14. Los Nükák: un pueblo nómada, aislado y reducido fuera de su territorio

Diego F. Henao A.
Como lo denunció publicamente la Organzación SURVIVAL, los nukak se han visto involucrados en el intercambio de rehenes entre el Gobierno y las FARC, por obra de los bombardeos que el Ejército colombiano viene llevando a cabo. "Muchos nukak han huido de su territorio" y continuarán hacíendolo. Según Survival: "Los bombardeos se produjeron después del reciente asesinato de un hombre nukak llamado Monikaro por parte del frente 44 de las FARC. Monikaro huyó de la tierra de los nukak en 2004 tras un conflicto entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares, que luchaban por el control de los lucrativos cultivos de coca". (Nota de prensa 12 de marzo de 2008).

Con el ánimo de profundizar en el conocimiento de dicha situación publicamos un reciente documento presentado por el autor, en el marco de la Reunión Internacional "Hacia el planteamiento de políticas públicas y planes de acción para garantizar el derecho a la salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay", celebrada en Quito, Ecuador, entre el 19 y 20 de octubre de 2007. (CIPIACI-FENAMAD con el apoyo de IWGIA y ACNUR).

Resumen

Los pueblos indígenas en Colombia continúan siendo víctimas de la discriminación y la exclusión por obra del colonialismo interno. Dicha colonización se ha caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza, orientado al extractivismo y la esclavización indígena, propiciando la migración forzada y la extinción de numerosos pueblos. En nuestros días, algunos pueblos indígenas, como el Yuri, luchan por no ser exterminados, por sobrevivir a la extinción en condiciones de "aislamiento voluntario", mientras nuestra sociedad se debate entre la guerra y el asistencialismo humanitario. El caso del Pueblo Nükák Makú, cuya drástica reducción demográfica y geográfica, durante los últimos 20 años, es quizá la principal evidencia de los estragos del contacto con nuestra sociedad: su población se redujo en un 46%, y luego la tercera parte de su población (221 personas) fue obligada a abandonar su territorio (desplazados forzosamente entre 2002-2006). En este texto, antes que mostrar un diagnóstico especializado sobre su salud, pongo en evidencia el contexto de guerra y exterminio en que viven los indígenas colombianos, la desproporción de sus impactos, las graves consecuencias del contacto con nuestra sociedad (a raíz de la falta de información sobre su existencia), la carencia de una legislación que proteja a los pueblos indígenas en "aislamiento voluntario", la indolencia estatal frente al irrespeto de los derechos de los pueblos indígenas, las distintas formas de discriminación de las que son objeto; en síntesis la ausencia de voluntad política para la protección estatal de sus vidas y territorios.

Introducción

Durante los últimos treinta años se ha intensificado y expandido el conflicto armado interno entre la fuerza pública, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, especialmente en los territorios indígenas. Aunque el conflicto armado no ha obtenido el reconocimiento legal por parte del Estado, ha contribuido a la prolongación no explícita del Estado de excepción (primacía de lo militar sobre lo político). Esta situación ha generado un escenario de vulneración múltiple y sistemática de los derechos de nuestros pueblos indígenas, que tiene como fondo común el despojo territorial. Los actores armados han recurrido a los cultivos de uso ilícito y al narcotráfico, o a favorecer la implantación de monocultivos agroindustriales y "megaproyectos" para su sostenimiento, alterando drásticamente el medioambiente y las condiciones de vida de la población.
Este fenómeno está cruzado por la corrupción administrativa estatal, la impunidad generalizada y el debilitamiento democrático por vía legislativa, en clara correspondencia con lo que han denominado la "estatalización del paramilitarismo". Esto ha provocado la desintegración paulatina, tanto de los pueblos indígenas como de los ecosistemas donde están asentados, socavando al mismo tiempo sus logros históricos y ganancias políticas.
Durante este año, las bancadas "favorables" al gobierno nacional, aprobaron con una maratón de "pupitrazos", las leyes más lesivas para los pueblos indígenas de Colombia: el Plan Nacional de Desarrollo, que pretende forzar la convivencia de las víctimas con los victimarios, mediante proyectos económicos que sólo favorecen a los grandes inversionistas: la Ley de Transferencias que centraliza nuevamente las decisiones y los recursos sobre la educación y la salud, favoreciendo a Medellín y Bogotá, y marginando mucho más a las regiones más abandonadas por el Estado; la Ley de Desarrollo Rural (Ley 30 de 2007), llamada estatuto sin que sea una ley estatutaria, con la cual se intenta borrar de plano las conquistas y la resistencia de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y los campesinos del país (entre muchas otras).

Crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia

En este contexto, hoy avanza una crisis humanitaria y de derechos humanos de enormes proporciones, y nuestros pueblos son los principales afectados, mientras el Estado insiste en tratarla, exclusivamente, como un problema de orden público y asistencialismo humanitario. Esto es evidente desde que se implementó la política de "Seguridad Democrática," en el marco del "Plan Colombia", especialmente en los departamentos de Cauca, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Nariño, Chocó y los departamentos que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.
    Se trata de un proceso de militarización, compuesto por una serie de estrategias bélicas y políticas, que han dado como resultado una recomposición demográfica de vastas proporciones a través del desplazamiento forzado y la implementación de extensos campos de confinamiento, controlados por bases o destacamentos militares que someten a la población indígena y la convierten en "escudos humanos" además de "objetivo militar".
    Las principales expresiones de dicho sometimiento son las siguientes: a) Acoso y abuso sexual por los actores armados, b) inseguridad alimentaria y aumento de la morbi-mortalidad indígena, c) bombardeos y fumigaciones aéreas con glifosato por la Fuerza Pública, d) campos minados y muertes por minas antipersonales, e) Ausencia de política diferencial e integral en materia de desplazamiento forzado indígena, f) persecución paramilitar de los defensores de los derechos humanos, g) criminalización de los movimientos sociales y sus derechos por parte del Estado (incluso desde los discursos presidenciales), y h) incremento de la violencia difusa y directa pagada por compañías multinacionales (vacunas, seguridad privada, financiación de operaciones militares).
    El contexto de los pueblos indígenas colombianos nos muestra un panorama desgarrador que confirma lo precitado. La desproporción de la afectación de las violaciones, infracciones y de la vulneración de los derechos colectivos de nuestros pueblos, pone en evidencia el impacto también desproporcionado de las mismas.
De acuerdo con las cifras del último censo de población (2005), la proporción de población indígena en el país es del 3% sobre el total nacional. En contraste, el desplazamiento forzado interno de los pueblos indígenas alcanzó en el 2005 el 12,5% del total nacional, la cifra de desaparecidos indígenas de los últimos diez años (526) alcanzó el 7,5% del total nacional y los estimados sobre indígenas detenidos arbitrariamente (1.033) superaron el 11%. Sólo entre el 2000 y 2004 (según el Banco de Datos Noche y Niebla), ocurrieron en Colombia 17.897 asesinatos políticos; es decir, una tasa de 90,6 por cada 100.000 habitantes. El contraste de información revela que "la tasa global indígena para los años 2000-2004 es tres veces más alta que la tasa nacional". Durante el mismo periodo "Los Embera Katío, con 477,2 por 100.000, y los Tule, 812,3 por 100.000, ambos en la región de Urabá, multiplican varias veces la tasa nacional".
Ahora bien, lo peor de todo es que en materia de violaciones, infracciones y vulneración de los derechos colectivos, el Estado constituye el principal responsable (por acción u omisión).

Cuadro 1. Distribución porcentual de la responsabilidad por vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia
Responsables	Derechos humanos	Derecho internacional humanitario	Derechos colectivos
Estado	39%	50%	88%
Guerrillas	12%	40%	3%
Paramilitares	10%	0%	3%
Desconocidos	36%	10%	6%

 
En este contexto, el Estado con su política de Seguridad Democrática, infringe cotidianamente los Principios de proporcionalidad, limitación y distinción entre combatientes y población civil, propios del Derecho Internacional Humanitario; viola el deber de protección, respeto y garantía de sus Derechos Fundamentales propios de la Constitución Política de Colombia (Artículos 1, 2, 17); de su derecho a la Diversidad étnica y Cultural (Artículo 7), de su derecho a la vida y la integridad, individual y colectiva (Artículo 11), del derecho a su autonomía territorial y administrativa (Artículos 286, 287, 329 y 330) y el derecho sobre el uso y control de los recursos naturales en sus territorios (Artículo 8). Además de lo anterior, se pasó por la faja los principios rectores para los desplazamientos, formulados y recomendados por el Sistema de Naciones Unidas, en especial, los Principios Rectores No. 4.1 y No. 9.

Desprotección estatal y desarrollo forzado

Hoy percibimos con tristeza como el trasfondo de la "economía de guerra" que ejecuta el Gobierno nacional, debilita el orden democrático por la falta de control sobre las actividades de inmensas corporaciones (transnacionales) que operan en los territorios indígenas. Desde los discursos y prácticas del desarrollo ejecutan megaproyectos extractivos, agroindustriales y montan obras de infraestructura que, por su enorme grado de articulación con proyectos continentales (IIRSA, ALCA, TLC, Plan Puebla Panamá, entre otros), constituyen una amenaza a la soberanía nacional.
Las más recientes investigaciones sugieren una correlación entre los contextos de vulnerabilidad aguda de la población indígena, con una presencia notable de compañías multinacionales y su implicación en la prolongación y aumento de los factores violentos que contribuyen al aumento de riesgos y amenazas (presentes y futuras), en contra del ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, de los pueblos indígenas como de los sectores sociales más marginados y empobrecidos del país.
Frente a dicha política, agenda legislativa y crisis humanitaria, las continuas luchas y movilizaciones de resistencia por la defensa de estos derechos y por la afirmación de la identidad cultural, son actualmente un sinónimo de riesgo para el Gobierno colombiano. Todo ello ocurre, no obstante las múltiples recomendaciones de académicos y del sistema ONU, para que sean reconocidos en sus necesidades y articulados desde sus cosmovisiones y autonomía. Esto se ha hecho más evidente con la negativa frente a la aprobación de la "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas"; sin que se tome en cuenta la previa ratificación estatal de aproximadamente 114 convenios (entre ellos el 169 de la OIT, convertido en la Ley 91 de 1991) y el reconocimiento formal de nuestros pueblos en la Constitución Política de Colombia.

