Javier de la Maza E.,
Rosaura Cadena G. y Cecilia Piguerón W. Estado
actual de las Áreas Naturales Protegidas de América Latina y el Caribe. Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América
Latina y el Caribe. 2003, 130 páginas.
El contenido del documento está centrado en el diagnóstico
sobre la situación de las áreas naturales protegidas en América Latina. En él
se identifican los avances logrados y las problemáticas impiden que dichas AP
cumplan eficazmente con sus cometidos. Con base en lo anterior propone
lineamientos generales de política pública de carácter regulatorio, financieros
y de gestión que puedan hacer más efectiva la protección de las AP. La
intencionalidad profunda del estudio es la promoción de la participación social
en beneficio de los pobladores de dichas AP. El aspecto más relevante lo
constituye el conjunto de mecanismos sugeridos para facilitar el intercambio de
experiencias entre los gobiernos y las ONG que laboran en la región.
El estudio examina los aspectos más importantes de las AP:
Historia, Caracterización, Gestión y administración, Actores involucrados,
Marcos normativos, y Tipos de manejo de la biodiversidad y los ecosistemas. En
el análisis histórico se evidencia el creciente uso de las distintas categorías
sobre AP, la globalización de la conciencia ecológica, y el establecimiento de
una red mundial de reservas de biosfera asociada a redes de cooperación
técnica. Estas últimas permitieron compartir experiencias, generar estrategias
y unificar políticas de conservación en la región, lo que devino en una mayor
atención en la administración y el manejo de las AP e incluso el
establecimiento de nuevas áreas bajo protección, así como la creación y
cualificación (en la mayoría de los países) de una legislación ad hoc para el
establecimiento de los sistemas nacionales de AP.
El análisis constata la relevancia de los sistemas
nacionales de áreas protegidas (SNAPs) para la conservación de los ecosistemas
y la biodiversidad, no obstante los dos problemas principales que amenazan su
estabilidad: la deforestación y el crecimiento de la frontera agropecuaria;
problemas que se derivan de la ausencia de políticas integrales de orden
nacional para el óptimo funcionamiento de dichos sistemas (planeación, recursos
humanos y económicos), las cuales se han visto acrecentadas por la aplicación
de políticas opuestas a los propósitos de conservación.
El estudio permite observar que la tenencia de la tierra y
sus formas de regulación son de suma importancia para que las AP cumplan con su
función protectora. En Latinoamérica muchas de las tierras de interés ecológico
y biológico son propiedad privada o social y las declaratorias se realizan sin
la modificación de la tenencia de la tierra. Sin embargo dos casos merecen ser destacados:
Colombia y Uruguay. En Colombia existe una normatividad especial sobre las tierras
habitadas por pueblos indígenas, y un régimen particular para el uso de sus
recursos naturales. En Uruguay, cuando un propietario quiere vender la
superficie que hace parte de un AP, está obligado a ofrecerla primero al Estado
a través del Ministerio del Ambiente.
Un aspecto de enorme importancia en el estudio lo constituye
el análisis de la multiplicidad y complejidad de intereses y actores en la
gestión y administración de las AP. De allí se deduce que cada vez más se
procura por un balance entre la participación y apertura de los actores afectados
por las acciones de protección, manteniendo claros los objetivos de
conservación. Situación que ha contribuido a la continuidad de las actuaciones,
la apertura de nuevos espacios de participación y al monitoreo de las AP. La
evolución de los SNAPs ha devenido en crecientes compromisos que van más allá
de la protección de los ecosistemas, puesto que se espera que contribuyan al
desarrollo económico local, e incluso a solidificar la identidad cultural de la
poblaciones y naciones. En este sentido integran, cada vez más, la
participación activa y organizada de todos los actores involucrados: organizaciones
de productores; ONG internacionales y nacionales; instituciones académicas;
sector privado; organismos financieros nacionales e internacionales; diferentes
instancias de gobierno, y poblaciones campesinas e indígenas.
La presencia de pueblos indígenas en las AP es un tema
relevante. En el 91% de los 23 países analizados hay pobladores indígenas en
AP, afectando diferencialmente a cada SNAPs. De allí que su participación en el
análisis y resolución de los problemas de las AP es considerado de vital
importancia. Las relaciones entre pueblos indígenas y ANP han sido generalmente
conflictivas, aunque con experiencias diversas de relaciones de cooperación. La
situación ha tendido a mejorar, toda vez que en la última década se ha ampliado
el marco legal de reconocimiento de derechos fundamentales y colectivos de los
pueblos indígenas, entre los que se destaca el derecho al territorio y la
creación de nuevos mecanismos de concertación, los cuales han consolidado una
mayor participación indígena en la gestión ambiental, fundada en el respeto a
sus prácticas, usos y cosmovisiones. Reflejo de ello es que en el 91%, de los
países se crearon mecanismos de participación social, tales como comisiones o
consejos. En algunos casos son mecanismos obligatorios para la administración
de las ANP y en otros solo participan como asesores. Finalmente, se observa que
en algunos países, dependiendo de la importancia de las unidades de
conservación, la administración queda en manos de diferentes instancias
gubernamentales, pero aún falta definir políticas y normas claras sobre las
instancias de gobierno responsables de la administración.
