13. Los pueblos indígenas de Colombia: de desplazados e invisibles a constructores de Paz

Por Diego Henao

Introducción

Hoy se evidencia el desproporcionado impacto del conflicto armado en nuestros Pueblos indígenas. En materia de derechos, las políticas regresivas que adelanta el Gobierno Nacional y la agenda legislativa aprobada en el Congreso durante la última legislatura, están provocando un genocidio y etnocidio de vasta proporciones. El uso del desplazamiento forzado interno realizado por los actores armados, asociado al establecimiento de campos de confinamiento, como estrategias de control territorial y sociopolítico mutuamente complementarias, evidencian el grado de discriminación que sufren los pueblos indígenas colombianos. Del fondo de este análisis emerge un cúmulo de "verdades ocultas", relacionadas con el despojo territorial, que señalan la presencia de una política de aniquilamiento promovida por quienes tienen el poder político en sus manos.

En las siguientes páginas mostraré la situación de crisis humanitaria que viven nuestros pueblos, a través del conjunto de análisis y propuestas que adelanta la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), frente a la sistemática y prolongada vulneración de sus derechos. En este sentido recurriré a información cualitativa y datos estadísticos para esbozar los antecedentes de la resistencia y la organización política de los pueblos indígenas de Colombia. De allí en adelante intentaré mostrar un panorama general sobre los complejos impactos del conflicto armado interno y en especial del desplazamiento forzado. Luego haré una breve presentación de algunos elementos centrales de la respuesta que la ONIC ha implementado frente al fenómeno del desplazamiento forzado indígena. Posteriormente mostraré el proceso de construcción del "Plan Nacional de Atención, Protección, Prevención y Reparación de la Población Indígena Desplazada o en Riesgo de Serlo", que hemos venimos construyendo e implementando en 10 regiones del país.

Antecedentes, resistencia y organización frente al despojo territorial

La migración forzada que hoy conocemos como "desplazamiento forzado indígena", nos obliga a tomar en cuenta una percepción con mayor profundidad temporal, acorde con las demandas y la memoria colectiva de los propios pueblos. Dicha percepción nos lleva a poner en evidencia una de las mayores constantes históricas en la formación de las sociedades nacionales latinoamericanas, en cuanto es considerada la principal estrategia de colonización, que viene funcionando desde hace 5 siglos y cuyo correlato es el confinamiento forzado de poblaciones; fenómenos que volvieron a emerger con mucha más fuerza durante las dos últimas décadas y sobre los que poco se ha reflexionado en Colombia.

En este nuevo contexto de la violación crónica, múltiple y sistemática de sus derechos, encontramos un primer momento, que coincide con el nacimiento de los grupos paramilitares en el Golfo de Urabá (1985), su posterior expansión y la conformación de las AUC; es decir, con la consolidación de una organización paramilitar de carácter nacional hacia 1997. Luego vemos como entre 1998 y 2000, se presenta otra curva ascendente en materia de violaciones, infracciones y vulneración de sus derechos colectivos, que fue registrada por diversos sistemas de información de derechos humanos, ampliamente visibilizada en informes de ONG y del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Durante este periodo, arrancó el proceso de paz con las FARC y el establecimiento de la zona de distensión para los diálogos con el Gobierno Nacional, luego de la posesión del entonces presidente Andrés Pastrana. Al finalizar su mandato, se inició la ejecución del Plan Colombia, marco dentro del cual se generalizaron los éxodos masivos por todo el país. Los más notorios ocurrieron entre junio y julio de 1998 desde sur del departamento de Bolívar; por la misma época 10.000 personas de 17 municipios distintos fueron forzadas a salir hacia el puerto fluvial de Barrancabermeja. Así mismo, desde el Carmen de Bolívar cerca de 13 mil personas salieron de la zona rural hacia el casco Urbano, la mayoría de ellos provenientes del corregimiento El Salado. A estas se sumaron 1800 personas más que fueron desplazadas del mismo corregimiento en febrero de 2000 (SNPS, 2000).

El periodo 2001-2003, se caracterizó por las presiones a la población para favorecer a los candidatos en los territorios bajo dominio de los actores armados; de allí el incremento del accionar bélico, orientado al "quiebre de la hegemonía de los grupos insurgentes, en medio del proceso electoral y la ulterior posesión de Alvaro Úribe Vélez. Durante este periodo emergieron nuevos grupos paramilitares, permitiendo la expansión geográfica de dicho dispositivo paraestatal, al mismo tiempo que el ascenso de una élite política asociada con el narcotráfico, que se robusteció en el Congreso de la República, y a través de estos, se consolidaron diversas acciones legislativas que han dado al traste con los logros de los pueblos indígenas y los diferentes grupos étnicos colombianos, en materia de reconocimiento de sus derechos, en la Constitución Política de 1991.

Luego entre el 2003 y 2004 la situación cambia, obviamente por las diversas respuestas de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales del país, así como por la implementación de nuevas estrategias de la acción humanitaria. Es un periodo en el cual se afianzan nuevas maniobras de los actores armados del conflicto. Es un momento donde la FARC decide replegarse hacia su retaguardia estratégica, con la concomitante disminución de su accionar bélico. Posteriormente, hacia el 2005, el conflicto armado se intensifica, presentando su mayor impacto en los territorios indígenas y sigue creciendo hasta principios del 2006, luego de que las guerrillas entraran a desarrollar nuevas acciones bélicas.

Frente a esta dinámica de colonización (externa e interna) caracterizada por el despojo territorial y la desestructuración sociopolítica y cultural generalizada, nuestros pueblos indígenas adoptaron diversas formas de afrontación y resistencia que trascendieron, desde el ámbito local, hasta generar procesos de adecuación de sus reivindicaciones políticas y formas organizativas, según los impactos y estrategias utilizadas por los victimarios, sin perder la perspectiva de su relación con el Estado. De allí que en la actualidad, y echando mano de su memoria colectiva, hayan orientado su plataforma política hacia su afirmación como movimiento social, mediante cinco demandas principales, que han sido reconocidas por el derecho internacional público.

