10. La impunidad, el silencio y el olvido no pueden seguir socavando a nuestros pueblos

Por Diego F. Henao A.

Informe presentado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, el martes 20 de septiembre de 2006, en el Hotel El Portón de la Ciudad de Bogotá, ante Dennis McNamara, encargada de vigilar y supervisar la protección de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos, durante su visita a Colombia, en el marco de la Misión que el Sistema de Naciones Unidas realiza a Colombia.

La ONIC es una organización indígena que representa a la mayor parte de los 84 pueblos del país. La ONIC, nació en 1982, a partir de las luchas por la defensa de nuestros territorios, en el marco de las acciones de resistencia llamadas “recuperación de tierras”. Hoy continuamos en el mismo proceso aunque en peores circunstancias que las de ayer. Señalo esto porque aun continúa la presión sobre nuestras tierras y nuestras organizaciones.

Como bien lo manifestamos el 9 de agosto, cuando celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, entre enero y junio de este año, el recrudecimiento de la confrontación armada entre el Ejército Nacional y las FARC, generó en el país una dinámica de Infracciones al DIH, mucho más fuerte que las Violaciones de DDHH perpetradas contra nuestros pueblos. Así evidenciamos como el confinamiento constituye el estimativo más alto (43%)[1], seguido de los Ataques a bienes civiles (23%) y las Acciones bélicas –combates— (10.8%). Datos que asociados (76.8%) señalan el enorme impacto de la guerra dentro de los territorios indígenas.

En cuanto al confinamiento, los pueblos más afectados son: los Yagua, Tikuna y Kokama en el departamento del Amazonas; los Embera Katío en Córdoba; los Guayabero en el Guaviare; los Barí en Norte de Santander; los Embera Chamí en Risaralda; y en particular los Nasa del departamento del Cauca, luego de la movilización realizada en el marco la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales (15 de mayo de 2006).

Respecto a las Violaciones de DDHH cometidas contra nuestros pueblos, encontramos que los estimativos sobre Desplazamiento Forzado Interno (92.7%) constituye la principal problemática o expresión de la Crisis Humanitaria que estamos padeciendo.

Ahora bien, si bien los estimativos sobre Detenciones Arbitrarias (4.5%), Heridos/as (1.2%), Desaparición Forzada (0.5%) y Homicidios (0.5%) permanecieron bajos entre enero y junio, estos últimos (Homicidios) se incrementaron en más de un 60% durante los dos meses siguientes (julio-agosto/2006).

Estos estimativos tomados en conjunto, son mucho más significativos si los asociamos al contexto del cual emergen. Un escenario compuesto por:
1) Los más altos niveles de ausencia de justicia (impunidad) y corrupción entre los funcionarios de gobierno;
2) Un conjunto de reformas legislativas, presupuestales, tributarias, institucionales y electorales, orientadas a una contrarreforma constitucional regresiva
3) Un modelo de gobierno personalista cuyo imperativo principal es el militarismo;
4) Un conjunto de acciones privadas y públicas, legales e ilegales, orientadas a una contrarreforma agraria, basada en la expropiación territorial, que no toma en cuenta los mecanismos nacionales e internacionales para la consulta previa de nuestros pueblos
5) Un modelo económico y de desarrollo que privilegia la tala de bosques, la implantación de cultivos de caucho y palma aceitera, la ganadería extensiva, la privatización de los recursos naturales, entre muchos otros.
6) Un proceso de desmovilización y reinserción ficticia de los grupos paramilitares que no contempla ni la verdad, ni la justicia ni la reparación.
7) Una dinámica de recrudecimiento e intensificación del conflicto armado a partir del abandono de la retaguardia estratégica por parte de las FARC
8) Un entorno de minimización, incumplimiento, irrespeto, y desprotección de los derechos humanos, en el cual sus defensores y nuestras organizaciones sociales, no gozan del beneplácito del gobierno actual, y por el contrario son descalificado/as, amenazado/as y vulnerado/as cada vez más.

Salta a la vista, entonces, que lo que está en juego es el control territorial, poblacional y de los recursos en cada uno de los territorios indígenas. Vemos emerger ante nuestros ojos el modo en que se está implantando un reordenamiento sociopolítico y económico, a la fuerza; sin que los actores armados acaten, reconozcan y respeten en lo más mínimo, los principios de distinción, limitación y proporcionalidad (necesarios para regular las acciones bélicas en favor de la población civil); y, sin que el gobierno de Álvaro Uribe se comprometa con la puesta en obra de una política de derechos humanos, integral, sistémica, oportuna y eficaz, que evite la extinción de muchos de nuestros pueblos amenazados.

En este sentido, sin ánimo de ofender y con todo el respeto que merece la comunidad humanitaria, encontramos que la respuesta humanitaria en Colombia presenta por lo menos 6 vacíos principales, fruto de su descoordinación, interna y externa:

No están teniendo en cuenta la justicia, la verdad y la reparación integral

Falta formación sobre la visión, cultura y derechos de los pueblos indígenas, por parte de los funcionarios y las instituciones gubernamentales, así como por los organismos nacionales e internacionales

No hay concertación con las organizaciones indígenas sobre una política pública real y efectiva para la atención humanitaria

No hay mecanismos legales para operar institucionalmente el enfoque diferencial en las políticas y programas para la atención de los pueblos indígenas en situación de crisis humanitaria
No existe voluntad política para la ampliación, saneamiento y constitución de nuestros resguardos, ni antes, ni en medio, ni después de de la crisis humanitaria de nuestros pueblos
Los sistemas de información gubernamentales son deficientes, inadecuados culturalmente y discriminatorios, en tanto que no registran verazmente la crisis humanitaria de nuestros pueblos. El Censo Nacional es una clara muestra de ello.

Por último, quisiera hacer una anotación breve sobre la falta de coordinación de la comunidad humanitaria en Colombia y como mejorarla. En cuanto a lo primero, tenemos claros ejemplos de que el modelo de los albergues y campos de desplazados indígenas, como el Embera Katío de Jaiquerazabi en Mutatá (Departamento de Antioquia) y el de los Nukak en Barrancón (departamento del Guaviare), que funcionaron hasta hace muy pocos días, no pueden seguir siendo la principal ruta crítica de atención. Estos generaron todo lo contrario a lo que deseaban quienes los instalaron: la des-estructuración sociopolítica, cultural y económica de ambos pueblos, sin que hasta el momento se haya hecho una evaluación sobre el tema.

En este sentido, creemos que la coordinación debe empezar por dentro, es decir, por las acciones que desarrolla cada agente y agencia humanitaria en nuestros pueblos. En otras palabras, cada uno de estos o estas debería compartir el mapeo de incidencia que están adelantando, con el único propósito de articular internamente nuestras acciones y estrategias organizativas de largo plazo.

Por estas circunstancias, actores y factores, nos vimos obligados a adelantar una Misión Internacional de Verificación, con el fin de constatar y monitorear el cumplimiento de las recomendaciones hechas en el año 2004, en la visita oficial a Colombia, realizada por el Relator Especial de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen; a la cual están todos y todas cordialmente invitados.

[1] Del total general de violaciones e infracciones cometidas entre enero y junio de 2006 (SINDHO)

Presentación a cargo de Luis Evelis Andrade Casama
Presidente de la Organización Nacional Indígena De Colombia,
Miércoles, 20 de septiembre de 2006