Introducción
Según los datos del Sistema de Información sobre Desplazamiento —SISDES— de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento —CODHES—, la población Afrocolombiana e Indígena constituye el sector más afectado por el conflicto armado y la migración forzada durante el último año. Cuatro de cada diez personas internamente desplazadas en Colombia pertenecen a estos grupos étnicos, buena parte de ellos provenientes de comunidades que han sido objeto de las más radicales estrategias de confinamiento aplicadas por los actores armados en confrontación. El 33% de las personas internamente desplazadas en Colombia (83.650) pertenecen a comunidades Afrocolombianas y el 5% del total nacional corresponde a personas de comunidades indígenas (12.649). Son 96.299 personas que fueron forzadas a huir de sus comunidades y territorios. De igual modo, en sólo cuatro regiones del país son más de 20 mil las personas obligadas a permanecer en situación de riesgo dentro de sus propias localidades o lugares habituales de residencia, por lo general ubicadas en las zonas rurales, en la desembocadura de afluentes secundarios, a la orilla de afluentes minoritarios y/o en zonas montañosas de difícil acceso.(CODHES 2003)
Las estrategias de desocupación territorial utilizadas por los actores armados (FARC, FFAA y AUC) desde finales de 1996 implicaron el inicio de un nuevo modo de desplazamiento forzado interno: el éxodo o desplazamiento masivo de poblaciones. Este tipo de migración forzada funcionó como condición y producto para la puesta en obra de estrategias de exclusión totalitaria que se manifestaron en complejos bloqueos a la libre circulación humana, de recursos y comunicación, en el norte del departamento del Chocó y el Urabá Antioqueño principalmente, que luego fueron implementadas a lo largo y ancho del país. Son estrategias que han afectado principalmente a las poblaciones Afrocolombianas e Indígenas. Dicha situación emergió en estrecha relación con la reactivación de estrategias de resistencia basadas en conocimientos locales tradicionales y con la puesta en obra de respuestas humanitarias y estatales, fundadas en discursos y prácticas sobre espacios de seguridad preventiva.
El propósito de este ensayo es analizar los principales cambios en las pautas generales de la migración forzada relacionadas con las dinámicas bélicas de los últimos años, las principales formas de afrontación que han generado entre las poblaciones afectadas, y la transformación radical en las respuestas del campo humanitario y del Estado. Se trata de abrir zonas explicativas sobre las consecuencias estructurales que acarrea para las sociedades locales mayormente afectadas; es decir, sobre la dimensión de los procesos de resistencia y las demandas generadas por los grupos étnicos, en tanto sujetos colectivos y actores políticos en medio de la guerra.
Las estrategias de desocupación territorial utilizadas por los actores armados (FARC, FFAA y AUC) desde finales de 1996 implicaron el inicio de un nuevo modo de desplazamiento forzado interno: el éxodo o desplazamiento masivo de poblaciones. Este tipo de migración forzada funcionó como condición y producto para la puesta en obra de estrategias de exclusión totalitaria que se manifestaron en complejos bloqueos a la libre circulación humana, de recursos y comunicación, en el norte del departamento del Chocó y el Urabá Antioqueño principalmente, que luego fueron implementadas a lo largo y ancho del país. Son estrategias que han afectado principalmente a las poblaciones Afrocolombianas e Indígenas. Dicha situación emergió en estrecha relación con la reactivación de estrategias de resistencia basadas en conocimientos locales tradicionales y con la puesta en obra de respuestas humanitarias y estatales, fundadas en discursos y prácticas sobre espacios de seguridad preventiva.
El propósito de este ensayo es analizar los principales cambios en las pautas generales de la migración forzada relacionadas con las dinámicas bélicas de los últimos años, las principales formas de afrontación que han generado entre las poblaciones afectadas, y la transformación radical en las respuestas del campo humanitario y del Estado. Se trata de abrir zonas explicativas sobre las consecuencias estructurales que acarrea para las sociedades locales mayormente afectadas; es decir, sobre la dimensión de los procesos de resistencia y las demandas generadas por los grupos étnicos, en tanto sujetos colectivos y actores políticos en medio de la guerra.
Los ciclos de la migración forzada
La mayor parte de las personas internamente desplazadas que salen del ámbito rural, por obra del conflicto armado, llegan a las principales áreas urbanas del país. Por lo general en una continua movilidad que ha presentado históricamente cuatro ciclos diferentes. El primero es un ciclo corto entre cabeceras municipales cercanas dentro de la misma región. El segundo es un ciclo intermedio entre las principales cabeceras municipales y los polos urbanos de desarrollo subregional. Estos dos primeros suelen presentarse también en las áreas de frontera, donde la población sale en búsqueda de refugio (otro estatus político). Un tercer ciclo caracterizado por la migración extraregional desde los polos de desarrollo subregionales orientado a las cuatro ciudades más grandes del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). Y por último, un ciclo que ha empezado ha emerger con fuerza desde mediados del 2001, el desplazamiento intraurbano.
La constante movilidad socioespacial generada por la migración forzada y la progresión geométrica de sus efectos en la configuración sociocultural, política y económica de la estructura urbana, se traduce en cadenas migratorias con consecuencias bastante impredecibles. Los desplazamientos individuales, de grupos familiares y/o masivos no son más que eslabones de una gran cadena. Las dinámicas de dislocación social y cambio demográfico que se activan con las diversas formas de migración forzada registradas en Colombia parecen sugerir la lectura correlacional de algunas variables migratorias pertinentes. Un ejemplo de ello es la producción de migraciones económicas fruto del exceso de mano de obra barata en los lugares más cercanos al lugar de expulsión, producto del copamiento y la competencia territorial dentro de los espacios de llegada, especialmente en los polos subregionales de desarrollo.[1]
Las áreas rurales o urbanas de llegada o acogida de migrantes, los territorios en que se asientan, se convierten en espacios de confrontación para los diferentes grupos sociales que lo habitan. Las relaciones de poder previas, así como la lucha abierta o soterrada entre los pobladores urbanos y la población internamente desplazada que llega, marcan históricamente las condiciones de vida, así como el paisaje urbano y regional fruto de la confrontación entre los grupos humanos que lo habitan. De igual modo los tipos de confrontación presentes en el ámbito urbano cambian históricamente de acuerdo con la continuidad y/o la transformación sistémica de los conflictos en el plano de las prácticas y discursos previos a dichos procesos sociales.
La constante movilidad socioespacial generada por la migración forzada y la progresión geométrica de sus efectos en la configuración sociocultural, política y económica de la estructura urbana, se traduce en cadenas migratorias con consecuencias bastante impredecibles. Los desplazamientos individuales, de grupos familiares y/o masivos no son más que eslabones de una gran cadena. Las dinámicas de dislocación social y cambio demográfico que se activan con las diversas formas de migración forzada registradas en Colombia parecen sugerir la lectura correlacional de algunas variables migratorias pertinentes. Un ejemplo de ello es la producción de migraciones económicas fruto del exceso de mano de obra barata en los lugares más cercanos al lugar de expulsión, producto del copamiento y la competencia territorial dentro de los espacios de llegada, especialmente en los polos subregionales de desarrollo.[1]
Las áreas rurales o urbanas de llegada o acogida de migrantes, los territorios en que se asientan, se convierten en espacios de confrontación para los diferentes grupos sociales que lo habitan. Las relaciones de poder previas, así como la lucha abierta o soterrada entre los pobladores urbanos y la población internamente desplazada que llega, marcan históricamente las condiciones de vida, así como el paisaje urbano y regional fruto de la confrontación entre los grupos humanos que lo habitan. De igual modo los tipos de confrontación presentes en el ámbito urbano cambian históricamente de acuerdo con la continuidad y/o la transformación sistémica de los conflictos en el plano de las prácticas y discursos previos a dichos procesos sociales.
Éxodos, campos de desplazados y de confinamiento
Entre finales del año 1996 y comienzos de 1997 se registraron una serie de transformaciones substanciales en las estrategias de guerra, en las pautas estructurales del desplazamiento forzado en Colombia, en la respuesta humanitaria desatada y en las formas de resistencia de la población afectada por la guerra interna. La primera esta relacionada con la consolidación y expansión del principal dispositivo contrainsurgente de carácter paraestatal: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dinámica que generó la intensificación y degradación del conflicto armado y el consecuente aumento del pie de fuerza.