La primera de ellas, es la consolidación del derecho de los PPII a disponer de los medios materiales y culturales necesarios para su reproducción y crecimiento, de manera especial a la conservación, recuperación y ampliación de tierras y territorios ancestrales. La segunda, es el establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que posibiliten y aseguren el ejercicio y la progresividad de sus derechos dentro de la institucionalidad de los Estados, garantizando la representación directa de sus pueblos en las instancias de gobierno. En tercer lugar, la lucha por el reconocimiento constitucional de su existencia como sujetos específicos dentro de la nación y de los derechos originarios o ancestrales (previos al Estado) que les corresponden, como de las obligaciones del Estado y el Gobierno para garantizar su ejercicio y desarrollar la legislación pertinente. En cuarto lugar, la lucha por el Derecho al ejercicio y desarrollo de las culturas indígenas. Y por último, la lucha por la instrumentación del derecho al desarrollo material y social de los Pueblos indígenas.

En esta dirección, durante las últimas tres décadas, han conformado un conjunto de organizaciones regionales y posteriormente, organizaciones nacionales, entre las que sobresale la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Este organismo, fue el resultado de la re-organización autónoma del movimiento indígena en Colombia, iniciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Unión de Indígenas del Chocó y el Consejo Regional Indígena del Vaupés; ejemplo que fue seguido por la conformación de organizaciones indígenas en otros departamentos. Surgió en sus inicios, como respuesta a la promulgación del "Estatuto de Seguridad" y particularmente del "Estatuto Indígena", a finales de la década de los 80, durante el Gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala. En octubre de 1979, en Lomas de Ilarco (Sur del departamento del Tolima) se realizó el Primer Congreso Indígena Nacional de Colombia, evento donde se oficializó la creación de la Coordinadora Nacional Indígena, misma que asumió la creación de la ONIC, en el marco del Segundo Congreso Indígena Nacional (1982). Es de anotar que dicho Congreso reunió en Bogotá a más de 3 mil 500 personas de 84 pueblos y logró paralizar el "Estatuto Indígena".

En la actualidad, la ONIC está preparando el Sexto Congreso, durante el cual transformará su plataforma política y su estructura organizativa. Dejará de ser una organización gremial con personería jurídica, adscrita a la Cámara de Comercio, para constituir un Parlamento Indígena. Es decir, una entidad pública nacional, de carácter especial, conformada por las autoridades indígenas colombianas. Todo ello a partir de la composición de cinco órganos internos (1. Legislativo, 2. De Consulta, Planeación y Coordinación; 3. Ejecutivo; 4. Judicial; 5. De Control y Vigilancia).

El propósito del Parlamento Indígena es legislar desde su autonomía, desde el autogobierno y desde la Jurisdicción Especial Indígena que le reconoce la Constitución Política de Colombia. Valga decir, que la ONIC es entendida aquí no solo como el equipo de trabajo en Bogotá sino como el conjunto de las 32 filiales departamentales, las 17 zonales, y el conjunto de organizaciones locales afiliadas directamente.

Contexto actual de la crisis humanitaria indígena

Durante los últimos quince años, los pueblos indígenas vieron crecer en el país un modelo de desarrollo forzado, el cual se consolidó a través de un nuevo proyecto paramilitar basado en el narcotráfico y en la lucha contrainsurgente, que intentó echar abajo sus logros en la nueva Constitución Política (1991), al mismo tiempo que vieron crecer a unos grupos insurgentes cada vez más irrespetuosos de su autonomía y sus derechos a la vida y la integridad colectiva. Un modelo que continúa desangrando a sus comunidades, que sigue descabezando sus organizaciones, que ha debilitado su "ancestralidad" y amenazado a sus autoridades. Un proyecto macabro que, entre muchas otras cosas, ha convertido nuestros ríos en la fosa común de 526 indígenas desaparecidos, los cuales muy probablemente no regresarán a sus malocas y familias; una cantidad que puede ser la más alta de Colombia, sufrida por un solo movimiento o sector social. Dicho de otro modo, se trata de una violencia política que les ha quitado la vida a más de 2800 hombres y mujeres que resistían en sus comunidades, y ha desplazado y despojado de su territorio a más de 70 mil de nuestros hermanos y hermanas indígenas.

Durante los primeros siete meses del año, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO), se presentó una disminución importante en los estimativos sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, en un marcado contraste con la tendencia al crecimiento de los estimativos sobre la conculcación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En total fueron 160.102 indígenas (12% de nuestra población), afectando a 23 pueblos en el 60% de los departamentos del país:
violaciones de derechos humanos (11%) infracciones al DIH (12%) vulneración de los Derechos Colectivos (76%).

Dichos guarismos señalan la magnitud del impacto del conflicto armado, pero especialmente de dichas políticas gubernamentales, caracterizadas por la falla en el deber de protección, respeto y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

En términos generales, son 18 los pueblos que más han sido afectados y tres de estos los que han recibido mayor impacto: los Guambiano con cerca de 72 mil víctimas, los Yanacona con un poco más de 15 mil y los Embera Chamí con cerca de 12 mil víctimas.

Es de anotar, que la mayor parte de esta crisis humanitaria se registra en la región Occidental (92%) del país, seguida por la región Norte (7.6%). En cuanto al Derecho a la Vida (por acción y omisión estatal o por connivencia del Estado con alguno de los actores armados), son 260 homicidios, sin contar con las 32 desapariciones forzadas, 28 más de las ocurridas durante el mismo periodo del año 2006. En materia derechos humanos sobresalen las amenazas (46.6%), el desplazamiento forzado (32%) y los señalamientos o estigmatización de comunidades enteras (19%), sin que cesen las heridas, los allanamientos y las detenciones arbitrarias.

Los datos evidencian que la mayor responsabilidad de las violaciones está en cabeza del Estado, seguida de aquellas cometidas por actores armados sin una identificación clara (desconocidos), lo que equivale en conjunto al 74% del total, frente a una disminuida responsabilidad de las guerrillas y los grupos paramilitares.

