viernes, 19 de octubre de 2007

14. Los Nükák: un pueblo nómada, aislado y reducido fuera de su territorio


Diego F. Henao A.
Como lo denunció publicamente la Organzación SURVIVAL, los nukak se han visto involucrados en el intercambio de rehenes entre el Gobierno y las FARC, por obra de los bombardeos que el Ejército colombiano viene llevando a cabo. "Muchos nukak han huido de su territorio" y continuarán hacíendolo. Según Survival: "Los bombardeos se produjeron después del reciente asesinato de un hombre nukak llamado Monikaro por parte del frente 44 de las FARC. Monikaro huyó de la tierra de los nukak en 2004 tras un conflicto entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares, que luchaban por el control de los lucrativos cultivos de coca". (Nota de prensa 12 de marzo de 2008).
Con el ánimo de profundizar en el conocimiento de dicha situación publicamos un reciente documento presentado por el autor, en el marco de la Reunión Internacional "Hacia el planteamiento de políticas públicas y planes de acción para garantizar el derecho a la salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay", celebrada en Quito, Ecuador, entre el 19 y 20 de octubre de 2007. (CIPIACI-FENAMAD con el apoyo de IWGIA y ACNUR).

Resumen

Los pueblos indígenas en Colombia continúan siendo víctimas de la discriminación y la exclusión por obra del colonialismo interno. Dicha colonización se ha caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza, orientado al extractivismo y la esclavización indígena, propiciando la migración forzada y la extinción de numerosos pueblos. En nuestros días, algunos pueblos indígenas, como el Yuri, luchan por no ser exterminados, por sobrevivir a la extinción en condiciones de "aislamiento voluntario", mientras nuestra sociedad se debate entre la guerra y el asistencialismo humanitario. El caso del Pueblo Nükák Makú, cuya drástica reducción demográfica y geográfica, durante los últimos 20 años, es quizá la principal evidencia de los estragos del contacto con nuestra sociedad: su población se redujo en un 46%, y luego la tercera parte de su población (221 personas) fue obligada a abandonar su territorio (desplazados forzosamente entre 2002-2006). En este texto, antes que mostrar un diagnóstico especializado sobre su salud, pongo en evidencia el contexto de guerra y exterminio en que viven los indígenas colombianos, la desproporción de sus impactos, las graves consecuencias del contacto con nuestra sociedad (a raíz de la falta de información sobre su existencia), la carencia de una legislación que proteja a los pueblos indígenas en "aislamiento voluntario", la indolencia estatal frente al irrespeto de los derechos de los pueblos indígenas, las distintas formas de discriminación de las que son objeto; en síntesis la ausencia de voluntad política para la protección estatal de sus vidas y territorios.

Introducción

Durante los últimos treinta años se ha intensificado y expandido el conflicto armado interno entre la fuerza pública, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, especialmente en los territorios indígenas. Aunque el conflicto armado no ha obtenido el reconocimiento legal por parte del Estado, ha contribuido a la prolongación no explícita del Estado de excepción (primacía de lo militar sobre lo político). Esta situación ha generado un escenario de vulneración múltiple y sistemática de los derechos de nuestros pueblos indígenas, que tiene como fondo común el despojo territorial. Los actores armados han recurrido a los cultivos de uso ilícito y al narcotráfico, o a favorecer la implantación de monocultivos agroindustriales y "megaproyectos" para su sostenimiento, alterando drásticamente el medioambiente y las condiciones de vida de la población.
Este fenómeno está cruzado por la corrupción administrativa estatal, la impunidad generalizada y el debilitamiento democrático por vía legislativa, en clara correspondencia con lo que han denominado la "estatalización del paramilitarismo". Esto ha provocado la desintegración paulatina, tanto de los pueblos indígenas como de los ecosistemas donde están asentados, socavando al mismo tiempo sus logros históricos y ganancias políticas.
Durante este año, las bancadas "favorables" al gobierno nacional, aprobaron con una maratón de "pupitrazos", las leyes más lesivas para los pueblos indígenas de Colombia: el Plan Nacional de Desarrollo, que pretende forzar la convivencia de las víctimas con los victimarios, mediante proyectos económicos que sólo favorecen a los grandes inversionistas: la Ley de Transferencias que centraliza nuevamente las decisiones y los recursos sobre la educación y la salud, favoreciendo a Medellín y Bogotá, y marginando mucho más a las regiones más abandonadas por el Estado; la Ley de Desarrollo Rural (Ley 30 de 2007), llamada estatuto sin que sea una ley estatutaria, con la cual se intenta borrar de plano las conquistas y la resistencia de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y los campesinos del país (entre muchas otras).

Crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia

En este contexto, hoy avanza una crisis humanitaria y de derechos humanos de enormes proporciones, y nuestros pueblos son los principales afectados, mientras el Estado insiste en tratarla, exclusivamente, como un problema de orden público y asistencialismo humanitario. Esto es evidente desde que se implementó la política de "Seguridad Democrática," en el marco del "Plan Colombia", especialmente en los departamentos de Cauca, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Nariño, Chocó y los departamentos que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.
    Se trata de un proceso de militarización, compuesto por una serie de estrategias bélicas y políticas, que han dado como resultado una recomposición demográfica de vastas proporciones a través del desplazamiento forzado y la implementación de extensos campos de confinamiento, controlados por bases o destacamentos militares que someten a la población indígena y la convierten en "escudos humanos" además de "objetivo militar".
    Las principales expresiones de dicho sometimiento son las siguientes: a) Acoso y abuso sexual por los actores armados, b) inseguridad alimentaria y aumento de la morbi-mortalidad indígena, c) bombardeos y fumigaciones aéreas con glifosato por la Fuerza Pública, d) campos minados y muertes por minas antipersonales, e) Ausencia de política diferencial e integral en materia de desplazamiento forzado indígena, f) persecución paramilitar de los defensores de los derechos humanos, g) criminalización de los movimientos sociales y sus derechos por parte del Estado (incluso desde los discursos presidenciales), y h) incremento de la violencia difusa y directa pagada por compañías multinacionales (vacunas, seguridad privada, financiación de operaciones militares).
    El contexto de los pueblos indígenas colombianos nos muestra un panorama desgarrador que confirma lo precitado. La desproporción de la afectación de las violaciones, infracciones y de la vulneración de los derechos colectivos de nuestros pueblos, pone en evidencia el impacto también desproporcionado de las mismas.
De acuerdo con las cifras del último censo de población (2005), la proporción de población indígena en el país es del 3% sobre el total nacional. En contraste, el desplazamiento forzado interno de los pueblos indígenas alcanzó en el 2005 el 12,5% del total nacional, la cifra de desaparecidos indígenas de los últimos diez años (526) alcanzó el 7,5% del total nacional y los estimados sobre indígenas detenidos arbitrariamente (1.033) superaron el 11%. Sólo entre el 2000 y 2004 (según el Banco de Datos Noche y Niebla), ocurrieron en Colombia 17.897 asesinatos políticos; es decir, una tasa de 90,6 por cada 100.000 habitantes. El contraste de información revela que "la tasa global indígena para los años 2000-2004 es tres veces más alta que la tasa nacional". Durante el mismo periodo "Los Embera Katío, con 477,2 por 100.000, y los Tule, 812,3 por 100.000, ambos en la región de Urabá, multiplican varias veces la tasa nacional".
Ahora bien, lo peor de todo es que en materia de violaciones, infracciones y vulneración de los derechos colectivos, el Estado constituye el principal responsable (por acción u omisión).
Cuadro 1. Distribución porcentual de la responsabilidad por vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia
Responsables 
Derechos humanos 
Derecho internacional humanitario 
Derechos colectivos 
Estado 
39% 
50% 
88% 
Guerrillas  
12% 
40% 
3% 
Paramilitares 
10% 
0% 
3% 
Desconocidos 
36% 
10%
6% 

 