Otra transformación importante asociada a la anterior fue la emergencia creciente de los desplazamientos masivos o éxodos de comunidades y poblaciones enteras, como estrategia de desocupación y repoblamiento, sin que el desplazamiento individual o familiar cesara. El primer caso que ha sido suficientemente documentado es el desplazamiento de 86 comunidades Afrocolombianas e Indígenas del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, principalmente del municipio de Riosucio. Cerca de 20 mil personas fueron obligadas a huir de sus tierras por los enfrentamientos entre las AUC y el Ejército Nacional en contra de la organización guerrillera Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), según el Grupo de Apoyo de Organizaciones de Desplazados (GAD).
El 28 de febrero eran 40, el 6 de marzo 470, el 14 de marzo sumaban 800, otros muchos más —cerca de 1200— han preferido el anonimato y se han ubicado en los barrios marginales del municipio. Cientos —hoy doscientos cincuenta— se encuentran aún en Bocas del Río Atrato, paraje situado a 30 minutos de Turbo, atravesando el Golfo de Urabá. Otros 4500 se encuentran en Pavarandó y cerca de 300 huyeron hacia panamá y fueron deportados hacia Bahía Cúpica. (...) desde mediados del año pasado se anunciaba. (...) Invitan a varios jóvenes a barrer el pueblo y arengan a la población diciendo: <>. Con el paso del tiempo y en una política de control el municipio es repoblado por más de tres centenares de personas, que son llevadas allí por el Ejército y los paramilitares. (...) en una de sus reuniones públicas, los paramilitares anunciaron, en los primeros días de enero, que se tomarían la zona de Salaquí. <> (...) <<>>[2]
Después de esta situación se registraron muchos más casos de desplazamiento masivo[3], aunque con menor intensidad, también en el Bajo Atrato y buena parte del departamento del Chocó. Los más representativos en los últimos años son: las más de 4 mil personas que se vieron obligadas a abandonar el casco urbano de Juradó y sus alrededores (litoral pacífico del Chocó) hacia los poblados más cercanos en la frontera con Panamá[4]; los producidos en los municipios de Bojayá y Vigía del fuerte en el Medio Atrato; así como los generados en toda la cuenca del Río Munguidó, estos últimos hacia Quibdó principalmente. En todos los casos por obra de masacres que en conjunto produjeron más de dos centenares de víctimas, en su mayor parte realizadas por las AUC y/o por enfrentamientos entre las FARC y AUC.[5]
Esta dinámica ha derivado en una transformación constante de la respuesta estatal a la problemática, en algunas ocasiones relacionada o realizada con la Fuerza Pública (retenes y bloqueos a la circulación o el establecimiento de campamentos de desplazados); así como de la implementada por la entidades que conforman el campo humanitario no estatal, también apoyada con estrategias del Estado. En este contexto emergió la aplicación de múltiples y diversas estrategias destinadas a la consolidación de nuevos espacios de seguridad, humanitarios, de control estratégico, y de resistencia civil: campos de desplazados, campos de confinamiento y campos de resistencia. En el primer caso, han sido albergues ubicados en coliseos, escuelas y campamentos principalmente, algunos de ellos asociados al control poblacional ejercido por el Ejército Nacional con un claro direccionamiento hacia la creación de espacios de seguridad.
Son campos que conllevan una doble implicación; en primer lugar la de apoyar a la población afectada y en segundo lugar la de invisibilizar e interrumpir en su inicio las cadenas migratorias que produce el conflicto armado interno. Espacios de contención o “campos de desplazados” que desde entonces son recurrentes y son ubicados preferiblemente cerca de los lugares de expulsión, en cabeceras municipales que acogen a la población en su primer ciclo de desplazamiento: “Campamentos de desplazados”, “Albergues de desplazados”. En otras palabras, se trata del “establecimiento” —por primera vez en Colombia— de asentamientos o campos de personas internamente desplazadas, como fue el caso de Turbo y Pavarandó en el municipio de Mutatá —Urabá Antioqueño— (ACNUR, 2000).
Allí en el puerto miembros de la policía y de la alcaldía los llevaron a lo que sería su nuevo albergue, un escenario deportivo cubierto: el coliseo. (...) una ONG nacional, con apoyo de la Iglesia católica local, inició la construcción del dos albergues o campamentos con la finalidad de brindar condiciones más humanas a los campesinos, que les permitan reconstruir el tewjido social desecho y viabilizar una salida al retorno o la reubicación.[6]
Campos de desplazados establecidos en zonas de tránsito o de llegada de dicha población. Son espacios que pueden ser conceptualizados como ‘no-lugares’ debido al carácter transitorio de los nuevos referentes socioculturales (simbólicos, identitarios y relacionales) utilizados para sobrevivir; improvisados en su mayoría, donde se internan cientos y/o miles de personas durante meses o años, en condiciones infrahumanas, que luego se ven obligados a retornar sin las más mínimas garantías de seguridad y protección, ni de realización integral de sus derechos fundamentales.
Esta situación ha continuado y cada vez es mayor el número de personas que permanece en dramáticas condiciones de hacinamiento, a menudo por largos periodos que van desde los algunos meses hasta 2, 3 y 4 años como es el caso de los pueblos Indígenas y las comunidades Afrocolombianas en resistencia del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, algunas de las cuales permanecen todavía con la esperanza de retornar a sus lugares de origen. Transformaciones que generaron un aumento significativo de la reflexión sobre la migración forzada y el reconocimiento, aunque tímido, de la irreversibilidad de los cambios agenciados con la dispersión geográfica de la población y su posterior inserción y reintegración social en contextos distintos a los de salida.
Asociado a lo anterior, los controles ejercidos por los actores armados (Guerrillas, Paramilitares y Fuerza Pública) conllevaron la puesta en obra y consolidación de campos de confinamiento o sistemas de cercamiento espacial mediante el fijamiento de puntos de vigilancia en lugares de dominio estratégico, montados en los principales ‘sitios de paso’ de la región: espacios que funcionan como marcas para la delimitación territorial de hegemonías armadas regionales conformando fronteras que tienden a la estabilidad. Los sitios de paso son lugares de comunicación, de acceso, de “facilidad topográfica generada por un prediseño natural”[7], sitios óptimos que permiten ahorrar energía, tiempo, esfuerzo, dinero, distancia, e incrementar la eficiencia de la comunicación entre distintas poblaciones y regiones naturales. En otras palabras, son canales de comunicación fruto de dos cuestiones básicas: 1. un obstáculo funcional de un conjunto natural y 2. un proceso de control estructural del espacio geográfico.[8] Dichos sitios son nodos de encuentro, puntos de una red de interacción social, intersección de relaciones, una convergencia de fenómenos físicos y culturales diversos; una dinámica funcional de centros de acopio e intercambio.
Cada uno de los actores armados establece similares estrategias de control en estos puntos de encuentro, nodos de salida/entrada de recursos e información, conformando una serie de anillos concéntricos. Se trata del bloqueo de alimentos, insumos, medicamentos, bienes producidos, mensajes y/o personas. Confinamiento de la población en sus propios territorios sin permitir su desplazamiento. Se registra desde entonces una transformación de vastas consecuencias sociopolíticas mediante el establecimiento progresivo de estos campos de confinamiento.
En la zona de Riosucio como en Ungía, Acandí y Balboa la población fue víctima de presiones por los actores armados y de bloqueo alimentario, lo que ha generado una situación de riesgo y de potenciales desplazamientos de esta población.[9]
La escala y complejidad de los territorios involucrados en esta dinámica trasciende sus dimensiones locales, debido a la globalización de las connotaciones geopolíticas, económicas, sociales y ambientales de dichos procesos. Son campos que se enmarcan en los discursos y prácticas sobre la gerencia de migraciones y, en los conceptos de seguridad y protección preventiva de la posguerra fría. Según Hyndman[10] la "protección preventiva" designa un nuevo juego de espacios seguros y de prácticas de gerencia para las personas internamente desplazadas. Anota que se trata de un "cambio de paradigma" en la política de los refugiados, que ocurrió a principios de los años noventa, cuyo punto de arranque se manifestó en la intervención humanitaria internacional en el norte de Irak para ayudar a los desplazados Kurdos en 1991.[11] El 5 de abril de 1991, también mediante la Resolución 688 del Consejo de Seguridad se consideró y aprobó el uso del derecho de injerencia. Por primera vez en su historia, la comunidad internacional consideró que un problema interno de derechos humanos, "la represión de la población civil en gran parte del teritorio iraquí", representaba un amenaza contra la paz mundial y decidió crear, en el norte de Irak, zonas de seguridad para los kurdos, protegidas por Naciones Unidas.[12]
Es por ello que en los discursos y prácticas estatales sobre la seguridad de las fronteras internas y nacionales, adquiere creciente importancia el lenguaje de los Corredores Estratégicos, de las Zonas De Seguridad, etc. En el caso colombiano, la implementación de ‘Albergues de Desplazados’ y ‘Campamentos de Desplazados’, Teatros de Operaciones”, “Zonas de Rehabilitación”, etc., constituyen expresiones de este lenguaje de espacios de seguridad basados en conceptos de seguridad preventiva, en el marco del actual programa político de gobierno (Uribe), denominado Seguridad Democrática. Contexto en el que se pretende consolidar la Guerra de las Drogas bajo la lógica militar del Plan Colombia, en clara correspondencia con la lucha antiterrorista/antinarcóticos desatada por EEUU después del 11 de septiembre, y dentro del cual se están agenciando profundos cambios institucionales, constitucionales, presupuestales y programáticos orientados a la priorización de la seguridad y la postergación de los derechos humanos de la población colombiana; y hacia el agenciamiento del autoritarismo político y el fascismo social.