Ahora bien, una breve mirada a la responsabilidad o autoría de las infracciones al DIH, permite observar que los combates entre fuerza pública y guerrillas ocupan la mayor parte del escenario de guerra en contraste con actores armados sin identifación clara (desconocidos), asociado a la aparente supresión del accionar bélico con motivo de la negociación y supuesta "desmovilizaciòn" de los grupos paramilitares (en el marco de la Ley de Justicia y Paz). Si bien se presenta una tendencia similar a la del año pasado para el mismo periodo, es preciso señalar que, por la dinámica de recopamiento territorial iniciada por las FARC, en varias regiones del país, la Fuerza Pública ha presentado una respuesta militar mucho más fuerte, pero al mismo tiempo una respuesta que no aplica el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, y empieza por el uso de la difamación, el señalamiento y la estigmatización de nuestros pueblos; tildándolos de colaboradores de la Guerrilla, especialmente a los lideres y autoridades, como viene sucediendo con las comunidades Embera de Mumbú, Gito Docabú, Alto Sinú, Loma de Citabará, Escopetera Pirza y Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, de los departamentos de Chocó, Córdoba, Risaralda y Caldas.

Esta estrategia de la Política de seguridad democrática, viene asociada a la restricción de la libre circulación de personas, alimentos, medicamentos e insumos. Hasta principios del mes de junio, cuando iniciamos un monitoreo del confinamiento en el país, cerca de 12 mil hombres y mujeres indígenas permanecían confinadas y en riesgo inminente de desplazamiento forzado. Al mismo tiempo, se ha incrementado la siembra de minas anti-persona, sin el más mínimo respeto por su autonomía y autoridades tradicionales, en tanto que constituyen entidades públicas de carácter especial.

Además de lo anterior, y como si esto fuera poco, los estimativos señalan la inmensa responsabilidad del Estado en la vulneración de los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas de Colombia, derivada de la ausencia de una política pública estatal e integral, con enfoque diferencial, que acate e implemente la ley 21 de 1991, con la cual se ratifica el convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y tribales. Ley que protege su autonomía y propiedad territorial colectiva, su libre autodeterminación, su derecho a la identidad y su derecho al desarrollo propio. Ley que toma como base estos derechos para exigir la obligatoria aplicación de los mecanismos de consulta previa, frente a la implantación de megaproyectos privados y públicos, como la exploración y explotación de recursos en sus territorios, adelantada por compañias nacionales y multinacionales, con la aquiescencia del Gobierno Nacional.

Desde el 2004, a medida que avanzó el proyecto paramilitar, disminuyó su presión armada, sin que desapareciese, y aumentaron los constreñimientos sociales. En Nariño, Cauca, Putumayo, La guajira, Cesar, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Orinoquia y Amazonia, han vuelto a reaparecer bajo el nombre de Aguilas Negras, e incluso han entrado a disputarse los territorios entre sus nuevos comandantes, como sucede en el río Guaviare. En el Bajo Atrato, por ejemplo, según testimonios indígenas, no se entregaron todas las armas, y por ello es que hoy reaparecen como Águilas Negras y "Power Rangers", al mando del "Comandante Mario"; quien entró en la negociación como un ganadero y no como comandante, pese a que, supuestamente, su estructura se había desarticulado. Las maniobras realizadas por este comandante evidencian la continuidad del proyecto paramilitar y el grado de formalización de sus estrategias, con el apoyo abierto del Estado y la OEA.

En vista de esta grave situación, y como quedó plasmado en el informe del Relator espacial para las cuestiones indígenas de la ONU, Sr. Rodolfo Stavenhagen, (en su visita a Colombia 2004), y en el recientemente informe la "Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria de los Pueblos Indígenas de Colombia" (2006), se han producido numerosas recomendaciones emanadas de órganos intergubernamentales de derechos humanos, que el Estado colombiano está en obligación de cumplir. Este es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH), organismo que además ha solicitado al Estado colombiano, la adopción de Medidas Cautelares y Medidas Provisionales para 8 de nuestros pueblos indígenas (Nasa, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Senú, Embera Katío, Embera Chamí y Pijao).

Discriminación y desprotección estatal: amenazas latentes

Hoy en Colombia, el escándalo de la llamada "parapolítica" inunda los medios de comunicación, y pese a los hallazgos, apenas se reconoce el impacto que produjo el veto a las fuerzas políticas alternativas en las regiones de influencia paramilitar (socialdemócratas, movimientos verdes, movimientos de mujeres y corrientes de izquierda), asociado a la presión militar sobre comunidades y autoridades, en zonas de bajo su influencia como de los grupos insurgentes. En esta dirección el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, señaló en un su informe sobre los escenarios de riesgo electoral en Colombia (en los días previos a las elecciones 2006-2007), que de los 1098 municipios existentes en el país, 530 estaban en riesgo; es decir, se presentaba una restricción del derecho a la participación político-electoral de los pueblos indígenas, toda vez que la mayor parte de sus territorios se encuentran en las zonas rurales de dichos municipios. Así mismo fue enfático en señalar, que no había límite a los poderes de facto en estas regiones y localidades, y que no se podía ejercer integralmente la "ciudadanía política". Situación semejante a la que se presenta en la actualidad, con motivo de las próximas elecciones para gobernadores y alcaldes en el país.

En este panorama, no es raro entonces que la impunidad generalizada haya alcanzado el 43% y la impunidad en crímenes atribuidos al Estado supere el 90%; y tampoco es extraño que las supuestas negociaciones de paz del Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, no contengan procesos de reparación, justicia y verdad, para las víctimas de su accionar bélico, y especialmente para nuestros pueblos indígenas.

