforestales orientados al aislamiento de los grupos insurgentes, y al confinamiento de la población civil, especialmente en las áreas donde están ubicados nuestros pueblos indígenas, buena parte de ellas situadas en ecosistemas estratégicos, mismos que han sido proyectados para la explotación por parte de compañías multinacionales. Areas en las cuales muchos de nuestro niños están adquiriendo altos grados de desnutrición, e incluso muriendo de inanición, o donde los y las adolescentes terminan suicidándose en medio del silencio, la desesperanza y la tristeza.

Además de lo anterior, continúa la política de abandono del campo y las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, precedidas de ametrallamientos, no obstante los reiterados pronunciamientos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, y los reclamos de innumerables ONG de DDHH y amplios sectores de la sociedad civil. A estas alturas del gobierno Uribe, después de terminar su primer mandato, no hay una política contundente para promover la erradicación manual de los cultivos, pese a los impactos negativos que genera sobre la vida y la naturaleza.

En este sentido, insistimos en llamar la atención sobre la falta de reconocimiento y concertación con nuestras autoridades y organizaciones nacionales, tanto en la realización de Consejos Comunitarios, en los contenidos y aplicación del Censo Nacional 2005, y con respecto del desarrollo de megaproyectos y la explotación de recursos sin acudir a los mecanismos nacionales e internacionales de Consulta Previa, en el marco de la Ley 21/91 fruto de la ratificación del Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Esto es particularmente visible en el reiterado incumplimiento del gobierno colombiano frente a los acuerdos establecidos en el marco de la XIV sesión de la Comisión Nacional de Territorios, (decreto 1397 de 1996), sobre la construcción de los estudios de caracterización conjunta e integral acerca de la situación territorial de los pueblos indígenas, bajo el supuesto de que las decisiones de la Comisión Nacional de Territorios no son vinculantes para el gobierno. Así mismo, en la permanente intención de convertir aquellos procesos de socialización sobre la política territorial, minera y petrolera en nuestros territorios, y cada foro de discusión, en velados escenarios de consulta o en mecanismos de validación de los contenidos de diversos proyectos, como por ejemplo: “Discusión y análisis del proyecto de ley General Forestal”, “Manejo Sostenible de Bosques Naturales”.[2]

Por eso rechazamos, el tratamiento discriminatorio que las autoridades civiles del departamento del Quindío le han dado a las necesidades territoriales de los hombres y mujeres del pueblo Embera Chamí, quienes están viviendo en condiciones infrahumanas a lo largo de las áreas públicas urbanas de los municipios de este departamento, después de haber sido expulsados de las fincas donde permanecían desde 1955.

De igual modo, sentamos nuestra más enérgica protesta frente al tratamiento que se le viene dando a una parte del pueblo Nukak Makú, desplazado de su territorio ancestral y asentado en el resguardo barranco del pueblo Guayabero de San José del Guaviare. En poco tiempo, han sido objeto de un proceso de sedentarización que ha sido avalado por las autoridades civiles y militares regionales, ONG y algunas entidades Estatales. En dos días serán reubicados en un territorio distinto al ancestral pese a las recomendaciones de funcionarios gubernamentales y estatales que no estuvieron de acuerdo, debido a los intereses vedados que se ciernen sobre su territorio y sus recursos de transferencia.

Este panorama viene asociado al incumplimiento de los acuerdos que el gobierno viene pactando en todas las regiones del país, no obstante los compromisos precisos para todas las partes, situación que nos ha llevado a movilizarnos con más frecuencia, recibiendo cada vez mayor respaldo de otros sectores de la población colombiana, como de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que nuestras reivindicaciones se fundan en clamores generalizados frente al irrespeto gubernamental.

En este sentido, el respeto por las cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas constituye un Derecho Fundamental del cual somos sujetos y no se nos puede desconocer bajo el argumento de un estado unitario que persigue un supuesto “interés general”; mediante la instrumentalización de nuestras tradiciones para poner en escena intereses electorales, burocráticos o económicos de unos cuantos, ni acudiendo a la falsa concepción de la autonomía individual en desmedro de nuestros derechos colectivos, intentando con esto propiciar divisiones internas en nuestras comunidades y pueblos.

De allí nuestro más profundo convencimiento para denunciar y resistir el Tratado de Libre Comercio y las reformas constitucionales que trae consigo, lo cual sólo pretende la pauperización de nuestra sociedad, la extracción de los “recursos” que se encuentran en nuestros territorios, y la conversión de nuestros conocimientos en mercancía. En esta dirección, es preciso recordar lo que ha significado el periodo que comenzó con la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia (1991), pues pese a tener el mejor marco normativo en beneficio de los pueblos indígenas, no ha pasado de ser letra muerta; toda vez que el reconocimiento legal ha sido opacado por el desconocimiento politico, la negación cultural, el despojo territorial y el aumento del riesgo de extinción de nuestros pueblos más pequeños.

Por ello no olvidamos el continuo proceso de recorte de nuestros derechos, garantías y libertades, mediante reformas constitucionales y leyes inconsultas, con estrategias que intentan convertir nuestros derechos colectivos en derechos individuales. Basta para ello citar solo unos ejemplos: 1) La ley 100 que recortó nuestros derechos adquiridos con el decreto 1811/1990, la cual nos garantizaba la atención integral en salud; 2) La ley 715 que fraccionó el proyecto propio de educación integral, fomentando la fusión de las escuelas indígenas con los colegios de educación formal; 3) La aplicación irrisoria de la ley de reforma agraria y su artículo reglamentario 2164, frente a la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos para pueblos indígenas. En este último caso, según la Defensoría del Pueblo habían para el año 2004, 423.472 indígenas con escaso territorio o sin él.

Finalmente, frente a este escenario y sus implicaciones hacemos pública nuestra resistencia y nuestra disposición política para proteger la vida, la diversidad biológica, la integridad de nuestras culturas; para defender nuestros territorios y recursos naturales y para realizar nuestros derechos colectivos e individuales, desde nuestra autonomía, dignidad y cosmovisión propias. De allí que optemos por la concertación, el dialogo y las alternativas no violentas para la solución de nuestros conflictos, como se lo hemos hecho saber al Gobierno Nacional y al Estado en reiteradas oportunidades, siempre amparados en instrumentos internacionales.

Bogotá, D.C. 9 de agosto de 2006

[1] Se tomaron en cuenta también las personas afectadas por combates
[2]Convocado por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, (25 de agosto de 2.005).

Presentado Luis Evelis Andrade C., 

Presidente del Comité Ejecutivo 

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA
DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:

Bogotá, D.C. 9 de agosto de 2006

8. Los Nukak: un pueblo en riesgo de extinción

Por Diego Henao

Desde hace tiempo todo está cambiando, yo no me explico, yo no sé por qué...
Llegan las botas de diferentes bandos y estamos entre la espada y la pared...[1]


