Por Diego F. Henao A.
Organización Nacional Indígena de Colombia
18 de octubre de 2006
“Comunicado a la Opinión Pública”.
La situación de crisis humanitaria que vive el pueblo embera constituye el mejor ejemplo o quizás la síntesis de lo que le sucede a los pueblos indígenas colombianos. Los datos del Sistema de Información Nacional de Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO), reporta una geografía del aniquilamiento, el despojo y el sufrimiento del pueblo embera, originada por los intereses de empresas nacionales y multinacionales, actores armados y autoridades civiles. Es un mapa que se extiende a lo largo y ancho del país, con asentamientos en 108 municipios de 17 departamentos (Caldas, Chocó, Córdoba, Antioquia, Risaralda, Putumayo, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Caquetá, Meta, Arauca, Guaviare, Cundinamarca, Cesar, Bolívar, La Guajira), es decir, en más de la mitad de los 32 departamentos del país.
Un examen de nuestra información sobre lo ocurrido durante los últimos 33 años (1974-2006), no obstante las limitaciones y la ausencia de datos para algunos periodos, pone en evidencia una situación alarmante, debido a que la cantidad de víctimas asciende a 172 mil personas, una cifra equivalente al 70% de la población Embera (Chamí, Katío, Dóvida, y Siapidara) que habita dentro del país.
La tendencia general de los estimativos sobre los derechos vulnerados: violaciones de derechos humanos (DDHH), infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las vulneraciones a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), tomados en conjunto, es hacia el audel Cauca)
intercambio humanitario en pradera datos para algunos periodos,s armados y autoridades civles, mento progresivo. Dicho aumento se presenta desde 1997 con varios momentos importantes, entre los cuales sobresale el año 2002, el más crítico de todos, periodo en el que cerca de 72 mil compañeritos embera fueron victimizados, algo así como el 42% de lo ocurrido en los 33 años.
Un aspecto importante es que dicho incremento de violaciones e infracciones y vulneración de los DESC, está asociado a la expansión geográfica del conflicto. Entre 1975 y 1990 sólo fueron afectadas algunas comunidades de ocho departamentos: Caldas, Chocó, Córdoba, Antioquia, Risaralda, Nariño, Cauca y Caquetá; desde entonces hasta nuestros días el conflicto se expandió a los 11 departamentos restantes donde habita la familia Embera. Los departamentos más afectados por este incremento progresivo son en su orden: Caldas (36%), Chocó (32%), Córdoba (19%), Antioquia (5%), Risaralda (5%), Putumayo (1%) y Valle Del Cauca (1%), los cuales constituyen el 99% de los estimativos.
En cuanto a las violaciones de los derechos individuales (civiles y políticos) por motivos del conflicto armado (1544 en total), según el sexo, los estimativos indican que 8 de cada diez victimas fueron hombres. La mayor parte de las violaciones se concentran en los homicidios, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los secuestros, los heridos, y en las torturas. Esto da muestra del enorme impacto del conflicto armado en la vida del pueblo embera, toda vez que dichas violaciones están relacionadas con los derechos a la Vida y la Libertad.
Hasta agosto de 2006 un promedio de 20 Emberas cada año fueron victimas de homicidio, para un total de 569 en el periodo. Un breve análisis muestra tres momentos críticos: el primero de ellos en 1987 cuando fueron asesinadas 64 personas; momento en el cual surgieron y consolidaron las primeras organizaciones regionales del pueblos embera.
El segundo arranca en 1997 y culmina en el año 2000, momento que presenta la cifra más alta (66) en los 33 años; justo cuando se consolidan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), especialmente en Antioquia y Chocó, como dispositivo paramilitar con apoyo estatal, orientado a quebrar la hegemonía de las guerrillas en el país. Momento en el que se inicia una nueva fase de la resistencia Embera debido al desplazamiento forzado de muchas comunidades.
El tercero se presenta entre el 2002 y 2003, con una cifra de 59 homicidios, después de lo cual se observa una disminución paulatina hasta el 2005 y 2006 cuando no sobrepasa los 11 homicidios. Situación que contrasta con el aumento de la criminalización, por medio de detenciones arbitrarias y el confinamiento. Es decir, con nuevas estrategias de control territorial y poblacional en el país, caracterizadas por la estigmatización permanente, el señalamiento, los allanamientos ilegales, el cercamiento de comunidades Embera en sus propios territorios, aprovechando las acciones de resistencia que se pusieron en marcha, en el sentido de permanecer en sus asentamientos y resguardos.
Respecto de las detenciones arbitrarias los estimativos muestran un total de 402 Emberas afectados, que corresponde a un promedio anual de 21 personas detenidas. El análisis señala que las detenciones arbitrarias no fueron significativas entre 1975-1999. En este sentido, observamos también tres momentos críticos, que contrastan con la tendencia de los homicidios, puesto que mientras estos bajan en los últimos años, las detenciones se incrementan enormemente, sobre todo en el 2006, cuando los estimativos ascienden a 172 personas en sólo 8 meses, lo que corresponde al 43% del total general para todos los 33 años.
En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario es posible afirmar que dichas infracciones afectaron al 20% de la población Embera. Un promedio cercano a 17 personas cada día. Sobresalen de este conjunto de infracciones: las amenazas, que alcanzan el 58% del total para el periodo analizado; seguidas del confinamiento (16%) y el desplazamiento Forzado Interno (8%).
Una observación general nos muestra que el periodo más crítico se presentó en el año 2002, cuando alrededor de 70 mil hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos/as del Pueblo Embera fueron amenazados. Este hecho no está aislado de la dramática y progresiva experiencia del desplazamiento forzado interno, vivida desde 1997, cuando se presentó su fase más grave.
Del mismo modo, se pone en evidencia el progresivo aumento del confinamiento como una nueva estrategia de guerra implementada por los actores armados, que registra su pico más alto en los últimos ocho meses del año en curso (10915 personas). Se trata del bloqueo continuo de las misiones médicas, el bloqueo de la libre circulación por los territorios, el bloqueo de insumos, alimentos, medicinas, combustibles y personas de la comunidad.
Este breve panorama evidencia que nuestros territorios han sido convertidos en los escenarios más agudos del conflicto armado interno, conduciéndonos a una estrechez territorial que nos trata de asfixiar cada vez más. A esta múltiple, reiterada y sistemática vulneración de nuestros derechos fruto de la disputa territorial, se suma también la superposición de parques naturales; la falta de seguridad jurídica y reconocimiento legal de nuestra propiedad colectiva en buena parte del país; la pérdida de gobernabilidad; la pérdida de acceso a los espacios sagrados y a la posibilidad de celebración de los rituales tradicionales que aseguran nuestra pervivencia cultural y biológica.
Como la ONIC lo ha dicho reiteradamente, al igual que el Pueblo Embera, nuestros pueblos hermanos se enfrentan actualmente a un verdadero etnocidio cuyas fatales consecuencias permanecen aún invisibles y silenciadas. Bajo el manto de la impunidad, la corrupción y la politiquería tradicional se imponen proyectos de desarrollo, infraestructura y explotación de recursos en nuestros territorios, desconociendo nuestra autonomía para decidir el tipo de desarrollo que queremos. Todo ello como producto de la vinculación forzada de nuestros territorios, pueblos, comunidades y organizaciones, a la dinámica de la guerra; incrementado la polarización social y la intensificación de los principales conflictos sociales, mediante la violación sistemática de nuestro Derecho Mayor, derechos fundamentales y derechos humanos en general.