Impacto general del conflicto en la salud de los pueblos indígenas

En este contexto, pese a los esfuerzos realizados por instituciones y científicos, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) continúa manteniendo estadísticas escandalosas en el campo de las enfermedades que podrían ser tratables y prevenibles. Un caso concreto es el de la re-estratificación de la población desplazada indígena, que se ha transformado en una política de urbanización e integración, por vía del asistencialismo, sin tomar en cuenta los sistemas de bienestar y salud-enfermedad indígenas. Un proceso en el cual se pierden los avances en materia de articulación entre ambos sistemas, por la falta de aplicación de mecanismos de "portabilidad", en la acreditación y reconocimiento de la población indígena desplazada en los lugares de re-asentamiento.
Un efecto de dicha desterritorialización ha sido la ruptura de los referentes culturales, expresada en cuatro quiebras específicas: 1. De los calendarios tradicionales en los que se enmarcan las actividades sagradas, productivas y políticas. 2. De la ruptura, disipación y/o parálisis de los procesos etnoeducativos y de salud, así como de los procesos de recuperación cultural. 3. Del cambio hacia la oferta cultural y material de las comunidades receptoras (consumismo y cambio de hábitos alimenticios), así como hacia patrones de alimentación y consumo mercantil o industrial. 4. De la ruptura de los mecanismos colectivos y solidarios de intercambio material y espiritual (minga y fogón, por ejemplo).
Estos elementos han dado como resultado, la ruptura violenta de redes familiares y parentelas, lo que provoca una desestructuración social irreversible. Es una situación que ha menguado la solidaridad comunitaria y ha aumentado los niveles de individualización, en especial de las generaciones más jóvenes, en su articulación con la población urbana. Dicha urbanización forzada de los pueblos indígenas ha producido el debilitamiento de los saberes tradicionales acerca de la medicina y especialmente de las formas tradicionales de manejo de los ecosistemas, tanto como de la agricultura de subsistencia.
Actualmente, la cobertura nacional de afiliación del régimen subsidiado del SGSSS no ha superado el 63% de la población indígena (desde el 2005). Los principales problemas se concentran en la desnutrición, los altos índices de morbimortalidad, el desconocimiento de la cultura médica y la dificultad para que los servicios de salud logren la cobertura necesaria de toda la población. Si bien en el país, la morbimortalidad descendió desde el año 2000 (de 28.1 por mil nacidos vivos a 26 en el 2001, logrando mantenerse hasta hoy), los departamentos con mayor proporción de población indígena conservan indicadores que señalan la enorme diferencia existente: en el departamento del Chocó asciende al 98.8, en el Caquetá al 70.9, en el Cauca al 64.1, en Arauca al 61.2, en Nariño al 59.8.
Otros estudios señalan que la desnutrición crónica con retardo en el crecimiento, se ha convertido en un problema de enorme trascendencia (13,5%) poniendo en evidencia la situación de marginalidad y pobreza, e incluso de miseria en que viven. De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social, para el año 2004 nuestras mujeres indígenas presentaban el mayor porcentaje de cáncer de cuello uterino en Colombia (30%). Problemática que adquiere mayor impacto en el contexto de empobrecimiento estructural y la profunda recomposición demográfica, derivada del desplazamiento y confinamiento forzado indígena.
Esta situación ha provocado la emergencia de nuevas enfermedades o la reaparición de enfermedades que ya habían sido controladas, y es aún más grave cuando se emplean químicos para la erradicación aérea de cultivos de coca, amapola y especialmente de sus cultivos de pancoger. Las restricciones de la libre circulación dentro y fuera de los territorios, especialmente orientados a controlar la recolección, producción o entrada de alimentos; el bloqueo al ingreso de medicamentos y la deficiente presencia o ausencia total de los servicios de salud estatales (programas de salud mental, sexual y reproductiva, y servicios básicos de atención médica) para la población indígena, han aumentado dramáticamente los problemas de salud que afrontan los pueblos indígenas; sólo durante el último año, en el Chocó, 111 niños y niñas Embera fallecieron por desnutrición y por falta de atención médica.

Pueblos indígenas amazónicos en vías de extinción

Ante una situación tan drástica, y como un compromiso adquirido por la Organización Nacional Indígena de Colombia frente a las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el Sr. Rodolfo Stavenhagen, en su visita a Colombia; se propuso el desarrollo del Proyecto "Comisión Corográfica a los Pueblos Indígenas de Colombia", como un proceso de construcción colectiva para la identificación de necesidades, amenazas, problemáticas, oportunidades de futuro y estrategias de desarrollo y resistencia de los pueblos indígenas del país.
A raíz de este trabajo, y debido a la campaña nacional e internacional sobre la necesidad de protección de los pueblos indígenas recién contactados y en aislamiento voluntario, en particular la realizada a favor del pueblo Nükák Makú, algunos líderes y lideresas indígenas han comenzado a visibilizar otras situaciones similares que requieren mayor estudio y apoyo gubernamental, frente a la avanzada de los "garimpeiros" brasileros (buscadores de oro) y el conflicto armado interno (guerrillas, grupos paramilitares y fuerza pública). Este es el caso de Clemencia Herrera Nemerayema, indígena Huitoto del Amazonas, quien divulgó la muy compleja situación de otros cuatro pueblos: 1. El pueblo Yujú (50 personas) del bajo Apaporis, municipio de Taraira en el departamento del Vaupés, frontera con Brasil; 2. el pueblo indígena Yauna (3 personas: dos mujeres y un niño), que habita al occidente del departamento del Amazonas, en las cabeceras del río Mirití Paraná; 3. el pueblo Kabiyari (7 personas). Río Quinché Meta, constituyen una familia indígena en medio de otros pueblos: Miraña-bora, Huitoto, quienes migraron del Vaupés, y, 4. el pueblo Yurí (Aroje o Caraballo) compuesto por 200 personas, nómada y en aislamiento voluntario, que habita las cabeceras del río Puré, al suroccidente del departamento del Amazonas
dentro del recién creado Parque Nacional Natural Río Puré (999.980 hectáreas).
Para algunos investigadores, "aparentemente", los Yuri constituyen el único pueblo indígena "en aislamiento voluntario" de Colombia. En sus palabras está "protegido más por el real aislamiento en plena selva amazónica que por la figura de parque que no tiene infraestructura de vigilancia". En general no hay una respuesta estatal en materia de política pública para la protección de pueblos indígenas en aislamiento. La única existente, es de carácter coyuntural y específico, derivada de la Resolución 0764 (5 de agosto de 2002), del Ministro del Medio Ambiente, que le da origen legal al Parque. Según esta resolución:
El Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la ley 21 de 1991, el Estado colombiano se compromete a reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas que integran a la Nación, con miras a garantizar el respeto a su integridad. (…) Que la declaratoria de un área del territorio nacional como Parque Nacional Natural es compatible con la titulación de territorios a comunidades indígenas de manera posterior a la declaratoria de un área del Sistema. (…) es un "lugar donde posiblemente habitan indígenas seminómadas de la etnia Yuri, Arojes o Carabayo quienes no tienen ningún tipo de contacto con otras sociedades. (…) los procesos y avances de la colonización existentes en la Amazonía colombiana convierten la zona del Puré en vulnerable y pueden atentar contra la libre determinación del Pueblo Yuri, Arojes o Carabayo. (…) la categoría de Parque Nacional Natural es la que más se adecua a los intereses de conservación biocultural del área, ya que permite la protección de ecosistemas altamente diversos y la protección del territorio ancestral para el pueblo Yuri, Arojes o Carabayo, área de vital importancia para este pueblo, inseparable de su identidad y de su existencia como etnia. (…) la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente reconoce la importancia de proteger el territorio de la etnia Yuri, Arojes o "Carabayo" y, por tanto, la viabilidad de definir dentro del Parque Nacional Natural Río Puré, una zona destinada al uso y manejo de esta etnia sobre su territorio tradicional, como un instrumento de protección adecuado para garantizar el respeto a su decisión de no contacto con la sociedad mayoritaria. (…) respeta y reconoce el carácter público de las autoridades de los Pueblos Indígenas, para coordinar actividades de manejo en el área protegida, en consonancia con los sistemas regulatorios propios de las comunidades involucradas, garantizando la supervivencia y conservación cultural, espiritual y física de estos pueblos.
Dicho de otro modo, cuando el pueblo Yuri reclame los títulos sobre sus territorios el Gobierno estará en la obligación de reconocerlos y transformar el parque en un nuevo resguardo. El problema que se deriva de ello es que para este proceso resultan necesarios requerimientos también legales: un estudio socio-económico, un censo poblacional, una demarcación territorial y una solicitud expresa de los Yuri. El parque constituye el puente de un gran "corredor biológico", ubicado en la zona fronteriza con Brasil, integrado por un complejo de áreas protegidas en consonancia con la realidad biológica y cultural de la Amazonía, el mismo que ha sido objeto de protección (principalmente por parte de un conglomerado de ONG medioambientalistas) y que hoy es amenazado por el megaproyecto IIRSA.