Entre los días 30 de Marzo y 4 de abril de 2006 un equipo de la Organización Nacional indígena de Colombia, se desplazó a la ciudad de San José del Guaviare con el fin de asistir a la reunión del Subcomité de Asuntos Indígenas del Departamento del Guaviare y realizar una constatación sobre la crisis humanitaria de la población indígena Nukak y Guayabero en situación de desplazamiento. En esta dirección se llevaron a cabo una serie de entrevistas, con la población afectada por el desplazamiento y a algunos integrantes del Consejo Regional Indígena del Guaviare CRIGUA II y funcionarios públicos de orden Departamental y Nacional.
Los pueblos indígenas en el ojo del huracán
Según estudios recientes[2] “El 65,5% de los pueblos indígenas localizados en la amazonía colombiana tiene una población menor a mil personas”. Esta situación, de cara al conflicto armado, implica un dramático impacto sobre dichos pueblos toda vez que la reducción de su tamaño demográfico entraña “un serio riesgo de extinción”. Hasta septiembre de 2003, el desplazamiento forzado de los pueblos amazónicos colombianos ubicados en los departamentos del Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés, por causa de la violencia política, es equivalente al 2,7% (1311 personas)[3] del total de la población indígena de los cuatro departamentos.
La situación de conflicto armado en el departamento del Guaviare ha traído nefastas consecuencias para quienes habitan en las zonas rurales de los municipios de El Retorno (sabanas de “La lindosa”, “La libertad”, “Mirolindo”), Calamar y San José del Guaviare (“Trocha Ganadera”, “Charras”, “Caño Makú”, “Caño Blanco”, “Barrancón”), y en particular para nuestros pueblos indígenas.
La población del Departamento del Guaviare esta compuesta por los 8 pueblos indígenas que ancestralmente han habitado esta región: Sikuani, Tukano, Piratapuyo, Siriano, Guayabero o Guahibo, Curripaco, Piaroa, Makú, Nukak Makú, además de una gran dispersión de grupos familiares (pertenecientes a otros 8 0 10 pueblos) que han migrado forzosamente hacia el Guaviare; raizales (llamados también “cabucos”) que es una población fruto de diferentes mezclas étnicas y culturales con acentuada ascendencia indígena; campesinos-colonos, muchos de los cuales llegaron hacia 1950 y entre los que se encuentra también población Afrocolombiana[4] originaria del Valle del Cauca y Chocó principalmente;
La población indígena más numerosa del departamento pertenece al pueblo Guayabero (anteriormente denominados Guahibos). La movilidad de la población indígena es alta y muchos de ellos tienen familiares en San José del Guaviare. Desde el 2002, cerca del Municipio de San José del Guaviare, en el Resguardo Barrancón (del pueblo Guayabero), se encuentran 5 familias (40 personas) del mismo pueblo que fueron desplazadas de Caño Blanco. Es el mismo resguardo, donde fueron asentadas 10 familias Nukak Makú (51 personas), 60% de los cuales son niños entre los 0 y 12 años), desplazadas desde Caño Makú, en febrero del 2003. Estos últimos han sido afectados enormemente debido a que se les ha limitado la alta movilidad (nomadismo) que los caracteriza, pese a que su territorio comprende alrededor de 632 mil hectáreas.[5] En la actualidad, ya son 221 personas del pueblo Nukak ubicadas en 4 asentamientos (75 en Villa Eleonora desde 2003, 12 en la Casa Indígena, 38 en Agua Bonita, 96 en Tomachipán) y alrededor de 500 personas del pueblo Guayabero ubicadas en otros 5 asentamientos. Hoy los conflictos con los colonos y otros pueblos indígenas están aumentando; el hambre es cada vez mayor y la desnutrición está incrementándose.
De acuerdo con representantes de la Secretaría Departamental de Salud, los problemas con el pueblo Nukak Makú asentado en San josé del Guaviare es enorme: actualmente, hay desplazados 221, de los cuales están atendiendo 68 adultos, 51 niños entre los 0-10 años de edad y 12 niños entre los 11-15 años de edad. Explican que padecen desnutrición y por lo tanto requiere apoyo alimentario que contemple una mayor base nutricional. Según ellos las condiciones de las viviendas donde residen actualmente (carpas de vara en tierra) no son adecuados, que hace falta también un proceso de saneamiento ambiental, hasta hace muy poco padecían la escasez de agua potable y sólo cuentan con un médico que los atiende durante tres días cada dos semanas.
De otra parte, funcionarios de Acción Social del Guaviare afirman que un análisis del sostenimiento del proceso de asistencia alimentaria adelantado durante estos tres últimos años, señala que su "capacidad de atención está desbordada" y que como van sólo les quedan recursos para un mes o dos meses más. Esto evidencia la falta de una respuesta estatal a la problemática, a la ausencia de una política integral de Derechos Humanos para estos pueblos, misma que no cuenta con recursos suficientes para que sea sostenible en el largo plazo.
De otra parte, la falta de conocimiento de muchas autoridades y funcionarios, sobre los aspectos culturales y políticos de los pueblos indígenas de la región, la falta de reconocimiento de este pueblo como sujeto colectivo y político, o los intereses sobre el territorio y los recursos de transferencia de este pueblo, acumulados por el gobierno, han servido de plataforma para proponer múltiples estrategias destinadas, abiertamente, a la reubicación, sedentarización, urbanización y aculturación, tanto del pueblo Nukak Makú como del pueblo Guayabero; en particular, a través de la “enseñanza de la agricultura” y “el comercio”. Según Rubén Hernández secretario del Consejo Regional Indígena del Guaviare (CRIGUA II), es por ello que hay necesidad de realizar talleres de formación y sensibilización con dichas autoridades civiles y militares e incluso de aquellos que pertenecen a los organismos de control de la gobernación, con el objeto de mejorar el entendimiento intercultural.
En este sentido, la situación de riesgo de extinción que están viviendo los pueblos indígenas del Guaviare se ha convertido en una problemática que hasta ahora no ha sabido resolverse. La mayor parte de las soluciones adoptadas solo recurren a la asistencia humanitaria, dejando de lado la posibilidad del retorno de la población, reduciendo todo a la necesidad de “desarrollar un proceso de fortalecimiento económico, para sacar adelante una solución al problema”, bajo la idea de “descongelar los recursos de transferencia acumulados”.
Hoy tanto las autoridades del gobierno departamental, la población en general, como nuestros pueblos indígenas y los movimientos sociales de la región claman por un acuerdo humanitario regional. En este sentido han propuesto la creación de una “Oficina de Paz” y un “Laboratorio de Paz”. Esto se hace necesario toda vez que las fumigaciones, la instalación de batallones en los territorios indígenas y los combates con las FARC continúan siendo los principales motivos del desplazamiento indígena.
Frente a esto, sin embargo, hay otro problema de fondo que no parece permitir que estas iniciativas de Paz y “retorno de la población indígena” tomen el vuelo deseado. De acuerdo con algunos funcionarios: “por más de tres años se ha insistido en buscarle soluciones a este problema, especialmente sobre si las condiciones del conflicto permiten o no el regreso de la población” y no han obtenido respuesta de las autoridades militares, “no ha habido poder humano que los haya hecho contestar, para saber que acciones adelantar”. Dicho de otro modo, las decisiones políticas siguen estando supeditadas a las decisiones militares. Como lo afirmó una persona entrevistada, la situación del Guaviare “se parece a una dictadura regional”.
Para la ONIC, la preocupación central de esta grave situación es la escasa población y el peligro de extinción de algunos de los pueblos más importantes del departamento. Frente a esto han surgido algunas cuestiones: ¿Y si sedentariza a la población Nukak Makú para quién quedará el territorio Nukak? ¿Cuáles son los intereses que están en juego? ¿Por qué todos se empeñan en sacarlos de sus territorios para urbanizarlos? Frente a estas cuestiones han surgido también algunas inquietudes sobre la posición geoestratégica de San José del Guaviare en el marco del megaproyecto Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que van mucho más allá, mismas que parecen constituir el fondo real del asunto.
Los intereses sobre los hidrocarburos y minerales de la región no son nada nuevos. Ya entre 1991 y 1992, después de una larga batalla jurídica con ECOPETROL, debido las labores de exploración sísmica adelantadas por Fronteras de Exploración Colombiana, la ONIC logró suspender definitivamente la exploración petrolera en el territorio Nukak Makú, el Parque Natural Nacional del mismo nombre y las Zonas de reserva forestal de la Amazonia; además de abrir el camino para la posterior titulación del resguardo Nukak Makú en 1993 (Junta Directiva del Incora, resolución No. 136 del 23 de noviembre de 1993).
El departamento de Guaviare, junto con Vaupés y Guainía constituye la selva de transición que une a la Orinoquia con la Amazonia. Por tal razón reúne características geográficas de ambos ecosistemas. Debido a sus importantes vínculos comerciales y culturales con el departamento del Meta, a través de sus vías de comunicación (fluvial, carreteable y aérea) es asimilada a la dinámica de los llanos orientales más que a la de la Amazonia.
Para algunos académicos, la consideración de la Amazonia como una “zona baldía mundial”, durante la segunda mitad del siglo pasado, ha traído enormes consecuencias negativas. Hoy son pocos los que saben sobre el proyecto para “convertir toda la cuenca en un gran lago que interconectara las vías del Orinoco, Amazonas y La Plata” [6] para beneficio de otros países. “Se calcula que existen en la región cerca de sesenta mil especies de plantas, dos mil de peces y trescientas de mamíferos. Además un número no determinado de microrganismos. Los suelos, las aguas, la vegetación y la fauna, presentan múltiples interrelaciones, de manera que si se lesiona uno de estos elementos, se hace daño a todos los otros”.[7]
Además de lo anterior se abrió el espacio para grandes proyectos industriales (ganadería, minería e hidroeléctricas), es decir, para un avance más acelerado de la colonización. Con ello llegó la tala indiscriminada de los bosques así como la contaminación de los ríos (con insumos para el procesamiento de cocaína) amenazando gravemente su diversidad biológica.[8]
Desde el Guayabero y el Ariari[9]
El departamento del Guaviare se encuentra en el Noroeste de la Cuenca Amazónica, una área selvática cubierta de bosque tropical húmedo, caracterizada por altas temperaturas, una enorme lluviosidad, e irrigada por numerosos ríos. Es uno de los departamentos más jóvenes del país y está integrado por 4 municipios: San José del Guaviare, Calamar, El retorno y Miraflores.
El guaviare comprende una extensa superficie territorial (42.327 Km2) en la que casi se ha duplicado su población durante los últimos diez años; en 1993 contaba con 75.294 habitantes y en el año 2003 con 126.795[10] personas. La inmensa mayoría de la población campesina mestiza y Afrocolombiana no cuenta con títulos de propiedad pese a la posesión que muchos de ellos han ejercido desde las décadas anteriores.
Al norte del departamento se encuentra la unión de los ríos Guayabero y Ariari que da origen al Río Guaviare el mayor tributario del río Orinoco —conocido también como Orinoco Occidental— con sus 1.350 kilómetros de longitud, caracterizado por su riqueza en plancton y su inmensa variedad de peces.[11]
La economía del departamento ha dependido tradicionalmente de la agricultura y pesca de subsistencia, la ganadería y la explotación forestal (resinas y fibras). Los diversos procesos de colonización han marcado las actividades económicas de la región: Caucho desde finales del siglo XIX y buena parte del XX; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y cultivos de uso ilícito desde finales del siglo XX. A través de su reciente historia, los principales ejes de colonización se siguen ampliando desde la “Zona Andina” hacia lo más profundo de la selva —frontera con Venezuela— (Occidente a oriente) y/o hacia la Amazonia (Norte a Sur).
Muy cerca del nacimiento del río guaviare, hay un meandro que con el paso del tiempo ha tendido a convertirse en una gran isla. A la orilla del río y frente a la curva más profunda de este meandro nació hace 56 años el principal centro poblado, el municipio más grande del departamento: San José del Guaviare, su capital. Esta ciudad fue conformada en la década de los 50 por grupos de colonos procedentes de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Valle Del Cauca y de los departamentos del Eje cafetero en los últimos años.
Hoy por hoy, continúan llegando a la región, personas de muchas partes del país, con la ilusión de encontrar un terruño, un empleo o “montar un negocio”. No es raro escuchar: “me vine del interior para estarme quince días, ya llevó siete años... y no me quiero ir de aquí”. Pese a que la situación es cada vez más tensa debido al conflicto armado, algunos de ellos han tenido que salir del campo o de alguno de sus municipios, dejando todo lo que habían “levantado” en muchos años.
Esta situación es fruto de la expansión geográfica de los cultivos de uso ilícito; del establecimiento de la antigua “zona de distensión” —en el vecino departamento del Caquetá—, la posterior ruptura de los “Diálogos de Paz” entre en el Gobierno y las FARC; y durante los últimos años, de los operativos contrainsurgentes y antinarcóticos adelantados por las FFAA de Colombia, particularmente con la intensificación de las fumigaciones aéreas en el marco del Plan Colombia.
Debido a los intereses que agudizan el conflicto armado, la circulación de abastos para la región sufre restricciones constantemente, lo que ocasiona la especulación y el aumento de la carestía. Esto es especialmente notable en las temporadas de invierno cuando los precios alcanzan el doble de lo normal, debido al déficit de vías carreteables y al uso exclusivo del río Guaviare como principal vía de entrada para los productos. Dicha situación ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria en la región, no obstante los esfuerzos aislados de algunas comunidades campesinas que con el apoyo de la Secretaría de Salud del Departamento, han desarrollado cultivos transitorios para el autoabstecimiento (con algunos excedentes).
De acuerdo con los testimonios recogidos la respuesta del Sistema de Atención Integral para la Población Desplazada por la Violencia no ha sido la más adecuada, puesto que ha respondido sólo con Ayuda Humanitaria de Emergencia, dejando de lado las fases de prevención y restablecimiento, no obstante la coordinación realizada por la Oficina de Acción Social (Anteriormente Red de Solidaridad Social). La labor de las entidades para responder al desplazamiento forzado de la población indígena y campesina, ha presentado el agravante de condicionar la respuesta estatal a los recursos existentes, que por lo general han sido exiguos.

Magnitud del desplazamiento
Según el Sistema de Información de Codhes, durante el año 2002 el Guaviare ocupó el sexto lugar de los departamentos expulsores del país y el 19 en los departamentos receptores. Ya para el 2003 constituía el principal centro de expulsión y recepción de población desplazada en la región, con una cifra de 6523 personas, el 75% de los cuales llegó entre 1999 y 2002[12].
Una de las más fuertes dinámicas del desplazamiento forzado registradas durante el 2002 y 2003 la generó el establecimiento de la antigua “Zona de Distensión” en dos de sus departamentos vecinos (Caquetá y Meta). De los 12 municipios que integran su área de influencia[13] dos (2) son del Guaviare. De estos, San José, ocupó el primer lugar en cuanto a municipios receptores del Área, además de constituirse en el tercero de los municipios expulsores (2036). Esta situación continuó durante el 2003, siempre a la cabeza de los municipios expulsores (tasa de 1075) y receptores (908) de dicha área de influencia. Este escenario señala el grave riesgo que corren los pobladores indígenas, afrocolombianos, raizales y campesinos de la región.
Hasta comienzos del 2004 el municipio de San José del Guaviare encabezó también los estimativos de la Orinoquia y Amazonía; casi duplicó la tasa del segundo municipio expulsor —Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá— (544), superando en cinco (5) veces la cifra del segundo municipio receptor —San Juan De Arama, Departamento del Meta— (159). Así mismo, es necesario señalar que el municipio más cercano con similar dinámica de desplazamiento forzado interno es Mapiripán, primer municipio expulsor del departamento del Meta durante el 2002, epicentro de confrontaciones entre facciones de las AUC entre 2003 y 2004.


