Por Diego F. Henao A.
Comité Ejecutivo ONIC, Bogotá D.C.,
Jueves 11 de Mayo 2006
Hoy vemos con gran preocupación lo que está sucediendo en la Amazonia con los pueblos más pequeños del país (46), doce (12) de los cuales están en riesgo inminente de extinción. Esto es particularmente visible en el departamento del Guaviare con la población Nukak-Makú, uno de los últimos pueblos nómadas del mundo (recién contactados). Un pueblo de 600 personas, donde casi la mitad ha sido desplazada forzosamente por los combates entre las FARC y la Fuerza Pública, las fumigaciones aéreas de la Policía Antinarcóticos, los cultivos de coca y los colonos. Mismos que han sido confinados a vivir en un asentamiento ubicado entre las márgenes de una pequeña ciudad y un batallón de entrenamiento de fuerzas especiales del Ejército Nacional y sus asesores Estadounidenses.
Así mismo, lo que viene ocurriendo desde noviembre del 2005 con el pueblo Embera de Mamey-Dipurdù (Norte del departamento del Chocò), ubicado en el Cerro de Careperro (lugar en el que se encuentra una Mina de oro y de otros 20 minerales explotables), donde los grupos paramilitares han confinado a una pequeña población de 250 personas, la mayoría niños. Les han cercado con fusiles, les han robado sus alimentos, les han bloqueado la salida de la comunidad, les han arruinado los cultivos de subsistencia, les han hurtado las canoas para su transporte fluvial y como si fuera poco, quieren reclutar a la población más joven.
Del mismo modo, lo que viene ocurriendo con el pueblo Embera Chamí del departamento de Risaralda, donde hay varias comunidades que vienen siendo asediadas por el Ejército Nacional y las acciones de exploración y explotación minera de la Multinacional ASHANTI ANGLOGOLD MINES. Comunidades que después de una misiòn humanitaria han visto caer asesinados a 7 de sus principales líderes y autoridades.
Una desagregación mensual de los datos del Sistema de Información de la ONIC (SINDHO), para el periodo enero-abril, señala la agudización del conflicto armado en los territorios Indígenas, debido a las estrategias bélicas de los ejércitos en confrontación.
Este monitoreo parcial evidencia la relevancia de la conculcación de los derechos colectivos –DESC y al Medioambiente—: (43028 personas afectadas) y las infracciones del DIH, frente a la reducción de la vulneración de los Derechos Humanos. Este señala, por una parte, el modo en que las autoridades civiles gubernamentales, los actores armados y algunas multinacionales han hecho caso omiso del ejercicio de la autonomía de nuestras autoridades dentro de los territorios indígenas; y por otra, el aumento de las infracciones del DIH como correlato del recrudecimiento del conflicto armado.
Respecto de los estimativos sobre Infracciones al DIH perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, presentan un comportamiento que permite corroborar la tendencia al incremento en las acciones armadas indiscriminadas, especialmente en las estrategias de confinamiento o de cercamiento espacial de nuestras comunidades, en contraste con una tendencia importante hacia la disminución de las violaciones de DDHH (entendidas como derechos civiles y políticos).
Esta restricción de la libre circulación se expresa en el aumento de los campos minados impuestos en, por los menos, 11 resguardos de tres departamentos del país (Risaralda 5, Norte de Santander 3, Cauca 1 y Chocó 2); en el uso de bombardeos y ametrallamientos realizados por la fuerza pública, provocando el desplazamiento de comunidades enteras, especialmente de los pueblos Embera Katío (departamento del Chocó) y Pijao (departamento del Tolima).
Infracciones del DIH perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, Ene 1/Abr. 25 (2005-2006), ONIC (SINDHO)
Infracciones al DIH 2005 2006
Ataque a bienes civiles 2 593
Campos minados 4 11
Confinamiento 4000 25055
Bombardeos 39 14
Atropellos físicos y morales 0 3
Herido por mina antipersonal 2 2
Combate 7800 SD
Sd 127 0
Total general 11974 27684
Estas infracciones fueron perpetradas en 11 pueblos indígenas, pero sólo en cuatro de estos se concentró el 96% de ellas: Embera Katío (35%), Embera (35%), Siona (14%) y Nasa (12%). La mayor parte de estos pueblos están ubicados en el occidente del país y el piedemonte amazónico.