El 21 de septiembre de 2002 se establecieron dos Zonas de Rehabilitación y Consolidación: una en los departamentos de Sucre y Bolívar y otra en el departamento de Arauca. Estas dos zonas englobaban 29 municipios (16 en Sucre, 10 en Bolívar, y 3 en Arauca) a las que luego se le sumaron dos municipios más. Son espacios dentro de los cuales un comandante del Ejército tiene el control de todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía. Según Amnistía Internacional algunas de las medidas contenidas en los artículos relativos a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación son semejantes a las relativas a los Teatros de Operaciones Militares creados por la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, que entraron en vigor el 20 de febrero de 2002. Ley de Defensa y Seguridad Nacional que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 11 de abril de 2002”.[13]
Escenario en el que se internacionaliza cada vez más el conflicto armado colombiano debido a la ingerencia e intervención militar desarrollada por agentes del gobierno norteamericano —mediante ayuda militar en asesoramiento, armamento y dinero— a través del Plan Colombia; que ha sido asociado al Mercado de Seguridad creado por multinacionales petroleras en Colombia a través de la intervención de agentes internacionales de seguridad privada y el pago realizado, en impuestos y “vacunas”, a los diversos actores armados. Todo esto volcado a la protección exclusiva de intereses estratégicos como las zonas petroleras y mineras, los corredores biológicos, etc.[14]
Campos de resistencia: memorias y prácticas nómadas
Las anteriores estrategias bélicas y humanitarias con carácter preventivo[15] contrastan con la activación de prácticas de resistencia, histórica y culturalmente elaboradas por los grupos étnicos más afectados, en respuesta a las múltiples formas de fragmentación sociocultural y agresión/colonización de las que han sido objeto. En muchas zonas del país, caracterizadas por altas tasas de desplazamiento forzado interno (Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Putumayo) se vienen implementando estrategias de ocultamiento, basadas en memorias y prácticas nómadas, destinados a la supervivencia cultural y biológica de pueblos y comunidades enteras. Se trata de procesos de resistencia al conflicto armado y a las respuestas funcionales del Estado frente al mismo, centrados en el desdoblamiento y defensa del territorio, en razón de su autonomía y jurisdicción propia, mediante la aplicación de sistemas locales de conocimiento.
Esta situación, requiere interpretarse a contraluz de la dinámica de fragmentación espacial y social que genera la dinámica del conflicto armado y la migración forzada, debido a que pone de manifiesto la creatividad cultural de las comunidades que han preferido resistir los embates del conflicto armado permaneciendo en sus territorios. Resistencias que se retroalimentan con prácticas históricas y culturales donde el nomadismo y el cimarronaje son combinados para generar la movilidad de la población (indígena y afrocolombiana principalmente) caracterizada por constantes microdesplazamientos al interior de sus territorios; circulación mediada por el uso de los conocimientos locales sobre el espacio geográfico frente al desarrollo de las hostilidades, control u hostigamiento por parte de los actores armados.
En esta perspectiva el análisis del conflicto armado interno y de la migración forzada nos exige mayor comprensión con la fuerte reactivación de estos aprendizajes culturales e históricos orientados a la consolidación de zonas de ocultamiento en muchas regiones del país, con fronteras relativamente porosas. Constituyen territorios-refugio para salvaguardar la vida individual y colectiva de quienes los desarrollan. Son prácticas basadas en criterios de autoprotección preventiva que fungen como planes de contingencia, por lo general en áreas selváticas y/o en proceso de colonización. Estrategias que si bien logran afrontar con éxito muchas de las adversidades que la guerra les impone, también afectan la vida en comunidad y desestabilizan los equilibrios sistémicos regionales, debido a la persistente presencia de los distintos actores armados debido a: 1. las rupturas en los circuitos de abastecimiento alimentario; 2. La disminución progresiva en la consecución de ingresos; 3. La sobrecarga en las redes sociales de apoyo solidario; 4. la saturación de los ecosistemas a los cuales son reducidos; 5. El debilitamiento de las autoridades locales y su sistema de control cultural para la toma decisiones y resolución de conflictos. Si bien configura una de las principales estrategias de resistencia frente al conflicto armado, hay que tener en cuenta que no deja de constituirse en una respuesta que incrementa la vulnerabilidad e indefensión de dichas poblaciones. Puesto que son maniobras que intentan evitar el acercamiento de las poblaciones a las cabeceras municipales pese a los costos sociales, económicos, políticos y culturales que ello implica.
Zonas que responden también al esquema de subordinación que imponen los ordenamientos jurídicos de la última década, respecto de los grupos étnicos, donde se circunscribe su identidad cultural a una lógica de preservación cultural interpretada como equivalente del concepto de conservación natural, ambos fundados en la permanencia territorial. Es decir, pese a la globalización y la cada vez más profunda interacción cultural (relaciones con otras culturas), continúan las representaciones donde los grupos étnicos colombianos son interpretados como seres humanos que tienen que preservarse culturalmente sobre la “baja movilidad” de su población (estática) y donde solo es permitido un reducido margen de cambio de su visión tradicional del mundo.[16] Interpretación propia de la descripción etnológica de mediados del siglo XX, donde el “nativo ecológico” es colocado por fuera de los circuitos de mercado, mediante la reducción de su economía a la reproducción simple o de subsistencia, tecnológica y ambientalmente adaptada, “bajo el ideal de la sostenibilidad”, en cuya representación los territorios son concebidos, exclusivamente, como espacios funcionales (‘útiles’ ecológicamente) y no como los ‘lugares’ donde realiza su reproducción cultural. (Ibíd).
Otra transformación importante asociada a la anterior fue la emergencia creciente de los desplazamientos masivos o éxodos de comunidades y poblaciones enteras, como estrategia de desocupación y repoblamiento, sin que el desplazamiento individual o familiar cesara. El primer caso que ha sido suficientemente documentado es el desplazamiento de 86 comunidades Afrocolombianas e Indígenas del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, principalmente del municipio de Riosucio. Cerca de 20 mil personas fueron obligadas a huir de sus tierras por los enfrentamientos entre las AUC y el Ejército Nacional en contra de la organización guerrillera Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), según el Grupo de Apoyo de Organizaciones de Desplazados (GAD).
El 28 de febrero eran 40, el 6 de marzo 470, el 14 de marzo sumaban 800, otros muchos más —cerca de 1200— han preferido el anonimato y se han ubicado en los barrios marginales del municipio. Cientos —hoy doscientos cincuenta— se encuentran aún en Bocas del Río Atrato, paraje situado a 30 minutos de Turbo, atravesando el Golfo de Urabá. Otros 4500 se encuentran en Pavarandó y cerca de 300 huyeron hacia panamá y fueron deportados hacia Bahía Cúpica. (...) desde mediados del año pasado se anunciaba. (...) Invitan a varios jóvenes a barrer el pueblo y arengan a la población diciendo: <
Después de esta situación se registraron muchos más casos de desplazamiento masivo[3], aunque con menor intensidad, también en el Bajo Atrato y buena parte del departamento del Chocó. Los más representativos en los últimos años son: las más de 4 mil personas que se vieron obligadas a abandonar el casco urbano de Juradó y sus alrededores (litoral pacífico del Chocó) hacia los poblados más cercanos en la frontera con Panamá[4]; los producidos en los municipios de Bojayá y Vigía del fuerte en el Medio Atrato; así como los generados en toda la cuenca del Río Munguidó, estos últimos hacia Quibdó principalmente. En todos los casos por obra de masacres que en conjunto produjeron más de dos centenares de víctimas, en su mayor parte realizadas por las AUC y/o por enfrentamientos entre las FARC y AUC.[5]
Esta dinámica ha derivado en una transformación constante de la respuesta estatal a la problemática, en algunas ocasiones relacionada o realizada con la Fuerza Pública (retenes y bloqueos a la circulación o el establecimiento de campamentos de desplazados); así como de la implementada por la entidades que conforman el campo humanitario no estatal, también apoyada con estrategias del Estado. En este contexto emergió la aplicación de múltiples y diversas estrategias destinadas a la consolidación de nuevos espacios de seguridad, humanitarios, de control estratégico, y de resistencia civil: campos de desplazados, campos de confinamiento y campos de resistencia. En el primer caso, han sido albergues ubicados en coliseos, escuelas y campamentos principalmente, algunos de ellos asociados al control poblacional ejercido por el Ejército Nacional con un claro direccionamiento hacia la creación de espacios de seguridad.