El resultado de todo esto ha sido la ineficacia e inoperancia de las políticas públicas y en particular de las políticas sociales, debido a la excesiva preocupación del gobierno por sus acciones militares, asociadas a las fumigaciones aéreas con glifosato, en el marco del Plan Colombia; estrategia cívico-militar que ha sido bandera del programa de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro Uribe Véle. Mientras tanto, representantes políticos del paramilitarismo que hoy han sido detenidos sus vínculos con dicha estrategia en el país, adelantaron una agenda legislativa lesiva para el país y particularmente para nuestros pueblos indígenas, sin que dichas detenciones hayan constituido mérito suficiente para declararlas inconstitucionales. Esta dinámica ha sido calificada por muchos como una "contra-reforma constitucional" debido a los siguientes factores: 1) Exceso de medidas de control del orden público que restringen las libertades y los derechos de la población civil; 2) Otorgamiento de facultades de policía judicial a la Fuerza pública; 3) Incremento de operaciones militares en el marco del Plan Colombia; 4) Debilitamiento del control de la Corte Constitucional frente a las iniciativas gubernamentales que afectan los DDHH; 5) Restricción del mecanismo de Tutela para proteger los Derechos colectivos y especialmente los DESC; 6) Aumento del pie de fuerza, creación de nuevas estrategias de cooptación y reclutamiento (Soldados Campesinos, Soldados por un Día, Etc.) y reforzamiento de las estructuras de delación (Red de Informantes, Recompensas, rebaja de penas, etc.); 7) El aumento de las bases militares, especialmente en los territorios indígenas; 8) Criminalización de la defensa y exigibilidad de nuestros derechos, especialmente del derecho a la protesta social; 9) Paramilitarización del Estado y Estatalización del paramilitarismo a través de la Ley de Justicia y Paz.

En este contexto, la ONIC ha identificado cinco grandes amenazas contra la vida e integridad de sus comunidades, cosmovisiones y organizaciones.

El hecho de que el Estado no reconozca legalmente la presencia del conflicto armado interno y promueva la guerra, ha generado la agudización de las acciones bélicas de los actores armados en los territorios indígenas, misma que constituye el reclamo más urgente de la sociedad civil colombiana y sobre todo de nuestros pueblos. Frente a esta situación la ONIC viene desarrollando una serie de labores y alianzas con diferentes sectores del país, y principalmente con otras organizaciones nacionales indígenas: la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), el Consejo Indígena Tairona (CIT), y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), a través de una de plataforma política denominada Consejo Nacional Indígena de Paz (CONIP). En este Consejo, se viene adelantando acuerdos humanitarios regionales y diálogos con los actores armados, en el nivel local y regional, tomando en cuenta que quienes lo hacen son autoridades tradicionales propias de los pueblos indígenas, y que como autoridades tradicionales están obligadas a hacerlo en beneficio de sus propios pueblos, con base en su autonomía y la jurisdicción especial indígena.

Una segunda amenaza, la constituye el aumento de la violencia directa contra nuestros pueblos, como forma de control político y territorial. En este sentido, queda cada vez más claro para los pueblos indígenas, que los actores armados estatales, paraestatales y contraestatales, tienden a homogenizar el campo bélico dentro de sus territorios, con prácticas y dinámicas similares. Como todos saben, las infracciones son un resultado de los combates entre los actores armados dentro de una guerra civil o conflicto armado interno, y son presentadas generalmente como un sub-producto bélico, como violencia indirecta.

Hasta hace poco tiempo, el análisis de los datos que arrojaba el SINDHO, en contraste con los análisis que llegaban de las organizaciones regionales indígenas, se percibía un mayor número de infracciones al DIH que de violaciones de DDHH (Derechos civiles y políticos). Luego, el aumento de las violaciones tanto como la continuidad de las infracciones permite ver como el objeto de la guerra ya no es la confrontación sino el ataque directo contra los pueblos indígenas. Un ataque que conlleva la criminalización de los derechos de los pueblos indígenas, por parte de las partes en confrontación, mediante el uso de la difamación y el señalamiento de sus organizaciones y comunidades, como aliados y enemigos de uno u otro, no obstante su opción por la neutralidad.

Sin duda alguna, esto se debe a la implantación de modelos de desarrollo que no consultan las necesidades de sus ciudadanos o de sus víctimas. Hoy la principal queja que tienen los pueblos indígenas es la falta de aplicación de los mecanismos de consulta previa, para la formulación, implementación y evaluación de las políticas que los benefician o afectan.

Por último, y quizá lo más importante, debido a que constituye el principal contexto de promoción del desplazamiento indígena es la contrarreforma constitucional que se adelanta durante los últimos años y que tiene su corolario en la aprobación de la Ley Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 30 de 2007) y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. En cuanto al primero borra de plano la propiedad territorial colectiva y su derecho al control y goce autónomo de dicha propiedad como de sus recursos. El segundo, privilegia el crecimiento económico acelerado sin desarrollo social (implantación sin consulta previa del TLC, deforestación masiva de territorios biodiversos, expansión ganadera y desertificación, expansión del monocultivos como la palma africana, caña de azúcar, cacao, etc., orientados a la producción de biocombustibles); prioriza la "recuperación de territorios" mediante el uso de la fuerza y la violencia (primado de lo militar sobre lo político como si estuviésemos bajo el régimen del "Estado de excepción" o "estado de sitio", la negación recurrente y sistemática para adelantar los acuerdos humanitarios y las iniciativas de paz locales, legalización de la impunidad mediante la Ley Justicia y Paz y ficticia desmovilización paramilitar); y pretende adelantar la Reconciliación forzada de víctimas y victimarios (Poblaciones convertidas en receptoras por pago de subsidios, ausencia de Justicia, verdad y reparación integral para las víctimas de los actores armados, y la ausencia de judicialización para todos los victimarios).

Impacto desproporcionado y ausencia de política pública

Estudios recientes
muestran que en el año 2002 sólo 8 (5.29%) de los 151 municipios que tenían resguardos en trámite no reportaron cifras de población indígena desplazada; es decir, el 94.7% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron población. Mientras que en el año 2003, el 93.37% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron población y el porcentaje de los que no expulsaron representó sólo el 6.62%.