Es de anotar que el Guaviare solo cuenta con 4 municipios que según las cifras sobre expulsión, estimadas a partir del número de declaraciones presentadas ante la Oficina territorial de Acción Social Guaviare, presentan una dinámica muy similar, exceptuando al municipio de Miraflores. Este municipio fue considerado como el principal centro de producción de coca en la región hasta el 2001. desde allí se adelantaron las marchas cocaleras de 1997 y en 1998 fue objeto de una cruenta toma por parte de las FARC que generó el desplazamiento de buena parte de su población, como lo refleja el siguiente gráfico.

Como lo advirtieron varias personas en sus testimonios Miraflores es municipio que se convirtió en territorio de disputa o guerra entre las FARC y los grupos paramilitares, mismos que se establecieron, según ellos, por el mismo tiempo en que llegó el ejército a establecerse en la zona. Actualmente, es el eje del programa de fumigaciones en el departamento del Guaviare y de las acciones contrainsurgentes del Ejército Nacional.
El análisis del desplazamiento en este departamento muestra una leve tendencia al aumento durante el 2005 después de un fuerte descenso en el 2004. Alrededor del 80% de la población desplazada del Guaviare proviene del mismo departamento y más del 90% de esta población se encuentra asentada en su capital, en casas de amigos y familiares, y sólo desde hace tres años se han organizado Asociaciones de desplazados. Estos pobladores argumentan que el mayor problema que afrontan es el desempleo debido a que no tienen otra manera de devengar ingresos para su sostenimiento.
Se refleja en los testimonios de la población desplazada y de algunos funcionarios públicos, una percepción de vulnerabilidad generalizada y de riesgo permanente. En este sentido, anotan que cuando un solo actor hace presencia continua los problemas son menores, y que además la crisis radica en las acciones bélicas desarrolladas por la disputa territorial que adelantan. De igual modo, señalan que dicha situación se agravó con la inclusión de este departamento en el programa de fumigaciones del Plan Colombia. Además de lo anterior, manifiestan que se agudizado mucho más desde que empezaron a instalar contingentes de Soldados Campesinos, en el marco de la política de Seguridad Democrática impulsada por el gobierno actual, entre los cuales se encuentran “campesinos que no son de la región”, afirmaron algunos.
Escenarios de conflicto
En palabras de sus pobladores la ofensiva de las AUC en el departamento del Guaviare, iniciada desde 1997, para impedir el control territorial de las FARC, produjo el incremento de las violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH, poniendo en riesgo sus vidas. Vastos sectores de población indígena permanecen confinados y miles de personas han sido obligadas a migrar hacia los principales cascos urbanos.
Hoy muchos todavía recuerdan la "toma masiva de rehenes" (como lo afirmó el defensor del pueblo de ese entonces, Eduardo Cifuentes) en Puerto Alvira (2002), denominado, por otros funcionarios, como "secuestro masivo por parte de las FARC". Puerto Alvira, es un corregimiento de Mapiripán, municipio ubicado en una región disputada por las FARC y los paramilitares debido a que es un corredor estratégico para la comercialización de coca. En Puerto Alvira, corregimiento del municipio de Mapiripan, se registró una masacre el 4 de mayo de 1998, atribuida a grupos paramilitares, que dejó 20 campesinos muertos y el éxodo de buena parte de la población. La masacre había sido advertida por diversos organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo. Otras poblaciones como La Cooperativa, escenario de otra masacre realizada diez meses atrás, fueron evacuados. De acuerdo con algunos testimonios, durante 7 días (14 al 20 de julio de 2002), cerca de 200 miembros de las Autodefensas llegaron de Urabá y se adueñaron de Mapiripán, además de los corregimientos de Puerto Alvira y La Cooperativa. Según distintas versiones periodísticas, descendieron en el aeropuerto de San José del Guaviare y con la colaboración de algunas autoridades militares y de policía, iniciaron un recorrido de muerte que terminó con el asesinato de medio centenar de personas[14]. Durante algunos meses después de las masacres, el Ejército mantuvo a dos batallones de contraguerrilla en la zona y garantizó la seguridad de los habitantes; después se marcharon y la población sintió los constantes cambios de dominio entre “los paras” y “las FARC”.
Hasta la incursión de las AUC, a mediados de 1997, hacían presencia en la zona cuatro frentes guerrilleros (1, 7, 43 y 44) de las FARC. La llegada de los paramilitares cambió radicalmente esa situación. En medio de estos cambios, a finales de la década del 90, se desarrollaron varias movilizaciones sociales (“marchas cocaleras”), adelantadas por parte de organizaciones campesinas que reivindicaban el cultivo de coca como alternativa a la deficiente estructura agropecuaria de la región. Su inestabilidad sociopolítica y económica se expresa en el aumento de las violaciones de los derechos Humanos (desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, confinamientos masivos y selectivos, reclutamiento de menores, persecución religiosa, etc.). Actualmente operan en el departamento del Guaviare el frente 44 (Oriente), el Frente 7 (Sur-occidente del Municipio de San José del Guaviare) y la Columna Móvil Juan José Rondón de las FARC.
Diversos testimonios coinciden en que la crisis humanitaria que estan viviendo es producto de las acciones insurgentes y contrainsurgentes desarrolladas en la región. En primer lugar, por las acciones de las AUC dirigidas a la “recuperación territorial”, que ha incluido disputas con y entre facciones que han operado en el sur del vecino departamento del Meta, en inmediaciones de Puerto Concordia y Mapiripan (“Bloque Centauros” y “los buitragueños”). En segundo lugar, debido a los operativos adelantados por las FFAA en razón de la “recuperación de la gobernabilidad” en la región, asociados al programa de fumigaciones para el control de los cultivos de uso ilícito en el marco del Plan Colombia. Según ellos, estos operativos y acciones han desatado respuestas armadas por parte de la guerrilla (FARC) en defensa de la hegemonía que han mantenido durante las décadas anteriores y que han tratado de recobrar durante el último año.
Dicho de otro modo, se registra un cambio en las zonas de desplazamiento: de los sectores Centro y Noroccidente del departamento hacia los sectores Sur y Norte de la parte oriental, sin que cese el fenómeno en ninguna de las anteriores. Este movimiento concuerda con las versiones de algunos funcionarios sobre el corrimiento de los ejes, tránsitos, direcciones y presencia de los cultivos de uso ilícito, actores armados y fumigaciones aéreas (Plan Colombia); es decir, de la expansión del conflicto, de la frontera agrícola, de la consecuente devastación ecológica y de la pobreza estructural de la población campesina y especialmente de la población indígena, generando una crítica situación humanitaria. Esto ha producido la continua expectativa de la población del departamento, principalmente de la población indígena, aquella que está distribuida en pequeñas comunidades ribereñas e interfluviales. Esto se hizo evidente desde el 5 de noviembre de 2003 con el registró de una Alerta Temprana, realizada por la población indígena Guayabero del Resguardo Barrancón, sobre el riesgo inminente que estaban viviendo con las confrontaciones entre grupos paramiliatres y guerrilleros en inmediaciones de “Puerto Nare”, sobre el Río Guaviare.
De acuerdo con el “Censo de Cultivos de Coca” (Junio de 2005) realizado por la Oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas, los niveles más altos de cultivos se encuentran en los departamentos con Parques Nacionales Naturales. Este es el caso del Departamento del Guaviare con la Reserva Natural de los Nukak, entre otros. El análisis regional evidencia que los departamentos de Meta y Guaviare, tomados en conjunto, representan el 36% del total de cultivos de coca en el país, pese a la disminución del 23% que se dio en el Guaviare durante el 2004. En dicho informe se señala que el porcentaje de cultivos de coca aumenta o disminuye según el nivel de aplicación de actividades de aspersión aérea, la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo y la aplicación de programas de familias guardabosques.
En relación con el Programa de Desarrollo Alternativo, se percibe una falta de coherencia entre su aplicación y la política de erradicación. El Departamento del Guaviare recibió el 18% de toda las fumigaciones realizadas en los últimos 6 años y en materia de Desarrollo Alternativo solo ha recibido el 0.2% del presupuesto de este rubro.[15] En esta dirección, la pobreza de las poblaciones ha sido un factor de enorme importancia para la presencia y aumento de los cultivos, toda vez que la mayoría de los cultivadores sólo mejoran los medios básicos de supervivencia sin que se perciba un incremento real de sus ingresos.
La historia indígena parece repetirse
Desde el siglo XVIII no ha sido raro escuchar a los viajeros, cronistas, investigadores y funcionarios sobre aquellos grupos que capturaban indígenas para ser esclavizados. Aún se escuchan los recuerdos de algunas personas de la Amazonia sobre aquellos días, cuando se llevaban a cabo las “cuibiadas” o cacería de personas indígenas en los llanos orientales colombianos. Así mismo, de las “Jaramilladas”, aquellas prácticas de esclavización de la población indígena, especialmente guayaberos, con destino a la producción de hoja de coca, que se hicieron hace poco más de una década en el norte de la amazonía colombiana.
Por estos días, escuchamos historias sobre la manera en que algunos “cocineros”[16] recorrían las comunidades indígenas haciendo tratos verbales con los ancianos para que le dejaran llevar a sus hombres y mujeres más jóvenes (40 en promedio), con el propósito de recoger la cosecha de hoja de coca. Después de esto los retenían por 10 o 12 meses, con la promesa de obtener lo ganado al final de la temporada, para recibirlo todo en un solo pago; pago que en ocasiones no se realizaba porque cerca de la mitad de ellos morían en circunstancias extrañas o entraban a engrosar la lista de desaparecidos de la región.
Algunas personas afirmaron que es por ello que las bandas Nukak Makú han estado “saliendo” a las cuatro cabeceras municipales del Departamento del Guaviare. De acuerdo con estos testimonios, el término “Makú” fue usado indiscriminadamente para referirse al tipo de subordinación que caracteriza las relaciones entre los pueblos indígenas sedentarios (ubicados en la riberas de los ríos) y aquellos grupos nómadas que viven de la caza y la recolección en las áreas boscosas (interfluviales). Pese a ello, nadie olvida hoy la sorpresa que generó en el país la “aparición de un pueblo nómada hasta entonces oculto en las selvas del guaviare: los Nukak Makú”.[17]
En el 2003, después de haber llegado a la comunidad “vinieron los blancos y se llevaron varios compañeros... a raspar... lejos de nosotros” afirmaba Manuel. De las 51 personas solo quedaron 40, la mayor parte de ellos menores de edad, cuyo desequilibrio en la proporción de mujeres y hombres es abismal. Las mujeres del grupo no alcanzaban la cuarta parte, situación que los está llevando a la extinción del grupo. Además de esta población hay familias indígenas Nukak Makú provenientes de Charras, Charrasquera y Guanapalo que viven en San José del Guaviare desde comienzos de 2003.
Los Nukak Makú: al borde la extinción
Uno de las bandas Nukak más conocidas es la que está desde 2003 en el resguardo del pueblo Guayabero de Barrancón, a unos 20 minutos bajando por el Río Guaviare, desde San José. Allí los encontramos nuevamente, viviendo todavía en una serie de refugios con techos de plástico, montados sobre hilos de nylon permanecen amarrados a delgados postes de madera y a las ramas de los árboles que rodean el campamento. Allí estaban todavían están asentadas las diez familias Nukak Makú que fueron obligadas a desplazarse desde “Charras”, en febrero de 2003 (población Nukak fue ubicada inicialmente en un sitio llamado Villa Leonor, por espacio de 4 meses).
En cada una de estos refugios las mujeres cocinan mientras los niños se acercan para saludar los visitantes. En una de estas enramadas uno de los hobres más viejos continua untando el veneno de “cumare” sobre la punta de las pequeñas flechas; alistándose para ir a cazar “chorucos”— micos—, aunque afirma que “ya no hay mucho”. Sentado sobre la hamaca mira fijamente la punta de sus pequeñas flechas como convenciéndolas para que no fallen cuando salgan de su Cerbatana. Frente a él, en todo el centro del refugio, estan los carbones encendidos con que calienta las puntas de flecha para untarles el veneno, y a un lado los copos de algodón blanco que va enredando en espiral sobre la cola de las mismas.
Lo único que queda de las viviendas tradicionales Nukak lo encontramos a pocos metros de la entrada a la laguna, dentro del pedazo de bosque donde está ubicado el campamento. Los niños han construido un pequeño cono con hojas de platanillo para jugar sin alejarse mucho del campamento. Cuando no deambulan con sus pequeños arcos y flechas, tanto las niñas como los niños juegan al futbol, sobretodo en las tardes, en el pequeño campo que está al lado del campamento. Algunos de ellos todavía usan collares tradicionales hechos con dientes de “choruco”.
Actualmente, algunos hombres del grupo quieren sembrar piña y yuca. Las mujeres continuan elaborando chinchorros, canastos y manillas, con fibras naturales que son muy apreciados por la población campesina de la región. Estos chinchorros son intercambiados generalmente con los campesinos o habitantes de San José, según ellas por dos cajas de panela. Su dieta alimentaria ha ido reduciéndose paulatinamente no obstante que todavía consuman Monchonque frito (especie de batata).
Hoy nos ronda la preocupación por el proceso de cambio cultural que los está llevando al sedentarismo, reflejado en parte por el acostumbramiento a los alimentos que la RSS y la Secretaría de Salud del Departamento les brindan en su labor asistencial. Hoy claman por productos que contienen preservantes químicos y bicicletas para desplazarse a San José, entre otras cosas.
Esta situación se ve agravada cuando se presentan quienes los contratan para recoger hoja de coca en cultivos cercanos, ya que por su dinámica cultural son excelentes recolectores. Algunos de ellos después de recibir el dinero por sus servicios, consumen bastante licor y acuden a las prostitutas de San José; lugar de donde provino el contagio de sífilis de una familia (incluyendo un bebé recién nacido).
Diversos testimonios señalaron reiteradamente que cerca de donde ellos provienen estuvieron los Misioneros de las Nuevas Tribus evangelizando a la población indígena. Tanto la oficina regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como la Secretaría de Salud del departamento del Guaviare cuentan con programas especiales para esta población indígena. Según Ramón A. Rodríguez, coordinador de la Unidad territorial de la Red de Solidaridad Social, “estas familias Nukak están aburridas de estar allí, aunque hay algunas mujeres que han manifestado que no quieren regresar”.[18]