Son campos que conllevan una doble implicación; en primer lugar la de apoyar a la población afectada y en segundo lugar la de invisibilizar e interrumpir en su inicio las cadenas migratorias que produce el conflicto armado interno. Espacios de contención o “campos de desplazados” que desde entonces son recurrentes y son ubicados preferiblemente cerca de los lugares de expulsión, en cabeceras municipales que acogen a la población en su primer ciclo de desplazamiento: “Campamentos de desplazados”, “Albergues de desplazados”. En otras palabras, se trata del “establecimiento” —por primera vez en Colombia— de asentamientos o campos de personas internamente desplazadas, como fue el caso de Turbo y Pavarandó en el municipio de Mutatá —Urabá Antioqueño— (ACNUR, 2000).
Allí en el puerto miembros de la policía y de la alcaldía los llevaron a lo que sería su nuevo albergue, un escenario deportivo cubierto: el coliseo. (...) una ONG nacional, con apoyo de la Iglesia católica local, inició la construcción del dos albergues o campamentos con la finalidad de brindar condiciones más humanas a los campesinos, que les permitan reconstruir el tewjido social desecho y viabilizar una salida al retorno o la reubicación.[6]
Campos de desplazados establecidos en zonas de tránsito o de llegada de dicha población. Son espacios que pueden ser conceptualizados como ‘no-lugares’ debido al carácter transitorio de los nuevos referentes socioculturales (simbólicos, identitarios y relacionales) utilizados para sobrevivir; improvisados en su mayoría, donde se internan cientos y/o miles de personas durante meses o años, en condiciones infrahumanas, que luego se ven obligados a retornar sin las más mínimas garantías de seguridad y protección, ni de realización integral de sus derechos fundamentales.
Esta situación ha continuado y cada vez es mayor el número de personas que permanece en dramáticas condiciones de hacinamiento, a menudo por largos periodos que van desde los algunos meses hasta 2, 3 y 4 años como es el caso de los pueblos Indígenas y las comunidades Afrocolombianas en resistencia del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, algunas de las cuales permanecen todavía con la esperanza de retornar a sus lugares de origen. Transformaciones que generaron un aumento significativo de la reflexión sobre la migración forzada y el reconocimiento, aunque tímido, de la irreversibilidad de los cambios agenciados con la dispersión geográfica de la población y su posterior inserción y reintegración social en contextos distintos a los de salida.
Asociado a lo anterior, los controles ejercidos por los actores armados (Guerrillas, Paramilitares y Fuerza Pública) conllevaron la puesta en obra y consolidación de campos de confinamiento o sistemas de cercamiento espacial mediante el fijamiento de puntos de vigilancia en lugares de dominio estratégico, montados en los principales ‘sitios de paso’ de la región: espacios que funcionan como marcas para la delimitación territorial de hegemonías armadas regionales conformando fronteras que tienden a la estabilidad. Los sitios de paso son lugares de comunicación, de acceso, de “facilidad topográfica generada por un prediseño natural”[7], sitios óptimos que permiten ahorrar energía, tiempo, esfuerzo, dinero, distancia, e incrementar la eficiencia de la comunicación entre distintas poblaciones y regiones naturales. En otras palabras, son canales de comunicación fruto de dos cuestiones básicas: 1. un obstáculo funcional de un conjunto natural y 2. un proceso de control estructural del espacio geográfico.[8] Dichos sitios son nodos de encuentro, puntos de una red de interacción social, intersección de relaciones, una convergencia de fenómenos físicos y culturales diversos; una dinámica funcional de centros de acopio e intercambio.
Cada uno de los actores armados establece similares estrategias de control en estos puntos de encuentro, nodos de salida/entrada de recursos e información, conformando una serie de anillos concéntricos. Se trata del bloqueo de alimentos, insumos, medicamentos, bienes producidos, mensajes y/o personas. Confinamiento de la población en sus propios territorios sin permitir su desplazamiento. Se registra desde entonces una transformación de vastas consecuencias sociopolíticas mediante el establecimiento progresivo de estos campos de confinamiento.
En la zona de Riosucio como en Ungía, Acandí y Balboa la población fue víctima de presiones por los actores armados y de bloqueo alimentario, lo que ha generado una situación de riesgo y de potenciales desplazamientos de esta población.[9]
La escala y complejidad de los territorios involucrados en esta dinámica trasciende sus dimensiones locales, debido a la globalización de las connotaciones geopolíticas, económicas, sociales y ambientales de dichos procesos. Son campos que se enmarcan en los discursos y prácticas sobre la gerencia de migraciones y, en los conceptos de seguridad y protección preventiva de la posguerra fría. Según Hyndman[10] la "protección preventiva" designa un nuevo juego de espacios seguros y de prácticas de gerencia para las personas internamente desplazadas. Anota que se trata de un "cambio de paradigma" en la política de los refugiados, que ocurrió a principios de los años noventa, cuyo punto de arranque se manifestó en la intervención humanitaria internacional en el norte de Irak para ayudar a los desplazados Kurdos en 1991.[11] El 5 de abril de 1991, también mediante la Resolución 688 del Consejo de Seguridad se consideró y aprobó el uso del derecho de injerencia. Por primera vez en su historia, la comunidad internacional consideró que un problema interno de derechos humanos, "la represión de la población civil en gran parte del teritorio iraquí", representaba un amenaza contra la paz mundial y decidió crear, en el norte de Irak, zonas de seguridad para los kurdos, protegidas por Naciones Unidas.[12]
Es por ello que en los discursos y prácticas estatales sobre la seguridad de las fronteras internas y nacionales, adquiere creciente importancia el lenguaje de los Corredores Estratégicos, de las Zonas De Seguridad, etc. En el caso colombiano, la implementación de ‘Albergues de Desplazados’ y ‘Campamentos de Desplazados’, Teatros de Operaciones”, “Zonas de Rehabilitación”, etc., constituyen expresiones de este lenguaje de espacios de seguridad basados en conceptos de seguridad preventiva, en el marco del actual programa político de gobierno (Uribe), denominado Seguridad Democrática. Contexto en el que se pretende consolidar la Guerra de las Drogas bajo la lógica militar del Plan Colombia, en clara correspondencia con la lucha antiterrorista/antinarcóticos desatada por EEUU después del 11 de septiembre, y dentro del cual se están agenciando profundos cambios institucionales, constitucionales, presupuestales y programáticos orientados a la priorización de la seguridad y la postergación de los derechos humanos de la población colombiana; y hacia el agenciamiento del autoritarismo político y el fascismo social.