Los principales efectos ocasionados por el desplazamiento forzado interno en los pueblos indígenas están relacionados con lo siguiente:

1. La afectación de las comunidades y pueblos en tanto sujetos colectivos de derechos
   
2. Deterioro del proyecto político de autonomía territorial y vulneración del ejercicio de la territorialidad
   
3. Deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población que se quedó resistiendo dentro del territorio, de la población desplazada y de las poblaciones "receptoras"
   
4. Alteración de la seguridad jurídica de los territorios (constitución, saneamiento, y consolidación de las posesiones y reservas), debido a la pérdida del control, uso y ordenamiento de sus recursos (por incremento de economías extractivas, economías ilícitas, impactos medioambientales).
   
5. La ruptura de los referentes culturales, expresada en cuatro quiebras específicas: A. De los calendarios tradicionales en los que se enmarcan las actividades sagradas, productivas y políticas. B) De la ruptura, disipación y/o parálisis de los procesos etnoeducativos y de salud, así como de los procesos de recuperación cultural. C) Del cambio hacia la oferta cultural y material de las comunidades receptoras (consumismo y cambio de hábitos alimenticios), y hacia patrones de consumo mercantil o industrial. D) La ruptura de los mecanismos colectivos y solidarios de intercambio material y espiritual (minga y fogón, por ejemplo).
   
6. Pérdida de la soberanía y autonomía alimentaria ocasionada por la ruptura de las cadenas agroalimentarias y la consecuente transformación de los sistemas tradicionales de producción, provocando el desabastecimiento alimentario y la desnutrición crónica (derivada de la disminución de la oferta alimentaria medioambiental)
   
7. La ruptura violenta de redes familiares y parentelas, lo que provoca una creciente desestructuración social, de carácter irreversible (polarización, atomización y división de comunidades, organizaciones y pueblos), que no permite el relevo generacional (alteración de las relaciones de género y generación), ni la continuidad de los procesos de educación y salud propia.
   
8. Debilitamiento de la solidaridad comunitaria y el aumento de los niveles de individualización, en especial de las generaciones más jóvenes en su articulación con la población urbana.
   
9. La urbanización forzada de los pueblos indígenas que ha producido el debilitamiento de los saberes tradicionales y del proceso organizativo, ocasionando límites enormes en la capacidad de respuesta de las autoridades, organizaciones y comunidades, en términos de gobierno propio y jurisdicción especial indígena.
   
10. Finalmente, el desplazamiento forzado ha conducido a un aumento del confinamiento y el aislamiento territorial, además de constituirse en el origen de largas cadenas migratorias que en muchas ocasiones terminan en los países vecinos.
    

Estos efectos, en tanto procesos sociopolíticos, económicos y culturales, han puesto en juego la creatividad cultural de los lideres y autoridades tradicionales como de las nuevas generaciones, ha cambiado el papel de las mujeres y los hombres, ha transformado los patrones de crianza y socialización política basados en los medios masivos y ha generado la creciente suplantación de la vocería y representación indígena por parte de los funcionarios del Estado.

Durante los últimos años, muchas investigaciones y análisis sobre el comportamiento y la magnitud del desplazamiento forzado interno en Colombia, han dado cuenta del impacto desproporcionado que este fenómeno ha tenido en nuestros pueblos indígenas. En términos generales, señalan la enorme diferencia entre el porcentaje de la población indígena en el país (3% según el Censo DANE 2005), y el porcentaje de la población indígena desplazada, que oscila entre el 8% y 12,5% según la fuente y el año tomado para construir el estimativo.

"Uno de los temas de mayor preocupación en el 2001 ha sido el Impacto desproporcionado del desplazamiento en las comunidades indígenas, ya que según la RSS
representan aproximadamente el 8%, del total de los desplazados, mientras sólo son el 2 % de la población colombiana".

Un breve contraste entre las estadísticas que publica Acción Social evidencia que para el año 2005, registraron un total de 229.326 personas desplazadas en Colombia, mientras que la ONIC registró 28.581 indígenas desplazados, cifra que equivale al 12,5% del total nacional. Este estimativo sobre pueblos indígenas, es el más alto de los últimos 30 años y supera en tres veces la proporción de población indígena nacional (Censo 2005). Es preciso señalar que la mayor parte de esta población aún permanece fuera de sus territorios.

Sobre la base de estos estimativos, el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos de los Desplazados, Walter Kalin, luego de visitar varias regiones del país, manifestó también su preocupación por "el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas, (…) es algo que está afectando gravemente sus derechos culturales y sus derechos sobre sus tierras" (15 de junio de 2006), al mismo tiempo que coincidió con la ONIC, en señalar "que aunque Colombia cuenta con sólidas leyes destinadas a ayudar a los desplazados, a menudo no se aplica en los niveles regional y local" (27 de junio de 2006).

En otras palbras, brilla por su ausencia una verdadera política pública diferencial en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas de Colombia, que se hizo más palpable con la abstención del gobierno Colombiano frente a la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007). De allí el reclamo generalizado de nuestros hermanos y hermanas indígenas desplazadas, por la ausencia de una política de atención integral al desplazamiento forzado indígena, no obstante el "estado de cosas inconstitucional" declarado por la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-025, y los sucesivos fallos que le ordenan al gobierno nacional (en cabeza del SNAIPD), crear los mecanismos y estrategias suficientes para superarlo. Es decir, le ordena proteger los derechos de la población más vulnerable, cuando reconoce que uno de los "rezagos más significativos" de la política de atención a la población desplazada
es
"la desprotección de los grupos indígenas…".

Este aspecto, si bien ha sido tomado en cuenta por las autoridades encargadas del SNAIPD, no ha logrado incidir en un cambio radical de la política pública gubernamental de derechos humanos. Esta es la dimensión de la discriminación gubernamental y del problema que enfrentan nuestros pueblos indígenas y sus organizaciones, en medio de una guerra que se intensifica cada vez más en sus territorios.