Ni salvajes, ni esclavos, ni raspachines

Desde el siglo XVIII, no ha sido raro escuchar a los viajeros, cronistas, investigadores y funcionarios sobre aquellos grupos que capturaban indígenas para ser esclavizados. Aún se escuchan los recuerdos de algunas personas de la Amazonía sobre aquellos días, cuando se llevaban a cabo las "cuibiadas" o cacería de personas indígenas en los llanos orientales colombianos. Así mismo, de aquellas prácticas de esclavización de la población indígena (especialmente guayabero) destinadas a la producción de hoja de coca, mismas que se hicieron hasta hace poco más de una década, en el norte de la Amazonía colombiana.
Por estos días, escuchamos historias sobre la manera en que algunos "cocineros" recorrían las comunidades indígenas haciendo tratos verbales con los ancianos para que le dejaran llevar a sus hombres y mujeres más jóvenes (40 años en promedio), con el propósito de recoger la cosecha de hoja de coca. Después de esto los retenían por 10 ó 12 meses, con la promesa de obtener lo ganado al final de la temporada, para recibirlo todo en un solo pago; lo cual en ocasiones no se realizaba porque cerca de la mitad de ellos morían en circunstancias extrañas o entraban a engrosar la lista de desaparecidos de la región. Algunas personas afirmaron que es por ello que los grupos Nükák Makú han estado "saliendo" a las cuatro cabeceras municipales del departamento del Guaviare.
En el 2003, después de haber llegado a la comunidad "vinieron los blancos y se llevaron varios compañeros... a raspar... lejos de nosotros" afirmaba Manuel. De las 51 personas solo quedaron 40, la mayor parte de ellos menores de edad, cuyo desequilibrio en la proporción de mujeres y hombres es abismal. Las mujeres del grupo no alcanzaban la cuarta parte, situación que además de transformar los roles internos por sexo en cada grupo, los está llevando a la extinción por medio de nuevas relaciones de parentesco, pues es de todos conocido que hay familias indígenas compuestas por mestizos y mujeres Nükák Makú, provenientes de Charras, Charrasquera y Guanapalo, que viven en San José del Guaviare desde comienzos de 2003.
El pueblo Nükák: contacto, enfermedad y muerte
El pueblo Nükák Makú está compuesto por una población que no supera las 600 personas, que habitan entre los ríos Guaviare e Inírida, entre el Alto Apaporis y el Alto Isana. Es un pueblo nómada que comparte su territorio con otros siete pueblos del Gran Resguardo del Vaupés: Sikuani, Tukano, Piratapuyo, Siriano, Guayabero o Guahibo, Curripaco, Piaroa, además de una gran dispersión de grupos familiares (pertenecientes a otros ocho pueblos) que han migrado forzosamente hacia el departamento del Guaviare.
"En su tradición oral y su lengua se evidencian relaciones con otros pueblos indígenas sedentarios y en la actualidad con diversos sectores de la sociedad nacional, como colonos, misioneros evangélicos, funcionarios e investigadores".

En su organización socio-política se distinguen dos unidades: los grupos domésticos y los grupos locales. Los primeros están conformados por un matrimonio como mínimo y pueden albergar a parientes solteros o viudos de cualquiera de los cónyuges. Estos grupos son unidades de producción y consumo autónomas que conviven juntas compartiendo los recursos que cada uno consigue manteniendo entre sí niveles de reciprocidad que le dan estabilidad al grupo local. Estos últimos son las unidades residenciales cuya población oscila entre 9 y 45 personas, y están conformados por varios grupos domésticos cuyos miembros están emparentados por relaciones de afinidad y consanguínidad. Cada grupo local tiene un territorio propio. Hasta el momento se conocen trece grupos locales.

La situación demográfica y geográfica de los Nükák-makú, es bastante preocupante, durante los últimos 20 años, su población se redujo en un 46%, pasaron de ser 1.300 personas a unas 600 aproximadamente.

 

Cuadro 2. Contacto, éxodos y muerte de los Nükák Makú
Periodo	Situaciones Críticas y éxodos
1965-1966	Choque con los colonos de Charras
1988	Choque con los colonos de caño Danta, éxodo y llegada de 43 Nükák (4 hombres, 12 mujeres y 26 niños) a Calamar.
1989	Traslado de 26 Nükák desde Calamar hasta Mitú y de allí a Laguna Pabón
1990-1993	Gran epidemia de gripa, éxodos a Mapiripán, Puerto Alvira (caño Jabón) y San José.
1992	Exploración petrolera, muertes masivas por IRA, EDA y otras afecciones
1995	Fumigación que afectó al grupo de caño Grande, caño Macú y éxodo por dermatitis a Calamar
1996-1998	Gran ola de epidemias, muertes masivas por IRA, EDA y otras afecciones, y éxodos de todos los grupos Nükák hacia Tomachipán, Caño Jabón y San José.
2002	Enfrentamiento entre paramilitares (éxodo masivo)
2003	Choque de paramilitares y ejército contra las FARC en Charrasquera, y éxodo de 51 Nükák, 60% de los cuales eran niños entre los 0 y 12 años.
2005	Éxodo de 160 Nükák desde Araguato por temor a la guerrilla y a inminentes enfrentamientos con el ejército.
2006	Reubicación temporal de 160 Nükák cerca de Puerto Ospina en los límites con su resguardo
2007	Retorno voluntario de 50 personas sin acompañamiento

Fuente: Héctor Mondragón. Informe Araguato: Memorando, Fondo Mixto de Cultura del Guaviare. 11 de abril de 2007.
En síntesis, de los 600 Nükák Makú que sobreviven actualmente, por lo menos 221 fueron desplazados forzosamente entre septiembre de 2002 y agosto de 2006, es decir, la tercera parte de su población. Desde entonces, este pueblo ha declarado su interés por volver al resguardo Nükák-Makú, donde habitaban antes de desplazarse. Algunas de estas familias ya iniciaron su regreso.

Confinamiento y desnutrición de los Nükák

Los Nükák han sido afectados enormemente debido a que se les ha limitado la alta movilidad (nomadismo) que los caracteriza, pese a que su territorio comprende alrededor de 930.000 hectáreas. En la actualidad, los conflictos con los colonos y otros pueblos indígenas están aumentando; el hambre es cada vez mayor y la desnutrición está incrementándose.
Es de anotar que buena parte de dichos problemas se derivan del contacto con la población campesina (colono-mestiza) y las enfermedades generadas en este proceso; sobre todo por la pérdida de inmunidad biológica frente a la enorme reducción de la oferta ambiental en materia de recursos alimentarios. Los diversos estudios consultados coinciden en afirmar que la oferta de recursos del territorio Nükák es bastante diversa y bien distribuida, lo que les ha permitido la recolección y caza de muchas especies simultáneamente. Hasta el momento se sabe que este pueblo consume por lo menos 243 especies vegetales y animales diferentes (83 especies vegetales (43 identificadas), 9 especies de primates, 7 de otros mamíferos, 2 de reptiles, más de 10 especies de aves, 39 de peces, algunos batracios y crustáceos y diversos insectos como 43 especies de abejas productoras de miel y sus larvas (22 identificadas), 14 de avispas y 16 de orugas).
La caza, pesca y tumba de árboles son actividades masculinas; la recolección de vegetales, miel e insectos y la siembra y cosecha de los huertos son actividades compartidas por ambos sexos. De la preparación de los alimentos se encargan las mujeres que cocinan las carnes, los vegetales y elaboran los jugos de frutos.
Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) entre 1993 y 1996, determinaron que más del 40 % de los Nükák padecía de filariasis, enfermedad que aún los afecta. Pese a los avances, durante el periodo 1996-1998, las omisiones graves del Estado provocaron una nueva ola de epidemias, después de lo cual se tomaron medidas para frenar la extinción de este pueblo, posibilitando una rápida recuperación demográfica (habían descendido a 400). De las muertes sobre las cuales se tienen datos acerca de su causa y ubicación temporal, cerca del 2% ocurrieron antes de 1987, y el 98.07% restante después de este año. De este último porcentaje, el 91.66% corresponde a decesos causados por la "gripe", mientras que el 6.41% se ubica entre "otras causas".
Esto se debió a siete factores principales: 1. la instalación y avance de nuevos colonos dentro del recientemente creado y luego ampliado Resguardo Nükák; 2. la suspensión del Instituto Lingüístico de Verano y su aparente labor misionera, en una estación llamada Nuevas Tribus, que los proveía de atención en salud; 3. la cancelación de la licencia de operación de la pista de Laguna Pavón por parte de las autoridades aeronáuticas y de control de estupefacientes; 4. la no aceptación de propuestas para el establecimiento de centros de atención médica y cultural por parte de ONG ambientalistas; 5. la falta de sustitución del servicio de atención por parte del Estado; 6. las fumigaciones aéreas con glifosato de los cultivos de coca ubicados a orillas del río Guaviare y dentro del resguardo; 7. el avance del control militar y paramilitar y de los enfrentamientos con las FARC dentro de su territorio.
De acuerdo con informaciones de la Secretaría Departamental de Salud, contaban con un médico que los atendía durante tres días cada dos semanas, los niños entre los 11 y 15 años padecen desnutrición y requieren de apoyo alimentario con una mayor base nutricional. Según esta entidad, las condiciones de las viviendas donde residen (carpas de vara en tierra) no son adecuadas; las condiciones de saneamiento ambiental son mínimas y hasta hace muy poco padecían escasez de agua potable.
Esta situación se ha hecho más evidente con el aumento de las quejas de los vecinos sobre los daños producidos por la presencia de los Nükák, porque algunos toman lo que necesitan donde lo encuentran. Esto se debe a que los asentamientos de desplazados Nükák entraron en crisis fruto del agotamiento de los recursos naturales utilizados (presas de caza como los micos, materia prima para las artesanías como palmas de moriche y cumare, etc.), especialmente de los recursos para su alimentación. Esto es así porque a pesar de la asistencia humanitaria y su relación con la población campesina (cuya mayor fuente de alimentos proviene de sus labores agrícolas), los Nükák no han abandonado sus mecanismos y estrategias para proveerse de sus alimentos tradicionales, como tampoco han renunciado a sus hábitos alimentarios.
Durante los dos últimos años, la ONIC lleva a cabo una campaña nacional e internacional para evitar la extinción de este pueblo, lo que ha contribuido a sensibilizar a algunos sectores gubernamentales. Sin embargo, y no obstante la realización de una misión internacional de verificación, en el marco de estas labores, no ha logrado un compromiso efectivo y eficaz del Estado para garantizar y proteger dentro de su territorio, el ejercicio de los derechos que tiene el pueblo Nükák. Hoy la ONIC implementa un proyecto de acompañamiento de este pueblo, mediante la contratación de un médico (por cinco meses), que inició sus labores dentro del territorio Nükák, una campaña de comunicación, divulgación y sensiblización, además de la adquisición de una lancha para facilitar la entrada o salida del territorio, según las necesidades que demande su pervivencia en medio del conflicto armado en la región.