El 21 de septiembre de 2002 se establecieron dos Zonas de Rehabilitación y Consolidación: una en los departamentos de Sucre y Bolívar y otra en el departamento de Arauca. Estas dos zonas englobaban 29 municipios (16 en Sucre, 10 en Bolívar, y 3 en Arauca) a las que luego se le sumaron dos municipios más. Son espacios dentro de los cuales un comandante del Ejército tiene el control de todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía. Según Amnistía Internacional algunas de las medidas contenidas en los artículos relativos a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación son semejantes a las relativas a los Teatros de Operaciones Militares creados por la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, que entraron en vigor el 20 de febrero de 2002. Ley de Defensa y Seguridad Nacional que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 11 de abril de 2002”.[13]
Escenario en el que se internacionaliza cada vez más el conflicto armado colombiano debido a la ingerencia e intervención militar desarrollada por agentes del gobierno norteamericano —mediante ayuda militar en asesoramiento, armamento y dinero— a través del Plan Colombia; que ha sido asociado al Mercado de Seguridad creado por multinacionales petroleras en Colombia a través de la intervención de agentes internacionales de seguridad privada y el pago realizado, en impuestos y “vacunas”, a los diversos actores armados. Todo esto volcado a la protección exclusiva de intereses estratégicos como las zonas petroleras y mineras, los corredores biológicos, etc.[14]
Campos de resistencia: memorias y prácticas nómadas
Las anteriores estrategias bélicas y humanitarias con carácter preventivo[15] contrastan con la activación de prácticas de resistencia, histórica y culturalmente elaboradas por los grupos étnicos más afectados, en respuesta a las múltiples formas de fragmentación sociocultural y agresión/colonización de las que han sido objeto. En muchas zonas del país, caracterizadas por altas tasas de desplazamiento forzado interno (Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Putumayo) se vienen implementando estrategias de ocultamiento, basadas en memorias y prácticas nómadas, destinados a la supervivencia cultural y biológica de pueblos y comunidades enteras. Se trata de procesos de resistencia al conflicto armado y a las respuestas funcionales del Estado frente al mismo, centrados en el desdoblamiento y defensa del territorio, en razón de su autonomía y jurisdicción propia, mediante la aplicación de sistemas locales de conocimiento.
Esta situación, requiere interpretarse a contraluz de la dinámica de fragmentación espacial y social que genera la dinámica del conflicto armado y la migración forzada, debido a que pone de manifiesto la creatividad cultural de las comunidades que han preferido resistir los embates del conflicto armado permaneciendo en sus territorios. Resistencias que se retroalimentan con prácticas históricas y culturales donde el nomadismo y el cimarronaje son combinados para generar la movilidad de la población (indígena y afrocolombiana principalmente) caracterizada por constantes microdesplazamientos al interior de sus territorios; circulación mediada por el uso de los conocimientos locales sobre el espacio geográfico frente al desarrollo de las hostilidades, control u hostigamiento por parte de los actores armados.
En esta perspectiva el análisis del conflicto armado interno y de la migración forzada nos exige mayor comprensión con la fuerte reactivación de estos aprendizajes culturales e históricos orientados a la consolidación de zonas de ocultamiento en muchas regiones del país, con fronteras relativamente porosas. Constituyen territorios-refugio para salvaguardar la vida individual y colectiva de quienes los desarrollan. Son prácticas basadas en criterios de autoprotección preventiva que fungen como planes de contingencia, por lo general en áreas selváticas y/o en proceso de colonización. Estrategias que si bien logran afrontar con éxito muchas de las adversidades que la guerra les impone, también afectan la vida en comunidad y desestabilizan los equilibrios sistémicos regionales, debido a la persistente presencia de los distintos actores armados debido a: 1. las rupturas en los circuitos de abastecimiento alimentario; 2. La disminución progresiva en la consecución de ingresos; 3. La sobrecarga en las redes sociales de apoyo solidario; 4. la saturación de los ecosistemas a los cuales son reducidos; 5. El debilitamiento de las autoridades locales y su sistema de control cultural para la toma decisiones y resolución de conflictos. Si bien configura una de las principales estrategias de resistencia frente al conflicto armado, hay que tener en cuenta que no deja de constituirse en una respuesta que incrementa la vulnerabilidad e indefensión de dichas poblaciones. Puesto que son maniobras que intentan evitar el acercamiento de las poblaciones a las cabeceras municipales pese a los costos sociales, económicos, políticos y culturales que ello implica.
Zonas que responden también al esquema de subordinación que imponen los ordenamientos jurídicos de la última década, respecto de los grupos étnicos, donde se circunscribe su identidad cultural a una lógica de preservación cultural interpretada como equivalente del concepto de conservación natural, ambos fundados en la permanencia territorial. Es decir, pese a la globalización y la cada vez más profunda interacción cultural (relaciones con otras culturas), continúan las representaciones donde los grupos étnicos colombianos son interpretados como seres humanos que tienen que preservarse culturalmente sobre la “baja movilidad” de su población (estática) y donde solo es permitido un reducido margen de cambio de su visión tradicional del mundo.[16] Interpretación propia de la descripción etnológica de mediados del siglo XX, donde el “nativo ecológico” es colocado por fuera de los circuitos de mercado, mediante la reducción de su economía a la reproducción simple o de subsistencia, tecnológica y ambientalmente adaptada, “bajo el ideal de la sostenibilidad”, en cuya representación los territorios son concebidos, exclusivamente, como espacios funcionales (‘útiles’ ecológicamente) y no como los ‘lugares’ donde realiza su reproducción cultural. (Ibíd).
Luchas culturales: ¿Un nuevo paradigma para la acción humanitaria en Colombia?
Todos estos procesos han dado como resultado, durante el año 2002, un cambio estructural en las pautas o tendencias generales de la migración forzada. Hoy parece ocurrir el aparente cierre de un ciclo de transformación en la dinámica poblacional del país cuando vemos emerger fenómenos que pueden ser interpretados a la luz de una correlación estructural múltiple de carácter negativo que cubre las tendencias globales en todo su espectro: desde las zonas de salida hasta las zonas de llegada, sin que el desplazamiento forzado interno haya disminuido su crecimiento: 1. Una disminución relativa en las tendencias de desplazamiento masivo de población: mientras entre 2000 y 2001 las cifras de personas afectadas permaneció relativamente estable (64552 y 65695 respectivamente), para el año 2002 las cifras descendieron a 58193.[17] 2. Aumento progresivo de las poblaciones confinadas; como lo registra CODHES en el informe anual 2002, donde más de 20 mil personas, en su mayoría indígenas y afrocolombianos, son objeto de dicha estrategia.[18] 3. Emergencia progresiva del desplazamiento forzado de la población que se desplaza dentro del ámbito urbano en las principales ciudades del país; como lo indican distintos informes sobre la situación en Cúcuta, Bogotá, Barrancabermeja y principalmente la ciudad de Medellín[19]. 4. Continuidad en la implementación de los campos de desplazados; como los efectuados en las edificaciones de Minercol e IPC en el Municipio de Quibdó, hasta el mes de febrero de 2003, con poblaciones provenientes del Medio Atrato (Bojayá, Munguidó, etc.). 5. Disminución de los retornos no obstante la política gubernamental. Según cifras de la RSS el índice de retorno —en el país— descendió en más del 70% entre el 2000 y el 2001; y cerca del 25% entre el 2001 y 2002.
No debería sorprendernos porque los representantes de los movimientos sociales afectados por dicha problemática, especialmente aquellos basados en la afirmación étnica y la defensa de lo local, "comienzan siempre" sus argumentos con la cuestión de la conquista, la colonización y los atropellos a que fueron sometidos "para quitarles sus tierras y acabar con su cultura". Argumentos que parecen fundarse en tres premisas básicas: la primera, que la guerra es un producto histórico generado por la violación continuada, sistemática y múltiple de los derechos humanos, y no a la inversa como se ha tratado de presentar durante los últimos años. La segunda, que la lectura del conflicto y la migración forzada desde la memoria colectiva plantea una reflexión más profunda, holística y contextualizada, que permite reconocer en su origen y desarrollo, un conjunto de prácticas coactivas e institucionalizadas orientadas a la homogenización y asimilación cultural por vía de la mercantilización de la naturaleza y la cultura. La tercera, que sus reivindicaciones por el derecho a la identidad, a la autonomía política, al desarrollo propio y al territorio son producto de su pervivencia ecológica, económica y cultural en un sistema de relaciones de subordinación al cual han resistido durante siglos.
Estos discursos y prácticas que emergen de importantes cambios que se han propagado, durante los últimos años, tanto en la dinámica bélica como en las discusiones académicas y políticas sobre el aumento de la complejidad, cobertura y magnitud del DFI en el marco del conflicto armado. Son discursos y prácticas que han adquirido un carácter totalmente diferente: tienen un enfoque principalmente cultural. Es decir, son cuestiones que emergen de la memoria colectiva y giran en torno de los significados, representaciones y prácticas que cuestionan la invisibilización que se realiza a través de la política pública, desde el carácter universal del diseño, la implementación y ejecución de la misma, sobre el ejercicio, garantía, protección y realización de los derechos humanos. Prácticas y discursos que son impugnados en términos culturales, debido a la ausencia de un enfoque diferencial que incluya además de las diferencias de género, generación, discapacidad y opción sexual, las diferencias étnicas.