En este contexto, el Estado con su política de Seguridad Democrática, infringe cotidianamente los Principios de proporcionalidad, limitación y distinción entre combatientes y población civil, propios del Derecho Internacional Humanitario; viola el deber de protección, respeto y garantía de sus Derechos Fundamentales propios de la Constitución Política de Colombia (Artículos 1, 2, 17); de su derecho a la Diversidad étnica y Cultural (Artículo 7), de su derecho a la vida y la integridad, individual y colectiva (Artículo 11), del derecho a su autonomía territorial y administrativa (Artículos 286, 287, 329 y 330) y el derecho sobre el uso y control de los recursos naturales en sus territorios (Artículo 8). Además de lo anterior, se pasó por la faja los principios rectores para los desplazamientos, formulados y recomendados por el Sistema de Naciones Unidas, en especial, los Principios Rectores No. 4.1 y No. 9.

Desprotección estatal y desarrollo forzado

Hoy percibimos con tristeza como el trasfondo de la "economía de guerra" que ejecuta el Gobierno nacional, debilita el orden democrático por la falta de control sobre las actividades de inmensas corporaciones (transnacionales) que operan en los territorios indígenas. Desde los discursos y prácticas del desarrollo ejecutan megaproyectos extractivos, agroindustriales y montan obras de infraestructura que, por su enorme grado de articulación con proyectos continentales (IIRSA, ALCA, TLC, Plan Puebla Panamá, entre otros), constituyen una amenaza a la soberanía nacional.
Las más recientes investigaciones sugieren una correlación entre los contextos de vulnerabilidad aguda de la población indígena, con una presencia notable de compañías multinacionales y su implicación en la prolongación y aumento de los factores violentos que contribuyen al aumento de riesgos y amenazas (presentes y futuras), en contra del ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, de los pueblos indígenas como de los sectores sociales más marginados y empobrecidos del país.
Frente a dicha política, agenda legislativa y crisis humanitaria, las continuas luchas y movilizaciones de resistencia por la defensa de estos derechos y por la afirmación de la identidad cultural, son actualmente un sinónimo de riesgo para el Gobierno colombiano. Todo ello ocurre, no obstante las múltiples recomendaciones de académicos y del sistema ONU, para que sean reconocidos en sus necesidades y articulados desde sus cosmovisiones y autonomía. Esto se ha hecho más evidente con la negativa frente a la aprobación de la "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas"; sin que se tome en cuenta la previa ratificación estatal de aproximadamente 114 convenios (entre ellos el 169 de la OIT, convertido en la Ley 91 de 1991) y el reconocimiento formal de nuestros pueblos en la Constitución Política de Colombia.