Por eso es común la crítica de algunos juristas y de la población desplazada, sobre la presencia de una política pública perversa y regresiva que le abrió la puerta a toda esa economía criminal que hay detrás del paramilitarismo, poniendo en evidencia el debilitamiento de la democracia y al ascenso de un fascismo social nunca antes visto en Colombia.

Actualmente, nuestros pueblos indígenas se están viendo constreñidos a realizar una profunda recomposición demográfica y hondas transformaciones culturales, que llegan incluso al límite de la extinción, fruto del desplazamiento forzado. Un análisis no muy exhaustivo permite ver que durante la última década ha afectado a 69.068 personas,
provenientes de
36
pueblos. De este estimado el 70% se presentó entre enero del 2004 y julio de 2007; es decir, un promedio de 40 personas diarias. Estos datos no hacen más que corroborar, sin lugar a dudas, el fuerte crecimiento del fenómeno durante el último lustro.

Del mismo modo, y desde una perspectiva demográfica y territorial, según el patrón residencial de los pueblos indígenas, el desplazamiento forzado presenta una afectación distinta de dos modos extremos. El primero, en aquellas regiones con pocos pueblos indígenas, aunque con población muy numerosa, un alto grado de asfixia territorial, como en la Costa Pacífica, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Península de La Guajira y la parte Sur de la Zona Andina Colombiana. En este sentido, el pueblo Nasa es quien presenta un mayor volumen de población desplazada (21.547 personas), pueblo caracterizado por un nivel de nucleamiento o concentración poblacional muy fuerte. Seguido del pueblo Embera (tomando en conjunto a los Siapidara, Katío, Dovida y Chamí), caracterizado por la segmentariedad familiar (eje del patrón residencial) y por lo tanto territorial.

El segundo, se presenta en aquellas regiones donde el número de pueblos es mucho mayor, con una densidad demográfica muy baja y un alto grado de dispersión en su patrón residencial. Este es el caso de regiones como la Amazonia y la Orinoquia, donde habitan 54 pueblos indígenas, 12 de ellos en vías de extinción, de los cuales cabe destacar a los pueblos Guayabero, Nukak Makú, Betoye, Koreguaje, Uitoto, Ziona y Siripu, como los más afectados por el desplazamiento.

En términos de responsabilidades, es preciso tomar en cuenta el contexto que citamos en párrafos anteriores, sobre los cambios en las estrategias de los actores armados. Esto supone una lectura en la que sobresale la desprotección estatal por omisión y connivencia con otros actores armados, respecto de las causas estructurales del desplazamiento forzado. Sin embargo, es notoria la presencia de la responsabilidad estatal, por acción directa. Esto es algo que el Gobierno actual no visibiliza, toda vez que para los sistemas de información gubernamentales, incluyendo el RUPD, las decisiones o prácticas de sus funcionarios civiles o militares no son tomadas en cuenta como causas del destierro indígena (Fumigaciones aéreas, Detenciones arbitrarias,
Despojo territorial legalizado con la ley 975, desarrollo de megaproyectos sin consulta previa, instalación de bases militares en sus territorios, etc.).

La ONIC frente al desplazamiento forzado indígena

Frente a la adversa realidad del conflicto armado y el desplazamiento forzado interno, los pueblos indígenas, a través de la ONIC, vienen adelantando una política de autoprotección y resistencia civil, luego de 8 años de investigaciones y elaboración de propuestas e iniciativas de paz, que suele expresarse en tres momentos o fases diferentes.

Una primera fase de este proceso se oriento a la identificación y caracterización del impacto del desplazamiento dentro de los territorios y zonas de expulsión. Estos diagnósticos generales y situacionales, pusieron en evidencia una serie de pautas de desestructuración sociopolítica y cultural, que concluían en el debilitamiento organizativo, a través de un proceso de desidentización indígena; es decir, procesos de cambio de la identidad indígena, hacia una identidad urbana mestiza, asociada a la evaporación de sus propias luchas dentro del ámbito urbano.

Luego de estos diagnósticos generales y situacionales, se presentó una segunda fase que se caracterizó por la realización del Congreso Extraordinario de los Pueblos Indígenas (Cota, 2001), donde se decidió realizar uno de sus mandatos: realizar una Mesa Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas (7 y 8 de mayo de 2002), mesa de la cual emanaron las directrices para crear el Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, por parte de la ONIC. En esta dirección, se creó también el Área de Derechos Humanos y Paz, en un momento en que el desplazamiento forzado interno llegó afectar a casi medio millón de personas en Colombia. A la par de este proceso y para darle mayor coherencia política a dicha iniciativa, se sumaron alianzas con ONG defensoras de derechos humanos y el Sistema de Naciones Unidas en Colombia (ACNUR), para adelantar la construcción de una serie de propuestas, entre las que sobresale el diseño e implementación del Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO). Dicho Sistema de información se construyó con base en el marco conceptual del Banco de Datos Noche y Niebla y CINEP, y fue asistido técnica y logísticamente por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Se puso en obra el SINDHO, habida cuenta que la información existente no era cualificada para la incidencia en materia de exigibilidad de sus derechos. Es decir, no había mecanismos aptos para registrar la información y cuando se iba a judicializar un caso, no era posible hacerlo con eficacia porque la información no era suficiente o no tenía la calidad requerida.

Por primera vez, entonces, los pueblos indígenas tomaron el discurso de los derechos humanos y la paz y lo sometieron a discusión. Desde ese momento hasta hoy se viene haciendo una lectura colectiva de los DDHH y del DIH, así como una revisión crítica de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Esa lectura colectiva ha propiciado diversas interpretaciones que distan de la exegesis monolítica estatal, y sobre las cuales se definió la forma de responder a todas las dinámicas del desplazamiento, bajo la consideración de que "un pueblo indígena sin territorio no tiene vida, no es un pueblo indígena".