Un aspecto importante de este análisis sobre las Infracciones del DIH es el aumento en los estimativos sobre la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública (del 0.12% al 52.3%), y las Guerrillas (de 0.53% a 33.4%), la disminución de los mismos en cabeza de los grupos paramilitares (del 33.8% al 0.6%), mientras que la responsabilidad compartida por efecto de los enfrentamientos descendió, pasó del 65.1% al 7.7% en el 2006.
En contraste con lo anterior, se registra durante este mismo periodo (enero 1-abril 25) un fenómeno importante: la disminución de los estimativos de las principales violaciones de Derechos Humanos; veamos las Violaciones de Derechos Humanos perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, de los cautro primeros meses (Enero/Abril) de 2005 y 2006 (fuente: ONIC-SINDHO)
VIOLACIONES 2005 2006
Amenaza colectiva 32 15
Desaparición Forzada 10 8
Desplazamiento forzado 9007 3717
Detención arbitraria 23 15
Herido/a 75 20
Homicidio 36 20
Tortura 3 3
Secuestro 4 2
Total general 9190 5806
Esta distribución de las violaciones e infracciones así como de la presunta responsabilidad parece señalar el impacto de la intensificación de las nuevas acciones armadas adelantadas por las FARC y la Fuerza Pública, así como el repliegue estratégico de los grupos paramilitares. Esto último, después de iniciadas las negociaciones con el gobierno, su desmovilización selectiva en el marco de la promulgación de la ilegitima Ley de Justicia y Paz, proceso tachado con acciones de control territorial y político encaminadas a influenciar el proceso electoral de 2006-2007. Veamos lo que nos muestra la distribución porcentual de la presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos (ONIC-SINDHO, Ene/abril de 2005 y 2006.
Presuntos responsables 2005 2006
Fuerza Pública 0.35 17.38
Guerrillas 43.22 18.01
Farc-Fuerza Pública 34.84 45.69
Paramilitares 1.71 0.03
SD 1.64 0.01
Delincuencia Común 0.05 0.08
Autoridades civiles 0.29 0.02
De modo similar, en sólo en tres pueblos indígenas se concentraron el 95% de las violaciones de derechos humanos: Wounnán (46%), Nasa (43%) y Embera Katío (6%), todos pertenecientes al chocó biogeográfico en el occidente del país.
Este marco pone en evidencia que el conflicto armado en Colombia pese a sus expresiones locales, no es simplemente un problema local o nacional. En segundo lugar, que es causa y consecuencia, al mismo tiempo, de nuestros conflictos sociales más apremiantes. Y en tercer lugar, que la solución militar está agotada porque sólo beneficia a quienes venden las armas, ni siquiera al que las tiene. Es decir, “en pelea de ovejas el que gana es el lobo”, como decía un escritor de cuentos infantiles; porque aquí no importa sin son ovejas “blancas o negras”, como suelen pintarlas discriminatoriamente.
En el fondo de dicho panorama se encuentra “el gran lobo” presionando la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y sus megaproyectos conexos (ALCA, Plan Puebla Panamá, IIRSA y Plan Colombia), con el propósito de consolidar su hegemonía sobre nuestros territorios. Hoy nos invade el temor y la incertidumbre sobre el impacto de la firma de estos tratados, puesto que entrarán a hacer parte de la Constitución Política de Colombia a través del Bloque de constitucionalidad.