Impacto general del conflicto en la salud de los pueblos indígenas

En este contexto, pese a los esfuerzos realizados por instituciones y científicos, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) continúa manteniendo estadísticas escandalosas en el campo de las enfermedades que podrían ser tratables y prevenibles. Un caso concreto es el de la re-estratificación de la población desplazada indígena, que se ha transformado en una política de urbanización e integración, por vía del asistencialismo, sin tomar en cuenta los sistemas de bienestar y salud-enfermedad indígenas. Un proceso en el cual se pierden los avances en materia de articulación entre ambos sistemas, por la falta de aplicación de mecanismos de "portabilidad", en la acreditación y reconocimiento de la población indígena desplazada en los lugares de re-asentamiento.
Un efecto de dicha desterritorialización ha sido la ruptura de los referentes culturales, expresada en cuatro quiebras específicas: 1. De los calendarios tradicionales en los que se enmarcan las actividades sagradas, productivas y políticas. 2. De la ruptura, disipación y/o parálisis de los procesos etnoeducativos y de salud, así como de los procesos de recuperación cultural. 3. Del cambio hacia la oferta cultural y material de las comunidades receptoras (consumismo y cambio de hábitos alimenticios), así como hacia patrones de alimentación y consumo mercantil o industrial. 4. De la ruptura de los mecanismos colectivos y solidarios de intercambio material y espiritual (minga y fogón, por ejemplo).
Estos elementos han dado como resultado, la ruptura violenta de redes familiares y parentelas, lo que provoca una desestructuración social irreversible. Es una situación que ha menguado la solidaridad comunitaria y ha aumentado los niveles de individualización, en especial de las generaciones más jóvenes, en su articulación con la población urbana. Dicha urbanización forzada de los pueblos indígenas ha producido el debilitamiento de los saberes tradicionales acerca de la medicina y especialmente de las formas tradicionales de manejo de los ecosistemas, tanto como de la agricultura de subsistencia.
Actualmente, la cobertura nacional de afiliación del régimen subsidiado del SGSSS no ha superado el 63% de la población indígena (desde el 2005). Los principales problemas se concentran en la desnutrición, los altos índices de morbimortalidad, el desconocimiento de la cultura médica y la dificultad para que los servicios de salud logren la cobertura necesaria de toda la población. Si bien en el país, la morbimortalidad descendió desde el año 2000 (de 28.1 por mil nacidos vivos a 26 en el 2001, logrando mantenerse hasta hoy), los departamentos con mayor proporción de población indígena conservan indicadores que señalan la enorme diferencia existente: en el departamento del Chocó asciende al 98.8, en el Caquetá al 70.9, en el Cauca al 64.1, en Arauca al 61.2, en Nariño al 59.8.
Otros estudios señalan que la desnutrición crónica con retardo en el crecimiento, se ha convertido en un problema de enorme trascendencia (13,5%) poniendo en evidencia la situación de marginalidad y pobreza, e incluso de miseria en que viven. De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social, para el año 2004 nuestras mujeres indígenas presentaban el mayor porcentaje de cáncer de cuello uterino en Colombia (30%). Problemática que adquiere mayor impacto en el contexto de empobrecimiento estructural y la profunda recomposición demográfica, derivada del desplazamiento y confinamiento forzado indígena.
Esta situación ha provocado la emergencia de nuevas enfermedades o la reaparición de enfermedades que ya habían sido controladas, y es aún más grave cuando se emplean químicos para la erradicación aérea de cultivos de coca, amapola y especialmente de sus cultivos de pancoger. Las restricciones de la libre circulación dentro y fuera de los territorios, especialmente orientados a controlar la recolección, producción o entrada de alimentos; el bloqueo al ingreso de medicamentos y la deficiente presencia o ausencia total de los servicios de salud estatales (programas de salud mental, sexual y reproductiva, y servicios básicos de atención médica) para la población indígena, han aumentado dramáticamente los problemas de salud que afrontan los pueblos indígenas; sólo durante el último año, en el Chocó, 111 niños y niñas Embera fallecieron por desnutrición y por falta de atención médica.

Pueblos indígenas amazónicos en vías de extinción

Ante una situación tan drástica, y como un compromiso adquirido por la Organización Nacional Indígena de Colombia frente a las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el Sr. Rodolfo Stavenhagen, en su visita a Colombia; se propuso el desarrollo del Proyecto "Comisión Corográfica a los Pueblos Indígenas de Colombia", como un proceso de construcción colectiva para la identificación de necesidades, amenazas, problemáticas, oportunidades de futuro y estrategias de desarrollo y resistencia de los pueblos indígenas del país.
A raíz de este trabajo, y debido a la campaña nacional e internacional sobre la necesidad de protección de los pueblos indígenas recién contactados y en aislamiento voluntario, en particular la realizada a favor del pueblo Nükák Makú, algunos líderes y lideresas indígenas han comenzado a visibilizar otras situaciones similares que requieren mayor estudio y apoyo gubernamental, frente a la avanzada de los "garimpeiros" brasileros (buscadores de oro) y el conflicto armado interno (guerrillas, grupos paramilitares y fuerza pública). Este es el caso de Clemencia Herrera Nemerayema, indígena Huitoto del Amazonas, quien divulgó la muy compleja situación de otros cuatro pueblos: 1. El pueblo Yujú (50 personas) del bajo Apaporis, municipio de Taraira en el departamento del Vaupés, frontera con Brasil; 2. el pueblo indígena Yauna (3 personas: dos mujeres y un niño), que habita al occidente del departamento del Amazonas, en las cabeceras del río Mirití Paraná; 3. el pueblo Kabiyari (7 personas). Río Quinché Meta, constituyen una familia indígena en medio de otros pueblos: Miraña-bora, Huitoto, quienes migraron del Vaupés, y, 4. el pueblo Yurí (Aroje o Caraballo) compuesto por 200 personas, nómada y en aislamiento voluntario, que habita las cabeceras del río Puré, al suroccidente del departamento del Amazonas
dentro del recién creado Parque Nacional Natural Río Puré (999.980 hectáreas).