Conclusiones

• El contacto, la proliferación de enfermedades y la desprotección estatal ha generando la disminución demográfica del pueblo Nükák Makú. El continuo contacto con la población urbana del Guaviare los está exponiendo a nuevas enfermedades que podrían provocar su extinción.
• Tanto el desplazamiento como el confinamiento decretado por los actores armados (fuerza pública, paramilitares y guerrilleros) y las acciones del Estado en materia de su política de "Seguridad Democrática", especialmente las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca y de vastas áreas selváticas del territorio Nükák, han provocado la disminución de la oferta de recursos para su alimentación, la desnutrición de sus nuevas generaciones, la perdida de inmunidad biológica, la transformación de los roles entre hombres y mujeres, la pérdida de conocimientos tradicionales y una emergencia humanitaria de enormes proporciones.
• Frente a dicha emergencia humanitaria, la política asistencialista del estado ha contribuido directa e indirectamente a la sedentarización del pueblo Nükák y por tanto, a formar parte del control externo del territorio Nükák.
• En este sentido, la ONIC ha entendido que la desinformación es un instrumento de dominación del Estado y el Gobierno Nacional, y por tanto el primer escollo que deben vencer nuestros pueblos indígenas al momento de generar acciones, programas, planes y proyectos para la protección de la comunidad indígena nacional. Del mismo modo ha comprendido que los problemas indígenas no se pueden tratar de manera seria y digna cuando se les desconoce, deslegitima e invisibiliza a los protagonistas, los pueblos indígenas.
• De allí que sea necesario entonces, generar nuevas competencias para nuevas realidades dentro de los sistemas de información indígena, con el fin de facilitar las decisiones pertinentes para su protección.

Diego Henao.
Magister en Antropología.
Asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

13. Los pueblos indígenas de Colombia: de desplazados e invisibles a constructores de Paz

Por Diego Henao

Introducción

Hoy se evidencia el desproporcionado impacto del conflicto armado en nuestros Pueblos indígenas. En materia de derechos, las políticas regresivas que adelanta el Gobierno Nacional y la agenda legislativa aprobada en el Congreso durante la última legislatura, están provocando un genocidio y etnocidio de vasta proporciones. El uso del desplazamiento forzado interno realizado por los actores armados, asociado al establecimiento de campos de confinamiento, como estrategias de control territorial y sociopolítico mutuamente complementarias, evidencian el grado de discriminación que sufren los pueblos indígenas colombianos. Del fondo de este análisis emerge un cúmulo de "verdades ocultas", relacionadas con el despojo territorial, que señalan la presencia de una política de aniquilamiento promovida por quienes tienen el poder político en sus manos.

En las siguientes páginas mostraré la situación de crisis humanitaria que viven nuestros pueblos, a través del conjunto de análisis y propuestas que adelanta la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), frente a la sistemática y prolongada vulneración de sus derechos. En este sentido recurriré a información cualitativa y datos estadísticos para esbozar los antecedentes de la resistencia y la organización política de los pueblos indígenas de Colombia. De allí en adelante intentaré mostrar un panorama general sobre los complejos impactos del conflicto armado interno y en especial del desplazamiento forzado. Luego haré una breve presentación de algunos elementos centrales de la respuesta que la ONIC ha implementado frente al fenómeno del desplazamiento forzado indígena. Posteriormente mostraré el proceso de construcción del "Plan Nacional de Atención, Protección, Prevención y Reparación de la Población Indígena Desplazada o en Riesgo de Serlo", que hemos venimos construyendo e implementando en 10 regiones del país.

Antecedentes, resistencia y organización frente al despojo territorial

La migración forzada que hoy conocemos como "desplazamiento forzado indígena", nos obliga a tomar en cuenta una percepción con mayor profundidad temporal, acorde con las demandas y la memoria colectiva de los propios pueblos. Dicha percepción nos lleva a poner en evidencia una de las mayores constantes históricas en la formación de las sociedades nacionales latinoamericanas, en cuanto es considerada la principal estrategia de colonización, que viene funcionando desde hace 5 siglos y cuyo correlato es el confinamiento forzado de poblaciones; fenómenos que volvieron a emerger con mucha más fuerza durante las dos últimas décadas y sobre los que poco se ha reflexionado en Colombia.

En este nuevo contexto de la violación crónica, múltiple y sistemática de sus derechos, encontramos un primer momento, que coincide con el nacimiento de los grupos paramilitares en el Golfo de Urabá (1985), su posterior expansión y la conformación de las AUC; es decir, con la consolidación de una organización paramilitar de carácter nacional hacia 1997. Luego vemos como entre 1998 y 2000, se presenta otra curva ascendente en materia de violaciones, infracciones y vulneración de sus derechos colectivos, que fue registrada por diversos sistemas de información de derechos humanos, ampliamente visibilizada en informes de ONG y del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Durante este periodo, arrancó el proceso de paz con las FARC y el establecimiento de la zona de distensión para los diálogos con el Gobierno Nacional, luego de la posesión del entonces presidente Andrés Pastrana. Al finalizar su mandato, se inició la ejecución del Plan Colombia, marco dentro del cual se generalizaron los éxodos masivos por todo el país. Los más notorios ocurrieron entre junio y julio de 1998 desde sur del departamento de Bolívar; por la misma época 10.000 personas de 17 municipios distintos fueron forzadas a salir hacia el puerto fluvial de Barrancabermeja. Así mismo, desde el Carmen de Bolívar cerca de 13 mil personas salieron de la zona rural hacia el casco Urbano, la mayoría de ellos provenientes del corregimiento El Salado. A estas se sumaron 1800 personas más que fueron desplazadas del mismo corregimiento en febrero de 2000 (SNPS, 2000).

El periodo 2001-2003, se caracterizó por las presiones a la población para favorecer a los candidatos en los territorios bajo dominio de los actores armados; de allí el incremento del accionar bélico, orientado al "quiebre de la hegemonía de los grupos insurgentes, en medio del proceso electoral y la ulterior posesión de Alvaro Úribe Vélez. Durante este periodo emergieron nuevos grupos paramilitares, permitiendo la expansión geográfica de dicho dispositivo paraestatal, al mismo tiempo que el ascenso de una élite política asociada con el narcotráfico, que se robusteció en el Congreso de la República, y a través de estos, se consolidaron diversas acciones legislativas que han dado al traste con los logros de los pueblos indígenas y los diferentes grupos étnicos colombianos, en materia de reconocimiento de sus derechos, en la Constitución Política de 1991.

Luego entre el 2003 y 2004 la situación cambia, obviamente por las diversas respuestas de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales del país, así como por la implementación de nuevas estrategias de la acción humanitaria. Es un periodo en el cual se afianzan nuevas maniobras de los actores armados del conflicto. Es un momento donde la FARC decide replegarse hacia su retaguardia estratégica, con la concomitante disminución de su accionar bélico. Posteriormente, hacia el 2005, el conflicto armado se intensifica, presentando su mayor impacto en los territorios indígenas y sigue creciendo hasta principios del 2006, luego de que las guerrillas entraran a desarrollar nuevas acciones bélicas.

Frente a esta dinámica de colonización (externa e interna) caracterizada por el despojo territorial y la desestructuración sociopolítica y cultural generalizada, nuestros pueblos indígenas adoptaron diversas formas de afrontación y resistencia que trascendieron, desde el ámbito local, hasta generar procesos de adecuación de sus reivindicaciones políticas y formas organizativas, según los impactos y estrategias utilizadas por los victimarios, sin perder la perspectiva de su relación con el Estado. De allí que en la actualidad, y echando mano de su memoria colectiva, hayan orientado su plataforma política hacia su afirmación como movimiento social, mediante cinco demandas principales, que han sido reconocidas por el derecho internacional público.

La primera de ellas, es la consolidación del derecho de los PPII a disponer de los medios materiales y culturales necesarios para su reproducción y crecimiento, de manera especial a la conservación, recuperación y ampliación de tierras y territorios ancestrales. La segunda, es el establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que posibiliten y aseguren el ejercicio y la progresividad de sus derechos dentro de la institucionalidad de los Estados, garantizando la representación directa de sus pueblos en las instancias de gobierno. En tercer lugar, la lucha por el reconocimiento constitucional de su existencia como sujetos específicos dentro de la nación y de los derechos originarios o ancestrales (previos al Estado) que les corresponden, como de las obligaciones del Estado y el Gobierno para garantizar su ejercicio y desarrollar la legislación pertinente. En cuarto lugar, la lucha por el Derecho al ejercicio y desarrollo de las culturas indígenas. Y por último, la lucha por la instrumentación del derecho al desarrollo material y social de los Pueblos indígenas.

En esta dirección, durante las últimas tres décadas, han conformado un conjunto de organizaciones regionales y posteriormente, organizaciones nacionales, entre las que sobresale la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Este organismo, fue el resultado de la re-organización autónoma del movimiento indígena en Colombia, iniciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Unión de Indígenas del Chocó y el Consejo Regional Indígena del Vaupés; ejemplo que fue seguido por la conformación de organizaciones indígenas en otros departamentos. Surgió en sus inicios, como respuesta a la promulgación del "Estatuto de Seguridad" y particularmente del "Estatuto Indígena", a finales de la década de los 80, durante el Gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala. En octubre de 1979, en Lomas de Ilarco (Sur del departamento del Tolima) se realizó el Primer Congreso Indígena Nacional de Colombia, evento donde se oficializó la creación de la Coordinadora Nacional Indígena, misma que asumió la creación de la ONIC, en el marco del Segundo Congreso Indígena Nacional (1982). Es de anotar que dicho Congreso reunió en Bogotá a más de 3 mil 500 personas de 84 pueblos y logró paralizar el "Estatuto Indígena".