Políticas del terror
Con los constantes cambios de las hegemonías locales se presenta también la transformación de los imaginarios sociales sobre la población civil de las zonas rurales, en beneficio de la guerra. Se trata de la estigamitización de la población civil, pretendiendo forzar un “cambio de ideas armadas”[19] a través de rumores (por acusaciones como “presuntos informantes”) que provocan miedo y terror. Se trata de un sentimiento generalizado de temor por posibles represalias contra los pobladores que permanecen en sus lugares de origen, contra quienes son desplazados y contra aquella población que después de ser desplazada decide retornar.
En el mes de julio de 2002 se presentó un retorno de algunas comunidades que se habían desplazado entre marzo y abril desde Puerto Nare (frente a Mapiripan). Esto provocó una presión permanente por parte de las AUC y las FARC a tal punto que fueron desplazados nuevamente hacia San José del Guaviare, fruto de amenazas y rumores sobre posibles enfrentamientos entre las AUC, FARC y FFAA. Situación que se agudizó durante los primeros meses del 2003 cuando se registró la desaparición de tres personas de estas comunidades.
Circunstancias han socavado la confianza social y puesto en entre dicho las diferencias culturales; han aumentado los niveles de desconfianza mediante la exacerbación de las diferencias culturales según los reordenamientos del territorio. Los controles itinerantes que han impuesto los actores armados han reformulado las fronteras entre quienes viven en el campo y quienes habitan en los cascos urbanos del departamento.
El ultimo desplazamiento masivo (76 personas) de los Nukak Makú se produjo a mediados de Marzo a raíz del temor por
Los retornos producidos en la región han sido voluntarios y solo uno de ellos ha contado con el apoyo del SNAPID. De acuerdo con distintas versiones recogidas los retornos han sido voluntarios, en parte, por no recibir el apoyo suficiente en San José del Guaviare, pero principalmente porque ha cambiado el apego por su tierra, debido a un programa de huertas familiares que permitió aumentar la seguridad alimentaria en la región. Las fumigaciones han obligado a la población a cambiar parte de los cultivos de uso ilícito por cultivos de pancoger.
Es por esto que se está presentando un cambio importante en la región con profundas consecuencias para el ecosistema: se esta ampliando la frontera agrícola con los cultivos de uso ilícito debido al control que ejercen las fumigaciones del Plan Colombia, no obstante las estrategias de protección de dichos cultivos frente a estas fumigaciones. Para muchas personas la ampliación de la frontera agrícola a través de los cultivos de uso ilícito llegó a un tope de control desde los cascos urbanos y por eso las AUC frenaron su avance.
Lo anterior explica el porqué los grupos paramilitares de la región han estado retrocediendo, perdiendo control sobre amplios sectores, como el que hoy se conoce como “la trocha ganadera”. Pero esto no indica que el conflicto haya mermado, actualmente se presenta el control de la movilidad humana de quienes viven en esta región, por parte todos los actores armados. Las 16 veredas de la trocha ganadera permanecen en confinamiento (colectivo y selectivo).
Esto último implica que la labor de quienes trabajan con las organizaciones sociales, asociaciones de desplazados, de las entidades humanitarias, entidades gubernamentales y no gubernamentales de la región se lleve a cabo en condiciones permanentes de sobrevivencia.