Para algunos investigadores, "aparentemente", los Yuri constituyen el único pueblo indígena "en aislamiento voluntario" de Colombia. En sus palabras está "protegido más por el real aislamiento en plena selva amazónica que por la figura de parque que no tiene infraestructura de vigilancia". En general no hay una respuesta estatal en materia de política pública para la protección de pueblos indígenas en aislamiento. La única existente, es de carácter coyuntural y específico, derivada de la Resolución 0764 (5 de agosto de 2002), del Ministro del Medio Ambiente, que le da origen legal al Parque. Según esta resolución:
El Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la ley 21 de 1991, el Estado colombiano se compromete a reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas que integran a la Nación, con miras a garantizar el respeto a su integridad. (…) Que la declaratoria de un área del territorio nacional como Parque Nacional Natural es compatible con la titulación de territorios a comunidades indígenas de manera posterior a la declaratoria de un área del Sistema. (…) es un "lugar donde posiblemente habitan indígenas seminómadas de la etnia Yuri, Arojes o Carabayo quienes no tienen ningún tipo de contacto con otras sociedades. (…) los procesos y avances de la colonización existentes en la Amazonía colombiana convierten la zona del Puré en vulnerable y pueden atentar contra la libre determinación del Pueblo Yuri, Arojes o Carabayo. (…) la categoría de Parque Nacional Natural es la que más se adecua a los intereses de conservación biocultural del área, ya que permite la protección de ecosistemas altamente diversos y la protección del territorio ancestral para el pueblo Yuri, Arojes o Carabayo, área de vital importancia para este pueblo, inseparable de su identidad y de su existencia como etnia. (…) la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente reconoce la importancia de proteger el territorio de la etnia Yuri, Arojes o "Carabayo" y, por tanto, la viabilidad de definir dentro del Parque Nacional Natural Río Puré, una zona destinada al uso y manejo de esta etnia sobre su territorio tradicional, como un instrumento de protección adecuado para garantizar el respeto a su decisión de no contacto con la sociedad mayoritaria. (…) respeta y reconoce el carácter público de las autoridades de los Pueblos Indígenas, para coordinar actividades de manejo en el área protegida, en consonancia con los sistemas regulatorios propios de las comunidades involucradas, garantizando la supervivencia y conservación cultural, espiritual y física de estos pueblos.
Dicho de otro modo, cuando el pueblo Yuri reclame los títulos sobre sus territorios el Gobierno estará en la obligación de reconocerlos y transformar el parque en un nuevo resguardo. El problema que se deriva de ello es que para este proceso resultan necesarios requerimientos también legales: un estudio socio-económico, un censo poblacional, una demarcación territorial y una solicitud expresa de los Yuri. El parque constituye el puente de un gran "corredor biológico", ubicado en la zona fronteriza con Brasil, integrado por un complejo de áreas protegidas en consonancia con la realidad biológica y cultural de la Amazonía, el mismo que ha sido objeto de protección (principalmente por parte de un conglomerado de ONG medioambientalistas) y que hoy es amenazado por el megaproyecto IIRSA.

