Hoy, cuando celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, los pueblos indígenas de Colombia denunciamos una vez más la continua crisis humanitaria por la que estamos atravesando.
Una breve reflexión sobre el conflicto armado en nuestros territorios señala un cambio radical en las estrategias de los ejércitos en confrontación, el aumento de la violencia directa contra nuestros pueblos como recurso de control político y territorial, la reducción drástica de la violencia indirecta producida por combates o acciones bélicas; el dramático aumento del desplazamiento forzado asociado a las amenazas colectivas y las detenciones masivas, así como la disminución de las masacres en contraste con el aumento de los asesinatos selectivos.
De acuerdo al Sistema Nacional de Información sobre Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (SINDHO), 21.711 personas fueron desterradas de sus resguardos y comunidades. Entre el 1º de enero y el 9 de diciembre de 2005, 63 indígenas fueron obligado/as diariamente a migrar fuera de sus territorios ancestrales; algo más de 12 familias cada día y cerca de tres personas desplazadas cada hora.
Una cifra superior a 14 mil indígenas del pueblo Nasa (66%) y cerca de 4600 compañeros indígenas Awa (21.3%), fueron los más golpeados por los actores armados, en ambos casos, obligándolos a dispersarse fuera de sus comunidades.
Por todo el país corre nuestra voz de alerta clamando por la protección de nuestro/as lideres y autoridades tradicionales, en especial ahora que se acercan las fiestas decembrinas. En un poco más de 11 meses, fueron perpetrados 84 asesinatos selectivos, cerca de una autoridad tradicional asesinada cada cuatro días.
VIOLACIONES E INFRACCIONES CANTIDAD
Allanamiento 11
Amenaza 74
Herido/a 213
Ataque bienes civiles 32
Secuestro 15
Señalamiento 49
Tortura 5
Bombardeo 39
Sindicado/a de rebelión 38
Violación sexual 24
Desaparición forzada 15
Incursión al territorio 101
Fumigación aérea 478
A esta fecha son seis los pueblos que han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de solicitar medidas de protección, provisionales y/o cautelares, debido a que el Estado ni el Gobierno han respondido favorablemente frente al Genocidio o ante la extinción inminente de más de 12 pueblos indígenas de la Amazonia.
Esta alarmante situación está obligando a muchas comunidades a tomar acciones de hecho para reclamar una verdadera política de derechos humanos que garantice la vida digna dentro de sus territorios.
No podemos llamarnos a engaños para hablar de reparación integral mientras continúe el confinamiento de comunidades enteras; como ocurre desde hace dos meses en Mamey Dipurdú, comunidad embera del municipio de Carmen del Darién en el Norte del Chocó, donde cerca de 2000 hombres pertencientes al Bloque Elrmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llegaron a acabar con sus pocos alimentos, sus cultivos de pancoger, su combustible, además de quitarles sus canoas (único medio de transporte en esa zona del Bajo Atrato) e impedirles salir de la comunidad.
Hoy vemos con indignidad como el gobierno se empeña en legalizar una política que solo pretende lo irreparable, mientras continúa la guerra en nuestros territorios y cunde la desprotección estatal para nuestros pueblos. Observamos impávidos como en los procesos negociación y desmovilización paramilitar no se contempla ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación. Advertimos como transforman sus efectivos en agentes auxiliares de la fuerza pública, como reconvierten su capacidad de control territorial mediante el estableciendo de cordones agroforestales orientados al aislamiento o confinamiento de nuestros pueblos, bajo el pretexto de una guerra antiterrorista y/o antinarcóticos, buena parte de ella situada en los ecosistemas estratégicos que hemos conservado por miles de años, ahora proyectados para la explotación por parte de compañías multinacionales.
No obstante el paquete de recomendaciones que Naciones Unidas entregó al Gobierno nacional, en materia de derechos humanos, y del informe y las recomendaciones del “Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, Sr. Rodolfo Stavenhagen, la crisis humanitaria que afrontamos continúa empeorando. Así mismo el gobierno actual sigue pasando por alto las instancias que los Pueblos Indígenas hemos ganado con nuestras luchas, como la Mesa Nacional de Concertación que fue configurada en el año 1996 mediante los decretos 1396 y 1397. “Al desconocer éstos espacios y al abordar a las organizaciones por separado” solo trata de fracturar nuestros procesos de Unidad.
En virtud de esta situación, con la firme convicción de que habrá un futuro mejor, y recogiendo la voluntad política de las Naciones Unidas para la realización del Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas, nos vemos en la necesidad de convocar a la comunidad internacional para que apoye la Misión Internacional de Verificación que adelantaremos durante el primer semestre del 2006.
Boletín 189, Area de Comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Presentado en Rueda de prensa el 10 de Diciembre del 2005, por el Luis Evelis Andrade Casama, Presindente del Comité Ejecutivo de la ONIC y publicado en http://www2.blogger.com/Datos%20de%20programa/Microsoft/CONSEJOCOMUNITARIO/www.onic.org.co