Perspectiva que algunos autores nos recuerdan cuando establecen la continuidad de una estructura hegemónica, histórica y social, cuyo panorama es desgarrador:
Los últimos 50 años de la historia de Colombia nos acercan a los primeros 50 años del siglo XVI o a los 50 años que siguieron a la "Independencia" de Colombia. Mundos multivariados en los que el sistema colonial homogenizó las formas de presión política e ideológica y la sociedad se vio desgarrada por la intolerancia y por la guerra. Si tuviéramos que reflexionar sobre los grandes cambios en nuestra vida material, de nuestros hábitos y costumbres, de los costos humanos por los caprichos de los hombres, de la venganza y de la retaliación, no vacilaríamos en comparar la penosa historia del contacto europeo, el desorden civil que engendró la independencia y las grietas y rupturas de todas nuestras convicciones morales, materiales, económicas y políticas que hemos soportado en los últimos 50 años. Y lo más sugestivo de una estructura tan larga es que estos agrietamientos, rupturas y cambios se produjeron bajo la intervención de los imperios de turno ya fuera España, Inglaterra o los Estados Unidos (Tovar Pinzón 2001: 34-36)
Visto de este modo, la memoria histórica como la memoria colectiva concuerdan en señalar el punto de inicio (la Conquista de América) de esa práctica de migración forzada y desterritorialización que hoy conocemos como desplazamiento forzado, marco dentro del cual deben ser contextualizadas las actuales problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas de los movimientos sociales basados en la afirmación étnica. Se trata de llamar la atención sobre la necesidad de repensar los discursos y prácticas del Estado Colonial que perviven en el Estado Nacional, situados geoculturalmente, desde las "extremidades del poder" de las que hablaba Foucault (1993:182), desde esos "límites menos jurídicos" que continúan cuestionando la "soberanía nacional", en tanto bordes donde se debaten los movimientos sociales contemporáneos, las identidades y los derechos fundamentales (Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos Colectivos o del Medio ambiente).
Panorama que intenta superar la invisibilidad de los derechos culturales[20] tradicionalmente “descuidados o subestimados y tratados como "parientes pobres" de otros derechos humanos”.[21] Soberanía donde la enunciación "económicos, sociales y culturales" es utilizada con amplitud y el interés corriente parece limitarse a los derechos económicos y sociales, prestando mucha menos atención a los derechos culturales, e incluso olvidándolos completamente. Las luchas por la afirmación de la identidad cultural parecen haberse convertido en sinónimo de riesgo desde cuando la Declaración de México sobre las Políticas Culturales (1982) concluyó que estas constituyen “una exigencia permanente, tanto para las personas como para los grupos y las naciones” porque contribuye a la “liberación de los pueblos”. Pese a ello, también se demostró allí que el reconocimiento de “los derechos culturales de las personas pertenecientes a minorías no es un riesgo y una fuente de conflicto sino más bien un factor importante de paz y estabilidad”.[22]
Valdría la pena preguntarnos si la correlación de estas variables, campos, procesos y representaciones constituyen los elementos principales de un nuevo paradigma que merece nuevas preguntas y respuestas en el análisis de la dinámica de guerra que vivimos en el país. De ser cierta esta hipótesis ¿Qué relación tendrían estas reconfiguraciones socioespaciales con las nuevas maneras de conocer, de administrar los territorios, de realización de los derechos humanos ¿Qué relación tendría con las respuestas de la cooperación internacional, con las respuestas estatales, no gubernamentales, particularmente de la implementada por el Sistema de Naciones Unidas desde la estrategia denominada: Plan de Acción Humanitaria? ¿Será que llegó el momento del verdadero acompañamiento de las comunidades afectadas por el conflicto como la única manera de responder a esta creciente espiral de violencia organizada que nos devora?
Bibliografía
No debería sorprendernos porque los representantes de los movimientos sociales afectados por dicha problemática, especialmente aquellos basados en la afirmación étnica y la defensa de lo local, "comienzan siempre" sus argumentos con la cuestión de la conquista, la colonización y los atropellos a que fueron sometidos "para quitarles sus tierras y acabar con su cultura". Argumentos que parecen fundarse en tres premisas básicas: la primera, que la guerra es un producto histórico generado por la violación continuada, sistemática y múltiple de los derechos humanos, y no a la inversa como se ha tratado de presentar durante los últimos años. La segunda, que la lectura del conflicto y la migración forzada desde la memoria colectiva plantea una reflexión más profunda, holística y contextualizada, que permite reconocer en su origen y desarrollo, un conjunto de prácticas coactivas e institucionalizadas orientadas a la homogenización y asimilación cultural por vía de la mercantilización de la naturaleza y la cultura. La tercera, que sus reivindicaciones por el derecho a la identidad, a la autonomía política, al desarrollo propio y al territorio son producto de su pervivencia ecológica, económica y cultural en un sistema de relaciones de subordinación al cual han resistido durante siglos.
Estos discursos y prácticas que emergen de importantes cambios que se han propagado, durante los últimos años, tanto en la dinámica bélica como en las discusiones académicas y políticas sobre el aumento de la complejidad, cobertura y magnitud del DFI en el marco del conflicto armado. Son discursos y prácticas que han adquirido un carácter totalmente diferente: tienen un enfoque principalmente cultural. Es decir, son cuestiones que emergen de la memoria colectiva y giran en torno de los significados, representaciones y prácticas que cuestionan la invisibilización que se realiza a través de la política pública, desde el carácter universal del diseño, la implementación y ejecución de la misma, sobre el ejercicio, garantía, protección y realización de los derechos humanos. Prácticas y discursos que son impugnados en términos culturales, debido a la ausencia de un enfoque diferencial que incluya además de las diferencias de género, generación, discapacidad y opción sexual, las diferencias étnicas.
Perspectiva que algunos autores nos recuerdan cuando establecen la continuidad de una estructura hegemónica, histórica y social, cuyo panorama es desgarrador:
Los últimos 50 años de la historia de Colombia nos acercan a los primeros 50 años del siglo XVI o a los 50 años que siguieron a la "Independencia" de Colombia. Mundos multivariados en los que el sistema colonial homogenizó las formas de presión política e ideológica y la sociedad se vio desgarrada por la intolerancia y por la guerra. Si tuviéramos que reflexionar sobre los grandes cambios en nuestra vida material, de nuestros hábitos y costumbres, de los costos humanos por los caprichos de los hombres, de la venganza y de la retaliación, no vacilaríamos en comparar la penosa historia del contacto europeo, el desorden civil que engendró la independencia y las grietas y rupturas de todas nuestras convicciones morales, materiales, económicas y políticas que hemos soportado en los últimos 50 años. Y lo más sugestivo de una estructura tan larga es que estos agrietamientos, rupturas y cambios se produjeron bajo la intervención de los imperios de turno ya fuera España, Inglaterra o los Estados Unidos (Tovar Pinzón 2001: 34-36)
Visto de este modo, la memoria histórica como la memoria colectiva concuerdan en señalar el punto de inicio (la Conquista de América) de esa práctica de migración forzada y desterritorialización que hoy conocemos como desplazamiento forzado, marco dentro del cual deben ser contextualizadas las actuales problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas de los movimientos sociales basados en la afirmación étnica. Se trata de llamar la atención sobre la necesidad de repensar los discursos y prácticas del Estado Colonial que perviven en el Estado Nacional, situados geoculturalmente, desde las "extremidades del poder" de las que hablaba Foucault (1993:182), desde esos "límites menos jurídicos" que continúan cuestionando la "soberanía nacional", en tanto bordes donde se debaten los movimientos sociales contemporáneos, las identidades y los derechos fundamentales (Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos Colectivos o del Medio ambiente).