Recomendaciones
Frente a esta situación la ONIC considera necesario tener en cuenta unos principios fundamentales y unos elementos de contexto histórico que permitan entender y proponer mucho más claramente una política de atención a los pueblos indígenas que están padeciendo la Guerra, como consecuencia de los impactos del Plan Colombia en la región.
1. Es necesario saber y reconocer que el pueblo Guayabero fue un pueblo nómada hasta hace 40 años, mismos que podrían entenderse como los Nukak Makú de aquel entonces. Un conocimiento más profundo de este proceso nos acercaría un poco más a la verdadera solución de los problemas actuales. Esto podría permitir desentrañar las claves para un proceso de retorno exitoso del pueblo Nukak Makú y los restantes pueblos indígenas desplazados de la región.
2. Mientras no haya certeza sobre las amenazas contra los pueblos indígenas desplazados, como en el caso Nukak Makú, no se puede suponer que no es posible el retorno de la población a su territorio. En este sentido, afirmaciones sobre categorías culturales ajenas a estos pueblos, como las referidas a prácticas delictivas dentro de su propio territorio; o sobre su posible conocimiento a cerca de la ubicación de campamentos de los actores armados ilegales, no son más que especulaciones que no se ajustan a la realidad, que solo generan mayor peligro o riesgo para su pervivencia biológica y cultural, porque convierten a los pueblos indígenas en objetivo militar y sólo fortalece las estructuras de delación que hoy mismo están rompiendo nuestro tejido social.
3. Es preciso reconocer, que el conocimiento actual de las autoridades civiles y militares, sobre dichos pueblos, es limitado, pese a la cantidad de estudios que profesionales de las ciencias sociales han realizado. En este sentido, no se puede crucificar a unos y menospreciar a otros u otras, con el fin de justificar la indecisión o ignorancia de las autoridades civiles y militares obligadas a darle solución al problema. En este sentido, tenemos que echar mano de todos los cocimientos posibles para suscitar alianzas suficientes y efectivas con el fin de solventar, conjuntamente, la situación actual. Una lectura más atenta de dichos estudios nos podría iluminar un poco el camino. Un ejemplo concreto es el modo en que se habla de los patrones de subsistencia basados en la agricultura, como solución, mismos que desechan la forma en que los Nukak Makú construyen “La Naturaleza”, mediante la concentración de pepas o semillas en aquellos lugares de asentamiento que emplean durante sus recorridos; lugares que son explotados periódicamente (hasta 4 meses). De esta forma, no se perciben aquellos usos del territorio que permiten la procreación y explotación de más de 200 especies, animales y vegetales, mismas que les facilita a estos pueblos nómadas un balance nutricional realmente envidiable.
4. Tomando en cuenta lo anterior, es necesario precisar que el tipo de organización y la cantidad de población existente, incluye aquellas bandas que aún no conocemos, o que no se ha desplazado hacia San José. Cantidad de población que es mucho mayor que la que se encuentra en Barrancón. Las cifras de desplazamiento en contraste con los estudios antropológicos previos, nos llevan a pensar, que aproximadamente el 60% de dicha población continúa perviviendo dentro del territorio. Situación que permitiría pensar en el verdadero retorno de quienes han llegado a san José.
5. El desplazamiento forzado interno, es una dinámica complementaria a otro proceso de control territorial ejercido por los actores armados, denominado confinamiento de poblaciones. Generalmente, cuando un pueblo o buena parte de él se ha desplazado, la población restante desdobla su territorio hacia el interior, en este caso hacia la selva. Esto no sólo ocurre con la población indígena, sino también con la población campesina de buena parte del país. Cuestión que salta a la vista cuando se analiza el conflicto armado, se reconoce la presencia de corredores estratégicos y se visibilizan los avances de los cultivos de uso ilícito, entre otros.
6. A estas alturas, debemos tener claro que la asistencia humanitaria y la respuesta estatal han generado contra-productos, mismos que son interpretados por investigadores, organizaciones sociales, pueblos indígenas y personas del común, como una intención manifiesta de sedentarizar a dichos pueblos, con el fin de obtener acceso a la propiedad territorial, al control de los recursos genéticos, de biodiversidad, y a la explotación de los conocimientos que sobre el ecosistema tienen dichos pueblos, entendidos como saberes ancestrales.
7. Para nadie es un secreto que el despoblamiento de estos territorios guarda relación con intereses estratégicos de planificadores gubernamentales, empresas multinacionales, grandes terratenientes y lo que hoy denominan “cazadores de renta”, es decir, un conjunto de especialistas en crear plataformas y mecanismos de inserción de economías de escala en las regiones, qué no son aptas para este tipo de territorios.
8. Es necesario tener en cuenta el incremento de la conflictividad social en la región, tanto entre los pueblos concentrados en las márgenes de esta capital, como dentro del casco urbano de San José y los municipios del departamento, con motivo del crecimiento demográfico, provocado por el desplazamiento forzado interno. En este sentido hay una prioridad: desconcentrar la atención a los pueblos afectados, mediante el rechazo al paternalismo; premisa caritativista y humanitarista que nos lleva a considerarlos como menores de edad y como personas carentes de dignidad. Ello está creando imaginarios en los cuales su característica principal es la pobreza, especialmente la de espíritu, a tal punto que sus formas de vida y sus conocimientos son discriminados, tanto como sus propias formas de organización y maneras de ordenar el territorio.
9. Es necesario pensar en que la identidad no es una cosa como una mesa o un taburete que debido a su materialidad permanecen sin cambio alguno a través del tiempo, sino un bien intangible que se construye cotidianamente, todos los días, que cambia siempre. Sin embargo, esto no se deba prestar para adelantar procesos de aculturación dirigida (como la evangelización, la sedentarización y/o la urbanización).
10. En esta dirección, es preciso dejar de lanzar juicios a priori, sobre el modo en cada uno de los pueblos indígenas afectados por la guerra están asumiendo el hambre. Cada vez es más corriente escuchar afirmaciones en las que se evalua al todo por las partes, generalizaciones que no permiten pensar adecuadamente los problemas debido a que tienen como sustento la estigmatización y la discriminación. Afirmaciones sobre la prostitución, la mendicidad, el desaseo, la baja autoestima, la falta de organización, el robo y el alcoholismo, han sido reiterativas en las reuniones, entrevistas y conversatorios, bajo el supuesto de que son causas de la problemática social urbana, cuando no son más que consecuencias de un problema más grande que ha sido tratado insuficientemente.
[1] Fragmento de una canción ranchera denominada “Campesino desplazado” que se escucha corrientemente en el mercado del puerto principal, en los transportes urbanos, algunas emisiones radiales locales y en algunos expendios de licor. Es la primera de una colección de corridos que venden en el mercado informal de las principales ciudades del país, conocida con el nombre de “Los corridos prohibidos más famosos del mundo”. Sin fecha, autor, interpretes, ni lugar de edición.
[2] ALDHU. Proyecto Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y Ecuatoriana; auspiciado por la Unión Europea. Bogotá. Septiembre de 2003.
[3] "La agonía del jaguar": pueblos amazónicos colombianos en riesgo de extinción; ALDHU. QUITO. 12 de Noviembre de 2003. en Actualidad étnica No 93. Fundación Hemera. Bogotá. http://www.indigenascolombia.org/
[4] 63 de los cuales fueron desplazados durante el 2002.
[5] Junta Directiva del Incora (hoy Incoder), resolución No. 136 del 23 de noviembre de 1993. Roldán, Roque. Aproximación histórica a la explotación de petróleo en territorios indígenas; en “Tierra profanada”. 282-284. ONIC-Cecoin-GhK; Disloque editores. Bogotá. 1995.
[6] Tomado de: Del Folclor Llanero; Miguel Angel Martín. http://www.banrep.org/
[7] Ibdídem
[8] Ibíd
[9] Frase utilizada por un campesino desplazado, entrevistado en la ciudad de San José del Guaviare. Noviembre 6 de 2003.
[10] Departamento Nacional de Estadística (Dane) 2003 en: http://www.dane.gov.co/
[11] La Orinoquia Colombiana: visión monográfica. Corpes Orinoquia. http://bochica.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-o/ori/ori00.htm
[12] RSS Unidad Territorial del Guaviare. Octubre de 2003. Policopiado.
[13] San José del Guaviare y Calamar (Guaviare); Cubarral, Granada, San Juan de Arama, Puerto lleras, Puerto Rico, El castillo, Fuente de oro y Lejanías (Meta); Puerto rico, Cartagena del Chairá (Caquetá).
[14] Revista Semana, mayo 11 de 1998.
[15] Ricardo Vargas, «Cultivos ilícitos en Colombia: elementos para un balance», citado en Rancel, Alfredo, “Prologo” (sobre el narcotráfico en Colombia) Fundación Seguridad & Democracia, Bogotá 2005. tomado de http://www.seguridadydemocracia.org/
[16] Remoquete con el que se distingue en la región a aquellas personas que manejan los laboratorios para la producción de Pasta Basica de Coca.
[17] Cabrera, Becerra, Gabriel; Franky Calvo, Carlos E.; Mahecha Rubio, Dany. 1999. Los Nukak: Nómadas de la Amazonia Colombiana. Santafé de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Gaia-Amazonas.
[18] Comunicación personal durante el trabajo de campo en el campamento Nukak.
[19] A tal punto que hay personas que afirman que “las AUC son un mal necesario”, reivindicando que el desarrollo regional en el Guaviare solo ha sido posible por la labor de las AUC.

San José del Guaviare

Viernes 12 de Mayo de 2006

7. Confinamiento y elecciones: constante del terror en Colombia

Por Diego F. Henao A.
Comité Ejecutivo ONIC, Bogotá D.C., 

Jueves 11 de Mayo 2006

Hoy vemos con gran preocupación lo que está sucediendo en la Amazonia con los pueblos más pequeños del país (46), doce (12) de los cuales están en riesgo inminente de extinción. Esto es particularmente visible en el departamento del Guaviare con la población Nukak-Makú, uno de los últimos pueblos nómadas del mundo (recién contactados). Un pueblo de 600 personas, donde casi la mitad ha sido desplazada forzosamente por los combates entre las FARC y la Fuerza Pública, las fumigaciones aéreas de la Policía Antinarcóticos, los cultivos de coca y los colonos. Mismos que han sido confinados a vivir en un asentamiento ubicado entre las márgenes de una pequeña ciudad y un batallón de entrenamiento de fuerzas especiales del Ejército Nacional y sus asesores Estadounidenses.
Así mismo, lo que viene ocurriendo desde noviembre del 2005 con el pueblo Embera de Mamey-Dipurdù (Norte del departamento del Chocò), ubicado en el Cerro de Careperro (lugar en el que se encuentra una Mina de oro y de otros 20 minerales explotables), donde los grupos paramilitares han confinado a una pequeña población de 250 personas, la mayoría niños. Les han cercado con fusiles, les han robado sus alimentos, les han bloqueado la salida de la comunidad, les han arruinado los cultivos de subsistencia, les han hurtado las canoas para su transporte fluvial y como si fuera poco, quieren reclutar a la población más joven.
Del mismo modo, lo que viene ocurriendo con el pueblo Embera Chamí del departamento de Risaralda, donde hay varias comunidades que vienen siendo asediadas por el Ejército Nacional y las acciones de exploración y explotación minera de la Multinacional ASHANTI ANGLOGOLD MINES. Comunidades que después de una misiòn humanitaria han visto caer asesinados a 7 de sus principales líderes y autoridades.
Una desagregación mensual de los datos del Sistema de Información de la ONIC (SINDHO), para el periodo enero-abril, señala la agudización del conflicto armado en los territorios Indígenas, debido a las estrategias bélicas de los ejércitos en confrontación.
Este monitoreo parcial evidencia la relevancia de la conculcación de los derechos colectivos –DESC y al Medioambiente—: (43028 personas afectadas) y las infracciones del DIH, frente a la reducción de la vulneración de los Derechos Humanos. Este señala, por una parte, el modo en que las autoridades civiles gubernamentales, los actores armados y algunas multinacionales han hecho caso omiso del ejercicio de la autonomía de nuestras autoridades dentro de los territorios indígenas; y por otra, el aumento de las infracciones del DIH como correlato del recrudecimiento del conflicto armado.
Respecto de los estimativos sobre Infracciones al DIH perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, presentan un comportamiento que permite corroborar la tendencia al incremento en las acciones armadas indiscriminadas, especialmente en las estrategias de confinamiento o de cercamiento espacial de nuestras comunidades, en contraste con una tendencia importante hacia la disminución de las violaciones de DDHH (entendidas como derechos civiles y políticos).
Esta restricción de la libre circulación se expresa en el aumento de los campos minados impuestos en, por los menos, 11 resguardos de tres departamentos del país (Risaralda 5, Norte de Santander 3, Cauca 1 y Chocó 2); en el uso de bombardeos y ametrallamientos realizados por la fuerza pública, provocando el desplazamiento de comunidades enteras, especialmente de los pueblos Embera Katío (departamento del Chocó) y Pijao (departamento del Tolima).
Infracciones del DIH perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, Ene 1/Abr. 25 (2005-2006), ONIC (SINDHO)

Infracciones al DIH 2005 2006
Ataque a bienes civiles 2 593
Campos minados 4 11
Confinamiento 4000 25055
Bombardeos 39 14
Atropellos físicos y morales 0 3
Herido por mina antipersonal 2 2
Combate 7800 SD
Sd 127 0
Total general 11974 27684

Estas infracciones fueron perpetradas en 11 pueblos indígenas, pero sólo en cuatro de estos se concentró el 96% de ellas: Embera Katío (35%), Embera (35%), Siona (14%) y Nasa (12%). La mayor parte de estos pueblos están ubicados en el occidente del país y el piedemonte amazónico.

Un aspecto importante de este análisis sobre las Infracciones del DIH es el aumento en los estimativos sobre la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública (del 0.12% al 52.3%), y las Guerrillas (de 0.53% a 33.4%), la disminución de los mismos en cabeza de los grupos paramilitares (del 33.8% al 0.6%), mientras que la responsabilidad compartida por efecto de los enfrentamientos descendió, pasó del 65.1% al 7.7% en el 2006.

En contraste con lo anterior, se registra durante este mismo periodo (enero 1-abril 25) un fenómeno importante: la disminución de los estimativos de las principales violaciones de Derechos Humanos; veamos las Violaciones de Derechos Humanos perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, de los cautro primeros meses (Enero/Abril) de 2005 y 2006 (fuente: ONIC-SINDHO)
VIOLACIONES 2005 2006
Amenaza colectiva 32 15
Desaparición Forzada 10 8
Desplazamiento forzado 9007 3717
Detención arbitraria 23 15
Herido/a 75 20
Homicidio 36 20
Tortura 3 3
Secuestro 4 2
Total general 9190 5806

Esta distribución de las violaciones e infracciones así como de la presunta responsabilidad parece señalar el impacto de la intensificación de las nuevas acciones armadas adelantadas por las FARC y la Fuerza Pública, así como el repliegue estratégico de los grupos paramilitares. Esto último, después de iniciadas las negociaciones con el gobierno, su desmovilización selectiva en el marco de la promulgación de la ilegitima Ley de Justicia y Paz, proceso tachado con acciones de control territorial y político encaminadas a influenciar el proceso electoral de 2006-2007. Veamos lo que nos muestra la distribución porcentual de la presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos (ONIC-SINDHO, Ene/abril de 2005 y 2006.