Ni salvajes, ni esclavos, ni raspachines

Desde el siglo XVIII, no ha sido raro escuchar a los viajeros, cronistas, investigadores y funcionarios sobre aquellos grupos que capturaban indígenas para ser esclavizados. Aún se escuchan los recuerdos de algunas personas de la Amazonía sobre aquellos días, cuando se llevaban a cabo las "cuibiadas" o cacería de personas indígenas en los llanos orientales colombianos. Así mismo, de aquellas prácticas de esclavización de la población indígena (especialmente guayabero) destinadas a la producción de hoja de coca, mismas que se hicieron hasta hace poco más de una década, en el norte de la Amazonía colombiana.
Por estos días, escuchamos historias sobre la manera en que algunos "cocineros" recorrían las comunidades indígenas haciendo tratos verbales con los ancianos para que le dejaran llevar a sus hombres y mujeres más jóvenes (40 años en promedio), con el propósito de recoger la cosecha de hoja de coca. Después de esto los retenían por 10 ó 12 meses, con la promesa de obtener lo ganado al final de la temporada, para recibirlo todo en un solo pago; lo cual en ocasiones no se realizaba porque cerca de la mitad de ellos morían en circunstancias extrañas o entraban a engrosar la lista de desaparecidos de la región. Algunas personas afirmaron que es por ello que los grupos Nükák Makú han estado "saliendo" a las cuatro cabeceras municipales del departamento del Guaviare.
En el 2003, después de haber llegado a la comunidad "vinieron los blancos y se llevaron varios compañeros... a raspar... lejos de nosotros" afirmaba Manuel. De las 51 personas solo quedaron 40, la mayor parte de ellos menores de edad, cuyo desequilibrio en la proporción de mujeres y hombres es abismal. Las mujeres del grupo no alcanzaban la cuarta parte, situación que además de transformar los roles internos por sexo en cada grupo, los está llevando a la extinción por medio de nuevas relaciones de parentesco, pues es de todos conocido que hay familias indígenas compuestas por mestizos y mujeres Nükák Makú, provenientes de Charras, Charrasquera y Guanapalo, que viven en San José del Guaviare desde comienzos de 2003.
El pueblo Nükák: contacto, enfermedad y muerte
El pueblo Nükák Makú está compuesto por una población que no supera las 600 personas, que habitan entre los ríos Guaviare e Inírida, entre el Alto Apaporis y el Alto Isana. Es un pueblo nómada que comparte su territorio con otros siete pueblos del Gran Resguardo del Vaupés: Sikuani, Tukano, Piratapuyo, Siriano, Guayabero o Guahibo, Curripaco, Piaroa, además de una gran dispersión de grupos familiares (pertenecientes a otros ocho pueblos) que han migrado forzosamente hacia el departamento del Guaviare.
"En su tradición oral y su lengua se evidencian relaciones con otros pueblos indígenas sedentarios y en la actualidad con diversos sectores de la sociedad nacional, como colonos, misioneros evangélicos, funcionarios e investigadores".
En su organización socio-política se distinguen dos unidades: los grupos domésticos y los grupos locales. Los primeros están conformados por un matrimonio como mínimo y pueden albergar a parientes solteros o viudos de cualquiera de los cónyuges. Estos grupos son unidades de producción y consumo autónomas que conviven juntas compartiendo los recursos que cada uno consigue manteniendo entre sí niveles de reciprocidad que le dan estabilidad al grupo local. Estos últimos son las unidades residenciales cuya población oscila entre 9 y 45 personas, y están conformados por varios grupos domésticos cuyos miembros están emparentados por relaciones de afinidad y consanguínidad. Cada grupo local tiene un territorio propio. Hasta el momento se conocen trece grupos locales.
La situación demográfica y geográfica de los Nükák-makú, es bastante preocupante, durante los últimos 20 años, su población se redujo en un 46%, pasaron de ser 1.300 personas a unas 600 aproximadamente.

 