Panorama que intenta superar la invisibilidad de los derechos culturales[20] tradicionalmente “descuidados o subestimados y tratados como "parientes pobres" de otros derechos humanos”.[21] Soberanía donde la enunciación "económicos, sociales y culturales" es utilizada con amplitud y el interés corriente parece limitarse a los derechos económicos y sociales, prestando mucha menos atención a los derechos culturales, e incluso olvidándolos completamente. Las luchas por la afirmación de la identidad cultural parecen haberse convertido en sinónimo de riesgo desde cuando la Declaración de México sobre las Políticas Culturales (1982) concluyó que estas constituyen “una exigencia permanente, tanto para las personas como para los grupos y las naciones” porque contribuye a la “liberación de los pueblos”. Pese a ello, también se demostró allí que el reconocimiento de “los derechos culturales de las personas pertenecientes a minorías no es un riesgo y una fuente de conflicto sino más bien un factor importante de paz y estabilidad”.[22]
Valdría la pena preguntarnos si la correlación de estas variables, campos, procesos y representaciones constituyen los elementos principales de un nuevo paradigma que merece nuevas preguntas y respuestas en el análisis de la dinámica de guerra que vivimos en el país. De ser cierta esta hipótesis ¿Qué relación tendrían estas reconfiguraciones socioespaciales con las nuevas maneras de conocer, de administrar los territorios, de realización de los derechos humanos ¿Qué relación tendría con las respuestas de la cooperación internacional, con las respuestas estatales, no gubernamentales, particularmente de la implementada por el Sistema de Naciones Unidas desde la estrategia denominada: Plan de Acción Humanitaria? ¿Será que llegó el momento del verdadero acompañamiento de las comunidades afectadas por el conflicto como la única manera de responder a esta creciente espiral de violencia organizada que nos devora?
Bibliografía
Foucault, Michel. Microfísica del Poder. Planeta Agostini: Buenos Aires, 1993.
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Human Rights Watch, Guerra sin cuartel: Colombia y el Derecho Internacional Humanitario; Human Rights Watch; Washington. 1998. pp. 224. Medellín, 9 de diciembre de 1997, Entrevista a Defensora del Pueblo, María Gladis Vargas en el departamento de Antioquia.
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GAD. La guerra en el Norte del Chocó: más de 10 mil desplzados, en “Éxodo: boletín sobre desplazamiento interno en Colombia”. Julio-agosto de 1997. Bogotá.
Red de Solidaridad Social. Cifras sobre la magnitud del desplazamiento forzado en las regiones del proyecto “Diagnóstico del desplazamiento Indígena”. Unidad Técnica Conjunta. Bogotá, Agosto 28 de 2001.
Thomas, Javier E.., Flórez, Antonio. Una aproximación a algunas estructuras de organización del espacio regional. Un estudio de caso. En: Revista de Geografía. Universidad Nacional de Colombia. Vol VI. Nº 1-2. Santafé de Bogotá. 1997.
Amnistía Internacional. Seguridad, ¿a qué precio? La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de derechos humanos. AI: AMR 23/132/2002/s; diciembre de 2002.
Kanoui, Vanesa. Globalización, multinacionales y poblaciones en peligro. Médicos Sin Fronteras. Barcelona.2001.
Villa, William. Pueblos indígenas: autonomía y subordinación, en U.N. Periódico. Universidad Nacional de Colombia, No 25 de agosto 19 de 2001. Bogotá. PP. 12.
Codhes. La otra guerra: destierro y repoblamiento. Boletín Codhes Informa No 44. Abril de 2003. www.codhes.org.co
Sentencia de la Corte Constitucional T268/2003.
Symonides, Janusz. Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos. En Revista Internacional de las Ciencias Sociales. No. 158. 2000. http://unesco.ias.unu.edu/issj/rics158/symonidesspa.html#js10
http://www.diplomatie.fr
[1] Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 1,2 millones de colombianos han salido para siempre de su país durante los últimos cinco años. Tan sólo en 2001, 23.000 refugiados colombianos pidieron asilo en otros países (U.S. Committee for Refugees). Human Rights Watch. Informe 2003 sobre Colombia. New York: Human Rights Watch, 14, 2003.
[2] GAD. La guerra en el Norte del Chocó: más de 10 mil desplazados, en “Éxodo: boletín sobre desplazamiento interno en Colombia”. Julio-agosto de 1997. Bogotá.
[3] Otros casos notorios de éxodo masivo ocurrieron entre junio y julio de 1998 (año en que arrancó el proceso de paz con las FARC y el establecimiento de la zona de distensión para los diálogos), desde el centro y sur del departamento de Bolívar; 10.000 personas de 17 municipios distintos fueron forzadas a salir hacia el puerto fluvial de Barrancabermeja. Del mismo modo más de 10 mil personas, entre campesinos, afrocolombianos e indígenas, salieron de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia la ciudad de Santa Marta (Magdalena). Así mismo, una cifra que sobrepasa las 10 mil personas, en su mayoría indígenas paéces y afrocolombianas, salieron forzosamente de la cuenca del Naya hacia los municipios de Buenos Aires, Timba, Caloto, Buenaventura y Santander de Quilichao.
[4] Muestra de la alta concentración de la expulsión de población en el departamento, es que sólo tres municipios expulsaron el 53% de la población entre enero de 2000 y junio de 2001: Juradó, Quibdo y Riosucio. En estos tres municipios se presentaron 37 desplazamientos masivos. En estos se vieron afectados más de 12.000 personas. En promedio en cada desplazamiento masivo se desplazaron cerca de 290 personas. Tomado de: Red de Solidaridad Social. Cifras sobre la magnitud del desplazamiento forzado en las regiones del proyecto “Diagnóstico del desplazamiento Indígena”. Unidad Técnica Conjunta. Bogotá, Agosto 28 de 2001.
[5] Ibídem
[6] GAD. La guerra en el Norte del Chocó: más de 10 mil desplzados, en “Éxodo: boletín sobre desplazamiento interno en Colombia”. Julio-agosto de 1997. Bogotá.
[7] Los elementos de análisis han sido aplicados a estructuras urbano-regionales mucho más amplias y consolidadas, para mayor información véase: Thomas, Javier E.., Flórez, Antonio. Una aproximación a algunas estructuras de organización del espacio regional. Un estudio de caso. En: Revista de Geografía. Universidad Nacional de Colombia. Vol VI. Nº 1-2. Santafé de Bogotá. 1997.
[8] El sitio de paso es el lugar que “ofrece mayores posibilidades para la comunicación, dentro de una arquitectura natural que impone limitaciones; es el caso de los puntos bajos en las cordilleras andinas, los piedemontes, los fondos de cañones en los sistemas fluviales con una dinámica muy activa o las terrazas aluviales. Precisamente en los sitios de paso, el hombre a partir de la interpretación de ciertas condiciones topográficas, decide cuál es el punto más funcional dentro de una estructura geográfica, que le permita maximizar la comunicación y la eficiencia”. Ibídem
[9] CODHES. ¿Hasta cuándo? Codhes Informa. No. 35. 17 de abril de 2001. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Bogotá, Colombia. Pp. 9.
[10] Hyndman, Jennifer. A Post-Cold War Geography of Forced Migration in Kenya and Somalia. The Professional Geographer , Feb 1999 v51 i1 p104(1). Según esta autora, la 'protección preventiva' es evidente en la geopololítica (`geopolicing') de las migraciones. Las medidas para controlar cruces fronterizos en la mayoría de países industrializados, de América del Norte y Europa se orientan en este sentido: el cobro de sanciones a la aerolínea, el aumento de demandas por documentos de identidad, etc. Medidas que tienen efectos de racialización y criminalización (effect of racializing and criminalizing) de la dinámica migratoria.
[11] Posteriormente se dispusieron los "santuarios seguros" (Safe haven) para los Kurdos Iraquís, "las zonas de tranquilidad" (`zones of tranquillity') para devolver a los refugiados afganos, los "centros abiertos de alivio" para los que habrían de ser los refugiados de Sri Lanka; y los "corredores de seguridad" (`safe corridors') para el enclave musulmán en Bosnia.
[12] http://www.diplomatie.fr
[13] Tomado de Amnistía Internacional. Seguridad, ¿a qué precio? La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de derechos humanos. AI: AMR 23/132/2002/s; diciembre de 2002.
[14] Para más información véase: Kanoui, Vanesa. Globalización, multinacionales y poblaciones en peligro. Médicos Sin Fronteras. Barcelona. 2001.
[15] El 14 de diciembre de 1990 mediante Resolución de la Asamblea General de la ONU se reconoció la necesidad de "corredores humanitarios" para facilitar el transporte de la ayuda a poblaciones afectadas por la guerra. El 5 de abril de 1991, también mediante la Resolución 688 del Consejo de Seguridad se consideró y aprobó el uso del derecho de injerencia. Por primera vez en su historia, la comunidad internacional consideró que un problema interno de derechos humanos, "la represión de la población civil en gran parte del teritorio iraquí", representaba un amenaza contra la paz mundial y decidió crear, en el norte de Irak, zonas de seguridad para los kurdos, protegidas por Naciones Unidas. El 13 de agosto 1992 mediante la Resolución 770, por primera vez, se permitió recurrir a la fuerza para hacer llegar la ayuda humanitaria a una población víctima de un conflicto armado (Bosnia). El 3 de diciembre de 1992, mediante la Resolución 794 que autorizaba un despliegue militar preventivo en Somalia a fin de "instaurar condiciones de seguridad para las operaciones de socorro humanitario". Tomado de http://www.diplomatie.fr
[16] Villa, William. Pueblos indígenas: autonomía y subordinación, en U.N. Periódico. Universidad Nacional de Colombia, No 25 de agosto 19 de 2001. Bogotá. PP. 12.