Presuntos responsables 2005 2006
Fuerza Pública 0.35 17.38
Guerrillas 43.22 18.01
Farc-Fuerza Pública 34.84 45.69
Paramilitares 1.71 0.03
SD 1.64 0.01
Delincuencia Común 0.05 0.08
Autoridades civiles 0.29 0.02

De modo similar, en sólo en tres pueblos indígenas se concentraron el 95% de las violaciones de derechos humanos: Wounnán (46%), Nasa (43%) y Embera Katío (6%), todos pertenecientes al chocó biogeográfico en el occidente del país.
Este marco pone en evidencia que el conflicto armado en Colombia pese a sus expresiones locales, no es simplemente un problema local o nacional. En segundo lugar, que es causa y consecuencia, al mismo tiempo, de nuestros conflictos sociales más apremiantes. Y en tercer lugar, que la solución militar está agotada porque sólo beneficia a quienes venden las armas, ni siquiera al que las tiene. Es decir, “en pelea de ovejas el que gana es el lobo”, como decía un escritor de cuentos infantiles; porque aquí no importa sin son ovejas “blancas o negras”, como suelen pintarlas discriminatoriamente.
En el fondo de dicho panorama se encuentra “el gran lobo” presionando la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y sus megaproyectos conexos (ALCA, Plan Puebla Panamá, IIRSA y Plan Colombia), con el propósito de consolidar su hegemonía sobre nuestros territorios. Hoy nos invade el temor y la incertidumbre sobre el impacto de la firma de estos tratados, puesto que entrarán a hacer parte de la Constitución Política de Colombia a través del Bloque de constitucionalidad.
En este sentido los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos humanos de los pueblos indígenas se verían afectados de manera creciente por los intereses financieros, las empresas trasnacionales y los macroproyectos económicos nacionales, tal y como en la actualidad nos acontece con exploraciones y explotaciones petroleras, plantaciones de palma africana en el Chocó biogeográfico y el Meta, el Parque Eólico en la Guajira, la hidroeléctrica Urrá I y las empresas de acueducto, entre otros. Esto significa un retroceso histórico, toda vez que permitiría la regresividad de los derechos ganados en nuestras luchas como aquellos ratificados por el estado colombiano, especialmente el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

6. Tierra y desplazamiento en Colombia: crisis humanitaria por el control del territorio

Por Diego F. Henao A.

Introducción

Antes de llegar aquí, cuando me llegó la convocatoria a este evento, pensaba en la grave crisis social y humanitaria que estamos viviendo los pueblos indígenas colombianos, y especialmente sobre el impacto del desplazamiento forzado interno que dicho conflicto ha provocado. Hasta aquí llegan las voces de aquellas personas que han sufrido en carne propia su destierro, sobretodo de aquellos que conforman la “Minga de pueblos indígenas en desplazamiento de la ONIC”: una forma organizativa que nació en Bogotá y creció durante el 2005, con el fin de construir conjuntamente un sueño, una utopía. Se trata de una política pública para responder al desplazamiento indígena, bajo la premisa de que es un proceso irreversible desde una perspectiva sociocultural y política, mientras perdure la guerra en el país.

Durante el 2005, la cifra de desplazamiento forzado indígena, casi se triplicó (23.199) con respecto al año anterior (8.900). Esto dio como resultado 63 indígenas desplazado/as diariamente de sus territorios ancestrales; un promedio de 12 familias cada día o cerca de 3 personas cada hora[1]. Fueron más de 14 mil indígenas Nasa (66%) y cerca de 4600 indígenas Awa (21.3%) los más afectados. En lo que va corrido del año son ya más de 6500 personas de nuestros las que han sido desplazadas. Por todo el país corre nuestra voz de alerta clamando por la protección de nuestro/as lideres y autoridades tradicionales. En un poco más de 11 meses, fueron perpetrados 80 asesinatos selectivos, cerca de una autoridad tradicional asesinada cada cuatro días. Estos estimativos fueron acompañados de violaciones de los DDHH e infracciones al DIH: Amenaza (118); Desapariciones Forzadas (20); Detenciones Arbitrarias (121); Heridos (213); Homicidios (89); Homicidios/Muertes Por Minas Antipersona (23); Reclutamientos Forzados (14); Secuestros (15); Señalamientos (49); Sindicados De Rebelión (38); Torturas (5); Violaciones Sexuales (24).

A esta fecha son seis los pueblos que han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de solicitar medidas de protección, provisionales y/o cautelares, debido a que el Estado ni el Gobierno han respondido favorablemente frente al Genocidio o ante la extinción inminente de más de 12 pueblos indígenas de la Amazonia. Esta alarmante situación está obligando, también, a muchas comunidades a tomar acciones de hecho para reclamar una verdadera política de derechos humanos que garantice la vida digna dentro de sus territorios.

Un análisis de la distribución porcentual de la presunta responsabilidad, sobre las violaciones e infracciones cometidas contra pueblos indígenas de Colombia durante el 2005, evidencia la contundencia y claridad de lo que nos está ocurriendo:

Este comportamiento de los actores armados y la falta de una respuesta social al conflicto armado por parte del Estado y el gobierno, ha generado una Crisis Humanitaria en Nuestros Pueblos, caracterizada por: el debilitamiento organizativo, la pérdida de autonomía, la inseguridad alimentaria, la desnutrición crónica, la pérdida de identidad, la pérdida de territorio y la latente extinción de algunos de nuestros pueblos de la Amazonia.

A partir de esta breve introducción, quiero hacer mi intervención tomando como eje tres tópicos principales: el primero relacionado con lo que son los pueblos indígenas colombianos y lo que significa la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); el segundo, referido a los conflictos por la tierra y el conflicto armado interno; y, el tercero, relacionado con el desplazamiento forzado de nuestros pueblos y el tipo de impactos generados por este. En este sentido, quiero dejar claro que con este acercamiento no se agota el tema.

Los pueblos indígenas de Colombia

En Colombia, somos cerca de un millón de personas pertenecientes a 84 pueblos indígenas reconocidos legalmente, ocho en proceso de reconocimiento y 4 o 5 que están desarrollando procesos de recuperación cultural. Las diferencias principales entre nuestros pueblos se presentan a nivel lingüístico y territorial. Hablamos un poco más de 65 lenguas y habitamos en los 39 ecosistemas que tiene el país. Es decir, lo que nos caracteriza es una profunda diversidad sociocultural y nos une una serie de cosmovisiones que tienen como base, la solidaridad, la reciprocidad, el respeto por la diferencia y el cuidado del medioambiente.

Estas similitudes y diferencias entre nosotros han pervivido, no obstante del proceso de colonización del cual hemos sido y seguimos siendo victimas, gracias a las luchas que hemos adelantado en compañía de nuestros mayores a partir de nuestros saberes ancestrales. Aparentemente hemos sobrevivido intactos y, sin embargo, son muchos los pueblos que desaparecieron y numerosos los que se están extinguiendo actualmente.

Frente a retos como estos hemos construido respuestas de igual magnitud, que desde tiempo atrás llamamos “resistencias”. Una de estas respuestas es la ONIC: una organización nacida en 1982 bajo la tutela del movimiento campesino, liderado por un indígena Paéz llamado Trino Morales. La ONIC está integrada por 32 filiales regionales y 17 organizaciones zonales. En conjunto, está compuesta por más de 1600 organizaciones locales, con sus respectivas autoridades tradicionales (Cabildos). Somos una de las cuatro organizaciones nacionales (OPIAC, AICO, CYT) que actualmente se debaten entre los impactos regionales y locales del conflicto armado, intensificado por el Estado, y las demandas de organismos multilaterales que tienen intereses privados en Colombia. Si bien el futuro no es muy favorable nos vemos en el presente y hacia el futuro como una de las organizaciones sociales más sólidas del país, debido a la constante interacción con nuestra base social.

Las múltiples miradas que debemos hacer para no dejarnos extinguir nos llevan, inevitablemente, al problema de la imposición del poder militar sobre el poder político: “guerra justa”, “Guerra santa”, “guerra de colonización”, “guerras de independencia”, “guerras civiles”, “conflicto armado interno”, “guerra de guerrillas”, “guerra sucia”, y “guerra preventiva”; esta última, llamada eufemísticamente “lucha antiterrorista”. Y aquí no necesitamos repicar detalladamente sobre sus similitudes ni sobre su constante histórica, basta resaltar su contexto principal: el uso manifiesto o velado del estado sitio o estado de excepción. Característica fundamental de la gobernabilidad “moderna”, que ha desdibujado la construcción del Estado en Colombia como en América Latina.

Una mirada más sensata sobre la actualidad nos lleva a preguntarnos por el conflicto armado que está ocurriendo en Colombia. Es una pregunta que nos remite a sus causas aparentes y sus causas profundas; a sus consecuencias inmediatas y hacia el futuro, e inevitablemente a las respuestas para prevenirlo, mitigarlo o solucionarlo.

Es una mirada que los pueblos indígenas no podemos obviar debido a que han convertido nuestros territorios y formas de vida en el centro de la disputa. Una disputa que proviene de las recurrentes violaciones perpetradas contra la mayoría de la población, por la élite sociciopolítica, cultural y económica que se ha sucedido el poder durante los dos últimos siglos. Vulneraciones que desde comienzos del siglo pasado generaron diferentes formas organizativas, luchas políticas y confrontaciones armadas. Respuestas sociales y bélicas que han tenido como fundamento el reclamo por un estado social de derecho y/o un estado de bienestar, el clamor por el respeto a la diversidad cultural, a las diferencias políticas y al arraigo territorial, así como por el respeto de los modelos de desarrollo propio y la propiedad territorial de las comunidades rurales, indígenas y campesinas, del país.

En este marco de ideas, los pueblos indígenas hemos sido afectados enormemente, en especial por la continua expropiación, directa o indirecta, de nuestras tierras colectivas, a través de una estrategia de guerra que en otros tiempos fue denominada destierro, luego “despoblamiento”, y hoy conocemos como “Desplazamiento Forzado Interno”. Estrategia que, incluso, es parte constitutiva de la política del gobierno actual, en el marco de las acciones militares del Plan Colombia, en cuanto eje fundamental del programa de gobierno del presidente Alvaro Uribe, denominado “de Defensa y Seguridad Democrática”.

Los territorios indígenas y los tratados de libre comercio (ALCA y TLC)
Con la puesta en vigencia de los tratados ALCA y TLC, el territorio colombiano y específicamente la propiedad colectiva indígena (inembargable, inalienable, imprescriptible), entraría a formar parte del mercado de tierras, con lo que las autoridades tradicionales que los gobiernan perderían su autonomía para administrarlos y para controlar el uso de sus recursos. Por otra parte, el Estado Colombiano se vería atado de manos ya que de ninguna manera podría actuar en los casos en que haya colición de intereses, donde las legislaciones supranacionales estén involucradas, debido a que estos eventos entrarían a ser dirimidos por tribunales privados, que sin ninguna duda actuarían a favor de la inversión extranjera.

En este sentido los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos humanos de los pueblos indígenas se verían afectados de manera creciente por los intereses financieros, las empresas trasnacionales y los macroproyectos económicos nacionales, tal y como en la actualidad nos acontece con exploraciones y explotaciones petroleras, plantaciones de palma africana en el Chocó biogeográfico y el Meta, el Parque Eólico en la Guajira, la hidroeléctrica Urrá I y las empresas de acueducto, entre otos.