Todo esto devino en una tercera fase, después de consolidar (por 3 o 4 años) su aprendizaje, además de la base de datos y las iniciativas de paz. Hasta ese momento no había más de 1200 eventos registrados (violaciones e infracciones). A partir del 2004 hacia acá, por medio de diferentes investigaciones y de alianzas con otros sistemas de información, (CODHES, Banco de Datos Noche y Niebla-Cinep, organizaciones indígenas regionales, Cecoin, etc.), se logró robustecer la base de datos hasta lograr un conjunto de 10 mil casos registrados. La ONIC pasó de tener información sobre los últimos cinco años a poseer información cualificada de las últimas 3 décadas.

La implementación del SINDHO, ha permitido que la ONIC logré un mayor conocimiento del impacto del desplazamiento forzado en los pueblos indígenas de Colombia, tanto sobre las regiones de expulsión como de recepción, incluyendo el posicionamiento institucional de la problemática de la migración transfronteriza y refugio de Pueblos indígenas en los países vecinos. Así mismo, ha contribuido para que la ONIC logré un mayor nivel de incidencia política ante la comunidad internacional, y su reconocimiento como la principal fuente de información sobre pueblos indígenas de Colombia. Dicho reconocimiento a proporcionado una mejor visibilización de la ONIC como una organización que construye propuestas de política pública en materia de DDHH y DFI, lo cual ha repercutido en los órganos de control del Ministerio Público.

Desde otra perspectiva, no menos importante, la ONIC a través del SINDHO, utiliza una serie de presupuestos para interpretar y presentar la información sobre la crisis humanitaria que están viviendo. Un ejemplo de ello lo constituye el análisis por separado de la responsabilidad del Estado y de los grupos insurgentes e ilegales (actores armados y civiles), en materia de violaciones de DDHH, infracciones al DIH y vulneración de los Derechos Colectivos de los PPII colombianos; con el objeto de facilitar su seguimiento y monitoreo, así como su judicialización, no obstante que desde una lectura integral, el Estado constituya el principal responsable por la desprotección de sus derechos. Para ello toma como eje principal el concepto de "violencia política", marco dentro del cual, es atribuible la responsabilidad Estatal, cuando un actor armado por acción, omisión o connivencia con la autoridad civil o policial, vulnera los derechos de la población, en este caso de los pueblos indígenas.

La ONIC y la reconstrucción de los indígenas desplazados en la ciudad

Más allá de las respuestas locales, como lo decíamos al principio, realizadas por autogestión y a la propia manera de los pueblos, persiste un gran desafío por superar entre las organizaciones regionales indígenas y los diferentes núcleos de población desplazada indígena, sobre todo con aquellos pueblos que permanecen desplazados en pueblos y ciudades. Se trata de la generación de un proceso de rearticulación de las comunidades desplazadas con aquellas que continúan en riesgo, a través de sus organizaciones y autoridades. Es un desafío que está compuesto por un conjunto de retos específicos, veamos:

1. Superación de las temporalidades diferenciales en la ejecución de proyectos y propuestas de Política pública en materia de atención integral al DFI de PPII
   
2. Articulación de la agenda sobre DFI con las dinámicas regionales y locales de las instituciones encargadas de la atención integral del DFI de los PPII
   
3. Articulación de la agenda sobre DFI con las dinámicas políticas de las organizaciones
   
4. Apertura de espacios humanitarios para la superación de las dinámicas de afectación del conflicto armado (Causas y consecuencias)
   
5. Implementación del enfoque diferencial en las políticas públicas del Estado y el Gobierno Nacional.
   
6. Ejecución, evaluación y seguimiento, y actualización de las acciones de respuesta, ante la generación de nuevas necesidades de los PPII desplazados y amenazas fruto de los cambios en las dinámicas del CAI
   
7. Adecuación de las acciones y nuevos elementos de priorización y aproximación al problema que se quiere solucionar (o mitigar) con el proceso
   
8. Legitimación de las propuestas de Política pública en materia de DDHH, PAZ y DFI de los PPII de Colombia
   
9. Superación de la discriminación y ausencia de voluntad política para la ejecución de la política pública en materia de atención integral diferencial
   
10. Gestión de recursos económicos propios y suficientes para la implementación de aaciones estratégicas para una respuesta adecuada al fenómeno
    

Es por ello que la ONIC decidió construir desde sus bases, el "Plan Nacional de Protección, Prevención, Atención y Reparación de los Pueblos Indígenas Desplazados en Colombia", con el objeto de "Fortalecer los mecanismos de protección, garantía y exigibilidad de los derechos de la población indígena desplazada en Colombia, a partir de la jurisdicción especial indígena" y sus necesidades particulares, según los principios organizacionales de la ONIC.

El PLAN se concibe dentro de esa nueva forma de ver las políticas públicas, mismas que consideran que lo público no es resorte exclusivo del gobierno nacional ni del Estado, sino de la sociedad en general, y que la sociedad está abocada a construir sus propias opciones, desde el punto de vista de sus derechos fundamentales.

Es una propuesta de política que intenta superar los condicionamientos políticos a la participación política indígena. Como es sabido, dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado, sólo hay una opción en la que se puede ejercer el derecho a la participación, relacionada con los procesos de restablecimiento, a través de la línea de acción sobre fortalecimiento de las organizaciones de población desplazada, línea que no reconoce la autonomía de los pueblos indígenas. Es una imposición que niega el derecho a la libre asociación, como a la libertad de opinión y expresión de los pueblos indígenas, puesto que solo permite conformar asociaciones de familias desplazadas y a través de estas, la integración a la Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada. Es decir, no se puede acudir a las formas tradicionales de organización de los propios pueblos indígenas.

Esto ha representado una limitación enorme y ha generado unos riesgos de desarticulación organizativa muy fuertes. En el caso de Bogotá, por ejemplo, donde hay más de 25 pueblos de desplazados, con una población cercana a las 6 mil personas, se constituyó un espacio de trabajo y encuentro que se llama "Minga Nacional de pueblos indígenas en Desplazamiento de la ONIC". Espacio dentro del cual se han generado una serie de debates y dinámicas de aprendizaje, que han logrado incidir en la política pública distrital, con nuevas formas de representación política, mismas que, incluso, han incidido en la re-organización interna de los pueblos indígenas frente al Estado, con nuevas maneras de construcción de lo público, y en particular de la política pública para Pueblos indígenas.