En la actualidad, la ONIC está preparando el Sexto Congreso, durante el cual transformará su plataforma política y su estructura organizativa. Dejará de ser una organización gremial con personería jurídica, adscrita a la Cámara de Comercio, para constituir un Parlamento Indígena. Es decir, una entidad pública nacional, de carácter especial, conformada por las autoridades indígenas colombianas. Todo ello a partir de la composición de cinco órganos internos (1. Legislativo, 2. De Consulta, Planeación y Coordinación; 3. Ejecutivo; 4. Judicial; 5. De Control y Vigilancia).

El propósito del Parlamento Indígena es legislar desde su autonomía, desde el autogobierno y desde la Jurisdicción Especial Indígena que le reconoce la Constitución Política de Colombia. Valga decir, que la ONIC es entendida aquí no solo como el equipo de trabajo en Bogotá sino como el conjunto de las 32 filiales departamentales, las 17 zonales, y el conjunto de organizaciones locales afiliadas directamente.

Contexto actual de la crisis humanitaria indígena

Durante los últimos quince años, los pueblos indígenas vieron crecer en el país un modelo de desarrollo forzado, el cual se consolidó a través de un nuevo proyecto paramilitar basado en el narcotráfico y en la lucha contrainsurgente, que intentó echar abajo sus logros en la nueva Constitución Política (1991), al mismo tiempo que vieron crecer a unos grupos insurgentes cada vez más irrespetuosos de su autonomía y sus derechos a la vida y la integridad colectiva. Un modelo que continúa desangrando a sus comunidades, que sigue descabezando sus organizaciones, que ha debilitado su "ancestralidad" y amenazado a sus autoridades. Un proyecto macabro que, entre muchas otras cosas, ha convertido nuestros ríos en la fosa común de 526 indígenas desaparecidos, los cuales muy probablemente no regresarán a sus malocas y familias; una cantidad que puede ser la más alta de Colombia, sufrida por un solo movimiento o sector social. Dicho de otro modo, se trata de una violencia política que les ha quitado la vida a más de 2800 hombres y mujeres que resistían en sus comunidades, y ha desplazado y despojado de su territorio a más de 70 mil de nuestros hermanos y hermanas indígenas.

Durante los primeros siete meses del año, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO), se presentó una disminución importante en los estimativos sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, en un marcado contraste con la tendencia al crecimiento de los estimativos sobre la conculcación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En total fueron 160.102 indígenas (12% de nuestra población), afectando a 23 pueblos en el 60% de los departamentos del país:
violaciones de derechos humanos (11%) infracciones al DIH (12%) vulneración de los Derechos Colectivos (76%).

Dichos guarismos señalan la magnitud del impacto del conflicto armado, pero especialmente de dichas políticas gubernamentales, caracterizadas por la falla en el deber de protección, respeto y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

En términos generales, son 18 los pueblos que más han sido afectados y tres de estos los que han recibido mayor impacto: los Guambiano con cerca de 72 mil víctimas, los Yanacona con un poco más de 15 mil y los Embera Chamí con cerca de 12 mil víctimas.

Es de anotar, que la mayor parte de esta crisis humanitaria se registra en la región Occidental (92%) del país, seguida por la región Norte (7.6%). En cuanto al Derecho a la Vida (por acción y omisión estatal o por connivencia del Estado con alguno de los actores armados), son 260 homicidios, sin contar con las 32 desapariciones forzadas, 28 más de las ocurridas durante el mismo periodo del año 2006. En materia derechos humanos sobresalen las amenazas (46.6%), el desplazamiento forzado (32%) y los señalamientos o estigmatización de comunidades enteras (19%), sin que cesen las heridas, los allanamientos y las detenciones arbitrarias.

Los datos evidencian que la mayor responsabilidad de las violaciones está en cabeza del Estado, seguida de aquellas cometidas por actores armados sin una identificación clara (desconocidos), lo que equivale en conjunto al 74% del total, frente a una disminuida responsabilidad de las guerrillas y los grupos paramilitares.

Ahora bien, una breve mirada a la responsabilidad o autoría de las infracciones al DIH, permite observar que los combates entre fuerza pública y guerrillas ocupan la mayor parte del escenario de guerra en contraste con actores armados sin identifación clara (desconocidos), asociado a la aparente supresión del accionar bélico con motivo de la negociación y supuesta "desmovilizaciòn" de los grupos paramilitares (en el marco de la Ley de Justicia y Paz). Si bien se presenta una tendencia similar a la del año pasado para el mismo periodo, es preciso señalar que, por la dinámica de recopamiento territorial iniciada por las FARC, en varias regiones del país, la Fuerza Pública ha presentado una respuesta militar mucho más fuerte, pero al mismo tiempo una respuesta que no aplica el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, y empieza por el uso de la difamación, el señalamiento y la estigmatización de nuestros pueblos; tildándolos de colaboradores de la Guerrilla, especialmente a los lideres y autoridades, como viene sucediendo con las comunidades Embera de Mumbú, Gito Docabú, Alto Sinú, Loma de Citabará, Escopetera Pirza y Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, de los departamentos de Chocó, Córdoba, Risaralda y Caldas.

Esta estrategia de la Política de seguridad democrática, viene asociada a la restricción de la libre circulación de personas, alimentos, medicamentos e insumos. Hasta principios del mes de junio, cuando iniciamos un monitoreo del confinamiento en el país, cerca de 12 mil hombres y mujeres indígenas permanecían confinadas y en riesgo inminente de desplazamiento forzado. Al mismo tiempo, se ha incrementado la siembra de minas anti-persona, sin el más mínimo respeto por su autonomía y autoridades tradicionales, en tanto que constituyen entidades públicas de carácter especial.

Además de lo anterior, y como si esto fuera poco, los estimativos señalan la inmensa responsabilidad del Estado en la vulneración de los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas de Colombia, derivada de la ausencia de una política pública estatal e integral, con enfoque diferencial, que acate e implemente la ley 21 de 1991, con la cual se ratifica el convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y tribales. Ley que protege su autonomía y propiedad territorial colectiva, su libre autodeterminación, su derecho a la identidad y su derecho al desarrollo propio. Ley que toma como base estos derechos para exigir la obligatoria aplicación de los mecanismos de consulta previa, frente a la implantación de megaproyectos privados y públicos, como la exploración y explotación de recursos en sus territorios, adelantada por compañias nacionales y multinacionales, con la aquiescencia del Gobierno Nacional.

Desde el 2004, a medida que avanzó el proyecto paramilitar, disminuyó su presión armada, sin que desapareciese, y aumentaron los constreñimientos sociales. En Nariño, Cauca, Putumayo, La guajira, Cesar, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Orinoquia y Amazonia, han vuelto a reaparecer bajo el nombre de Aguilas Negras, e incluso han entrado a disputarse los territorios entre sus nuevos comandantes, como sucede en el río Guaviare. En el Bajo Atrato, por ejemplo, según testimonios indígenas, no se entregaron todas las armas, y por ello es que hoy reaparecen como Águilas Negras y "Power Rangers", al mando del "Comandante Mario"; quien entró en la negociación como un ganadero y no como comandante, pese a que, supuestamente, su estructura se había desarticulado. Las maniobras realizadas por este comandante evidencian la continuidad del proyecto paramilitar y el grado de formalización de sus estrategias, con el apoyo abierto del Estado y la OEA.

En vista de esta grave situación, y como quedó plasmado en el informe del Relator espacial para las cuestiones indígenas de la ONU, Sr. Rodolfo Stavenhagen, (en su visita a Colombia 2004), y en el recientemente informe la "Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria de los Pueblos Indígenas de Colombia" (2006), se han producido numerosas recomendaciones emanadas de órganos intergubernamentales de derechos humanos, que el Estado colombiano está en obligación de cumplir. Este es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH), organismo que además ha solicitado al Estado colombiano, la adopción de Medidas Cautelares y Medidas Provisionales para 8 de nuestros pueblos indígenas (Nasa, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Senú, Embera Katío, Embera Chamí y Pijao).

Discriminación y desprotección estatal: amenazas latentes

Hoy en Colombia, el escándalo de la llamada "parapolítica" inunda los medios de comunicación, y pese a los hallazgos, apenas se reconoce el impacto que produjo el veto a las fuerzas políticas alternativas en las regiones de influencia paramilitar (socialdemócratas, movimientos verdes, movimientos de mujeres y corrientes de izquierda), asociado a la presión militar sobre comunidades y autoridades, en zonas de bajo su influencia como de los grupos insurgentes. En esta dirección el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, señaló en un su informe sobre los escenarios de riesgo electoral en Colombia (en los días previos a las elecciones 2006-2007), que de los 1098 municipios existentes en el país, 530 estaban en riesgo; es decir, se presentaba una restricción del derecho a la participación político-electoral de los pueblos indígenas, toda vez que la mayor parte de sus territorios se encuentran en las zonas rurales de dichos municipios. Así mismo fue enfático en señalar, que no había límite a los poderes de facto en estas regiones y localidades, y que no se podía ejercer integralmente la "ciudadanía política". Situación semejante a la que se presenta en la actualidad, con motivo de las próximas elecciones para gobernadores y alcaldes en el país.

En este panorama, no es raro entonces que la impunidad generalizada haya alcanzado el 43% y la impunidad en crímenes atribuidos al Estado supere el 90%; y tampoco es extraño que las supuestas negociaciones de paz del Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, no contengan procesos de reparación, justicia y verdad, para las víctimas de su accionar bélico, y especialmente para nuestros pueblos indígenas.