[17] Cifras a siembre 5 de 2002, de la Red de Solidaridad Social http://www.red.gov.co/Download/Files/Registro_SUR_Dic_03_web.xls
[18] Codhes. La otra guerra: destierro y repoblamiento. Boletín Codhes Informa No 44. Abril de 2003. www.codhes.org.co
[19] para más información véase Sentencia T268/2003.
[20] Los derechos culturales de las personas pertenecientes a minorías se mencionan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y fueron reconocidos en el Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1996.
[21] Symonides, Janusz. Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos. En Revista Internacional de las Ciencias Sociales. No. 158. 2000. http://unesco.ias.unu.edu/issj/rics158/symonidesspa.html#js10
[22] Ibídem
Tovar Pinzón. Hermes. Emigración y éxodo en la historia de Colombia, en “Migrations en Colombia”. Cahiers Alhim No. 3. París. 2001.
ACNUR, Informe situación de los derechos humanos en Colombia 2000. http\\www.gtd\...\estudios\situacion2001\idpscol.htm
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Human Rights Watch. Informe 2003 sobre Colombia. New York: Human Rights Watch, 14, 2003.
GAD. La guerra en el Norte del Chocó: más de 10 mil desplzados, en “Éxodo: boletín sobre desplazamiento interno en Colombia”. Julio-agosto de 1997. Bogotá.
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http://www.diplomatie.fr
[1] Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 1,2 millones de colombianos han salido para siempre de su país durante los últimos cinco años. Tan sólo en 2001, 23.000 refugiados colombianos pidieron asilo en otros países (U.S. Committee for Refugees). Human Rights Watch. Informe 2003 sobre Colombia. New York: Human Rights Watch, 14, 2003.
[2] GAD. La guerra en el Norte del Chocó: más de 10 mil desplazados, en “Éxodo: boletín sobre desplazamiento interno en Colombia”. Julio-agosto de 1997. Bogotá.
[3] Otros casos notorios de éxodo masivo ocurrieron entre junio y julio de 1998 (año en que arrancó el proceso de paz con las FARC y el establecimiento de la zona de distensión para los diálogos), desde el centro y sur del departamento de Bolívar; 10.000 personas de 17 municipios distintos fueron forzadas a salir hacia el puerto fluvial de Barrancabermeja. Del mismo modo más de 10 mil personas, entre campesinos, afrocolombianos e indígenas, salieron de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia la ciudad de Santa Marta (Magdalena). Así mismo, una cifra que sobrepasa las 10 mil personas, en su mayoría indígenas paéces y afrocolombianas, salieron forzosamente de la cuenca del Naya hacia los municipios de Buenos Aires, Timba, Caloto, Buenaventura y Santander de Quilichao.
[4] Muestra de la alta concentración de la expulsión de población en el departamento, es que sólo tres municipios expulsaron el 53% de la población entre enero de 2000 y junio de 2001: Juradó, Quibdo y Riosucio. En estos tres municipios se presentaron 37 desplazamientos masivos. En estos se vieron afectados más de 12.000 personas. En promedio en cada desplazamiento masivo se desplazaron cerca de 290 personas. Tomado de: Red de Solidaridad Social. Cifras sobre la magnitud del desplazamiento forzado en las regiones del proyecto “Diagnóstico del desplazamiento Indígena”. Unidad Técnica Conjunta. Bogotá, Agosto 28 de 2001.
[5] Ibídem
[6] GAD. La guerra en el Norte del Chocó: más de 10 mil desplzados, en “Éxodo: boletín sobre desplazamiento interno en Colombia”. Julio-agosto de 1997. Bogotá.
[7] Los elementos de análisis han sido aplicados a estructuras urbano-regionales mucho más amplias y consolidadas, para mayor información véase: Thomas, Javier E.., Flórez, Antonio. Una aproximación a algunas estructuras de organización del espacio regional. Un estudio de caso. En: Revista de Geografía. Universidad Nacional de Colombia. Vol VI. Nº 1-2. Santafé de Bogotá. 1997.
[8] El sitio de paso es el lugar que “ofrece mayores posibilidades para la comunicación, dentro de una arquitectura natural que impone limitaciones; es el caso de los puntos bajos en las cordilleras andinas, los piedemontes, los fondos de cañones en los sistemas fluviales con una dinámica muy activa o las terrazas aluviales. Precisamente en los sitios de paso, el hombre a partir de la interpretación de ciertas condiciones topográficas, decide cuál es el punto más funcional dentro de una estructura geográfica, que le permita maximizar la comunicación y la eficiencia”. Ibídem
[9] CODHES. ¿Hasta cuándo? Codhes Informa. No. 35. 17 de abril de 2001. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Bogotá, Colombia. Pp. 9.
[10] Hyndman, Jennifer. A Post-Cold War Geography of Forced Migration in Kenya and Somalia. The Professional Geographer , Feb 1999 v51 i1 p104(1). Según esta autora, la 'protección preventiva' es evidente en la geopololítica (`geopolicing') de las migraciones. Las medidas para controlar cruces fronterizos en la mayoría de países industrializados, de América del Norte y Europa se orientan en este sentido: el cobro de sanciones a la aerolínea, el aumento de demandas por documentos de identidad, etc. Medidas que tienen efectos de racialización y criminalización (effect of racializing and criminalizing) de la dinámica migratoria.
[11] Posteriormente se dispusieron los "santuarios seguros" (Safe haven) para los Kurdos Iraquís, "las zonas de tranquilidad" (`zones of tranquillity') para devolver a los refugiados afganos, los "centros abiertos de alivio" para los que habrían de ser los refugiados de Sri Lanka; y los "corredores de seguridad" (`safe corridors') para el enclave musulmán en Bosnia.
[12] http://www.diplomatie.fr
[13] Tomado de Amnistía Internacional. Seguridad, ¿a qué precio? La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de derechos humanos. AI: AMR 23/132/2002/s; diciembre de 2002.
[14] Para más información véase: Kanoui, Vanesa. Globalización, multinacionales y poblaciones en peligro. Médicos Sin Fronteras. Barcelona. 2001.
[15] El 14 de diciembre de 1990 mediante Resolución de la Asamblea General de la ONU se reconoció la necesidad de "corredores humanitarios" para facilitar el transporte de la ayuda a poblaciones afectadas por la guerra. El 5 de abril de 1991, también mediante la Resolución 688 del Consejo de Seguridad se consideró y aprobó el uso del derecho de injerencia. Por primera vez en su historia, la comunidad internacional consideró que un problema interno de derechos humanos, "la represión de la población civil en gran parte del teritorio iraquí", representaba un amenaza contra la paz mundial y decidió crear, en el norte de Irak, zonas de seguridad para los kurdos, protegidas por Naciones Unidas. El 13 de agosto 1992 mediante la Resolución 770, por primera vez, se permitió recurrir a la fuerza para hacer llegar la ayuda humanitaria a una población víctima de un conflicto armado (Bosnia). El 3 de diciembre de 1992, mediante la Resolución 794 que autorizaba un despliegue militar preventivo en Somalia a fin de "instaurar condiciones de seguridad para las operaciones de socorro humanitario". Tomado de http://www.diplomatie.fr
[16] Villa, William. Pueblos indígenas: autonomía y subordinación, en U.N. Periódico. Universidad Nacional de Colombia, No 25 de agosto 19 de 2001. Bogotá. PP. 12.
[17] Cifras a siembre 5 de 2002, de la Red de Solidaridad Social http://www.red.gov.co/Download/Files/Registro_SUR_Dic_03_web.xls
[18] Codhes. La otra guerra: destierro y repoblamiento. Boletín Codhes Informa No 44. Abril de 2003. www.codhes.org.co
[19] para más información véase Sentencia T268/2003.
[20] Los derechos culturales de las personas pertenecientes a minorías se mencionan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y fueron reconocidos en el Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1996.
[21] Symonides, Janusz. Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos. En Revista Internacional de las Ciencias Sociales. No. 158. 2000. http://unesco.ias.unu.edu/issj/rics158/symonidesspa.html#js10
[22] Ibídem