En este sentido "La Minga" ha logrado consolidar un trabajo que se venía haciendo desde hace unos 8 o 10 años, a partir de la Mesa Serankua, una mesa que nació en la Defensoría del Pueblo, misma que devino en la conformación de una cooperativa (KAPAWIPI) que luego se fragmentó y se integró a la ONIC para el nacimiento de "La Minga".

Actualmente la ONIC, mediante la construcción del PLAN, con el apoyo permanente de la ACNUR y más recientemente del Ministerio de Educación Nacional, se ha logrado fortalecer organizativamente a "La Minga", con la cual se está impulsando una labor a nivel nacional en términos del restablecimiento político, para que en adelante cada organización nacional, regional o local, enmarque su plataforma de lucha por sus derechos, en ejercicio de su autonomía como pueblos. Por ejemplo, en el caso del Derecho a la educación, cada plataforma ha adelantado discusiones internas que luego se pretenden llevar a una discusión nacional para la formulación de la propuesta general dentro del PLAN. De allí que hoy, se esté consolidando la construcción de "Rutas pedagógicas para la atención integral y diferencial en educación para los pueblos indígenas de Colombia.

Con propuestas como la anterior, la ONIC ha logrado incidir en diversos espacios que propenden por la co-construcción de la política pública diferencial para pueblos indígenas de Colombia, en materia de atención integral desplazamiento. Hoy hace parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento a la Política Publica de Atención Integral a la Población Desplazada. Comisión integrada por organizaciones sociales, ONG defensoras de derechos humanos y expertos interesados en dicha política pública.

Con los resultados de la formulación del "Plan Nacional de Protección, Prevención, Atención y Reparación de los Pueblos Indígenas Desplazados en Colombia", la ONIC ha logrado incidir también, en las decisiones de la Corte Constitucional; a tal punto que mediante la expedición los autos 207 y 238 convocó (para el 21 de septiembre de 2007), a una "Sesión de información técnica para verificar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025, sobre el problema del desplazamiento interno, desde la perspectiva de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento".

En el marco de dichas contribuciones de los pueblos indígenas, se le presentó al Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional De Derechos Humanos, en el contexto de la Mesa Nacional de Concertación (1396 y 1397 del 8 de agosto de 1996), una propuesta de política pública en materia de DDHH, DIH y Autoprotección colectiva frente al conflicto armado, sin que haya sido tomada en cuenta. A estas alturas, el Gobierno Nacional tomó la decisión de que el tan citado Plan Nacional de Acción en DDHH, debe ser concertado a través de tres plataformas, compuestas especialmente por ONG; desconociendo la autonomía propia de los pueblos, sin reconocer ni ésta, ni las propuestas anteriores presentadas en dicha Mesa Nacional de Concertación.

Por último, continúan las iniciativas de paz de la ONIC y el CONIP. El año pasado, por ejemplo, se celebró la Tercera Mesa Nacional Indígena de Paz y el Tercer Encuentro Nacional de Mujeres, a la par que se realizó la Junta Directiva de la ONIC. Esta es otra perspectiva de las contribuciones de los pueblos indígenas colombianos, escenario que propende por convertir los resguardos y territorios indígenas en zonas de paz, basado en el respeto de su autonomía, autogobierno y de las decisiones que ellos toman dentro y fuera de sus territorios.

Conclusiones

En medio de la negación de sus derechos y la dramática situación de crisis humanitaria que viven nuestros pueblos indígenas, se alza la voz de los "otros", de aquellos que en medio del silencio, la tristeza y, especialmente la "razón de estado" que los torna invisibles, construyen la esperanza, caminan la palabra y derriban la indolencia, con propuestas firmes y duraderas.

La sistematicidad de la negación y desconocimiento de sus derechos tanto en el campo bélico como en el campo de la política estatal y gubernamental, no pueden ser más contundentes. Queda en claro, como lo han afirmado repetidamente sus autoridades tradicionales, líderes y organizaciones, desde mediados del 2006, que en el fondo hay un cúmulo de "verdades ocultas" relacionadas con el despojo territorial, que le dan contenido a una política de aniquilamiento promovida por quienes tienen en sus manos el poder político.

Pero nuestros pueblos tienen razón en manifestar que ahora no son "los mismos de antes", y esto es cierto, han cambiado y hoy proponen alternativas democráticas que conjugan la solidaridad, la reciprocidad y la vida comunitaria como ejes de acción, como los puntos claves de la cohesión social que tanto añoramos los colombianos. Frente a la fragmentación social y el impacto desproporcionado generado por las masacres, el descuartizamiento, el señalamiento, el desplazamiento forzado y la criminalización de sus derechos, hoy se asume la construcción de propuestas estratégicas que ni el mismo Estado ha logrado formular. Esto no es más que el síntoma de una nueva plataforma política de nuestros pueblos.

Ante la fragmentación que está tocando a la puerta de sus malocas, como un pulpo sanguinario que va quebrando al movimiento indígena, tumbando la casa sin abrir la puerta, ha surgido la necesidad de transformación política para fortalecer la resistencia en defensa de sus derechos, bajo los principios de Unidad y Autonomía; porque no hay nada más político que el ejercicio y la defensa de los derechos. Labor que requiere el sostenimiento y la búsqueda de nuevas formas de movilización frente a la criminalización y la impunidad; de nuevas maneras de legislar, de nuevos modos de acceder al poder electoral, de nuevas capacidades y habilidades culturales, frente a un planeta en el que ya no son islas en medio de la soledad, pese a la injusticia de la que son víctimas.

Ponencia presentada en la Catedra Manuel Ancizar, Universidad Nacional de Colombia, 9ª Sesiòn, "Comunidades étnicas y desplazamiento forzado", Bogotà, Abril 14 de 2007.