En este sentido los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos humanos de los pueblos indígenas se verían afectados de manera creciente por los intereses financieros, las empresas trasnacionales y los macroproyectos económicos nacionales, tal y como en la actualidad nos acontece con exploraciones y explotaciones petroleras, plantaciones de palma africana en el Chocó biogeográfico y el Meta, el Parque Eólico en la Guajira, la hidroeléctrica Urrá I y las empresas de acueducto, entre otros. Esto significa un retroceso histórico, toda vez que permitiría la regresividad de los derechos ganados en nuestras luchas como aquellos ratificados por el estado colombiano, especialmente el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Hoy vemos con gran preocupación lo que está sucediendo en la Amazonia con los pueblos más pequeños del país (46), doce (12) de los cuales están en riesgo inminente de extinción. Esto es particularmente visible en el departamento del Guaviare con la población Nukak-Makú, uno de los últimos pueblos nómadas del mundo (recién contactados). Un pueblo de 600 personas, donde casi la mitad ha sido desplazada forzosamente por los combates entre las FARC y la Fuerza Pública, las fumigaciones aéreas de la Policía Antinarcóticos, los cultivos de coca y los colonos. Mismos que han sido confinados a vivir en un asentamiento ubicado entre las márgenes de una pequeña ciudad y un batallón de entrenamiento de fuerzas especiales del Ejército Nacional y sus asesores Estadounidenses.
Así mismo, lo que viene ocurriendo desde noviembre del 2005 con el pueblo Embera de Mamey-Dipurdù (Norte del departamento del Chocò), ubicado en el Cerro de Careperro (lugar en el que se encuentra una Mina de oro y de otros 20 minerales explotables), donde los grupos paramilitares han confinado a una pequeña población de 250 personas, la mayoría niños. Les han cercado con fusiles, les han robado sus alimentos, les han bloqueado la salida de la comunidad, les han arruinado los cultivos de subsistencia, les han hurtado las canoas para su transporte fluvial y como si fuera poco, quieren reclutar a la población más joven.
Del mismo modo, lo que viene ocurriendo con el pueblo Embera Chamí del departamento de Risaralda, donde hay varias comunidades que vienen siendo asediadas por el Ejército Nacional y las acciones de exploración y explotación minera de la Multinacional ASHANTI ANGLOGOLD MINES. Comunidades que después de una misiòn humanitaria han visto caer asesinados a 7 de sus principales líderes y autoridades.
Una desagregación mensual de los datos del Sistema de Información de la ONIC (SINDHO), para el periodo enero-abril, señala la agudización del conflicto armado en los territorios Indígenas, debido a las estrategias bélicas de los ejércitos en confrontación.
Este monitoreo parcial evidencia la relevancia de la conculcación de los derechos colectivos –DESC y al Medioambiente—: (43028 personas afectadas) y las infracciones del DIH, frente a la reducción de la vulneración de los Derechos Humanos. Este señala, por una parte, el modo en que las autoridades civiles gubernamentales, los actores armados y algunas multinacionales han hecho caso omiso del ejercicio de la autonomía de nuestras autoridades dentro de los territorios indígenas; y por otra, el aumento de las infracciones del DIH como correlato del recrudecimiento del conflicto armado.
Respecto de los estimativos sobre Infracciones al DIH perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, presentan un comportamiento que permite corroborar la tendencia al incremento en las acciones armadas indiscriminadas, especialmente en las estrategias de confinamiento o de cercamiento espacial de nuestras comunidades, en contraste con una tendencia importante hacia la disminución de las violaciones de DDHH (entendidas como derechos civiles y políticos).
Esta restricción de la libre circulación se expresa en el aumento de los campos minados impuestos en, por los menos, 11 resguardos de tres departamentos del país (Risaralda 5, Norte de Santander 3, Cauca 1 y Chocó 2); en el uso de bombardeos y ametrallamientos realizados por la fuerza pública, provocando el desplazamiento de comunidades enteras, especialmente de los pueblos Embera Katío (departamento del Chocó) y Pijao (departamento del Tolima).
Infracciones del DIH perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, Ene 1/Abr. 25 (2005-2006), ONIC (SINDHO)
Infracciones al DIH 2005 2006
Ataque a bienes civiles 2 593
Campos minados 4 11
Confinamiento 4000 25055
Bombardeos 39 14
Atropellos físicos y morales 0 3
Herido por mina antipersonal 2 2
Combate 7800 SD
Sd 127 0
Total general 11974 27684
Estas infracciones fueron perpetradas en 11 pueblos indígenas, pero sólo en cuatro de estos se concentró el 96% de ellas: Embera Katío (35%), Embera (35%), Siona (14%) y Nasa (12%). La mayor parte de estos pueblos están ubicados en el occidente del país y el piedemonte amazónico.