El resultado de todo esto ha sido la ineficacia e inoperancia de las políticas públicas y en particular de las políticas sociales, debido a la excesiva preocupación del gobierno por sus acciones militares, asociadas a las fumigaciones aéreas con glifosato, en el marco del Plan Colombia; estrategia cívico-militar que ha sido bandera del programa de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro Uribe Véle. Mientras tanto, representantes políticos del paramilitarismo que hoy han sido detenidos sus vínculos con dicha estrategia en el país, adelantaron una agenda legislativa lesiva para el país y particularmente para nuestros pueblos indígenas, sin que dichas detenciones hayan constituido mérito suficiente para declararlas inconstitucionales. Esta dinámica ha sido calificada por muchos como una "contra-reforma constitucional" debido a los siguientes factores: 1) Exceso de medidas de control del orden público que restringen las libertades y los derechos de la población civil; 2) Otorgamiento de facultades de policía judicial a la Fuerza pública; 3) Incremento de operaciones militares en el marco del Plan Colombia; 4) Debilitamiento del control de la Corte Constitucional frente a las iniciativas gubernamentales que afectan los DDHH; 5) Restricción del mecanismo de Tutela para proteger los Derechos colectivos y especialmente los DESC; 6) Aumento del pie de fuerza, creación de nuevas estrategias de cooptación y reclutamiento (Soldados Campesinos, Soldados por un Día, Etc.) y reforzamiento de las estructuras de delación (Red de Informantes, Recompensas, rebaja de penas, etc.); 7) El aumento de las bases militares, especialmente en los territorios indígenas; 8) Criminalización de la defensa y exigibilidad de nuestros derechos, especialmente del derecho a la protesta social; 9) Paramilitarización del Estado y Estatalización del paramilitarismo a través de la Ley de Justicia y Paz.

En este contexto, la ONIC ha identificado cinco grandes amenazas contra la vida e integridad de sus comunidades, cosmovisiones y organizaciones.

El hecho de que el Estado no reconozca legalmente la presencia del conflicto armado interno y promueva la guerra, ha generado la agudización de las acciones bélicas de los actores armados en los territorios indígenas, misma que constituye el reclamo más urgente de la sociedad civil colombiana y sobre todo de nuestros pueblos. Frente a esta situación la ONIC viene desarrollando una serie de labores y alianzas con diferentes sectores del país, y principalmente con otras organizaciones nacionales indígenas: la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), el Consejo Indígena Tairona (CIT), y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), a través de una de plataforma política denominada Consejo Nacional Indígena de Paz (CONIP). En este Consejo, se viene adelantando acuerdos humanitarios regionales y diálogos con los actores armados, en el nivel local y regional, tomando en cuenta que quienes lo hacen son autoridades tradicionales propias de los pueblos indígenas, y que como autoridades tradicionales están obligadas a hacerlo en beneficio de sus propios pueblos, con base en su autonomía y la jurisdicción especial indígena.

Una segunda amenaza, la constituye el aumento de la violencia directa contra nuestros pueblos, como forma de control político y territorial. En este sentido, queda cada vez más claro para los pueblos indígenas, que los actores armados estatales, paraestatales y contraestatales, tienden a homogenizar el campo bélico dentro de sus territorios, con prácticas y dinámicas similares. Como todos saben, las infracciones son un resultado de los combates entre los actores armados dentro de una guerra civil o conflicto armado interno, y son presentadas generalmente como un sub-producto bélico, como violencia indirecta.

Hasta hace poco tiempo, el análisis de los datos que arrojaba el SINDHO, en contraste con los análisis que llegaban de las organizaciones regionales indígenas, se percibía un mayor número de infracciones al DIH que de violaciones de DDHH (Derechos civiles y políticos). Luego, el aumento de las violaciones tanto como la continuidad de las infracciones permite ver como el objeto de la guerra ya no es la confrontación sino el ataque directo contra los pueblos indígenas. Un ataque que conlleva la criminalización de los derechos de los pueblos indígenas, por parte de las partes en confrontación, mediante el uso de la difamación y el señalamiento de sus organizaciones y comunidades, como aliados y enemigos de uno u otro, no obstante su opción por la neutralidad.

Sin duda alguna, esto se debe a la implantación de modelos de desarrollo que no consultan las necesidades de sus ciudadanos o de sus víctimas. Hoy la principal queja que tienen los pueblos indígenas es la falta de aplicación de los mecanismos de consulta previa, para la formulación, implementación y evaluación de las políticas que los benefician o afectan.

Por último, y quizá lo más importante, debido a que constituye el principal contexto de promoción del desplazamiento indígena es la contrarreforma constitucional que se adelanta durante los últimos años y que tiene su corolario en la aprobación de la Ley Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 30 de 2007) y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. En cuanto al primero borra de plano la propiedad territorial colectiva y su derecho al control y goce autónomo de dicha propiedad como de sus recursos. El segundo, privilegia el crecimiento económico acelerado sin desarrollo social (implantación sin consulta previa del TLC, deforestación masiva de territorios biodiversos, expansión ganadera y desertificación, expansión del monocultivos como la palma africana, caña de azúcar, cacao, etc., orientados a la producción de biocombustibles); prioriza la "recuperación de territorios" mediante el uso de la fuerza y la violencia (primado de lo militar sobre lo político como si estuviésemos bajo el régimen del "Estado de excepción" o "estado de sitio", la negación recurrente y sistemática para adelantar los acuerdos humanitarios y las iniciativas de paz locales, legalización de la impunidad mediante la Ley Justicia y Paz y ficticia desmovilización paramilitar); y pretende adelantar la Reconciliación forzada de víctimas y victimarios (Poblaciones convertidas en receptoras por pago de subsidios, ausencia de Justicia, verdad y reparación integral para las víctimas de los actores armados, y la ausencia de judicialización para todos los victimarios).

Impacto desproporcionado y ausencia de política pública

Estudios recientes
muestran que en el año 2002 sólo 8 (5.29%) de los 151 municipios que tenían resguardos en trámite no reportaron cifras de población indígena desplazada; es decir, el 94.7% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron población. Mientras que en el año 2003, el 93.37% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron población y el porcentaje de los que no expulsaron representó sólo el 6.62%.

Los principales efectos ocasionados por el desplazamiento forzado interno en los pueblos indígenas están relacionados con lo siguiente:

1. La afectación de las comunidades y pueblos en tanto sujetos colectivos de derechos
   
2. Deterioro del proyecto político de autonomía territorial y vulneración del ejercicio de la territorialidad
   
3. Deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población que se quedó resistiendo dentro del territorio, de la población desplazada y de las poblaciones "receptoras"
   
4. Alteración de la seguridad jurídica de los territorios (constitución, saneamiento, y consolidación de las posesiones y reservas), debido a la pérdida del control, uso y ordenamiento de sus recursos (por incremento de economías extractivas, economías ilícitas, impactos medioambientales).
   
5. La ruptura de los referentes culturales, expresada en cuatro quiebras específicas: A. De los calendarios tradicionales en los que se enmarcan las actividades sagradas, productivas y políticas. B) De la ruptura, disipación y/o parálisis de los procesos etnoeducativos y de salud, así como de los procesos de recuperación cultural. C) Del cambio hacia la oferta cultural y material de las comunidades receptoras (consumismo y cambio de hábitos alimenticios), y hacia patrones de consumo mercantil o industrial. D) La ruptura de los mecanismos colectivos y solidarios de intercambio material y espiritual (minga y fogón, por ejemplo).
   
6. Pérdida de la soberanía y autonomía alimentaria ocasionada por la ruptura de las cadenas agroalimentarias y la consecuente transformación de los sistemas tradicionales de producción, provocando el desabastecimiento alimentario y la desnutrición crónica (derivada de la disminución de la oferta alimentaria medioambiental)
   
7. La ruptura violenta de redes familiares y parentelas, lo que provoca una creciente desestructuración social, de carácter irreversible (polarización, atomización y división de comunidades, organizaciones y pueblos), que no permite el relevo generacional (alteración de las relaciones de género y generación), ni la continuidad de los procesos de educación y salud propia.
   
8. Debilitamiento de la solidaridad comunitaria y el aumento de los niveles de individualización, en especial de las generaciones más jóvenes en su articulación con la población urbana.
   
9. La urbanización forzada de los pueblos indígenas que ha producido el debilitamiento de los saberes tradicionales y del proceso organizativo, ocasionando límites enormes en la capacidad de respuesta de las autoridades, organizaciones y comunidades, en términos de gobierno propio y jurisdicción especial indígena.
   
10. Finalmente, el desplazamiento forzado ha conducido a un aumento del confinamiento y el aislamiento territorial, además de constituirse en el origen de largas cadenas migratorias que en muchas ocasiones terminan en los países vecinos.
    

Estos efectos, en tanto procesos sociopolíticos, económicos y culturales, han puesto en juego la creatividad cultural de los lideres y autoridades tradicionales como de las nuevas generaciones, ha cambiado el papel de las mujeres y los hombres, ha transformado los patrones de crianza y socialización política basados en los medios masivos y ha generado la creciente suplantación de la vocería y representación indígena por parte de los funcionarios del Estado.

Durante los últimos años, muchas investigaciones y análisis sobre el comportamiento y la magnitud del desplazamiento forzado interno en Colombia, han dado cuenta del impacto desproporcionado que este fenómeno ha tenido en nuestros pueblos indígenas. En términos generales, señalan la enorme diferencia entre el porcentaje de la población indígena en el país (3% según el Censo DANE 2005), y el porcentaje de la población indígena desplazada, que oscila entre el 8% y 12,5% según la fuente y el año tomado para construir el estimativo.

"Uno de los temas de mayor preocupación en el 2001 ha sido el Impacto desproporcionado del desplazamiento en las comunidades indígenas, ya que según la RSS
representan aproximadamente el 8%, del total de los desplazados, mientras sólo son el 2 % de la población colombiana".