Son tratados que pretenden privatizar y convertir en bienes de capital los conocimientos y saberes que sobre las propiedades de plantas y animales han perpetuado los pueblos indígenas de Colombia, mediante tradiciones milenarias. Estos acervos colectivos estaran sujetos a ser reivindicados por foráneos, quienes los podrían patentar como de su propiedad intelectual.
Esto es así, debido a que dichos tratados darán primacía a los proyectos de infraestructura física, inversión económica y de extracción de recursos, ubicándolos por sobre la protección y conservación de los ecosistemas y el medio ambiente; con lo que nuestra supervivencia entraría a ser amenazada. Las actuales leyes que rigen en Colombia sobre estos temas, están siendo modificadas por el actual gobierno para brindarle seguridad a los inversionistas. Por ello es que en estos momentos tenemos conflictos con el Ministerio del Medio Ambiente, quien pretende apropiar y administrar nuestros territorios mediante la constitución, en ellos, de “Parques Naturales Nacionales”, mismos que pretenden dar en explotación a particulares. De ser aprobadas estas leyes, estarían marcando el camino de nuestra extinción demográfica.
En la actualidad, como consecuencia de la guerra y el narcotráfico, enfrentamos problemas de incertidumbre alimentaria, los cuales se agudizarían con las iniciativas agrícolas que promueve el TLC y el ALCA, puesto que están más interesados en establecer mega-plantaciones estratégicas y en vendernos transgénicos, que en darle solución a los problemas de miseria y hambre y que enfrentamos los colombianos.

Caracterización del Desplazamiento Forzado Indígena[2]

Estudios recientes (2004) evidencian que presentamos el porcentaje más bajo de población en el rango de edad entre 0 a 4 años, alcanzando más del 3% de diferencia frente al promedio nacional, conservando esta curva general hasta los 14 años. Situación que parece deberse a dos factores principales: 1) el aumento de la polarización social y de la intensidad de la violencia en nuestras comunidades, asociada a la vinculación voluntaria e involuntaria de nuestros jóvenes al conflicto armado; 2) el cáncer de cuello uterino, ya que el mayor porcentaje de esta enfermedad en Colombia lo presentan las mujeres indígenas (30%).[3]

En conjunto, hay presencia de personas entre los 25 y 39 años, en contraste con el grupo mayor de 65 años que sobrepasa el promedio general (2%). Esta situación evidencia: 1) El impacto de la intensificación del conflicto armado; 2) El aumento de la polarización social y escalamiento de la guerra, es decir, la vinculación voluntaria e involuntaria de nuestros jóvenes en edad productiva (especialmente niños y niñas), a las lógicas y acciones de los grupos armados; asociado 3) al aumento de la natalidad en contraste con el aumento de la mortalidad de nuestro/as jóvenes, 4) al avance progresivo de los procesos de resistencia pacífica de la población civil en los lugares de expulsión, 5) y a la redistribución geográfica y desarticulación familiar generada por el desplazamiento forzado (cada vez más individual y selectivo) en contraste con el confinamiento de poblaciones en vastas regiones del país.

Cerca de las tres cuartas partes (72%) de la población indígena desplazada es escolarizada, 5 de cada diez personas no ha cursado ningún grado de básica primaria, sólo el 17% ha asistido y aprobado parte de la educación secundaria, únicamente el 2,6% ha asistido a Preescolar y el 3% ha alcanzado el nivel universitario (pregrado y/o posgrado).[4]

De otra parte, es preocupante que en medio de la crisis humanitaria que vive nuestra población desplazada solo 1 de cada 10 personas pueda gozar del derecho a una vivienda digna (vivienda propia) y el 90% restante dependa de factores externos para ello. La desagregación étnica pone en evidencia una situación muy compleja: El 49% de la población indígena vivía en arriendo, 16% vivían en casa de familiares, 13% vivían en residencias ocupadas de hecho, y 10% vivían en albergues temporales o campos de desplazados.[5] Además de lo anterior, se encontró que entre las fuentes de alimentación: Ocho (8) de cada 10 personas indígenas compran la alimentación, 1 la recibe por donación y otra la produce por sus propios medios.

En cuanto a los motivos de desplazamiento se reportan 4 que concentran el 90% de total: 1. Las amenazas (45,8%); 2. Las masacres y asesinatos (12%); 3. El uso de las comunidades como escudos humanos en medio de enfrentamientos (24,3%); y el reclutamiento forzoso de la población más joven (5,6%). Vale la pena señalar que entre las amenazas y los enfrentamientos suman un poco más del 70% de los motivos de desplazamiento indígena.

Lo anterior señala que la debida protección y asistencia a las unidades familiares, comunidades y pueblos indígenas, ha sido inadecuada, insuficiente, precaria y tardía en todas las fases (formales e informales) de prevención y atención: urgencia, emergencia, transición, restablecimiento socioeconómico. Desde hace 3 años el gobierno puso en marcha un plan de retornos “rápidos” que ha puesto en riesgo a miles de personas, además que no hay estrategias de reparación integral ni de restitución de los derechos vulnerados.

En este sentido, muchas de las organizaciones regionales y locales afirman continuamente que no existe ninguna política pública destinada a identificar las rupturas ocurridas, y mucho menos la puesta en obra de estrategias para reunir a las familias y comunidades dispersas, ni atención especial para la niñez indígena en situación de desplazamiento, misma que se ve inmersa en múltiples procesos de discriminación y exclusión a lo largo de la situación de destierro. El cuidado especial que merecen las mujeres indígenas gestantes y en proceso de lactancia, son otra de las ausencias notables en las políticas públicas sobre población en situación de desplazamiento.

El desplazamiento indígena: rupturas y desterritorialización

En todos los casos de desplazamiento estudiados por la ONIC, existen territorios no legalizados o en disputa. Las zonas de mayor presión por el control y uso de tierras a través del desplazamiento, corresponden a los territorios colectivos de nuestros pueblos indígenas. Las zonas de colonización y de aplicación de políticas de fumigación presentan igualmente elevados índices de expulsión referidos a conflictos por el uso y dominio de la tierra. En este sentido, el patrón de confluencia de tierra y recursos naturales en manos de grupos étnicos o en posesión de colonos, sumados a la expectativa de valorización de la tierra en los últimos cinco años coincide con las áreas críticas de expulsión de población[6].

La persistencia del desplazamiento de aquellos municipios con resguardos indígenas pendientes de titulación, es demasiado alta como para desestimarla en tanto factor de alta incidencia en la explicación de estos procesos. Dicho de otro modo, se trata de la salida de “nuestros territorios” hacia “tierras ajenas”, vale decir, de un proceso de desterritorialización, no solo en términos geográficos sino también culturales, políticos y especialmente jurídicos. Para muchos pueblos esto ha significado la postergación o cancelación de los procesos de constitución o consolidación jurídica de los resguardos y del ejercicio de la autonomía de la jurisdicción indígena. Situación que ha generado en no pocos casos el traslape de formas de tenencia legal de la tierra. [7]

Recursos naturales, zonas de ampliación de la frontera agrícola legal y de zonas de explotación de cultivos ilícitos, aunados a zonas de disputa por el control territorial, poblacional y de recursos se entrelazan en el marco de la guerra y en sus economías paralelas como escenarios favorables para el despojo, el destierro y la usurpación.

Estudios recientes[8] muestran que en el año 2002 sólo 8 (5.29%) de los 151 municipios que tenían resguardos en trámite no reportaron cifras de población indígena desplazada; es decir, el 94.7% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron población. Mientras que en el año 2003, el 93.37% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron población y el porcentaje de los que no expulsaron representó sólo el 6.62%.[9]

Un segundo efecto de dicha desterritorialización ha sido la ruptura de los referentes culturales, expresada en cuatro quiebras específicas: 1. De los calendarios tradicionales en los que se enmarcan las actividades sagradas, productivas y políticas. 2. De la ruptura, disipación y/o parálisis de los procesos etnoeducativos y de salud, así como de los procesos de recuperación cultural. 3. Del cambio hacia la oferta cultural y material de las comunidades receptoras (consumismo y cambio de hábitos alimenticios), y hacia patrones de consumo mercantil o industrial. 4. de la ruptura de los mecanismos colectivos y solidarios de intercambio material y espiritual (minga y fogón, por ejemplo).

Obviamente, estos elementos dan como resultado, la ruptura violenta de redes familiares y parentelas, lo que provoca una creciente desestructuración social irreversible. Esta situación ha menguado la solidaridad comunitaria y ha aumentado los niveles de individualización, en especial de las generaciones más jóvenes en su articulación con la población urbana. Dicha urbanización forzada de los pueblos indígenas ha producido el debilitamiento de los saberes tradicionales acerca de la medicina y especialmente de las formas tradicionales manejo de los ecosistemas como de la agricultura de subsistencia.

Para muchos pueblos el desplazamiento forzado ha conducido a un aumento del confinamiento y el aislamiento territorial, además de constituirse en el origen de largas cadenas migratorias que en muchas ocasiones terminan en los países vecinos. Estos tres procesos ha puesto en juego la creatividad cultural de las nuevas generaciones, ha cambiado el papel de las mujeres y los hombres, y ha transformado los patrones de crianza y socialización política basados en los medios masivos y la creciente suplantación de la vocería y representación comunitaria por parte de los funcionarios del Estado.

Modalidades del desplazamiento indígena

En los estudios adelantados por la ONIC encontramos cuatro perspectivas diferentes en el modo de realización que permiten acercarnos a su conceptualización. En primer lugar, una perspectiva geográfica caracterizada por: 1) La huida masiva y organizada hacia las cabeceras municipales cercanas; 2) Replegamiento itinerante a sitios más internos del territorio en microdesplazamientos permanentes; 3) Salida hacia las fronteras con los países vecinos, configurando una situación de refugio; 4) Salida colectiva y desordenada hacia las ciudades intermedias del país; 5) huida colectiva y silenciosa hacia los barrios marginados del Sur de Bogotá.

En segundo lugar, una perspectiva territorial caracterizada por: 1) el microdesplazamiento dentro del resguardo; 2) el desplazamiento de los territorios no constituidos en resguardos hacia comunidades controladas territorialmente por las autoridades indígenas; y 3) el desplazamientos de zonas de menor concentración poblacional a zonas de mayor concentración pero mayor dispersión geográfica.

En tercer lugar, una perspectiva jurídico-administrativa caracterizada por el desplazamiento 1) De territorios tradicionales, no constituidos en Resguardos, a Resguardos constituidos legalmente. 2) De territorios tradicionales no constituidos en Resguardos a cabeceras municipales. 3) De Resguardo a Resguardo legalmente constituido. 4) y del territorio indígena al territorio de otro país.

En cuarto lugar, una perspectiva política, caracterizada por realizarse: 1) Desde comunidades con niveles incipientes de articulación organizativa a comunidades con mayor radio de influencia organizativa. 2) De los núcleos con sede de las organizaciones indígenas regionales, en forma organizada, donde se establecen mecanismos, responsabilidades, términos y lugares. 3) de comunidades indígenas poco articuladas a la organización regional hacia comunidades multiétnicas, individual o unifamiliar sin reporte ante las organizaciones, donde acuden a formas organizativas campesinas, afrocolombianas o sectoriales urbanas (cooperativas, sindicatos, etc.).