Un aspecto importante de este análisis sobre las Infracciones del DIH es el aumento en los estimativos sobre la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública (del 0.12% al 52.3%), y las Guerrillas (de 0.53% a 33.4%), la disminución de los mismos en cabeza de los grupos paramilitares (del 33.8% al 0.6%), mientras que la responsabilidad compartida por efecto de los enfrentamientos descendió, pasó del 65.1% al 7.7% en el 2006.
En contraste con lo anterior, se registra durante este mismo periodo (enero 1-abril 25) un fenómeno importante: la disminución de los estimativos de las principales violaciones de Derechos Humanos; veamos las Violaciones de Derechos Humanos perpetradas contra los pueblos indígenas de Colombia, de los cautro primeros meses (Enero/Abril) de 2005 y 2006 (fuente: ONIC-SINDHO)
VIOLACIONES 2005 2006
Amenaza colectiva 32 15
Desaparición Forzada 10 8
Desplazamiento forzado 9007 3717
Detención arbitraria 23 15
Herido/a 75 20
Homicidio 36 20
Tortura 3 3
Secuestro 4 2
Total general 9190 5806
Esta distribución de las violaciones e infracciones así como de la presunta responsabilidad parece señalar el impacto de la intensificación de las nuevas acciones armadas adelantadas por las FARC y la Fuerza Pública, así como el repliegue estratégico de los grupos paramilitares. Esto último, después de iniciadas las negociaciones con el gobierno, su desmovilización selectiva en el marco de la promulgación de la ilegitima Ley de Justicia y Paz, proceso tachado con acciones de control territorial y político encaminadas a influenciar el proceso electoral de 2006-2007. Veamos lo que nos muestra la distribución porcentual de la presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos (ONIC-SINDHO, Ene/abril de 2005 y 2006.
Presuntos responsables 2005 2006
Fuerza Pública 0.35 17.38
Guerrillas 43.22 18.01
Farc-Fuerza Pública 34.84 45.69
Paramilitares 1.71 0.03
SD 1.64 0.01
Delincuencia Común 0.05 0.08
Autoridades civiles 0.29 0.02
De modo similar, en sólo en tres pueblos indígenas se concentraron el 95% de las violaciones de derechos humanos: Wounnán (46%), Nasa (43%) y Embera Katío (6%), todos pertenecientes al chocó biogeográfico en el occidente del país.
Este marco pone en evidencia que el conflicto armado en Colombia pese a sus expresiones locales, no es simplemente un problema local o nacional. En segundo lugar, que es causa y consecuencia, al mismo tiempo, de nuestros conflictos sociales más apremiantes. Y en tercer lugar, que la solución militar está agotada porque sólo beneficia a quienes venden las armas, ni siquiera al que las tiene. Es decir, “en pelea de ovejas el que gana es el lobo”, como decía un escritor de cuentos infantiles; porque aquí no importa sin son ovejas “blancas o negras”, como suelen pintarlas discriminatoriamente.
En el fondo de dicho panorama se encuentra “el gran lobo” presionando la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y sus megaproyectos conexos (ALCA, Plan Puebla Panamá, IIRSA y Plan Colombia), con el propósito de consolidar su hegemonía sobre nuestros territorios. Hoy nos invade el temor y la incertidumbre sobre el impacto de la firma de estos tratados, puesto que entrarán a hacer parte de la Constitución Política de Colombia a través del Bloque de constitucionalidad.
En este sentido los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos humanos de los pueblos indígenas se verían afectados de manera creciente por los intereses financieros, las empresas trasnacionales y los macroproyectos económicos nacionales, tal y como en la actualidad nos acontece con exploraciones y explotaciones petroleras, plantaciones de palma africana en el Chocó biogeográfico y el Meta, el Parque Eólico en la Guajira, la hidroeléctrica Urrá I y las empresas de acueducto, entre otros. Esto significa un retroceso histórico, toda vez que permitiría la regresividad de los derechos ganados en nuestras luchas como aquellos ratificados por el estado colombiano, especialmente el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
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