Cuadro 2. Contacto, éxodos y muerte de los Nükák Makú 
PeriodoSituaciones Críticas y éxodos 
1965-1966 Choque con los colonos de Charras 
1988 Choque con los colonos de caño Danta, éxodo y llegada de 43 Nükák (4 hombres, 12 mujeres y 26 niños) a Calamar. 
1989 Traslado de 26 Nükák desde Calamar hasta Mitú y de allí a Laguna Pabón
1990-1993 Gran epidemia de gripa, éxodos a Mapiripán, Puerto Alvira (caño Jabón) y San José. 
1992 Exploración petrolera, muertes masivas por IRA, EDA y otras afecciones 
1995 Fumigación que afectó al grupo de caño Grande, caño Macú y éxodo por dermatitis a Calamar
1996-1998 Gran ola de epidemias, muertes masivas por IRA, EDA y otras afecciones, y éxodos de todos los grupos Nükák hacia Tomachipán, Caño Jabón y San José.  
2002 Enfrentamiento entre paramilitares (éxodo masivo) 
2003 Choque de paramilitares y ejército contra las FARC en Charrasquera, y éxodo de 51 Nükák, 60% de los cuales eran niños entre los 0 y 12 años.
2005 Éxodo de 160 Nükák desde Araguato por temor a la guerrilla y a inminentes enfrentamientos con el ejército. 
2006 Reubicación temporal de 160 Nükák cerca de Puerto Ospina en los límites con su resguardo
2007 Retorno voluntario de 50 personas sin acompañamiento 
Fuente: Héctor Mondragón. Informe Araguato: Memorando, Fondo Mixto de Cultura del Guaviare. 11 de abril de 2007.
En síntesis, de los 600 Nükák Makú que sobreviven actualmente, por lo menos 221 fueron desplazados forzosamente entre septiembre de 2002 y agosto de 2006, es decir, la tercera parte de su población. Desde entonces, este pueblo ha declarado su interés por volver al resguardo Nükák-Makú, donde habitaban antes de desplazarse. Algunas de estas familias ya iniciaron su regreso.

Confinamiento y desnutrición de los Nükák

Los Nükák han sido afectados enormemente debido a que se les ha limitado la alta movilidad (nomadismo) que los caracteriza, pese a que su territorio comprende alrededor de 930.000 hectáreas. En la actualidad, los conflictos con los colonos y otros pueblos indígenas están aumentando; el hambre es cada vez mayor y la desnutrición está incrementándose.
Es de anotar que buena parte de dichos problemas se derivan del contacto con la población campesina (colono-mestiza) y las enfermedades generadas en este proceso; sobre todo por la pérdida de inmunidad biológica frente a la enorme reducción de la oferta ambiental en materia de recursos alimentarios. Los diversos estudios consultados coinciden en afirmar que la oferta de recursos del territorio Nükák es bastante diversa y bien distribuida, lo que les ha permitido la recolección y caza de muchas especies simultáneamente. Hasta el momento se sabe que este pueblo consume por lo menos 243 especies vegetales y animales diferentes (83 especies vegetales (43 identificadas), 9 especies de primates, 7 de otros mamíferos, 2 de reptiles, más de 10 especies de aves, 39 de peces, algunos batracios y crustáceos y diversos insectos como 43 especies de abejas productoras de miel y sus larvas (22 identificadas), 14 de avispas y 16 de orugas).
La caza, pesca y tumba de árboles son actividades masculinas; la recolección de vegetales, miel e insectos y la siembra y cosecha de los huertos son actividades compartidas por ambos sexos. De la preparación de los alimentos se encargan las mujeres que cocinan las carnes, los vegetales y elaboran los jugos de frutos.
Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) entre 1993 y 1996, determinaron que más del 40 % de los Nükák padecía de filariasis, enfermedad que aún los afecta. Pese a los avances, durante el periodo 1996-1998, las omisiones graves del Estado provocaron una nueva ola de epidemias, después de lo cual se tomaron medidas para frenar la extinción de este pueblo, posibilitando una rápida recuperación demográfica (habían descendido a 400). De las muertes sobre las cuales se tienen datos acerca de su causa y ubicación temporal, cerca del 2% ocurrieron antes de 1987, y el 98.07% restante después de este año. De este último porcentaje, el 91.66% corresponde a decesos causados por la "gripe", mientras que el 6.41% se ubica entre "otras causas".
Esto se debió a siete factores principales: 1. la instalación y avance de nuevos colonos dentro del recientemente creado y luego ampliado Resguardo Nükák; 2. la suspensión del Instituto Lingüístico de Verano y su aparente labor misionera, en una estación llamada Nuevas Tribus, que los proveía de atención en salud; 3. la cancelación de la licencia de operación de la pista de Laguna Pavón por parte de las autoridades aeronáuticas y de control de estupefacientes; 4. la no aceptación de propuestas para el establecimiento de centros de atención médica y cultural por parte de ONG ambientalistas; 5. la falta de sustitución del servicio de atención por parte del Estado; 6. las fumigaciones aéreas con glifosato de los cultivos de coca ubicados a orillas del río Guaviare y dentro del resguardo; 7. el avance del control militar y paramilitar y de los enfrentamientos con las FARC dentro de su territorio.
De acuerdo con informaciones de la Secretaría Departamental de Salud, contaban con un médico que los atendía durante tres días cada dos semanas, los niños entre los 11 y 15 años padecen desnutrición y requieren de apoyo alimentario con una mayor base nutricional. Según esta entidad, las condiciones de las viviendas donde residen (carpas de vara en tierra) no son adecuadas; las condiciones de saneamiento ambiental son mínimas y hasta hace muy poco padecían escasez de agua potable.
Esta situación se ha hecho más evidente con el aumento de las quejas de los vecinos sobre los daños producidos por la presencia de los Nükák, porque algunos toman lo que necesitan donde lo encuentran. Esto se debe a que los asentamientos de desplazados Nükák entraron en crisis fruto del agotamiento de los recursos naturales utilizados (presas de caza como los micos, materia prima para las artesanías como palmas de moriche y cumare, etc.), especialmente de los recursos para su alimentación. Esto es así porque a pesar de la asistencia humanitaria y su relación con la población campesina (cuya mayor fuente de alimentos proviene de sus labores agrícolas), los Nükák no han abandonado sus mecanismos y estrategias para proveerse de sus alimentos tradicionales, como tampoco han renunciado a sus hábitos alimentarios.
Durante los dos últimos años, la ONIC lleva a cabo una campaña nacional e internacional para evitar la extinción de este pueblo, lo que ha contribuido a sensibilizar a algunos sectores gubernamentales. Sin embargo, y no obstante la realización de una misión internacional de verificación, en el marco de estas labores, no ha logrado un compromiso efectivo y eficaz del Estado para garantizar y proteger dentro de su territorio, el ejercicio de los derechos que tiene el pueblo Nükák. Hoy la ONIC implementa un proyecto de acompañamiento de este pueblo, mediante la contratación de un médico (por cinco meses), que inició sus labores dentro del territorio Nükák, una campaña de comunicación, divulgación y sensiblización, además de la adquisición de una lancha para facilitar la entrada o salida del territorio, según las necesidades que demande su pervivencia en medio del conflicto armado en la región.