Un breve contraste entre las estadísticas que publica Acción Social evidencia que para el año 2005, registraron un total de 229.326 personas desplazadas en Colombia, mientras que la ONIC registró 28.581 indígenas desplazados, cifra que equivale al 12,5% del total nacional. Este estimativo sobre pueblos indígenas, es el más alto de los últimos 30 años y supera en tres veces la proporción de población indígena nacional (Censo 2005). Es preciso señalar que la mayor parte de esta población aún permanece fuera de sus territorios.

Sobre la base de estos estimativos, el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos de los Desplazados, Walter Kalin, luego de visitar varias regiones del país, manifestó también su preocupación por "el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas, (…) es algo que está afectando gravemente sus derechos culturales y sus derechos sobre sus tierras" (15 de junio de 2006), al mismo tiempo que coincidió con la ONIC, en señalar "que aunque Colombia cuenta con sólidas leyes destinadas a ayudar a los desplazados, a menudo no se aplica en los niveles regional y local" (27 de junio de 2006).

En otras palbras, brilla por su ausencia una verdadera política pública diferencial en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas de Colombia, que se hizo más palpable con la abstención del gobierno Colombiano frente a la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007). De allí el reclamo generalizado de nuestros hermanos y hermanas indígenas desplazadas, por la ausencia de una política de atención integral al desplazamiento forzado indígena, no obstante el "estado de cosas inconstitucional" declarado por la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-025, y los sucesivos fallos que le ordenan al gobierno nacional (en cabeza del SNAIPD), crear los mecanismos y estrategias suficientes para superarlo. Es decir, le ordena proteger los derechos de la población más vulnerable, cuando reconoce que uno de los "rezagos más significativos" de la política de atención a la población desplazada
es
"la desprotección de los grupos indígenas…".

Este aspecto, si bien ha sido tomado en cuenta por las autoridades encargadas del SNAIPD, no ha logrado incidir en un cambio radical de la política pública gubernamental de derechos humanos. Esta es la dimensión de la discriminación gubernamental y del problema que enfrentan nuestros pueblos indígenas y sus organizaciones, en medio de una guerra que se intensifica cada vez más en sus territorios.

Por eso es común la crítica de algunos juristas y de la población desplazada, sobre la presencia de una política pública perversa y regresiva que le abrió la puerta a toda esa economía criminal que hay detrás del paramilitarismo, poniendo en evidencia el debilitamiento de la democracia y al ascenso de un fascismo social nunca antes visto en Colombia.

Actualmente, nuestros pueblos indígenas se están viendo constreñidos a realizar una profunda recomposición demográfica y hondas transformaciones culturales, que llegan incluso al límite de la extinción, fruto del desplazamiento forzado. Un análisis no muy exhaustivo permite ver que durante la última década ha afectado a 69.068 personas,
provenientes de
36
pueblos. De este estimado el 70% se presentó entre enero del 2004 y julio de 2007; es decir, un promedio de 40 personas diarias. Estos datos no hacen más que corroborar, sin lugar a dudas, el fuerte crecimiento del fenómeno durante el último lustro.

Del mismo modo, y desde una perspectiva demográfica y territorial, según el patrón residencial de los pueblos indígenas, el desplazamiento forzado presenta una afectación distinta de dos modos extremos. El primero, en aquellas regiones con pocos pueblos indígenas, aunque con población muy numerosa, un alto grado de asfixia territorial, como en la Costa Pacífica, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Península de La Guajira y la parte Sur de la Zona Andina Colombiana. En este sentido, el pueblo Nasa es quien presenta un mayor volumen de población desplazada (21.547 personas), pueblo caracterizado por un nivel de nucleamiento o concentración poblacional muy fuerte. Seguido del pueblo Embera (tomando en conjunto a los Siapidara, Katío, Dovida y Chamí), caracterizado por la segmentariedad familiar (eje del patrón residencial) y por lo tanto territorial.

El segundo, se presenta en aquellas regiones donde el número de pueblos es mucho mayor, con una densidad demográfica muy baja y un alto grado de dispersión en su patrón residencial. Este es el caso de regiones como la Amazonia y la Orinoquia, donde habitan 54 pueblos indígenas, 12 de ellos en vías de extinción, de los cuales cabe destacar a los pueblos Guayabero, Nukak Makú, Betoye, Koreguaje, Uitoto, Ziona y Siripu, como los más afectados por el desplazamiento.

En términos de responsabilidades, es preciso tomar en cuenta el contexto que citamos en párrafos anteriores, sobre los cambios en las estrategias de los actores armados. Esto supone una lectura en la que sobresale la desprotección estatal por omisión y connivencia con otros actores armados, respecto de las causas estructurales del desplazamiento forzado. Sin embargo, es notoria la presencia de la responsabilidad estatal, por acción directa. Esto es algo que el Gobierno actual no visibiliza, toda vez que para los sistemas de información gubernamentales, incluyendo el RUPD, las decisiones o prácticas de sus funcionarios civiles o militares no son tomadas en cuenta como causas del destierro indígena (Fumigaciones aéreas, Detenciones arbitrarias,
Despojo territorial legalizado con la ley 975, desarrollo de megaproyectos sin consulta previa, instalación de bases militares en sus territorios, etc.).

La ONIC frente al desplazamiento forzado indígena

Frente a la adversa realidad del conflicto armado y el desplazamiento forzado interno, los pueblos indígenas, a través de la ONIC, vienen adelantando una política de autoprotección y resistencia civil, luego de 8 años de investigaciones y elaboración de propuestas e iniciativas de paz, que suele expresarse en tres momentos o fases diferentes.

Una primera fase de este proceso se oriento a la identificación y caracterización del impacto del desplazamiento dentro de los territorios y zonas de expulsión. Estos diagnósticos generales y situacionales, pusieron en evidencia una serie de pautas de desestructuración sociopolítica y cultural, que concluían en el debilitamiento organizativo, a través de un proceso de desidentización indígena; es decir, procesos de cambio de la identidad indígena, hacia una identidad urbana mestiza, asociada a la evaporación de sus propias luchas dentro del ámbito urbano.

Luego de estos diagnósticos generales y situacionales, se presentó una segunda fase que se caracterizó por la realización del Congreso Extraordinario de los Pueblos Indígenas (Cota, 2001), donde se decidió realizar uno de sus mandatos: realizar una Mesa Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas (7 y 8 de mayo de 2002), mesa de la cual emanaron las directrices para crear el Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, por parte de la ONIC. En esta dirección, se creó también el Área de Derechos Humanos y Paz, en un momento en que el desplazamiento forzado interno llegó afectar a casi medio millón de personas en Colombia. A la par de este proceso y para darle mayor coherencia política a dicha iniciativa, se sumaron alianzas con ONG defensoras de derechos humanos y el Sistema de Naciones Unidas en Colombia (ACNUR), para adelantar la construcción de una serie de propuestas, entre las que sobresale el diseño e implementación del Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO). Dicho Sistema de información se construyó con base en el marco conceptual del Banco de Datos Noche y Niebla y CINEP, y fue asistido técnica y logísticamente por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Se puso en obra el SINDHO, habida cuenta que la información existente no era cualificada para la incidencia en materia de exigibilidad de sus derechos. Es decir, no había mecanismos aptos para registrar la información y cuando se iba a judicializar un caso, no era posible hacerlo con eficacia porque la información no era suficiente o no tenía la calidad requerida.

Por primera vez, entonces, los pueblos indígenas tomaron el discurso de los derechos humanos y la paz y lo sometieron a discusión. Desde ese momento hasta hoy se viene haciendo una lectura colectiva de los DDHH y del DIH, así como una revisión crítica de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Esa lectura colectiva ha propiciado diversas interpretaciones que distan de la exegesis monolítica estatal, y sobre las cuales se definió la forma de responder a todas las dinámicas del desplazamiento, bajo la consideración de que "un pueblo indígena sin territorio no tiene vida, no es un pueblo indígena".

Todo esto devino en una tercera fase, después de consolidar (por 3 o 4 años) su aprendizaje, además de la base de datos y las iniciativas de paz. Hasta ese momento no había más de 1200 eventos registrados (violaciones e infracciones). A partir del 2004 hacia acá, por medio de diferentes investigaciones y de alianzas con otros sistemas de información, (CODHES, Banco de Datos Noche y Niebla-Cinep, organizaciones indígenas regionales, Cecoin, etc.), se logró robustecer la base de datos hasta lograr un conjunto de 10 mil casos registrados. La ONIC pasó de tener información sobre los últimos cinco años a poseer información cualificada de las últimas 3 décadas.

La implementación del SINDHO, ha permitido que la ONIC logré un mayor conocimiento del impacto del desplazamiento forzado en los pueblos indígenas de Colombia, tanto sobre las regiones de expulsión como de recepción, incluyendo el posicionamiento institucional de la problemática de la migración transfronteriza y refugio de Pueblos indígenas en los países vecinos. Así mismo, ha contribuido para que la ONIC logré un mayor nivel de incidencia política ante la comunidad internacional, y su reconocimiento como la principal fuente de información sobre pueblos indígenas de Colombia. Dicho reconocimiento a proporcionado una mejor visibilización de la ONIC como una organización que construye propuestas de política pública en materia de DDHH y DFI, lo cual ha repercutido en los órganos de control del Ministerio Público.

Desde otra perspectiva, no menos importante, la ONIC a través del SINDHO, utiliza una serie de presupuestos para interpretar y presentar la información sobre la crisis humanitaria que están viviendo. Un ejemplo de ello lo constituye el análisis por separado de la responsabilidad del Estado y de los grupos insurgentes e ilegales (actores armados y civiles), en materia de violaciones de DDHH, infracciones al DIH y vulneración de los Derechos Colectivos de los PPII colombianos; con el objeto de facilitar su seguimiento y monitoreo, así como su judicialización, no obstante que desde una lectura integral, el Estado constituya el principal responsable por la desprotección de sus derechos. Para ello toma como eje principal el concepto de "violencia política", marco dentro del cual, es atribuible la responsabilidad Estatal, cuando un actor armado por acción, omisión o connivencia con la autoridad civil o policial, vulnera los derechos de la población, en este caso de los pueblos indígenas.