Marco vigente de protección legal

El principal instrumento legal que sustenta una mirada diferencial en las políticas, los programas y acciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – SNAIPD, es la Constitución Política de 1991. Establece como principio fundamental, la obligación del Estado y de las personas de reconocer y proteger la diversidad étnica y las riquezas culturales de la Nación (Art. 7, 8). Por otra parte, decreta que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, de tal manera que todos reciban la misma protección y trato de las autoridades, y gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación (Art. 13).

Así mismo, es importante tener en cuenta que la ley 21 de 1991, por medio de la cual se ratifica el Convenio 169 de 1989, de la OIT, establece que los gobiernos deben desarrollar una acción coordinada con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas (Art. 2), que se deberán adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos (Art. 4); que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (Art. 7).

En cuanto a la legislación existente sobre comunidades en situación de desplazamiento, los Principios Rectores del Desplazamiento Interno Forzado, señala que los Estados tienen la obligación de tomar medidas de protección frente a los desplazamientos de pueblos indígenas, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma (principio 9).

El Desplazamiento Forzado Indígena en la agenda del Gobierno

La formulación de políticas y las acciones de respuesta del gobierno colombiano frente al desplazamiento se han dado a través de los documentos CONPES 2804 de 1995 y 2924 de 1997, la Ley 387[10] de 1997[11], el Decreto 173 de 1998, el Decreto 270 de febrero 7 de 2005, a la luz del bloque de constitucionalidad y un enorme desarrollo Jurisprudencial. La estrategia ha buscado el retorno voluntario o el reasentamiento de la población desplazada, la recuperación de una base económica para las familias y el desarrollo de las zonas expulsoras y receptoras.
Según la Ley 387, las razones que conducen al desplazamiento son: a) conflicto armado interno, b) disturbios y tensiones interiores, c) violencia generalizada, d) violaciones masivas de los derechos humanos, e) infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y f) “otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

Estas políticas han enfrentado una dispersión de competencias (19 entidades públicas involucradas), así como la ausencia de un sistema de indicadores de gestión y seguimiento que permitan definir responsabilidades institucionales y generar un marco para la rendición de cuentas. Igualmente, la concentración de actividades en las instituciones del Estado ha impedido articular y complementar sus acciones con las de organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias internacionales con amplia experiencia. De otra parte la oferta institucional no ha canalizado de forma equitativa los esfuerzos técnicos y financieros entre las regiones.

Ante la necesidad de brindar herramientas de análisis para la acción interinstitucional de las entidades que hacen parte del SNAIPD, así como de las entidades de Cooperación Internacional y ayuda humanitaria, la Red de Solidaridad Social, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, al finalizar el año 2003, formularon la “Directriz para la Atención a Población Indígena en riesgo o en situación de desplazamiento”.

En el documento, se sustenta que la formulación de la política para población desplazada debe responder a un enfoque poblacional y territorial. En tal sentido, la diversidad cultural e intereses de los pueblos indígenas y la normatividad para garantizar la atención diferencial, exige al Estado, adecuar las políticas y acciones que permitan transformar las condiciones de inequidad vulnerabilidad y riesgo que afectan a estas poblaciones. A partir de reconocer que la población indígena es un grupo poblacional con problemáticas, intereses e interpretaciones particulares y que por tanto requieren de una atención diferencial, se realizará la adecuación a cada una de las modalidades de atención, considerando las condiciones e intereses de las mujeres, ancianos, discapacitados, jóvenes y niños de estas comunidades.[12]

En concordancia con lo anterior, el Consejo Nacional de Atención Integral a La Población Desplazada (Decreto 250 del 2005) adoptó a comienzos del presente año, un Plan Nacional de Atención Integral, introduciendo en la Política Pública y con carácter prioritario, acciones encaminadas hacia el aseguramiento de los bienes afectados, el desarrollo de programas que den garantías al acceso a la tierra y el fortalecimiento del tejido social comunitario, resaltando de manera particular la importancia de identificar los mecanismos jurídicos, institucionales y comunitarios para la Protección de los Territorios Étnicos.

Medidas y acciones adelantadas por la ONIC

Durante los últimos cinco años la ONIC ha realizado una serie de acciones y políticas en respuesta a la crisis humanitaria provocada por el conflicto armado y al desplazamiento forzado de población indígena, en particular. Una de las primeras acciones adelantadas fue la investigación “Caracterización y estrategias para la atención y prevención del desplazamiento forzado de pueblos indígenas en Colombia” (Jul-Nov 2001). Buena parte de los resultados generaron intensos y fructíferos debates en el Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia, celebrado en el Resguardo de Cota (Cundinamarca) entre el 25 y 30 de noviembre de 2001.

Durante este Congreso surgió la idea de conformar una Mesa Nacional Indígena de Paz (2001), con el propósito de construir herramientas y acciones políticas. En esta dirección se iniciaron diversos diagnósticos y reflexiones que dieron como resultado la conformación del Consejo Nacional Indígena De Paz de la ONIC (Octubre 28 de 2002); mecanismo que se consolidó en apoyo de los esfuerzos que las organizaciones regionales indígenas adelantaban.

A partir del año 2003 se construyó e implementó el “Sistema de información sobre desplazamiento y derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia”, dándole continuidad al proyecto desarrollado con ACNUR y CODHES, a partir de un módulo sobre Derechos Civiles y Políticos, y Derecho Internacional Humanitario.

En síntesis, la ONIC ha contribuido a inscribir la problemática del desplazamiento forzado indígena en la agenda de los últimos gobiernos a través de tres mecanismos principales:
La visibilización del desplazamiento indígena por medio del monitoreo, recolección y construcción de información, orientada a la interlocución, discusión y concertación dentro de los movimientos sociales y políticos.

El posicionamiento institucional de la problemática del desplazamiento indígena, mediante estrategias de concertación e incidencia, en los espacios de decisión y/o estructuras de gobierno que agencian las políticas públicas.

La construcción de acciones políticas, desde una perspectiva de derechos humanos, dirigidas a la realización de acciones interinstitucionales en pro de la atención, prevención y protección de la población indígena desplazada.

En este sentido, procuramos el mejoramiento de los sistemas productivos de las comunidades para que pudieran seguir resistiendo en medio del conflicto armado dentro de sus territorios. Fue por esto que declaramos el año 2003 como el Año del levantamiento de los pueblos Indígenas en defensa de la vida, la dignidad y los territorios para garantizar el retorno de los pueblos, comunidades y familias indígenas que habían sido desplazados.

El sistema ha producido información cualificada sobre la situación de crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia y en especial sobre el desplazamiento forzado. Actualmente estamos desarrollando el “Plan Estratégico Para La Prevención, Atención, Reparación Y Estabilización De Los Pueblos Indígenas Desplazados Forzosamente O En Riesgo De Desplazamiento 2005-2007”.

Nuestro objetivo general es seguir apoyando y acompañando a las comunidades para fortalecer su autonomía y gobernabilidad, su defensa territorial y continuar con la capacitación para que los pueblos tuviesen claro el tipo de guerra que estaban viviendo, sus actores principales, los criterios de interlocución con estos actores para lograr mantener sus vidas y territorios al margen de este conflicto. De esta manera hemos buscado caminos para unirnos con otros sectores sociales que, como nosotros, buscan la única solución posible para poder vivir en paz: la resolución política del conflicto armado en el país.

Notas
[1] De acuerdo con el Sistema Nacional de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO)
[2] Henao Arcila, Diego Fernando; Ahumada, Madeleine. Encuesta Nacional de Hogares Desplazados 2003, Bogotá, Codhes. Viernes, 21 de Mayo de 2004.
[3] Monsalve, luz helena; (Delegada del Ministerio de protección Social), Foro: compromisos internacionales para alcanzar la equidad de género. Bogotá. 8 de marzo de 2004.
[4] Los resultados de la encuesta evidencian el ínfimo acceso a la educación superior de toda la población desplazada que hizo parte del estudio.
[5] Es de anotar que las condiciones habitacionales que ofrecen los albergues o campos, en los cuales vive más de la cuarta parte de esta población, eleva en forma considerable los factores de riesgo en salubridad.
[6] Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento CODHES, boletines trimestrales 37-44, 1999 – 2003.
[7] Estas zonas corresponden a las subregiones del norte, centro y sur del Chocó; Urabá ampliado; Bajo Cauca, Nordeste y Oriente antioqueño; Magdalena Medio, Montes de María, Sierra Nevada y Serranía del Perijá, Catatumbo; centro y Sur del Valle; Sur del Tolima, Norte del Cauca y costa pacifica caucana y nariñense; Macizo colombiano; Alto, Medio y Bajo putumayo; el área de influencia de la ex zona de distensión y más recientemente sectores de Cundinamarca y el Eje cafetero.
[8] Suárez Morales, Harvey Danilo; Prada Pardo, Gladys Celeide; Hernández, Raúl. El Desplazamiento Forzado En Colombia: Las Estrategias De Usurpación, Despojo Y Destierro. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); Corporación Opción Legal. Bogotá, 30 de mayo de 2004.
[9] Según ellos, los primeros 20 municipios expulsores con resguardos en trámite en 2002 fueron en su orden: (Santa Marta, Bojayá, Convención, Mapiripán, Riosucio, Tierralta, Tibú, La hormiga, Quibdo, Montelibano, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Orito, Puerto Guzmán, Ataco, Tame, Pasto, Puerto Caicedo, San José de la Fragua y Vigía del Fuerte). De los 151 municipios, el 71% recibieron población en 2002 y el 74% en 2003.
[10] La Ley 387 de 1997 define como desplazada “a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, a abandonar su localidad de residencia y las actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”.
[11] Art. 10, para la Prevención y Atención a la Población Desplazada, establece que debe garantizarse la atención especial a los grupos étnicos sometidos al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres y propiciar el retorno a sus territorios. La Ley 387 de 1997, en el artículo 10, Numeral 8, se establece como uno de los objetivos del “Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas a esta situación, en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno voluntario a sus territorios. Además establece que los Comités Municipales, Distritales y Departamentales convocarán a representantes y delegados de organizaciones de relevancia social en el respectivo territorio (Art. 7).
[12] Dicha “Directriz” está estructurada en dos partes, en la primera se recoge el marco legal que sustenta una mirada diferencial en las políticas y programas; las tipología de desplazamiento, las cuales responden a los mecanismos de afrontamiento llevados a cabo por estos pueblos; los Principios de la atención, que sugieren partir del reconocimiento de los Planes de Vida, el desarrollo de la territorialidad de cada pueblo, y del reconocimiento y empoderamiento de las autoridades y organización propia. En la segunda se desarrollan los elementos operativos dirigidos a la atención de la población, los cuales están enmarcados en los momentos de atención previstos en la ley, y en las competencias y responsabilidades de cada una de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a población desplazada.

Barcelona, 

Martes, 18 de abril de 2006.
Presentación a cargo de Luis Evelis Andrade Casama
Organización Nacional Indígena de Colombia
Presidente