Conclusiones

  • El contacto, la proliferación de enfermedades y la desprotección estatal ha generando la disminución demográfica del pueblo Nükák Makú. El continuo contacto con la población urbana del Guaviare los está exponiendo a nuevas enfermedades que podrían provocar su extinción.
  • Tanto el desplazamiento como el confinamiento decretado por los actores armados (fuerza pública, paramilitares y guerrilleros) y las acciones del Estado en materia de su política de "Seguridad Democrática", especialmente las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca y de vastas áreas selváticas del territorio Nükák, han provocado la disminución de la oferta de recursos para su alimentación, la desnutrición de sus nuevas generaciones, la perdida de inmunidad biológica, la transformación de los roles entre hombres y mujeres, la pérdida de conocimientos tradicionales y una emergencia humanitaria de enormes proporciones.
  • Frente a dicha emergencia humanitaria, la política asistencialista del estado ha contribuido directa e indirectamente a la sedentarización del pueblo Nükák y por tanto, a formar parte del control externo del territorio Nükák.
  • En este sentido, la ONIC ha entendido que la desinformación es un instrumento de dominación del Estado y el Gobierno Nacional, y por tanto el primer escollo que deben vencer nuestros pueblos indígenas al momento de generar acciones, programas, planes y proyectos para la protección de la comunidad indígena nacional. Del mismo modo ha comprendido que los problemas indígenas no se pueden tratar de manera seria y digna cuando se les desconoce, deslegitima e invisibiliza a los protagonistas, los pueblos indígenas.
  • De allí que sea necesario entonces, generar nuevas competencias para nuevas realidades dentro de los sistemas de información indígena, con el fin de facilitar las decisiones pertinentes para su protección.
Diego Henao.
Magister en Antropología.
Asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).