La ONIC y la reconstrucción de los indígenas desplazados en la ciudad

Más allá de las respuestas locales, como lo decíamos al principio, realizadas por autogestión y a la propia manera de los pueblos, persiste un gran desafío por superar entre las organizaciones regionales indígenas y los diferentes núcleos de población desplazada indígena, sobre todo con aquellos pueblos que permanecen desplazados en pueblos y ciudades. Se trata de la generación de un proceso de rearticulación de las comunidades desplazadas con aquellas que continúan en riesgo, a través de sus organizaciones y autoridades. Es un desafío que está compuesto por un conjunto de retos específicos, veamos:

1. Superación de las temporalidades diferenciales en la ejecución de proyectos y propuestas de Política pública en materia de atención integral al DFI de PPII
   
2. Articulación de la agenda sobre DFI con las dinámicas regionales y locales de las instituciones encargadas de la atención integral del DFI de los PPII
   
3. Articulación de la agenda sobre DFI con las dinámicas políticas de las organizaciones
   
4. Apertura de espacios humanitarios para la superación de las dinámicas de afectación del conflicto armado (Causas y consecuencias)
   
5. Implementación del enfoque diferencial en las políticas públicas del Estado y el Gobierno Nacional.
   
6. Ejecución, evaluación y seguimiento, y actualización de las acciones de respuesta, ante la generación de nuevas necesidades de los PPII desplazados y amenazas fruto de los cambios en las dinámicas del CAI
   
7. Adecuación de las acciones y nuevos elementos de priorización y aproximación al problema que se quiere solucionar (o mitigar) con el proceso
   
8. Legitimación de las propuestas de Política pública en materia de DDHH, PAZ y DFI de los PPII de Colombia
   
9. Superación de la discriminación y ausencia de voluntad política para la ejecución de la política pública en materia de atención integral diferencial
   
10. Gestión de recursos económicos propios y suficientes para la implementación de aaciones estratégicas para una respuesta adecuada al fenómeno
    

Es por ello que la ONIC decidió construir desde sus bases, el "Plan Nacional de Protección, Prevención, Atención y Reparación de los Pueblos Indígenas Desplazados en Colombia", con el objeto de "Fortalecer los mecanismos de protección, garantía y exigibilidad de los derechos de la población indígena desplazada en Colombia, a partir de la jurisdicción especial indígena" y sus necesidades particulares, según los principios organizacionales de la ONIC.

El PLAN se concibe dentro de esa nueva forma de ver las políticas públicas, mismas que consideran que lo público no es resorte exclusivo del gobierno nacional ni del Estado, sino de la sociedad en general, y que la sociedad está abocada a construir sus propias opciones, desde el punto de vista de sus derechos fundamentales.

Es una propuesta de política que intenta superar los condicionamientos políticos a la participación política indígena. Como es sabido, dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado, sólo hay una opción en la que se puede ejercer el derecho a la participación, relacionada con los procesos de restablecimiento, a través de la línea de acción sobre fortalecimiento de las organizaciones de población desplazada, línea que no reconoce la autonomía de los pueblos indígenas. Es una imposición que niega el derecho a la libre asociación, como a la libertad de opinión y expresión de los pueblos indígenas, puesto que solo permite conformar asociaciones de familias desplazadas y a través de estas, la integración a la Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada. Es decir, no se puede acudir a las formas tradicionales de organización de los propios pueblos indígenas.

Esto ha representado una limitación enorme y ha generado unos riesgos de desarticulación organizativa muy fuertes. En el caso de Bogotá, por ejemplo, donde hay más de 25 pueblos de desplazados, con una población cercana a las 6 mil personas, se constituyó un espacio de trabajo y encuentro que se llama "Minga Nacional de pueblos indígenas en Desplazamiento de la ONIC". Espacio dentro del cual se han generado una serie de debates y dinámicas de aprendizaje, que han logrado incidir en la política pública distrital, con nuevas formas de representación política, mismas que, incluso, han incidido en la re-organización interna de los pueblos indígenas frente al Estado, con nuevas maneras de construcción de lo público, y en particular de la política pública para Pueblos indígenas.

En este sentido "La Minga" ha logrado consolidar un trabajo que se venía haciendo desde hace unos 8 o 10 años, a partir de la Mesa Serankua, una mesa que nació en la Defensoría del Pueblo, misma que devino en la conformación de una cooperativa (KAPAWIPI) que luego se fragmentó y se integró a la ONIC para el nacimiento de "La Minga".

Actualmente la ONIC, mediante la construcción del PLAN, con el apoyo permanente de la ACNUR y más recientemente del Ministerio de Educación Nacional, se ha logrado fortalecer organizativamente a "La Minga", con la cual se está impulsando una labor a nivel nacional en términos del restablecimiento político, para que en adelante cada organización nacional, regional o local, enmarque su plataforma de lucha por sus derechos, en ejercicio de su autonomía como pueblos. Por ejemplo, en el caso del Derecho a la educación, cada plataforma ha adelantado discusiones internas que luego se pretenden llevar a una discusión nacional para la formulación de la propuesta general dentro del PLAN. De allí que hoy, se esté consolidando la construcción de "Rutas pedagógicas para la atención integral y diferencial en educación para los pueblos indígenas de Colombia.

Con propuestas como la anterior, la ONIC ha logrado incidir en diversos espacios que propenden por la co-construcción de la política pública diferencial para pueblos indígenas de Colombia, en materia de atención integral desplazamiento. Hoy hace parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento a la Política Publica de Atención Integral a la Población Desplazada. Comisión integrada por organizaciones sociales, ONG defensoras de derechos humanos y expertos interesados en dicha política pública.

Con los resultados de la formulación del "Plan Nacional de Protección, Prevención, Atención y Reparación de los Pueblos Indígenas Desplazados en Colombia", la ONIC ha logrado incidir también, en las decisiones de la Corte Constitucional; a tal punto que mediante la expedición los autos 207 y 238 convocó (para el 21 de septiembre de 2007), a una "Sesión de información técnica para verificar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025, sobre el problema del desplazamiento interno, desde la perspectiva de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento".

En el marco de dichas contribuciones de los pueblos indígenas, se le presentó al Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional De Derechos Humanos, en el contexto de la Mesa Nacional de Concertación (1396 y 1397 del 8 de agosto de 1996), una propuesta de política pública en materia de DDHH, DIH y Autoprotección colectiva frente al conflicto armado, sin que haya sido tomada en cuenta. A estas alturas, el Gobierno Nacional tomó la decisión de que el tan citado Plan Nacional de Acción en DDHH, debe ser concertado a través de tres plataformas, compuestas especialmente por ONG; desconociendo la autonomía propia de los pueblos, sin reconocer ni ésta, ni las propuestas anteriores presentadas en dicha Mesa Nacional de Concertación.

Por último, continúan las iniciativas de paz de la ONIC y el CONIP. El año pasado, por ejemplo, se celebró la Tercera Mesa Nacional Indígena de Paz y el Tercer Encuentro Nacional de Mujeres, a la par que se realizó la Junta Directiva de la ONIC. Esta es otra perspectiva de las contribuciones de los pueblos indígenas colombianos, escenario que propende por convertir los resguardos y territorios indígenas en zonas de paz, basado en el respeto de su autonomía, autogobierno y de las decisiones que ellos toman dentro y fuera de sus territorios.

Conclusiones

En medio de la negación de sus derechos y la dramática situación de crisis humanitaria que viven nuestros pueblos indígenas, se alza la voz de los "otros", de aquellos que en medio del silencio, la tristeza y, especialmente la "razón de estado" que los torna invisibles, construyen la esperanza, caminan la palabra y derriban la indolencia, con propuestas firmes y duraderas.

La sistematicidad de la negación y desconocimiento de sus derechos tanto en el campo bélico como en el campo de la política estatal y gubernamental, no pueden ser más contundentes. Queda en claro, como lo han afirmado repetidamente sus autoridades tradicionales, líderes y organizaciones, desde mediados del 2006, que en el fondo hay un cúmulo de "verdades ocultas" relacionadas con el despojo territorial, que le dan contenido a una política de aniquilamiento promovida por quienes tienen en sus manos el poder político.

Pero nuestros pueblos tienen razón en manifestar que ahora no son "los mismos de antes", y esto es cierto, han cambiado y hoy proponen alternativas democráticas que conjugan la solidaridad, la reciprocidad y la vida comunitaria como ejes de acción, como los puntos claves de la cohesión social que tanto añoramos los colombianos. Frente a la fragmentación social y el impacto desproporcionado generado por las masacres, el descuartizamiento, el señalamiento, el desplazamiento forzado y la criminalización de sus derechos, hoy se asume la construcción de propuestas estratégicas que ni el mismo Estado ha logrado formular. Esto no es más que el síntoma de una nueva plataforma política de nuestros pueblos.

Ante la fragmentación que está tocando a la puerta de sus malocas, como un pulpo sanguinario que va quebrando al movimiento indígena, tumbando la casa sin abrir la puerta, ha surgido la necesidad de transformación política para fortalecer la resistencia en defensa de sus derechos, bajo los principios de Unidad y Autonomía; porque no hay nada más político que el ejercicio y la defensa de los derechos. Labor que requiere el sostenimiento y la búsqueda de nuevas formas de movilización frente a la criminalización y la impunidad; de nuevas maneras de legislar, de nuevos modos de acceder al poder electoral, de nuevas capacidades y habilidades culturales, frente a un planeta en el que ya no son islas en medio de la soledad, pese a la injusticia de la que son víctimas.

Ponencia presentada en la Catedra Manuel Ancizar, Universidad Nacional de Colombia, 9ª Sesiòn, "Comunidades étnicas y desplazamiento forzado", Bogotà, Abril 14 de 2007.