En los últimos años, alrededor del 10% de la población colombiana ha sido obligada a huir de sus lugares de residencia; más de un millón de personas ha emigrado hacia otros países; el desempleo ha superado el 20%, seis de cada diez habitantes vive en condiciones de pobreza y más de la mitad de ellos sobreviven en condiciones de miseria absoluta. Desde el 2003, Colombia ha sido calificado como el 5º país en el planeta que presenta los índices más altos de habitantes que padecen hambre; el 13% de esta población vive en condiciones de desnutrición; 4 de cada 10 personas no tienen acceso a atención médica básica. En este contexto han reaparecido enfermedades como la malaria, fiebre amarilla, sarampión y tétano, afectando a las nuevas generaciones y especialmente a la población indígena. Para el 2005, según la Defensoría del Pueblo, alrededor de doce millones de colombianos no recibieron agua potable (cerca del 28% de los habitantes del país), un cuarto de la población joven no accedió a la educación secundaria, y de éste último estimativo, menos del 20% tuvo acceso a los estudios universitarios.[1]
En las ultimas 3 décadas, la respuesta de los poderes establecidos frente a las reivindicaciones ancestrales de los Pueblos Indígenas colombianos, ha producido un enorme historial de vulneraciones. Hoy son más de 350 desaparecidos, cerca de 150 secuestrados, más de 1.000 casos de violencia sexual y torturas, un número no menor de 2.500 detenidos arbitrariamente. Las amenazas individuales y colectivas, así como el confinamiento y el desplazamiento forzado, han afectado a casi la mitad de toda nuestra población. Son más 2460 indígenas asesinados por los distintos actores armados, de los cuales 1900 eran líderes o autoridades. Del total de homicidios de las últimas tres décadas el 45% ocurrió entre el 2002 y 2006.
El desplazamiento forzado de pueblos indigenas en Colombia durante los últimos 10 años asciende a 70.691 personas pertencientes a 54 pueblos, cuyos territorios ancestrales están situados en los 32 departamentos del país. De todos estos, los pueblos Nasa, Wiwa, Pijao y Kankuamo son los más afectados por el fenómeno en el país, fruto de la múltiple, sistemática y crónica violación de sus derechos individuales y colectivos.
Estos cuatro pueblos que constituyen la muestra están situados en la parte alta de las cordilleras Central (Pijao), Occidente (Nasa) y de la Sierra Nevada de Santa Marta (Kankuamo y Wiwa) en la Costa Norte del país. La contiguidad geográfica en ambas regiones permite inferir una correlación general en cuanto a los procesos que causaron el desplazamiento forzado interno en sus comunidades.
Como bien lo expone un estudio reciente, entre 1974-2004, se presenta uno de los periodos más aciagos para los pueblos indígenas del país. En este tiempo ocurrieron la mayor cantidad de violaciones de las últimas dos décadas, fruto de eventos de violencia de tipo individual. “Es así como el Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca, una evidente unidad sociopolítica y geográfica, registran la ocurrencia del 38,37% de los hechos, que han afectado especialmente al pueblo Nasa. (…) El departamento del Tolima, poblado mayoritariamente por Pijaos, representa por sí sólo el 17,4%, cifra significativa cuando se mira en complementariedad con los desplazamientos individuales, los cuales para esta región representan los más elevados según la información registrada por la Pastoral Social para el país indígena. La región de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que convergen Cesar, el Sur de La Guajira y Magdalena, constituye la cuarta área crítica, con el 9,84% en el total del estudio”.[2]
El análisis de la violencia política realizada contra los pueblos indígenas pone en evidencia una lógica de victimización que es necesario diferenciar del impacto generado en otros sectores de la sociedad nacional. Allí la afectación individual tiene un “profundo impacto colectivo”, debido a que los lazos de parentesco en los pueblos indígenas, “funcionan como sustrato profundo que soporta las alianzas e instituciones comunitarias, de manera que la familia, parentela o linaje a menudo es al mismo tiempo la comunidad”. Es decir, los hechos de violencia no son experimentados como un “asunto privado”, debido a que afecta completamente sus estructuras sociopolíticas. Esto cobra mayor relevancia señalando la desproporción de los impactos toda vez que la mayor parte de las violaciones perpetradas están dirigidas contra la dirigencia indígena, quienes concentran en su representación política los papeles sociales más importantes de sus comunidades y por tanto el proyecto de vida de dichos pueblos. [3]Actualmente los PPII en general y los cuatro que encabezan este estudio son objeto de nuevos desplazamientos, en tanto víctimas de la imposición de megaproyectos y explotación de recursos naturales sin su consentimiento previo, libre e informado. Hoy más que nunca el gobierno nacional incumple el Convenio 169 de la OIT debido a su priorización de los intereses de inversionistas privados, foráneos como nacionales, al suspender la titulación de tierras y la reducción del presupuesto para su adquisición, la conculcación de sus derechos de propiedad sobre los recursos de biodiversidad; al imponer una legislación territorial regresiva; asociada a la afectación alimentaria que provocan los cultivos ilegales y las fumigaciones aéreas que intentan controlarlos, a la transformación de los territorios en teatro de operaciones militares y al involucramiento de las comunidades como base de apoyo para la guerra.
[1] Henao A., Diego F. “Violencia Política, Exclusión Y Etnicidad En Colombia”. ONIC. Bogotá D. C.; 2007.
[2] Villa, W. Houghton,J. Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia.1974-2004. Altovuelo Editores. Medellín. 2005. Pp. 15 ss
[3] Ibíd. Villa, W. Houghton,J. 2005 Pp. 15 ss
